COMUNICADO-1458
• Se incrementan considerablemente contraprestaciones, aseguran legisladores del PRI, PAN y PVEM
• Empresas de hidrocarburos no estarán obligadas a realizar proyectos de desarrollo en beneficio de la comunidad, afirman senadores del PRD.
En la discusión en lo general de las minutas que con cambios a las leyes energéticas, las fracciones del PRI, PAN y PVEM aseguraron que con las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados se incrementaron considerablemente las contraprestaciones y esto deriva en más beneficios económicos a favor de los propietarios de las tierras; en tanto, el Grupo Parlamentario del PRD sostuvo que se dejan más desprotegidos a ejidatarios y comuneros, pues no se obligará a las empresas de hidrocarburos y energía a emprender programas de desarrollo.
En el debate de las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, Primera, al manifestar su postura en contra, el senador Zoé Robledo Aburto criticó que no se establezca como obligatorio que las empresas de hidrocarburos y electricidad realicen programas de desarrollo para la comunidad en su conjunto, y se contemple sólo la contraprestación a favor de los propietarios de las tierras.
Esto porque se afectará el entorno de quienes habitan al lado o en las cercanías de los terrenos que se determinen para la exploración y explotación de hidrocarburos o generación de electricidad, sin recibir respaldo para seguir su producción agropecuaria.
Al hablar a favor, el senador del PRI, Ascensión Orihuela Bárcenas aseguró que se da precisión y claridad al establecerse como derecho la contraprestación la cual, además, se realizará una vez descontados los pagos que hagan las empresas al Fondo Mexicano del Petróleo para Estabilización y Desarrollo, y no al Estado, como lo señalaba anteriormente la ley.
Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD, habló en contra en lo general de los dictámenes tras considerar que la expropiación de las tierras no desaparece y sólo se crea la figura de ocupación temporal contemplada, por ejemplo, en el artículo octavo transitorio de la reforma constitucional.
Dicho artículo señala que dado su carácter estratégico, las actividades de exploración y extracción del petróleo, así como del servicio público de transmisión y distribución de energía, se consideran de interés social y orden público, por tanto tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo.
Para el senador Carlos Alberto Puente Salas, del PVEM, las adecuaciones darán una mayor certidumbre a los propietarios de terrenos porque establece que las contraprestaciones serán un derecho que deberán pagar los contratistas o asignatarios.
El senador Luis Sánchez Jiménez, del PRD, señaló que los cambios a las minutas dan mayores beneficios a las empresas y profundizan el saqueo a los campesinos, por lo que el Estado debe asumir su obligación de proteger los intereses de los propietarios.
Se pronunció porque no se establezcan límites a los porcentajes que deberán ser pagados a los superficiarios por la extracción de hidrocarburos, especialmente cuando habrá una gran devastación del terreno.
En su postura a favor, el senador Francisco Domínguez Servién, del PAN, sostuvo que las leyes se han hecho de tal forma que beneficien a todos los mexicanos, pues las contraprestaciones se establecerán antes de impuestos, no después, además de que el valor comercial lo realizará un perito acreditado que deberá incluir en el avalúo la existencia de riqueza de hidrocarburos en el subsuelo; a esto se suma que en gas natural no asociado se les concederá hasta tres por ciento de las ganancias.
La Asamblea de Ejidatarios, agregó, podrá distribuir las contraprestaciones entre los propietarios, o destinarla a proyectos de desarrollo, por ejemplo con la compra de maquinaria, lo que permitirá que estén preparados para reiniciar su actividad agropecuaria una vez que les sean devueltas las tierras.
En contraparte, el senador Isidro Pedraza Chávez, del PRD, acusó a los diputados de perfeccionar el saqueo con las modificaciones a las minutas de energía, porque el porcentaje que se pretende otorgar a los dueños de tierras es menor al que se otorga en otros países donde oscila entre el 12 y 25 por ciento por el uso y ocupación de terrenos.
A favor del dictamen, el senador del PRI Enrique Burgos García estimó procedentes los cambios, pues incluyen precisiones relevantes que clarifican la procedencia de la ocupación o afectación superficial con la constitución de servidumbres necesarias en los casos que se tenga por objeto prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
En contra, el senador Fidel Demédicis Hidalgo, del PRD, mencionó que las empresas que vengan a invertir en México deben generar empleos y no ver sólo por sus intereses. Consideró que estas leyes energéticas prácticamente nacieron muertas porque no va a ser posible su aplicación, como ocurrió con la reforma en materia educativa.
El panista Raúl Gracia Guzmán, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, defendió los beneficios que representa la ocupación temporal, como el que se dé un valor comercial a las tierras y se contemple la indemnización al propietario en caso de daños graves; sin embargo, consideró que la reforma energética y sus leyes son insuficientes, “por el tabú histórico que no pudo tocarse, relativo a la propiedad de todos para que sea la propiedad de nadie” pues si bien la superficie del inmueble pertenece a la comunidad agraria, ejidal, indígena o a un pequeño agricultor, la Constitución establece que el subsuelo es del Estado mexicano.
El senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del PRD, advirtió que subsisten las figuras de servidumbre y la posibilidad de decretar la expropiación de terrenos, sin que se reconozca el derecho de los propietarios a manifestar su rechazo a los proyectos para no ser afectados.
En ello coincidió el también senador perredista Rabindranath Salazar Solorio, quien rechazó que los cambios beneficien a los propietarios de tierras, impulse la competitividad de Pemex y CFE, y fortalezca la vigilancia y fiscalización de gasto en las paraestatales, por el contrario, dijo, la debilidad de los órganos reguladores del sector pone en juego el futuro y estabilidad del país.
A favor, el senador Ernesto Gándara Camou, del PRI, señaló que con la reforma se lograrán más empleos, mayor desarrollo y bajará el costo de la electricidad y el gas. Agregó que por mandato constitucional, las leyes preverán las condiciones generales de la contraprestación que se debe cubrir para la ocupación temporal y habrá seguridad jurídica a los propietarios de los bienes.
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