- Impactar a la baja el costo de tarifas eléctricas en beneficio del uso doméstico es la inmediato, senador Yunes Zorrilla del PRI.
La nueva legislación no garantiza el suministro de electricidad a las comunidades rurales donde no existe el servicio, al condicionarla a depender de un fondo que se conformará con donativos de empresas privadas, aseveró el senador Isidro Pedraza Chávez, quien presentó las reservas del PRD a leyes de la Industria Eléctrica y de Energía Geotérmica, dentro del tema Debilitamiento y Privatización de la CFE.
Advirtió, por otra parte, que a través del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) se absorberá el patrimonio de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), quienes aún están en conflicto laboral por la extinción de Luz y Fuerza del Centro.
El patrimonio del SME absorbido por la CFE, explicó, pasará al Cenace que podrá venderlo e incluso rematarlo, lo que no se puede permitir en tanto no se resuelva el conflicto y se pague a los ex trabajadores electricista sus prestaciones y salarios caídos.
El PRI se pronunció contra esas reservas. El senador José Francisco Yunes Zorrilla aseguró que de no aprobarse el dictamen en sus términos, no se dará el impulso a la industria eléctrica y no se lograrán sus impactos de producción en beneficio de la población y de los sectores productivos.
El hilo conductor de la propuesta, puntualizó, es impactar a la baja el costo de la tarifas eléctricas en beneficio del uso doméstico, además que habrá en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mayor flexibilidad en la toma de decisiones, con mayor independencia en la planeación de negocios y de operación.
La senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del PRD, al avalar las reservas aseguró que como se plantea la legislación, en nada se va a ayudar a la ciudadanía con mejores servicios y tarifas. Sostuvo que con el contenido del dictamen se afectará a 150 mil trabajadores de Pemex y 70 mil de CFE, por lo que se pronunció porque se incluyan medidas de exclusividad de contrato a personal por parte de los sindicatos operantes de las paraestatales.
La senadora Gabriela Cuevas Barron, del PAN, se pronunció a favor del dictamen y estableció que dentro del Presupuesto Federal se pueden asignar recursos para la integración del fondo en mención para sumarse al financiamiento privado, lo que permitirá ofrecer el servicio en las comunidades donde no existe y mejorar el que ya se brinda en las poblaciones.
La legisladora planteó la creación de dos fondos: uno de acceso universal eléctrico y otro de servicio dedicado al suministro, en el que se atienda a las personas que están en situación de marginación.
Reconoció que el dictamen carece del concepto de desarrollo humano, pues no es posible pensar en leyes que no hablen de personas de carne y hueso.
El senador Benjamín Robles Montoya, del PRD, a favor de las reservas, advirtió que las grandes presas de la CFE generan un gran porcentaje de la energía en el país y por tanto prevalece la duda de que las empresas privadas tengan la intención de generar energía a menor costo.
El senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del PVEM, al hablar contra las reservas, sostuvo que la planeación del sistema eléctrico nacional se mantendrá como facultad exclusiva del Estado y la participación de las empresas privadas sólo se dará en generación y comercialización, que son los sectores que producen menos ingresos.
Desmintió que se vaya a desmantelar a la CFE, pues de los 62 gigavatios de capacidad instalada en nuestro país, 53 se encuentran en manos de la paraestatal y esto garantiza, además de la rectoría del Estado, el abasto a la población.
Al avalar las reservas, el senador David Monreal Ávila, del PT, criticó la apertura del sector eléctrico a las empresas privadas, pues diversos apartados del dictamen posibilitan que el titular de los permisos pueda representar a las centrales eléctricas ubicadas en el extranjero, por lo que se podrá importar energía eléctrica y no se promoverá la producción en el país.
Al referir que existen garantías para las comunidades, el senador Eviel Pérez Magaña, del PRI, destacó que se presentará una reserva para que en las negociaciones de proyectos que revolucionen comunidades indígenas, se observe lo dispuesto por la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.
Sostuvo que se estimulará particularmente el desarrollo de la región sur-sureste mediante diversos programas que permitirán crecer tanto productiva como socialmente a la población.
En su oportunidad el senador Zoé Robledo, del PRD, puntualizó que es necesario democratizar el tema de las tarifas de luz en el país, a fin de buscar un precio social, para que el acceso a la energía eléctrica se convierta en un mecanismo de igualdad.
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