Senadores de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, estudian la iniciativa del Ejecutivo federal para sancionar penalmente a quien apoye o colabore con la delincuencia organizada.
La propuesta busca dotar de un esquema jurídico que inhiba de raíz las actividades que en la clandestinidad protegen y amparan la comisión de conductas cuya finalidad es proveer a las organizaciones criminales de un velo de legalidad, que debe ser sancionado penalmente para evitar que personas jurídicas y morales contribuyan a la comisión de ilícitos.
En el documento se sugiere establecer dos nuevos tipos penales, la confabulación y facilitación delictiva, a fin de que los delitos cometidos por el crimen organizado “puedan imputarse a cualquiera de sus integrantes, aun cuando no hayan participado directamente en su comisión”.
Con ello, el gobierno federal busca que este tipo de conductas sean consideradas como parte de “una cadena delictiva, aunque los individuos no sean integrantes de ellas, pero faciliten con sus actos el desarrollo de estas organizaciones”.
El Ejecutivo planteó al Senado castigar la confabulación con 10 años de prisión y hasta 300 días de multa y para la facilitación delictiva una pena de cinco a 15 años de cárcel y hasta mil días de multa.
Cuando la conducta sea cometida por servidores públicos o ex servidores públicos las penas aumentarán desde un tercio y hasta una mitad.
En el texto se tipifica a la confabulación como “la resolución de cometer un injusto penal que beneficie a la delincuencia y se definen sus medios de comisión”.
Quien aceche o vigile a los integrantes de las Fuerzas Armadas, instituciones de seguridad pública, procuración o impartición de justicia y ejecución de sanciones penales para obtener información de sus operaciones, con objeto de comunicar tales movimientos a integrantes de una organización delictiva, cometerá el delito de facilitación delictiva.
El mismo tipo penal aplicará a quien en forma dolosa transmita o transfiera la información a integrantes de una organización delictiva e inhiba o afecte el cumplimiento de las atribuciones y obligaciones de las instituciones.
Además, el presidente de la República propuso reforzar los mecanismos para imputar responsabilidad penal a personas jurídicas de naturaleza privada que faciliten o promuevan el funcionamiento de cadenas delictivas.
Las penas aplicables podrán reducirse hasta en una tercera parte, cuando la persona jurídica de naturaleza privada colabore sustancialmente con la autoridad mediante el suministro de información cierta y eficaz para dilucidar los hechos investigados o localización de los probables responsables de la comisión del delito.
En la exposición de motivos, el mandatario admite que “los hechos y la opinión de la sociedad --enfatizó-- indican que aún nos falta mucho por realizar”, y por ello “he convocado reiteradamente a todas las instituciones públicas a redoblar los esfuerzos para garantizar la seguridad e integridad de los mexicanos”.
Señala que “los inaceptables hechos que cotidianamente está sufriendo la sociedad obligan al Estado a asumir con seriedad las funciones que nos corresponden”.
Todos los poderes de la Unión --precisó-- tenemos una enorme responsabilidad en el esfuerzo para recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, asentó.
El Ejecutivo expresó que “queremos un México libre de criminalidad y delincuencia, limpio, fuerte, más seguro, donde verdaderamente impere la Ley y ésta se haga cumplir sin distingos”.
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