El Senado de la República aprobó con 84 votos reformas que incorporan en la Constitución el derecho a la alimentación.
Para garantizar este derecho, el Estado será el responsable de elaborar y llevar a cabo políticas públicas encausadas a que el abasto de los alimentos considerados como básicos sean suficientes y de calidad mediante un desarrollo rural integral.
Los cambios avalados por los senadores responden a la demanda de la sociedad por elevar a rango constitucional uno de los derechos humanos fundamentales como lo es el derecho a no padecer hambre y malnutrición.
Consideran que es un derecho que debe ser exigible ante el Estado, para que éste asegure, como condiciones básicas e indispensables, que la alimentación sea adecuada y que en el abastecimiento de ella a la población haya sostenibilidad.
Ello significa que el Estado habrá de garantizar la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad, nutritivos y de acuerdo a las tradiciones culturales para satisfacer las necesidades alimentarias de las personas.
En el segundo caso, implica que las formas de producir y de brindar acceso a dichos alimentos garanticen que sean accesibles a las generaciones futuras.
Lo anterior exige –-señala el dictamen-- que el Estado se obligue a fortalecer las capacidades del país para desarrollar su soberanía alimentaria y emplear un modelo de agricultura que no sólo no agote, sino enriquezca la dotación de recursos naturales
Previo a la aprobación del dictamen, el senador priísta Pedro Joaquín Coldwell entregó, a nombre de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, las reservas a los artículos 4 y 27, fracción XX, de la Carta Magna, que dieron origen a su aprobación.
El también senador por el PRI, Heladio Ramírez López, aplaudió la reformas porque, ayudarán a asegurar el presente en materia alimentaria y aún más importante serán una medida de prevención para enfrentar las crisis que sufre el mundo.
Mencionó que la producción agropecuaria debe ser el motor del desarrollo y la garantía de nuestra soberanía y por lo mismo ésta debe sustentarse primordialmente en la producción nacional y como consecuencia en la constitución de nuestras reservas alimentarias
Desde la tribuna, el senador perredista Silvano Aureoles Conejo indicó que la reforma no debe dar lugar a confusión pues el Estado y sus organismos no se convertirán en un gran comedor donde se reparta comida caliente, sino que se le obliga a construir los instrumentos para que sostenga el acceso a una alimentación de calidad.
Coincidió en que el desarrollo del campo es esencial pues según cifras de la FAO una reserva suficiente debe alcanzar para al menos 6 meses y México sólo tiene reservas para 60 días.
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