Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Para dar certidumbre a la integración del padrón de productores, el Senado de la República aprobó con modificaciones la minuta que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

Así, las organizaciones locales deberán exhibir dos copias de su acta constitutiva y sus estatutos debidamente certificados, dos del acta de elección de su comité local vigente e igual número de su padrón de abastecedores de caña asociados, que deberán actualizar anualmente.

Las solicitudes de afiliación y/o renuncia de los abastecedores, por sí o por conducto de las organizaciones, se deben presentar ante el Registro a más tardar el 31 de agosto, previo al inicio del ciclo azucarero.

Si alguna organización local no proporciona esta información dentro del plazo concedido, el Registro de oficio procederá a requerir su entrega, concediéndole al efecto un plazo no mayor de cinco días hábiles.

En caso de no cumplir en tiempo con el requerimiento, el Registro informará a la Sagarpa para que ésta promueva la imposición de una multa de mil hasta tres mil veces el salario mínimo general vigente, de acuerdo con la zona económica de que se trate.

Los contratos que celebren los industriales con los abastecedores de caña deberán contener, como mínimo, la personalidad de los contratantes, la identificación del ingenio y del terreno contratado para la producción de caña de azúcar, la vigencia del contrato y la forma de pago de la caña.

Al abordar el dictamen, el senador priista Ramiro Hernández García aseguró que con los cambios realizados se da mayor certidumbre a la ley en lo que toca a la integración del padrón de productores.

La actividad cañera --argumentó-- genera más de medio millón de empleos y representa una actividad económica fundamental en un gran número de municipios del país.

Además, consideró importante que las leyes faciliten las cosas, permitan buscar mecanismos de entendimiento, den seguridad y garantía a las partes en el campo y con estas modificaciones eso se logra, ya que brindarán mayor fortaleza al sector para competir en el mercado internacional.

En tanto, el senador panista Juan Bueno Torio afirmó que las reformas avaladas otorgan seguridad jurídica a los abastecedores de caña debido a que precisa la forma de contratación y los conceptos que deben verterse para que las partes estén enteradas de todo lo que conlleva su relación laboral.

También, promueve que nuevas organizaciones de abastecedores de caña puedan integrarse con más del 10 por ciento de productores y más de 10 por ciento de toneladas de abasto a un ingenio para que tengan participación dentro del comité de producción cañero de los ingenios y sean parte de las decisiones que se tomen para el proceso y operación de la zafra, dando un mayor beneficio a los productores.

El senador perredista Arturo Herviz Reyes votó a favor del dictamen por considerar que la industria cañera es muy importante para la economía nacional, pues de ella dependen 2.5 millones de personas distribuidas en 15 estados.

Señaló que se deben generar condiciones para que el sector se desenvuelva de la mejor manera y así abrir canales de asociación con todos aquellos cañeros que cumplan con los requisitos dispuestos por la ley.

El legislador por Veracruz recalcó que muchos cañeros independientes son apartidistas y lo único que buscan es impulsar proyectos diferentes e incluso proteger al sector de descuentos arbitrarios que afecten su desarrollo.

El senador perredista Rubén Fernando Velázquez López indicó que existen incongruencias en los artículos de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar al establecer dos fechas distintas en dos artículos.

Por lo anterior planteó adecuar el artículo 34 para que la fecha sea la misma que la establecida en el artículo 42 en torno a la fecha límite de afiliación quedando como única el 31 de agosto.

En cuanto al artículo 44 el senador por Chiapas, propuso modificaciones que protejan los datos personales de quienes conforman los ingenios y así evitar la malversación de esta información pues pone en riesgo su privacidad.

Sin embargo, las propuestas del senador perredista no fueron avaladas por la asamblea.

La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para los efectos del Artículo 72 constitucional.

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