Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COMUNICADO-1111

•  Anuncia voto en contra del dictamen de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones


La senadora Alejandra Barrales Magdaleno, presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, afirmó que el dictamen de leyes secundarias de telecomunicaciones y radiodifusión no genera condiciones de certeza jurídica en el sector y propicia discrecionalidad.

La legisladora por el PRD enfatizó que no se puede sustituir la certeza jurídica por la discrecionalidad, pues se envía al Poder Judicial la toma de decisiones que “hoy no queremos asumir en el ámbito legislativo”, y  llamó a no evitar la responsabilidad como legisladores.

Aseguró que no se le puede “pasar el balón” al Poder Judicial “porque aquí no tuvimos el tamaño para tomar una decisión tan importante que dijimos asumir en la pasada reforma constitucional”.

Al presentar el dictamen por el que se expiden las leyes Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, la legisladora del PRD anunció su votó en contra porque no se materializa el espíritu de la reforma constitucional en la materia.

Además, resaltó que en el dictamen se niega la posibilidad de comercialización de productos y servicios de los medios sociales y se les otorga publicidad gubernamental, con lo que se regresa el control de los medios de comunicación a manos del gobierno, y manifestó su desacuerdo porque no se establece un capítulo para el funcionamiento y operación de dichos medios y, deja en su lugar, un amplio margen para la discrecionalidad que no garantiza verdadera independencia.

Señaló que la propuesta establece como principio la libre elección de los usuarios a acceder a contenidos, sin embargo, éstos podrían ser restringidos por otros concesionarios o particulares.

Por otra parte, puntualizó que no se puede dejar la posibilidad de que se restrinjan libertades a los ciudadanos al “cancelar derechos fundamentales a solicitud de autoridades competentes que en aras de la seguridad soliciten bloqueos, delimitaciones para los ciudadanos e incluso invadir la privacidad de los ciudadanos”.

Finalmente, detalló que no se fortalece al Instituto Federal de Telecomunicaciones, sino que se le restan facultades, autonomía e independencia, para garantizar la toma de decisiones que regule a empresas poderosas en el país en el sector de radiotelecomunicaciones.

 

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