Funcionarios públicos expresaron ante senadores que la ratificación del Acuerdo Comercial Antifalsificaciones (ACTA) permitirá ampliar la red internacional para la protección de los derechos de propiedad intelectual, atraer inversión privada e inhibir la competencia con productos ilegales.
En la cuarta audiencia pública del grupo de trabajo para dar seguimiento al Proceso de Negociación del ACTA, el senador priista Eloy Cantú Segovia subrayó que en el proceso para la ratificación o no de acuerdo es necesario buscar el equilibrio en el resguardo de los derechos de propiedad intelectual y de los usuarios de Internet.
Reiteró que el grupo de trabajo tiene la finalidad de coadyuvar en la transparencia de las negociaciones multilaterales y garantizar que el convenio se encuentre con arreglo a las garantías y derechos fundamentales que prevé la Constitución.
Por Acción Nacional, la senadora Beatriz Zavala Peniche coincidió en que cualquier acuerdo internacional tiene que ser compatible con las garantías consagradas en la Carta Magna.
Expresó que en términos jurídicos “hay derechos comerciales y de protección de autor, pero preeminentemente derechos para defender a las personas”, por lo que es necesario cuidar su equilibrio en el ACTA, “que probablemente estaría suscribiendo México”.
En tanto, el senador perredista Carlos Sotelo García consideró que México fue incluido en el ACTA “para legitimar el interés comercial de empresas monopólicas de la industria comercial de Estados Unidos”.
Su suscripción, enfatizó, “debe ser rechazada” y el Senado tiene que encontrar “fórmulas que permitan equilibrar el acceso a la información, conocimiento, cultura y educación y defender el legítimo derecho de propiedad industrial, de autor e intelectual”.
De la Secretaría de Economía, Juan Antonio Dorantes Sánchez, director general de Análisis de Comercio Exterior, afirmó que el ACTA permitiría a nuestro país tener una red internacional más amplia para resguardar los derechos de propiedad intelectual.
Si se garantiza la certeza jurídica en la industria creativa, dijo, “nuestro mercado será mucho más atractivo” para las inversiones en un sector que ha crecido de manera considerable en los últimos años.
Por su parte, Jorge Amigo Castañeda aseguró que el Ejecutivo federal decidió que México forme parte del ACTA, porque permitirá aumentar la competitividad y crear un marco jurídico fuerte para proteger los derechos de propiedad industrial.
El director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial destacó que el reguardo de estos derechos es necesario para fortalecer el Estado de derecho y atraer inversión privada extranjera y nacional.
Manuel Guerra Zamarro, director general del Instituto Nacional de Derechos de Autor afirmó que con el instrumento internacional “no daña el comercio electrónico” y en caso de ratificarse “se cuidarían” las garantías consagradas en la Constitución.
Dijo que en nuestro país tenemos regulación suficiente para proteger los derechos de autor en soportes materiales como discos compactos, por lo que se busca trasladar esta normatividad a sistemas de almacenamiento electrónico e inhibir la competencia con productos ilegales.
Por su parte, Adriana Baéz Ricardez, directora de Normatividad del IFAI, manifestó que en su aplicación, “lo que nos preocupa es que el Acuerdo no se limita a actividades comerciales ni define lo que se entiende por ámbito digital”, por lo que se prevé el tratamiento de datos personales.
Sugirió delimitar el convenio a actividades exclusivamente de uso comercial, a fin de que no haya “ninguna intervención en la intimidad de las personas”.
Señaló que el ACTA prevé que los proveedores de servicios de Internet puedan entregar información al titular del derecho de propiedad intelectual y “esto nos preocupa mucho, porque estos datos se tienen que entregar exclusivamente a la autoridad judicial y sólo cuando existe una proceso abierto”.
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