COMUNICADO-1068
• Iniciativa ciudadana propone crear un Fondo Nacional para el financiamiento directo a comunidades sin agua
• Sin agua dulce, potable y asequible no hay manera de sobrevivir en la tierra
Es preocupante que en México, en pleno Siglo XXI, no se haya logrado garantizar el acceso al agua potable como derecho humano para todos, aseguró la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, senadora Angélica de la Peña Gómez, al inaugurar el foro “Implementación del Derecho Humano al Agua y Saneamiento en comunidades indígenas y campesinas, con enfoque en sustentabilidad ambiental y social: Insumos para la Ley General de Aguas”.
La Ley General de Aguas, por lo tanto, debe definir la responsabilidad de las autoridades para garantizar que el derecho al agua sea una realidad, establecer el peligro que conlleva el uso de ésta como hasta ahora, y promover una nueva cultura que garantice que el recurso tenga la atención debida.
Sin agua dulce, potable y asequible no hay manera de sobrevivir en la tierra, subrayó la legisladora del PRD. Además, comentó que especialistas y organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, han planteado iniciativas en las que piden al Congreso emprender la reforma contenida en el artículo 4º de la Carta Magna, para configurar el derecho constitucional al agua.
En su turno, Nathalie Seguin Tovar, directora de la Red de Acción por el Agua (FANMex), señaló que el eje central de la iniciativa ciudadana es implementar el derecho humano al agua y saneamiento a través de una gestión ciudadanizada de las cuencas y sistemas de agua potable y de saneamiento.
Para este fin, se plantea la creación de un Fondo Nacional que facilite financiamiento directo a comunidades que hoy en día no tienen acceso a estos servicios básicos.
Destacó que 90 por ciento de los cuerpos de agua de nuestro país se encuentran contaminados, por lo que se busca poner fin a la sobreexplotación y destrucción de aguas subterráneas y prohibir totalmente el uso de agua para la minería y la extracción de gas y petróleo del subsuelo a través del fracking.
En su exposición, Silvia Emanuelli, de la Coalición Internacional para el Hábitat para América Latina (HIC-AL), precisó que el nuevo ordenamiento deberá basarse en cuatro puntos: dignidad humana, equidad, sustentabilidad y participación democrática, contenidos en la iniciativa ciudadana de agua.
Refirió que el Congreso de la Unión no ha cumplido con el plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas, derivado de la reforma constitucional de 2012 sobre el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
La directora de Asuntos Ambientales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Mariana Tejado Gallegos, advirtió que el derecho al agua no es únicamente el acceso a ésta sino que se proporcione de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Señaló que a pesar de que el tema de derechos humanos ha tomado relevancia entre la sociedad, es necesario concientizar a las personas sobre estos, pues el trabajo no es de una sola persona, institución, asociación civil o de la CNDH sino de todos, por lo que es importante informar, difundir, presentar quejas y concientizar a la población sobre los derechos humanos y las vías para su defensa.
Sinaí Guevara, coordinadora de la campaña de tóxicos de Greenpeace México, destacó que desde 1950 la disponibilidad del agua en nuestro país ha disminuido en más de 60 por ciento, de 11 mil litros cúbicos por habitante a casi tres mil. Más aún, dijo, la gestión del agua ha estado enfocada a llevar el vital líquido a las ciudades.
Subrayó la necesidad de contar con una Contraloría Social que maneje este recurso de manera transparente y cuyas acciones sean vinculantes para las autoridades públicas, a fin de que la voz de las comunidades no sea ignorada.
Severiano García Ortiz, comisariado de Oxtotilán, en Chilapa, Guerrero, resaltó que para el manejo comunitario del agua, en su comunidad se promueve la reforestación y la limpieza de manantiales, ríos y barrancos. De igual forma, resaltó que su comunidad ha tomado acuerdos con otras comunidades para hacerles llegar agua sin costo.
Nicasio Corrales Pablo, Tesorero del Comité de la Unión de Autoridades y Comunidades de la Microcuenca Las Joyas, Chilapa, expuso que gracias al manejo comunitario de agua y territorio se ha afianzado la sustentabilidad y equidad en las comunidades.
Detalló que, mediante un acuerdo interno de la comunidad, se sancionaba a quien se encontrara destruyendo los recursos naturales de la zona y a quien poseía una planta verde o jardín porque se desperdiciaba el agua. Asimismo, también celebraron acuerdos con comunidades vecinas para la reforestación, cuyo beneficio fue la obtención de más agua.
El foro fue organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado y las organizaciones de la sociedad civil Agua para todos, Red de Acción por el Agua, Coalición de Organizaciones Americanas por el Derecho del Agua, y por la organización no gubernamental Greenpeace.
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