Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

870Senadores de las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos aprobaron el dictamen a una iniciativa del Ejecutivo federal que establece que la Secretaría de la Función Pública otorgará beneficios económicos a particulares que denuncien o proporcionen información sobre actos de corrupción.

Las comisiones que presiden los senadores Jesús Murillo Karam, del PRI y Alejandro Zapata Perogordo, del PAN, respectivamente, dejaron en claro que lo anterior se sujetará a la disponibilidad y suficiencia presupuestaria de dicha dependencia.

Asimismo, ratificaron que los servidores públicos que denuncien conductas de corrupción podrán recibir algún reconocimiento de carácter no económico.

En este sentido, también avalaron adoptar medidas tendientes a proteger a los denunciantes y a cualquier persona que aporte información valiosa para los procedimientos de investigación, auditoría o disciplinarios.

Con ello - -se específica en el texto- - la figura de la denuncia se reorientaría y difundiría en la sociedad mexicana con el objetivo de consolidarla como un instrumento útil y confiable del que puedan valerse las autoridades competentes.

Además, plantea establecer la posibilidad de disminuir la sanción correspondiente siempre que no se hubiesen producido beneficios, lucro, daños y perjuicios, o en su caso, que el servidor público entere a las autoridades el monto del beneficio obtenido.

Los senadores también aprobaron el dictamen a otra iniciativa presidencial encaminada a combatir y sancionar las prácticas de corrupción en las compras y contrataciones del sector público.

Dicha propuesta busca complementar el esquema de sanciones administrativas a particulares en el ámbito de las contrataciones gubernamentales, mediante un sistema de sanciones disuasivas, eficientes y proporcionales.

Ello, a fin de evitar la comisión de conductas irregulares, bajo el enfoque orientado a la prevención de la corrupción.

Específica que incurrirá en esta responsabilidad quien en las contrataciones públicas federales, directa o indirectamente, prometa, ofrezca o dé dinero o cualquier otra dádiva a un servidor público o a un tercero determinado por éste, con el propósito de obtener o mantener un beneficio o ventaja.

Lo mismo para quien promueva o use su influencia, real o ficticia, sobre cualquier servidor público, a fin de obtener para sí o un tercero un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación del o los servidores públicos o del resultado obtenido.

Cabe recordar que las iniciativas que reforman la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y que expide la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas fueron enviadas por el Ejecutivo federal al Senado, el pasado 3 de marzo para su análisis y dictaminación.

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