COMUNICADO-987
• La reforma de 2011, constituye un parteaguas en el marco jurídico nacional: Angélica De la Peña
• Para el secretario de Gobernación es necesario reforzar la capacitación, difusión y articulación para apuntalar el rumbo de los derechos humanos
Durante la presentación del Diagnóstico de la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos 2011, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Raúl Cervantes Andrade aseguró: México tiene un modelo de avanzada en materia de derechos humanos, con la mejor técnica constitucional y la participación de todos los poderes y órganos de gobierno.
“Hoy México sólo tiene un mandato: que el centro de todo es el ser humano. Lo que significa que cualquiera que ejerza una función pública, por pequeña, amplia o restringida que fueran sus facultades, siempre tiene que tener en el centro a la persona”.
El paradigma cambió desde la construcción jurídica, administración, implementación y enseñanza de los derechos humanos, lo que implica que la evolución generará una nueva cultura, convivencia y la forma de integrarnos y ser mexicanos, afirmó el senador.
La evolución de entender los principios democráticos de un Estado de derecho constitucional, es respetar en todo nuestro actuar los derechos individuales y colectivos de la sociedad, manifestó.
Para que los derechos realmente sean palpables, es necesario una sociedad igualitaria, porque sin ella, la mayoría de los mexicanos no podrán acceder al desarrollo personal, y representaría una visión sólo declarativa e irreal de la norma, “es por ello que el Senado debe tomar en cuenta el principio pro persona cuando hace una iniciativa o genera un dictamen”.
Nadie debe entender de manera segregada la política pública y la creación constitucional, si aspiramos a una democracia constitucional: “si logramos caminar en este sendero de la realidad de los mexicanos que tanto necesitan un Estado igualitario y el ejercicio real de sus derechos, estaremos en el camino correcto”, finalizó.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, Angélica De la Peña Gómez manifestó que bajo el nuevo contexto constitucional, el Senado debe marcar, sustentar sus trabajos, asumir la responsabilidad de seguir construyendo y consolidando reformas que garanticen que los poderes públicos del Estado se ajusten a los estándares del derecho internacional y de la constitución.
La instrumentación y éxito de este nuevo paradigma constituye un parteaguas en el marco jurídico nacional, el cual depende de la actuación y aplicación sistemática de todas las autoridades, los tres poderes, niveles de gobierno y órganos constitucionales.
Puntualizó que aún hace falta fortalecer el mecanismo institucional de la Ley General de Víctimas. El reto es lograr que todas las autoridades y personas con algún grado de responsabilidad en el servicio público, apliquen su actuación al enfoque de los derechos humanos y ejerzan su responsabilidad de coadyuvar activamente a garantizar su protección efectiva, puntualizó
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que entre los tres poderes se construyó este diagnóstico. Representa un análisis para evaluar la situación y cómo mejorar las acciones, que desde una visión compartida dimensiona los retos, necesidades y estrategias para acelerar la aplicación de la reforma de 2011.
El diagnóstico es claro: es necesario acelerar el paso y ampliar en corresponsabilidad el alcance de las acciones locales y federales; reforzar la capacitación, difusión y su articulación para apuntalar el rumbo de la política de Estado en materia de derechos humanos.
El gran reto es que la reforma se refleje cotidianamente en la vida de todas y todos los mexicanos, lo que ha requerido de un gran esfuerzo por parte del Estado, pues todas las autoridades sin excepción tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, expresó.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, José González Morfín aseveró que el diagnóstico representa un mapa de navegación que debe guiar los trabajos de las instituciones nacionales, “porque nuestra meta en común, es que la reforma en derechos humanos se convierta en una realidad tangible”.
La reforma, representó también un parteaguas en la vida institucional y un paso fundamental para construir un sistema legal más transparente y justo que proteja mejor los derechos de cada persona, manifestó.
México cuenta con un marco constitucional de avanzada, que representa la oportunidad de construir una sociedad con instituciones capaces de defender al débil del abuso y al inocente de la arbitrariedad, que finque su bienestar y su prosperidad en el respeto a los derechos humanos, estableció.
La ministra de la Suprema Corte de justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero de García Villegas destacó que aplicar y desarrollar los contenidos de la reforma constitucional en esta materia, constituye la piedra angular que permitirá que la historia constitucional de México evolucione hacia un Estado más acorde con los justos reclamos de la sociedad, dotando a las instituciones del país de una mayor legitimidad tanto al interior, como al exterior de las fronteras.
Por otro lado, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, Miriam Cárdenas Cantú subrayó que los legisladores deben consolidar un Estado de derecho constitucional en el que el respeto a la dignidad de cada mujer y hombre se asuma como la mayor responsabilidad del quehacer público “y para ello las instancias públicas requieren de apoyo, colaboración y del compromiso de la acción constante de la sociedad”.
La subsecretaria de Derechos Humanos de la SEGOB, Lía Limón García dijo que el diagnóstico se construyó a partir de un trabajo de corresponsabilidad en el que cada uno de los poderes federales, analizó los avances y evaluaron sus capacidades institucionales y normativas para determinar el rumbo de la efectiva implementación de la reforma y construir metas comunes en favor de los derechos de las personas.
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