El Ejecutivo federal devolvió a la Cámara de Senadores el proyecto de decreto por el que se establece que las previsiones presupuestales anuales para el desarrollo rural sustentable sean crecientes al año inmediato anterior.
La reforma, que adiciona un tercer párrafo al artículo 16 de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, “vulnera los principios constitucionales que rigen la planeación, programación y presupuesto e inserta al campo mexicano en un esquema de rigidez presupuestaria”, consideró el Presidente de la República.
Además, agregó, la propuesta aprobada por el Senado el pasado 3 de marzo “no considera las fuentes de financiamiento adicionales para cubrir los requerimientos presupuestarios que se señalan”.
El Ejecutivo reconoció la importancia de dotar de cada vez más recursos y mejores instrumentos al agro mexicano, a fin de superar las problemáticas que le aquejan, pero las características del proyecto de decreto “pueden repercutir negativamente” en su atención.
Incluir una disposición en la que se obliga a incorporar en el Presupuesto de Egresos de la Federación recursos crecientes para un determinado rubro, dijo, afecta el proceso de planeación, programación y presupuesto, porque “el Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados tendrían acotadas sus facultades”.
Añadió que en cumplimiento con la Constitución, la planeación, programación y ejercicio del gasto público deben destinarse a múltiples materias como la educación, salud, combate a la pobreza seguridad pública o impartición de justicia, por lo que “el proceso de presupuestación no puede ser rígido”.
Otra observación del Presidente a la reforma aprobada por el Senado, “implicaría la obligación de prever recursos crecientes en el presupuesto para una materia específica, sin que para ello se tome en consideración el proceso de evaluación descrito en nuestra Constitución”.
Dicha disposición, subrayó, también eliminaría incentivos para que los ejecutores del gasto cumplan con las metas y los objetivos de los programas.
Ello, en detrimento no sólo del campo mexicano sino en general de todos los programas federales al no poder asignar los recursos con base en el principio de presupuesto basado en resultados, señaló.
También planteó que el proyecto no señala las fuentes adicionales de financiamiento ni prevé las reducciones en otros rubros, por lo que “obligaría al Ejecutivo a reducir en términos reales otras partidas para atender el mandato de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable.
Las observaciones se enviaron a las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, Recursos Hidráulicos y Reforma Agraria, así como a la de Estudios Legislativos, Segunda.
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