La falta de regulación, vigilancia y control jurídico de los juegos y sorteos genera clandestinidad, anarquía, ilegalidad, defraudación y corrupción en esta actividad, advirtió el senador Felipe González González.
El sector, subrayó, “ha sido blanco de sospechas” al calificarse como susceptible, en ciertos casos, de estar ligado con actividades de delincuencia organizada como el lavado de dinero y la defraudación fiscal”.
Por ello, el legislador de Acción Nacional propuso expedir la Ley Federal de Juegos con Apuesta y Sorteos, a fin de combatir el tráfico de influencias en el otorgamiento de permisos y autorizaciones e inhibir las acciones del crimen organizado a través de los establecimientos.
La iniciativa contempla prisión de tres meses a tres años y multa de diez mil a cien mil salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal a las personas físicas o morales que operen juegos con apuestas y sorteos prohibidos, que no cuenten con el permiso o autorización correspondiente.
Lo mismo sucedería a los propietarios, organizadores, gerentes o administradores de cualquier establecimiento abierto o cerrado, donde se realicen juegos prohibidos o que cuenten con máquinas, instrumentos o sistemas electrónicos sin autorización y certificación de la Secretaría de Gobernación.
El senador por Aguascalientes consideró necesario regular esta actividad bajo principios de legalidad, certeza jurídica, transparencia y rendición de cuentas, así como orientar “los frutos fiscales” que genere al gasto público y repartirlos equitativamente entre los tres órdenes de gobierno.
La propuesta también prevé que la Secretaría de Gobernación pueda solicitar a estados, municipios y Distrito Federal, un informe sobre las circunstancias sociales, económicas y de seguridad pública de la zona donde se pretenda instalar un establecimiento de juegos o sorteos.
Con la finalidad de inhibir el lavado de dinero, el legislador planteó que la Segob, previamente a la expedición y renovación de un permiso, realice las investigaciones sobre los antecedentes penales, fiscales, crediticios y comerciales de los socios y de quien administre las sociedades mercantiles permisionarias.
Además, de aprobarse el proyecto de decreto que se turnó a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos, los establecimientos autorizados estarán sujetos a una serie de controles administrativos y fiscales.
Los permisos emitidos por la Secretaría, contendrán el número de locales autorizados que la capacidad económica del permisionario le permita abrir y operar en un periodo máximo de tres años.
Para garantizar a los clientes transparencia y seguridad jurídica, la iniciativa de ley prevé la obligación de certificar máquinas, mecanismos, equipo y cualquier instrumento técnico o sistema electrónico que se utilice para celebrar juegos con apuesta y sorteos.
--oo0oo--
