• Privilegiar cooperación para combatir inseguridad, sin mezquindades: Omar Fayad
• Segob: han sido neutralizados 80 de 122 objetivos relevantes de la delincuencia organizada
Senadores del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT y Nueva Alianza cuestionaron al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sobre las acciones, avances y resultados de la política criminal del gobierno federal.
El funcionario compareció ante las comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública, que presiden los senadores Cristina Díaz Salazar y Omar Fayad Meneses, respectivamente.
Al inicio del encuentro, Fayad Meneses dijo que el trabajo entre poderes en materia de seguridad debe privilegiar la cooperación, sin dar paso a acciones mezquinas o escarnio de las decisiones que buscan combatir la inseguridad.
Reconoció que la Secretaría de Gobernación (Segob) ha privilegiado las acciones en lugar del discurso, dado que se han desarticulado bandas delictivas, neutralizando a líderes de grupos criminales y mantenido a la baja la incidencia delictiva, como resultado de una política de coordinación y consensos.
Señaló que un claro ejemplo del resultado de cooperación y coordinación entre las instituciones, son las acciones de la autoridad en entidades como Chihuahua, Michoacán y Nuevo León, “azotadas cruelmente” por el crimen organizado.
Agregó que Tamaulipas guarda una condición muy particular, sin embargo, consideró que las acciones en materia de seguridad en esta entidad no deben ser motivo para hacer escarnio sobre la efectividad de las decisiones de la política interna en la materia.
El senador reiteró la disposición de ambas comisiones de colaborar con el gobierno federal, al ofrecer el trabajo necesario y el respaldo que requieran a la labor para la construcción de las leyes y las políticas que permitan devolver la seguridad.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, destacó el avance para recuperar la paz y tranquilidad en el país, a través de la puesta en marcha de la estrategia de seguridad, y coincidió en la necesidad de restablecer el tejido social en aquellas entidades donde se había quebrantado, como Michoacán y Tamaulipas.
Apuntó: desde el Senado de la República impulsará el trabajo legislativo para apoyar las acciones que permitan un clima de paz y seguridad en el país, especialmente en lo relativo a la prevención del delito, la profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos de seguridad, del sistema penitenciario, la cooperación internacional y entre autoridades locales.
Al fijar la posición del PRI, la senadora Graciela Ortiz González reconoció el trabajo del funcionario federal y destacó los avances en el combate a la delincuencia, el respeto a los derechos humanos, en especial el debido proceso, así como el combate a la impunidad.
Si bien la violencia en el país es una gran preocupación, la profesionalización de cuerpos policiacos, la coordinación, planeación, inteligencia y colaboración entre instancias, han dado resultados positivos en el combate al crimen organizado en los estados.
El senador del PAN, Héctor Larios Córdova, criticó que se ha dado impulso a las autodefensas como fuerza de combate sin que estén sujetas a la legalidad, el respeto a los derechos humanos y controles de confianza; además de que se tolere que porten armas de uso exclusivo del Ejército.
Detalló que en lo que va de la presente administración se han denunciado tres mil 531 casos de secuestro y 70 por ciento de los afectados son asalariados. Se pronunció por implementar estrategias de seguridad y reestructuración del tejido social, como se hizo en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Manuel Camacho Solís, senador del PRD, cuestionó la situación que viven los periodistas y defensores de derechos humanos, pues de acuerdo con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos para la Libertad de Expresión, en los últimos 12 años se han registrado 95 homicidios, que en su mayoría siguen impunes. Los casos, precisó, están ligados con el crimen organizado, corrupción, violación de derechos humanos y políticos.
Propuso establecer una política basada en el seguimiento a los procesos en curso, proceder en contra de cualquier acción que viole la libertad de prensa, que el gobierno aclare un caso para sentar precedentes, defender espacios de libertad de expresión, cumplir con el compromiso de la Ley de Telecomunicaciones para fortalecer la competencia, no criminalizar la protesta social y aceptar la creación de un comité asesor externo para dar seguimiento a los compromisos del Ejecutivo.
El senador del PVEM, Carlos Alberto Puente Salas, aseveró que la violencia no se resolverá en un plazo inmediato, toda vez que el problema proviene de factores estructurales, sobre todo la falta de oportunidades para los jóvenes, que ven como una posibilidad al crimen organizado, aunado a ello, existe un debilitamiento en instituciones de seguridad a nivel municipal.
Resultado de la política en materia de seguridad, las acciones en Michoacán han permitido que la impunidad deje de ser moneda corriente, se está capacitando y depurando a los cuerpos policiacos con mayor apego al respeto de los derechos humanos, añadió.
Por el PT, el senador Manuel Bartlett Díaz se pronunció por aplicar una política general, para analizar la conveniencia de otorgar o negar permisos para la operación de casinos y así evitar que continúe una “patología” en la sociedad. Para el senador, el tema del combate a casinos parece estar focalizado en un sólo grupo.
Cuestionó al secretario de Gobernación sobre el estado que guarda la creación de la Gendarmería Nacional, la legislación que se le va a aplicar y dónde se ubicará, en el sistema de las corporaciones de seguridad.
Al fijar el posicionamiento del Partido Nueva Alianza, la senadora Mónica Arriola Gordillo indicó que se debe asegurar una estrategia exitosa ya que, según cifras del INEGI dadas a conocer en marzo pasado, la percepción de inseguridad de los ciudadanos mayores de 18 años se incrementó 4.4 por ciento respecto a los resultados de diciembre de 2013.
Consideró que si bien han sido detenidos grupos del crimen de Centroamérica en Chiapas, se debe aplicar una política que detenga el flujo de bandas criminales, porque se han detectado envíos de armas por grupos criminales de México a bandas de aquella región.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que a partir del análisis de la realidad cambiante del fenómeno delincuencial, de la información y del uso de sistemas de inteligencia, se avanza con firmeza en garantizar la tranquilidad y la seguridad de los mexicanos.
Destacó que, a 17 meses de esta administración, han sido neutralizados 80 de los 122 objetivos relevantes de la delincuencia organizada, de los cuales, 68 han sido detenidos y 12 abatidos. Además, a partir de labores de inteligencia y el trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad, reaprendimos a uno de los delincuentes más buscados del mundo, sin disparar un solo tiro.
Dio a conocer que, durante 2013, los homicidios dolosos disminuyeron 15.4 por ciento con respecto al año anterior y que la incidencia de este delito en abril de 2014 se redujo en 16.4 por ciento, en relación a 2013.
Aseveró que el año pasado el robo disminuyó 3.5 por ciento en relación con el 2012 y que en el cuarto mes de este año, su incidencia decreció 12.1 por ciento, comparado con el mismo mes del año pasado.
Destacó que en 2013, el robo de vehículos disminuyó 10 por ciento con respecto a 2012 y lo mismo sucedió con la incidencia de robo a casa habitación, que en el primer cuatrimestre de 2014, registra una reducción de 12 por ciento. Finalmente, aseguró que el robo a transeúntes también decreció en 2013, en un 12 por ciento.
El funcionario reconoció que la extorsión y el secuestro presentaron un aumento durante el año pasado, pero los diagnósticos indican que se debió, entre otros factores, a un patrón de diversificación y a cambios en la estructura operativa de las organizaciones criminales, y a que no se contaba con los cuerpos de seguridad y procuración de justicia especializados para prevenirlos, perseguirlos y castigarlos.
Por ello, enfatizó, se puso en marcha la Estrategia Nacional Antisecuestro, a través de la cual el gobierno de la República atiende este delito coordinadamente con las entidades.
Manifestó que el mando único policial ya opera en 29 entidades bajo distintas modalidades y coberturas y que, para conformar la Gendarmería de la Policía Federal, participaron más de 100 mil aspirantes y se encuentran en formación inicial cerca de cinco mil cadetes, además de 308 mandos.
Ello, enfatizó, nos permite reafirmar que en el mes de julio de este mismo año, como se comprometió, la Gendarmería entrará en funciones.
Por otro lado, agregó que se logró la acreditación del 100 por ciento de los centros de evaluación y control de confianza, tres de ellos federales y 31 estatales. El 100 por ciento de los elementos de corporaciones federales, acotó, ya fueron evaluados, así como el 92 por ciento de los integrantes de las fuerzas de seguridad locales.
Estos resultados son producto de un trabajo coordinado y corresponsable, en el que participan de manera decidida las instituciones federales de seguridad, en plena colaboración con los gobiernos de los estados, y son prueba de que la ruta definida por el Presidente es la correcta. “Nuestro compromiso es permanente y no vamos a bajar la guardia”.
En la ronda de preguntas, la senadora Ivonne Liliana Álvarez García, del PRI, refirió que la problemática de inseguridad y debilidad institucional en Michoacán se debe a un proceso de deterioro que empezó años atrás.
Por ello, asentó, ha requerido la participación corresponsable y decidida del Ejecutivo Federal, en coordinación con el gobierno estatal, para recuperar la tranquilidad de los michoacanos, pero expresó su preocupación por el escenario que se vive en ese estado por la presencia del crimen organizado, la corrupción y la debilidad institucional.
A nombre de Acción Nacional, la senadora María del Pilar Ortega Martínez señaló que el gobierno federal tuvo que esperar para atender los problemas de inseguridad en Tamaulipas, una entidad que desde hace tiempo sufre el aumento de las bandas delincuenciales y la violencia.
Al cuestionar al encargado de la política interna del país, el senador panista, Salvador Vega Casillas, dijo que el reacomodo en las cifras del padrón de personas no localizadas se debe a que están apareciendo o lo están depurando. Además preguntó sobre las acciones que darán continuidad para regresar la seguridad a Michoacán.
Dijo que entre las acciones implementadas para ese estado no se encuentra una que esté dirigida a reparar la estructura social y los efectos de la violencia.
La senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del PRD, reconoció la intervención del gobierno federal para desplazar al crimen organizado en Michoacán, pero “hoy vemos el abrazo entre acusadores y acusados, mandando una señal de reconciliación que no es otra señal más que de la ineficacia”.
Preguntó qué harán las instituciones de procuración de justicia para mantener la credibilidad ante sus gobernados ávidos de paz, cuando tienen lugar “pactos de reconciliación”.
Por el PVEM, el senador Carlos Alberto Puente Salas coincidió en que se han dado golpes contundentes en la estructura de todos los grupos de la delincuencia organizada, pero en Tamaulipas se han registrado una serie de actos delictivos que trastocaron a su sociedad y generaron un impacto negativo en la economía y el desarrollo de la entidad.
La senadora por el PT, Ana Gabriela Guevara, cuestionó al secretario Osorio Chong sobre las funciones y el papel que desempeña la Secretaria de la Defensa Nacional en el marco de la estrategia de seguridad, en lo referente a los retenes carreteros que afectan a los transportistas los cuales deberían estar a cargo de la Policía Federal y no del Ejército.
En respuesta, el secretario de Gobernación aseguró que en Tamaulipas se detuvo a dos líderes de dos grupos delincuenciales que tienen presencia en este y otros estados de la República, pero no es suficiente, por lo que se realizó un replanteamiento de la estrategia de seguridad y se dividió la entidad en cuatro zonas para evitar los enfrentamientos, detener a los delincuentes e impedir que la sociedad civil se encuentre atemorizada.
En esta administración hay un compromiso por garantizar las libertades y el respeto a los derechos humanos, por lo que se reestructurará y fortalecerá el mecanismo para su protección, con la participación de organismos internacionales y la Conferencia Nacional de Gobernadores.
Dijo que el compromiso para no politizar un solo asunto, en el tema de la seguridad, se ha cumplido cabalmente.
Sobre Michoacán manifestó que la conformación de las fuerzas rurales fue una buena salida, porque se les está capacitando y dotando de los elementos para proteger a su comunidad, en un proceso de entendimiento que permitirá su evaluación y prescindir de aquellos que no cumplan con su obligación, en el marco del Estado de derecho.
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