Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL


COMUNICADO-717
• Se plantea que la denuncia se realice de forma escrita, oral telefónica, por correo con porte pagado o por medios electrónicos.
• Mejorará el control sobre el destino de los recursos de los programas de desarrollo social
El senador del PRD, Ángel Benjamín Robles Montoya, propuso dotar a la sociedad de instrumentos jurídicos y administrativos para hacer de la denuncia popular un mecanismo cotidiano, sencillo, obligatorio, necesario y justo, a fin de que los ciudadanos señalen cualquier acto indebido ilegal e injusto en las acciones del gobierno que deben tener por objetivo servir y no servirse de los recursos públicos.
A través de reformas a la Ley General de Desarrollo Social, el legislador propuso ampliar los medios para  presentar la denuncia ciudadana sobre irregularidades en la aplicación de programas sociales.
La sociedad, dijo, ha permanecido pasiva ante este tipo de situaciones, no por falta de actos de corrupción sino por falta de mecanismos que promuevan, fomenten y faciliten la denuncia de  servidores públicos con actitudes deshonestas.
La participación ciudadana a través de la denuncia popular permite mejorar el control sobre el destino de los recursos otorgados a través de los programas de desarrollo social y coopera en la generación de confianza en los diferentes programas y acciones que se llevan a cabo en la materia, agregó.
Por ello, planteó que la denuncia pueda hacerse vía telefónica, por correo con porte pagado o por medios electrónicos, por lo que la dependencia deberá contar con un número telefónico gratuito, así como publicar en internet un formato tanto en español como en diferentes lenguas indígenas, a fin de facilitar la presentación de una denuncia popular.
El legislador por Michoacán especificó que en el caso de presentar la denuncia por escrito, ésta podrá realizarse con una redacción libre o con el formato proporcionado por la autoridad y que en ningún caso se requerirá ratificación.
Tanto la denuncia oral como la escrita se podrá presentar ante el órgano de control interno de la Secretaría o ante el servidor público designado para tal efecto en las delegaciones federales, esto para que esta vía quede más cercana al denunciante, detalló.
La iniciativa también plantea facultar a la autoridad para iniciar la investigación administrativa de oficio, cuando se trate de hechos que generen  impacto social y que se conozcan de manera pública, bien por los medios de comunicación o por algún comunicado o exhorto.
Anticipó que, contrario a lo establecido en la ley vigente, se reforman los requisitos para hacer una denuncia, por lo que a pesar de que el denunciante que no tenga los datos necesarios para identificar al funcionario infractor, la acusación se admitirá previendo que se logre la identificación en la investigación de los hechos.
En el mismo sentido, el legislador perredista subrayó que otra causa por la que no se presenta una denuncia es por temor de sufrir algún perjuicio o de que se tomen actos de revanchismo en contra de quien denuncia, por parte de los servidores públicos responsables.
Ante esta situación, aseguró, se prevé la posibilidad de que si el denunciante solicita  guardar secreto respecto de su identidad, por razones de seguridad e interés particular, se llevará a cabo el seguimiento de la denuncia conforme a las atribuciones de la ley y demás disposiciones jurídicas aplicables le otorgan.
En tanto al procedimiento administrativo, se plantea que en el desarrollo del mismo, se aplique lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que se regirán conforme a los principios de inmediatez, concentración y continuidad y se aplicará el principio de suplencia de la deficiencia de la queja en favor de los promoventes.
Finalmente, el senador Morón Orozco resaltó que de aprobarse la iniciativa se generará una nueva relación que garantiza el ejercicio pleno de la democracia participativa, en la que el ciudadano es el contralor de la acción gubernamental.
Es tiempo de reconocer el derecho ciudadano a la construcción de una democracia abierta, de un sistema político participativo y de un gobierno incluyente,  en el que la sociedad también tenga el derecho al control de la fiscalización social a través de la contraloría social y la denuncia popular.
La propuesta se turnó a las comisiones unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, para su dictaminación.
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