COMUNICADO-704
• Suprimir del Consejo Nacional de Seguridad Pública la inexistente figura de Secretario de Seguridad Pública, uno de los objetivos
• Proyecto no modifica atribuciones, responsabilidades ni funciones de los órganos cuya denominación se actualiza
El senador del PRI, Omar Fayad Meneses, presentó una iniciativa para armonizar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública con la estructura vigente de la Administración Pública Federal.
Argumentó que el 2 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el que despareció la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) creada en el 2000 por el entonces presidente Vicente Fox.
También, dijo, se modificó su artículo 27 para agregar las facultades que tenía la SSP a la Secretaría de Gobernación y crear, a su vez, la Comisión Nacional de Seguridad.
En este sentido, propuso reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para armonizar los artículos que hacen referencia a la SSP, “cuya extinción fue decretada sin que se reflejara esta modificación en las leyes correspondientes”.
Además, consideró necesario actualizar la referencia a los programas de la materia, aclarar el nombre correcto de algunas instituciones colaboradoras y simplificar la redacción de algunos párrafos, sin cambiar la sustancia ni alterar el objetivo. Aclaró que el proyecto de decreto no modifica atribuciones, responsabilidades ni funciones de los órganos cuya denominación se actualiza.
Entre otros puntos, planteó suprimir de la integración del Consejo Nacional de Seguridad Pública la ahora inexistente figura del Secretario de Seguridad Pública, establecer el nombre correcto y completo del programa nacional de Prevención del Delito, de la Violencia y la Delincuencia.
Del mismo modo, sugirió ampliar y hacer más completa la coordinación y colaboración entre el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Poder Judicial de la Federación con el Poder Judicial de las entidades federativas.
La propuesta se turnó a las comisiones de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera.
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