COMUNICADO-698
• La fractura hidráulica o “fracking” es una de las técnicas más agresivas al medio ambiente, señalan
• La propuesta ya fue presentada en la Cámara de Diputados
En conferencia de prensa, el senador Benjamín Robles Montoya, del PRD, acompañado de la senadora Layda Sansores San Román, del PT, y de los diputados Graciela Saldaña Fraire, del PRD y Ricardo Mejía Bermeja, de MC, junto con la Alianza Mexicana contra el fracking, anunció que este martes presentará una iniciativa para expedir la Ley General para la Prohibición de la fractura hidráulica, también conocido como fracking.
Consideró que dicha práctica es uno de los aspectos más ominosos de “la andanada privatizadora” impuesta por el Ejecutivo Federal y sus aliados en el Congreso, no sólo por sus impactos ambientales sino también por los sociales, por la exploración y explotación del gas shale y oil a través de esta técnica.
La senadora Layda Sansores San Román expuso que la técnica por la que se extrae el gas es muy agresiva al medio ambiente, pues se utiliza agua mezclada con 750 sustancias químicas que provocan un daño irreversible, por lo que ya ha sido prohibida en países como Francia, Alemania, Bulgaria y Sudáfrica.
Creemos que es una razón más para impedir que se consume la entrega del petróleo a las transnacionales, advirtió.
Por la Alianza mexicana contra el fracking, Francisco Cravioto, destacó que no existen beneficios a partir de la explotación de hidrocarburos.
Señaló que es mentira que el agua sea tratable, pues al mezclarse con sustancias químicas el proceso de tratamiento es imposible, y al ser depositada cerca de los sitios de extracción, permite la evaporación de los líquidos, contaminando el medio ambiente y enfermando a las poblaciones cercanas al lugar.
Sobre la reinyección del líquido al subsuelo, recalcó que a causa de esa práctica se han generado sismos donde antes no ocurrían.
Asimismo, aclaró que con la implementación de la fractura hidráulica no se generan empleos, pues es una actividad de corto plazo, con una vida útil de entre cinco a 15 años, dejando a su paso devastación ambiental y diversas consecuencias. A largo plazo, dijo, no es una actividad sostenible.
Los senadores subrayaron que la iniciativa ya se presentó en la Cámara de Diputados y que la abordarán en el marco del análisis del paquete de leyes en materia energética que enviará el Ejecutivo federal a la Cámara de Senadores.
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