COMUNICADO-649
• Proponen reformas a la normatividad agraria
• Competitividad en campo depende de la impartición de justicia, señalan
Los candidatos propuestos por el Ejecutivo federal para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Unitario Agrario comparecieron este miércoles ante las comisiones unidas de Justicia y de la Reforma Agraria, donde expusieron sus propuestas que llevarían a cabo en caso de ser ratificados por los senadores.
El senador priista Eviel Pérez Magaña comentó que aún persisten “graves conflictos” por la tenencia de la tierra en el país que lastiman a muchas comunidades y lamentablemente generan confrontación entre los pueblos, especialmente en las zonas indígenas, donde existen los pugnas con mayores consecuencias.
Consideró que la competitividad en el campo depende de la impartición de justicia desde los tribunales agrarios, por lo que “hay mucho que trabajar todavía” en esta área, a fin de poder acabar con conflictos que hoy están provocando hasta muertes.
De Acción Nacional, el senador Carlos Mendoza Davis hizo notar que existe “una gran productividad” en los tribunales agrarios, ya que en los últimos años se han dictado miles de sentencias sobre procesos que estaban abandonados.
Además, aclaró que los conflictos territoriales no son privativos de las comunidades indígenas, pues el problema de la tenencia de la tierra existe en poblaciones de todo tipo donde hay diferencias irreconciliables.
Por el PRD, el senador Adolfo Romero Lainas señaló que e importante analizar la posibilidad de que los tribunales agrarios sean incorporados al Poder Judicial de la Federación, a efecto de evitar que haya “justicia de primera y de segunda”.
En su exposición, el candidato a magistrado agrario Rafael Gómez Medina explicó que es fundamental llevar a cabo las adecuaciones estructurales necesarias en materia de justicia agraria, pues las “reformas profundas” también las requieren los tribunales, a fin de que éstos sean adaptados a la nueva dinámica nacional.
Mencionó que se deben poner en vigencia las nuevas disposiciones en derechos humanos en los tribunales agrarios como el de recurso efectivo, debido proceso, derecho de audiencia y protección judicial.
En su turno, Lilia Flor del Carmen Rivera Fonseca, también candidata a magistrada, dijo que de ser elegida actuará con “prudencia” y respetará los derechos de las partes en conflicto, con el objetivo de preservar la paz social en el agro mexicano.
Sugirió modificaciones a la normatividad agraria para establecer procedimientos más ágiles y cumplir con los derechos fundamentales de debido proceso, legalidad y garantía de audiencia.
Otra candidata, María del Mar Salafranca Pérez expuso que el país se encuentra ante un paradigma distinto: el de generar certidumbre en la tenencia de la tierra, ya que nadie está dispuesto a invertir tiempo, dinero y esfuerzo “en algo que no es suyo. Esto es trascendente para así alcanzar una mayor productividad en el campo y lograr el mayor aprovechamiento de sus recursos”.
Manifestó que a los magistrados no les puede “temblar la mano” en dictar una sentencia conforme a derecho sólo porque puede ser difícil de ejecutar, pues “para ello también hay otros medios como utilizar la fuerza pública en caso de que existan personas que se opongan a ejecutar una sentencia”.
Por último, Luis Eduardo Zuart Vallejo, aspirante a magistrado agrario, planteó cambios para avanzar en el abatimiento de los rezagos y hacia una mejor calidad en la impartición de justicia, así como para fortalecer a las instituciones agrarias, perfeccionar el ordenamiento jurídico procesal agrario, impulsar la equidad de género y prever disposiciones orientadas a conservar el patrimonio de la familia campesina.
Del mismo modo, propuso fortalecer la democracia en el campo al brindar mayor certeza en las elecciones de comisariados ejidales, y ante las desapariciones forzadas de personas sugirió agilizar los procedimientos de declaración de ausencia y presunción de muerte de los titulares de los derechos agrarios.
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