COMUNICADO-614
• El derecho a la defensa pública es casi nulo en nuestro país, afirma el senador Fernando Mayans Canabal
• Es más costoso mantener prisiones con un gran número de personas inocentes que brindar una buena defensa, sostiene
El senador del PRD, Fernando Mayans Canabal, presentó una iniciativa para crear el Instituto Federal de Defensoría Pública como un organismo autónomo, responsable de brindar los servicios de orientación, asesoría y patrocinio a los ciudadanos en todo proceso judicial.
Enfatizó que es más costoso mantener prisiones con un gran número de personas inocentes que brindar una buena defensa a cargo de un órgano plenamente autónomo.
Afirmó que el derecho de todo inculpado a la defensa pública es casi nulo para la mayoría de los mexicanos, pues presenta muchos obstáculos para su ejercicio.
Agregó que esta garantía fundamental está reconocida en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, que señalan que en tanto un imputado en proceso penal no disponga de un abogado, tendrá derecho a que se le asigne a uno, a fin de que cuente con una asistencia jurídica gratuita si carece de medios suficientes para pagar esos servicios.
Dijo que después de la reforma legislativa de 2008, por la que se estableció la obligación de la Federación, estados y municipios de garantizar un servicio de defensoría pública de calidad para la población, se tiene que avanzar con mayor profundidad en una reforma constitucional y legal que permita la transformación de la Institución que tiene encomendada dicha función.
Por ello, propuso que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establezcan organismos que brinden el servicio de defensoría pública.
Estos organismos, precisó, tendrán competencia para brindar los servicios de orientación, asesoría y patrocinio legal en todo tipo de asuntos jurisdiccionales, conforme a las condiciones y requisitos que disponga la ley.
De acuerdo con la propuesta, las constituciones estatales deben asegurar la autonomía de los organismos que brinden el servicio de defensoría pública.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales, Justicia y de Estudios Legislativos; Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.
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