COMUNICADO-613
• Se estima que en México hay unos 3.6 millones de niños que trabajan
• Con esta reforma, el Estado mexicano procurará que los menores de edad no trunquen su educación básica: senador Enrique Burgos
Con 86 votos, la Cámara de Senadores aprobó las reformas al artículo 123 constitucional, para elevar de 14 a 15 años la edad mínima para trabajar.
El dictamen aprobado por el Pleno del Senado señala que el trabajo infantil coarta el derecho a la educación de los menores debido a la incompatibilidad de los horarios escolares con los laborales, ya que “los menores, al empezar a tener un ingreso, optan por abandonar las aulas”.
Refiere que de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil es aquella actividad económica, realizada por niñas, niños o adolescentes, por debajo de la edad mínima general de admisión al empleo especificada en cada país.
Menciona que la OIT y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han alertado a México respecto al rezago en el cumplimiento de los compromisos para la protección de la infancia, como en el caso de la eliminación progresiva de todas las formas de trabajo infantil.
De acuerdo al dictamen, se estima que en México 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años trabajan, lo cual equivale al 12.5 por ciento de la población infantil en ese mismo rango de edad.
México se ubica en la posición 56 de 197 con mayor prevalencia de trabajo infantil, donde condiciones insalubres, falta de educación y otros derechos básicos afectan a los menores, señala.
El senador Enrique Burgos García, del PRI, y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que México, como suscriptor de la Convención sobre los Derechos del Niño, deben garantizar a los infantes la educación primaria y secundaria y protegerlos de la explotación económica.
“Con la propuesta de reforma, el Estado Mexicano y en particular sus autoridades de trabajo, asumirán obligaciones de inspección y vigilancia que permitan garantizar a los menores de edad que su necesidad de laborar no obstaculice la culminación, al menos del ciclo de educación básica”, expuso.
Burgos García señaló que la aspiración de la reforma a la fracción III del Apartado A del artículo 123 de la Constitución “es consolidar un mejor orden jurídico de protección y garantía para los derechos de los menores de edad”.
La senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del PRD, indicó que niños y jóvenes deben estar en las escuelas, “preparándose para mejorar su calidad de vida y no ver truncados sus anhelos, sus posibilidades de tener un mejor empleo y, por supuesto, una mejor remuneración”.
Señaló que es necesario ampliar la protección para que esta meta se cumpla, “que ningún joven tenga que dejar de estudiar para apoyar económicamente a la familia”.
Barrales Magdaleno mencionó que aún falta mucho por hacer en esta materia, pero con esta reforma se abona a mejorar la condición de vida de las niñas y los niños en nuestro país.
La senadora Martha Palafox Gutiérrez, del PT, mencionó que según la OIT, cerca de 215 millones de niños trabajan en el mundo, muchos de ellos tiempo completo: no van a la escuela, no tienen tiempo para jugar, muchos no reciben alimentación ni cuidados apropiados, se les niega la oportunidad de ser niños.
“Más de la mitad de estos niños están expuestos a las peores formas de trabajo infantil: esclavitud, actividades ilícitas como el tráfico de drogas y la prostitución, y su participación involuntaria en los conflictos armados”, apuntó.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, destacó que a partir de esta reforma se entrará en la definición de lo que el Convenio 138 de la OIT establece: implementar políticas gubernamentales para lograr gradualmente que se erradique el trabajo infantil.
Señaló que las políticas en la materia deben aspirar a que ninguna niña o niño tenga que trabajar y desviar sus estudios.
Detalló que esta reforma privilegia como derecho fundamental que ningún menor se ocupe en actividades que les impida desarrollarse. “Esta reforma a la Constitución es de una gran trascendencia para nuestra sociedad”.
La propuesta se remitió a los Congresos de los estados para los efectos del artículo 135 constitucional.
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