COMUNICADO-496
• Ambigua la obligación que impone a operadores de prohibir o interrumpir mensajes maliciosos; evitar la intervención y bloqueo de contenidos sin orden judicial, señalan IDET y AMIPCI
• Sistema Público de Radiodifusión no debe estar sectorizado a la Secretaría de Gobernación en el manejo editorial de medios públicos: RED México
Representantes de medios públicos, comunitarios, indígenas y de asociaciones civiles, propusieron cambios a la propuesta del Ejecutivo federal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, a fin de que los concesionarios puedan vender publicidad, garantizar su acceso a las nuevas tecnologías, respeten su derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos originarios.
Asimismo, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), pidió que la iniciativa ciudadana presentada en octubre pasado, avalada por un grupo plural de senadores, sea analizada y contrastada con la propuesta del Ejecutivo federal.
El senador del PRI, Omar Fayad Meneses se dijo convencido de que se trata de una “gran reforma” que tiene muchísimas bondades que permitirán resolver problemas que ha traído consigo este sector durante años y abrirá el camino ´para más competidores, lo que repercutirá en mejores servicios y precios.
Expresó que no hay reforma perfecta y no va a dejar contento a todo el mundo, pero viene inteligentemente a resolver muchas de las cuestiones.
En opinión del senador Benjamín Robles Montoya, del PRD, las fuentes de ingresos de los concesionarios de uso social son ejemplo de las condiciones de inequidad que persisten en perjuicio de los medios comunitarios, pues no se les permite la venta de espacios publicitarios.
Mencionó que los medios comunitarios deben tener la posibilidad de vender espacios publicitarios con la intención de obtener recursos, no con la finalidad de enriquecerse sino con el propósito de reinvertirlos al objeto y fines de su concesión.
El senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del PVEM, afirmó que las radios comunitarias representan una figura que contempla la reforma constitucional y de alguna forma tenemos que apoyarlos para transitar a un nuevo entorno.
Agustín Ramírez Ramírez, de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), hizo un llamado a los senadores que integran las comisiones dictaminadoras a no olvidar que la sociedad civil entregó un proyecto que fue avalado por un grupo plural de senadores y que por tanto “tienen la obligación legal y ética” de analizar su contenido y contrastarlo con la propuesta del Presidente, pues de no hacerlo convertiría este proceso en una “farsa”.
Manifestó que los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información y de acceso a las tecnologías deben prevalecer por encima de los intereses corporativos de los consorcios mediáticos y de las telecomunicaciones.
Estimó que la iniciativa establece un regulador débil supeditado a los intereses del Ejecutivo federal, desfigura el principio de neutralidad de la red, deja al arbitrio de los concesionarios los tiempos del Estado, ignora los derechos de las audiencias y la importancia de los medios públicos y de uso social, diluye la obligación de establecer límites a la concentración de frecuencias y la propiedad cruzada, promueve una regulación de preponderancia contraria al texto constitucional y aplaza ilegalmente hasta 2017 el llamado apagón analógico.
Héctor Camero Haro, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) solicitó que la reforma incluya en los artículos transitorios que el Estado mexicano adopte mecanismos para garantizar el acceso de los concesionarios sociales a las nuevas tecnologías, a fin de llevar a cabo la superación de la brecha digital y la inclusión de todos los sectores de la sociedad en el aspecto de la digitalización.
Asimismo propuso eliminar la pena de cárcel contra quien opere estaciones de radio, difusión o telecomunicaciones sin previa concesión de la autoridad competente y se comprenda para que para evitar la intrusión ilegal, se debe facilitar el acceso a quienes busquen cumplir con los procedimientos legales.
“Esperamos que lo tomen en cuenta, de otra manera si se conserva la iniciativa que no comprende estos aspectos, nosotros sentiríamos efectivamente que nos han invitado, pero que hacen una simulación para hacer como que nos escuchaban”.
En su exposición, Juan Octavio Pavón González, de la Red de Radiodifusión y Televisoras Educativas y Culturales, criticó que la propuesta del Presidente de la República no permita que este tipo de medios puedan vender publicidad y sólo les conceda cinco segundos para patrocinio.
Con relación al Sistema Público de Radiodifusión consideró que éste no debe estar sectorizado a la Secretaría de Gobernación y expresó su preocupación, debido a que no es claro hasta dónde llegará la coordinación entre los medios públicos federales y los estatales, “si esto es coordinación o dictar una línea”.
Opinó que la ley reglamentaria debe garantizar la autonomía de administración de este tipo de medios y permitir que se constituyan en organismos públicos descentralizados no sujetos a una coordinación sectorial para evitar una línea directa en el manejo editorial, además propuso que cuenten con otras formas de financiamiento como la comercialización, la publicidad, venta de productos o servicios.
Para Enriqueta Cabrera Cuarón, directora de Canal Once, la creación del Sistema Público de Radiodifusión, es “sin duda una buena noticia”, pues su objetivo fundamental es apoyar a las televisoras y radios públicas en los tres niveles de gobierno “a través de un diálogo que permite que se preserve y fortalezca su independencia”.
Destacó que según la iniciativa presidencial se contempla que dicho Sistema conceda el derecho de réplica, tenga un defensor de la audiencia y cuente con un consejo ciudadano.
Sin embargo, consideró necesario que se agregue a su Junta de Gobierno a dos televisoras y dos radios públicas, a efecto de enriquecer las deliberaciones y resoluciones de ese organismo.
En representación del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), Carlos Lara Sumano señaló que la iniciativa enviada por el Ejecutivo es un “buen comienzo” para generar mejores condiciones para las radios públicas, con el objeto de satisfacer las necesidades de información, cultura y entretenimiento de la población, cuidando en todo momento la pluralidad y diversidad de contenidos producidos y radiodifundidos.
Se manifestó a favor de que se garanticen los recursos de las concesiones de uso público en el presupuesto, debido a que este tipo de concesiones no pueden tener fines de especulación comercial, lucro, o compartir el espectro radioeléctrico con terceros.
La reforma representa la oportunidad de consolidar a los medios públicos como vehículos que contribuyan a fortalecer la unidad de la nación y tener una sociedad cada vez más informada y democrática, manifestó.
Melquiades Rosas Blanco, del Congreso Nacional de Comunicación Indígena, enfatizó que el Estado debe garantizar la libre determinación y autonomía de los pueblos originarios porque es un mandato constitucional.
Expresó que no se debe soslayar el derecho de acceso a la radiodifusión y telecomunicaciones con pertenencia cultural y lingüística de las comunidades.
Señaló que la propuesta presidencial “plantea un retroceso histórico” porque no contempla a las comunidades indígenas.
Para Gerardo Soria Gutiérrez, del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones, este proyecto establece atribuciones ambiguas en materia de colaboración con la justicia, principalmente, la obligación de los operadores de prohibir o interrumpir los mensajes maliciosos.
En opinión de Ángel Martínez Chávez, de la Asociación Mexicana de Internet, es importante respetar la privacidad y confidencialidad de las comunicaciones, proteger los datos sensibles de los usuarios, así como evitar intervenir o bloquear contenidos o servicios sin orden judicial.
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