COMUNICADO-495
• Presenta propuesta en el marco del análisis de la minuta en materia de competencia económica en el Senado
El senador del PRD, Armando Ríos Piter, presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de crear una fiscalía especializada en delitos contra la competencia económica y las relaciones de consumo, que proteja los derechos de los compradores.
El proyecto busca complementar las facultades de la Comisión Federal de Competencia (CFC) a través de una mejor coordinación con la PGR, que le brindará asistencia jurídica, buscará arreglos para la ejecución judicial de sus resoluciones, implementará medidas cautelares y promoverá acuerdos extrajudiciales para los casos de violaciones del orden económico.
Lo anterior, a través de una fiscalía especializada que garantizará el cumplimiento de la Ley de Competencia Económica, mediante la investigación y persecución penal de delitos claramente tipificados como atentatorios a la competencia económica y a las relaciones de consumo.
Ríos Piter refirió que de acuerdo con la OCDE, en promedio, el 30 por ciento del gasto de las familias mexicanas se lleva a cabo en mercados con problemas de competencia. Más aún, el 10 por ciento más pobre, gasta alrededor de 42 por ciento de sus ingresos en mercados monopólicos y oligopólicos.
Esta situación, dijo, se agrava cuando los precios de los productos de la canasta básica -como la leche, la carne y las medicinas- aumentan a consecuencia de la especulación y el acaparamiento.
“Si no logramos ir en contra de estos actores que, de manera oligopólica, siguen beneficiándose de los precios que logran establecer en servicios y en productos de la canasta básica, entonces no lograremos verdaderamente garantizar que haya bienestar en el bolsillo de la gente,” aseguró Ríos Piter.
En efecto, la reforma constitucional en materia de competencia económica promulgada el año pasado, a fin de salvaguardar los derechos de naturaleza económica de los consumidores de bienes y servicios en México.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia y a la Comisión de Estudios Legislativos.
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