COMUNICADO-466
• Contempla hasta cuatro años de prisión para quien incite o genere actos violentos.
• Crea padrón de aficionados que tendrán impedido asistir a eventos deportivos.
El Senado de la República aprobó la minuta de la Cámara de Diputados que modifica la Ley de Cultura Física y Deporte, a fin de promover medidas preventivas para erradicar la violencia en los eventos deportivos e implementa sanciones a quienes inciten o generen actos violentos.
En el documento se menciona que esta reforma está destinada a combatir “la violencia ejercida por quienes asisten a los estadios o recintos donde se celebran eventos deportivos masivos y que generan graves alteraciones a la paz pública, traducidas en enfrentamientos entre porras o fanáticos” de los equipos.
Destaca que el bien jurídico protegido en este caso es el orden público y la tranquilidad social, por ello se delimita a los posibles “sujetos activos” del ilícito en cuestión.
Por ello, establece que los tres órdenes de gobierno deberán capacitar a sus cuerpos policiacos --y demás autoridades encargadas de la seguridad-- en el uso apropiado de sus atribuciones, así como en técnicas y tácticas especiales para resolver conflictos y “extinguir” actos de violencia que puedan suscitarse en los recintos.
Además, contempla penas de seis meses a dos años de prisión y de cinco a treinta días de multa para aquellas personas que lancen objetos contundentes que por sus características pongan en riesgo la salud o la integridad de los asistentes a los eventos deportivos.
De igual modo, sanciona con seis meses a tres años de prisión y de diez a cuarenta días de multa a quien ingrese sin autorización a los terrenos de juego y agreda a las personas o cause daños materiales; y de seis meses a cuatro años de prisión y de diez a sesenta días de multa a quienes participen activamente en riñas.
Para las personas que inciten o generen violencia, causen daños materiales en los bienes o inmuebles, introduzcan armas de fuego, explosivos o cualquier arma prohibida, se impondrá de un año seis meses a cuatro años seis meses de cárcel y se les suspenderá su derecho de asistir a eventos deportivos por un plazo equivalente a la pena de prisión que le resulte impuesta.
Es por eso que se instituye el padrón de personas sancionadas con la prohibición o suspensión de asistencia a eventos deportivos, el cual formará parte de las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La reforma también precisa que la seguridad en la cancha o área de competencia, en los vestidores, baños para jugadores y en los corredores que los comuniquen, será responsabilidad exclusiva de las asociaciones o sociedades deportivas que avalen el evento y de los organizadores.
Sin embargo, a petición expresa de los dirigentes, podrán intervenir las autoridades municipales, estatales o federales, a fin de “salvaguardar la vida o la integridad de los jugadores, de las personas o de los bienes que se encuentren en dichos espacios”.
Establece que la seguridad en los alrededores de los recintos deportivos corresponde a las autoridades municipales o al Distrito Federal, según corresponda, mientras que a solicitud de los organizadores los tres órdenes de gobierno participarán en la seguridad del interior de los recintos y sus instalaciones anexas.
Los senadores consideraron necesario “tomar medidas contras los actos violentos que se han venido suscitando a lo largo del tiempo dentro de este tipo eventos”.
Al presentar el dictamen, el senador Carlos Alberto Puente Salas, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, indicó que con el establecimiento del delito denominado “violencia en el deporte” no se criminaliza a los deportistas o aficionados, sino que su objetivo “es castigar la conducta violenta”.
Explicó que las penas “son severas para evitar que se sigan presentando actos vergonzosos de violencia en los estadios y espectáculos deportivos”, además, agregó, se establece la obligación de una coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno.
Para el legislador del PVEM es tiempo de actuar, por lo que los señalamientos, repartición de culpas y las descalificaciones deben quedar atrás.
En tanto, el senador panista Raúl Gracia Guzmán consideró que no es suficiente penalizar con mayor severidad estas conductas, sino que se necesita analizar las causas que provocan “verdaderas batallas campales entre pseudoaficionados y pseudoporristas”.
El titular de la Comisión de Estudios Legislativos Primera señaló “nos estamos quedando cortos” porque legislar sobre esta problemática no acaba con las “barras bravas”, por lo que se debe revisar este tema con mayor detenimiento y con menos prisa.
Al fijar la postura del PRI, la senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza advirtió que “la violencia ha secuestrado a los estadios de fútbol en México” y desafortunadamente se está convirtiendo en un grave problema de seguridad pública.
Enfatizó que el establecimiento de una regulación clara permitirá recuperar la tranquilidad que durante años fue la principal característica de los espectáculos deportivos en México, y que la construcción de políticas públicas que atiendan de manera oportuna está problemática garantizará el sano esparcimiento.
Afirmó que la seguridad en los recintos deportivos dejó de ser un asunto exclusivo de los directivos e hizo un llamado a impedir que los “acontecimientos violentos” empañen el deporte nacional.
“No permitamos que la violencia en los estadios de fútbol mexicano nos mantenga secuestrados” y aleje a la familias de un lugar de encuentro, esparcimiento, convivencia y recreación, subrayó la senadora.
Por el Partido Acción Nacional, el senador Daniel Ávila Ruiz aseguró que las reformas permitirán remediar, de una vez por todas, el fenómeno social de la violencia en los espectáculos deportivos, particularmente en los estadios de fútbol.
Reconoció que para que el tema se atendiera en el Congreso “hemos tenido que ser testigos de los salvajes actos de barbarie cometidos en un estadio de Guadalajara, Jalisco, donde un reducido grupo de policías fueron casi linchados por un tumulto de verdaderos criminales que deben ser castigados con todo el peso de la Ley penal”.
Se trata, agregó, de conductas reprochables, totalmente opuestas a los fines del deporte, el esparcimiento, la recreación, la integración familiar, la convivencia y la cohesión social.
Expresó que la Ley vigente contiene un capítulo especial para prevenir la violencia en los espectáculos deportivos, pero “debemos reconocer que ha sido rebasada por estos actos atroces y vemos la necesidad de enriquecerla”, a fin de establecer sanciones penales para quienes cometan conductas que pongan en peligro la integridad de las personas.
El senador Zoé Robledo Aburto expresó que para atraer espectadores y consumidores, el negocio del futbol ha generado estrategias que exaltan la competitividad, la confrontación y la rivalidad y “una de esas estrategias” son las barras deportivas, que no “siempre son expresiones auténticas de aficionados, sino más bien son organizaciones promovidas, patrocinadas y toleradas por los propios clubes deportivos”.
Denunció que a este tipo de organizaciones, que se han vuelto “muy peligrosas”, muchas veces se les facilita el lugar que van ocupar en los estadios, los boletos, el transporte, el ingreso con instrumentos y banderas que a otros aficionados no se les permiten; todo con una condición: no cesar en sus gritos o en los cantos de apoyo al equipo.
Equiparó a las barras de futbol con “los acarreados al mitin político”, pues ambos son grupos previamente organizados y transportados que gritan y que echan porras, que hacen sonar “la matraca” con la intención de que el candidato o partido parezca más popular de lo que en verdad es.
A nombre del Partido del Trabajo, el senador Marco Antonio Blásquez Salinas destacó que además de ser el espectáculo donde se expresa el fenómeno de la violencia, el fútbol también es el deporte al que más se le invierte, donde más se consume y el que cuenta con los tiempos privilegiados de los medios de comunicación, pero con menos conquistas a nivel internacional.
El legislador respaldó las reformas porque es una oportunidad para evitar este tipo de problemas; sin embargo, consideró que no será el Congreso de la Unión, con leyes, quien pueda frenar la violencia, pues “es una cuestión que tiene que ver con la prevención”.
Advirtió que las televisoras “se espantan de la violencia, pero son quienes la promueven”, toda vez que en la fomento de los encuentros “activan las emociones encontradas de las porras”, por lo que consideró indispensable involucrar a quienes se benefician de la riqueza que genera este deporte para resolver el problema.
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