Ante de la ineficacia del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en el combate a la extorsión y el secuestro, senadores del PAN, PRI y PRD propusieron reformas legales para que los equipos celulares puedan bloquearse de inmediato, inhabilitarse y cuenten con tecnología de ubicación en tiempo real.
Con estas enmiendas se obliga a los concesionarios a realizar el bloqueo inmediato de los equipos de comunicación que funcionen bajo cualquier modalidad y que hayan sido reportados por los clientes o usuarios como robados o extraviados.
Dicho reporte procede a través de cualquier medio, y los concesionarios deberán establecer procedimientos que hagan expedito el bloqueo, pues la idea es inhabilitar los aparatos y su IMEI (International Mobile Equipment Identity) y no sólo las líneas, a fin de que no puedan ser usados con otros chips o dispositivos.
Además, --consideraron los senadores – es preciso que cuenten con tecnología que permita su ubicación o localización geográfica en tiempo real y con dispositivos de emergencia o botones de pánico que permitan a los clientes o usuarios enviar señales de auxilio.
Al presentar la iniciativa, suscrita también por los senadores Fernando Castro Trenti, del PRI, y del PAN, Alejandro González Alcocer, el senador perredista Tomás Torres Mercado precisó que para la inclusión del botón de pánico en celulares los concesionarios deberán celebrar convenios para una marcación corta que evite que la señal de auxilio sea producto de error.
Manifestó la necesidad de combatir las llamadas de extorsión realizadas desde los Centros de readaptación o reinserción social federales y de las entidades federativas.
Para ello, indicó que el concesionario queda obligado a informar a las autoridades sobre cualquier variación o interrupción en la funcionalidad u operatividad de los equipos utilizados para inhibir o bloquear las comunicaciones en esos centros.
Adicionalmente, planteó reformas a la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados para señalar que cada centro penitenciario contará con equipos que permitan bloquear o anular la señales de telefonía móvil o radiocomunicación dentro de su perímetro, garantizando la continuidad y seguridad de los servicios al exterior.
Estos equipos -–explicó-- serán operados por personal ajeno a los establecimientos penitenciarios en centros remotos y serán monitoreados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la colaboración de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones.
Torres Mercado sostuvo que esta iniciativa busca fortalecer las herramientas de la autoridad en el combate de delitos que, por sus características y recurrencia, generan una enorme zozobra entre la población.
Refirió que estudios demuestran que los fenómenos delictivos continúan en aumento y que el uso de teléfonos móviles para cometerlos sigue siendo común.
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por ejemplo, en 2010 el número de secuestros se incrementó en más de ocho por ciento con respecto a 2009, y según cifras de México Unido Contra la Delincuencia, por cada plagio denunciado ocurren ocho más.
Antes de la implementación del RENAUT, se registraban cerca de 4 mil 400 llamadas de extorsión al día; en 2010, la cifra se incrementó en más de 40 por ciento al alcanzar las 6 mil 400 diarias, subrayó.
En opinión de los tres senadores, la incapacidad del RENAUT ha sido producto de la idea de que el registro de usuarios de celulares en una gran base de datos nacional garantizaría la ubicación de los responsables de un delito.
Sin embargo, el registro de un teléfono mediante la CURP no garantiza la veracidad de los datos y menos aún que en el caso de cometerse un delito realmente se atrape al culpable, señalaron.
La propuesta de cambios al Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen.
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