BOLETÍN-437
• Municipios más pobres tardarán hasta 35 años en alcanzar niveles de bienestar similares a los de delegaciones en el DF: especialistas
•ONU sugiere mecanismos en materia energética, fiscal y de seguridad social para combatir pobreza y desigualdad
La Comisión Especial Sur-Sureste acordó con el Sistema de Naciones Unidas en México realizar mesas de trabajo dirigidas a buscar mecanismos para que las reformas fiscal, energética y de seguridad social permitan reorientar las políticas públicas a favor de los municipios más pobres.
El senador Zoé Robledo Aburto indicó que este convenio se encuentra dentro del marco de colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyo objetivo es erradicar las graves diferencias sociales y económicas entre la población.
Consideró que del análisis que se realizará sobre las diferencias de desarrollo humano en México, derivarán los mecanismos que permitan focalizar las acciones del gobierno federal y las de las administraciones estatales en las localidades con mayores necesidades.
Reconoció que existen “buenas intenciones” del gobierno federal que se reflejan en programas como el Fondo Sur-Sureste para el impulso de infraestructura en esta región; sin embargo, la agenda legislativa deberá guiarse a favor de los sectores con mayor pobreza, con los que se tiene una deuda de hace varios años.
Las mesas de trabajo se acordaron durante la presentación del Índice de Desarrollo Humano Municipal en México, en la que participó el subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Juan Carlos Lastiri Quirós.
Al encuentro también asistió, el senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez, quien sostuvo que “el Senado es un órgano del Estado mexicano maduro, que puede encontrar y enfrentar las realidades –de pobreza y desigualdad en el país- para transformarlas”.
Al reconocer los esfuerzos realizados con la Cruzada Nacional Contra el Hambre, el legislador perredista manifestó su convicción en que el análisis realizado por el PNUD servirá para la definición de políticas públicas que se debaten y aprueban en el Congreso, mismas que deberán coadyuvar para enfrentar y superar la realidad de una sociedad muy desigual.
El senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente de la Mesa Directiva, subrayó que el Senado tiene la responsabilidad de crear las normas que permitan la aplicación de políticas públicas a favor de los sectores más desfavorecidos.
“De nada sirven los derechos reconocidos como fundamentales en la Constitución o en el derecho internacional, si no se traducen en el desarrollo humano de cada uno de los habitantes, la igualdad es el propósito indispensable para el ejercicio de la libertad”, advirtió el panista, al sumarse a la propuesta de trabajar coordinadamente con el órgano de la ONU.
Dicha propuesta la hizo el senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, quien argumentó que es necesaria una mesa de trabajo conjunta entre la Comisión Sur-Sureste, la representación de la ONU y la misma Sedesol, a fin de emprender un análisis y evaluación de fondo sobre la desigualdad.
En esta revisión habrán de considerarse los estudios realizados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) e incluso los fundamentos de la Sedesol para la aplicación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, “a fin de tener una visión transversal y evaluar los impactos de las políticas públicas en los municipios del país”.
En ello coincidió el senador Benjamín Robles Montoya al establecer que “no se puede tratar igual a los dos mil 456 municipios del país”, sobre todo si se considera que se tiene un gran pendiente con las comunidades indígenas y campesinas, en especial de Oaxaca, Guerrero, Veracruz.
Es importante definir políticas públicas para tener una herramienta fundamental para la toma de decisiones y espero que el Senado sea muy sensible con lo expuesto por las Naciones Unidas y se mantenga contacto permanente, concluyó.
La representante residente del Sistema de Naciones Unidas en México, Marcia de Castro apuntó que si bien México ha logrado un avance impresionante en desarrollo humano alto y se encuentra entre las 40 naciones cuyas mejoras en el índice fueron notablemente superiores a las previstas, registra severos contrastes entre su población.
Puso como ejemplo el municipio de Santiago de Amoltepec, Oaxaca, que dentro del periodo 2000-2010 logró reducir en 50 por ciento la mortalidad infantil al llegar a los 29 fallecimientos por cada mil nacidos vivos, “pero necesitará 20 años de progreso similar para alcanzar condiciones de la circunscripción con mejor desempeño en el país, que es la delegación Benito Juárez en el DF, donde la tasa se ubica en la muerte de nueve niños por cada mil nacidos vivos”.
Otro ejemplo, en materia educativa, es el municipio de Cintalapa, Chiapas, donde se logró duplicar la asistencia escolar al lograr el 58 por ciento; “sin embargo, requerirá una década para alcanzar la tasa de 80 por ciento, que se registra en la delegación Benito Juárez”.
Finalmente expuso el caso de Tacotalpa, Tabasco, donde en el mismo periodo, el ingreso se incrementó de cinco mil 200 millones a nueve mil 600 millones de dólares americanos, “pero deberá sostener esta tasa por más de 35 años para alcanzar el nivel de 47 mil millones de dólares con el que cuenta Benito Juárez”.
Bajo este panorama, la representante de la ONU exhortó a los senadores a establecer mecanismos para que las reformas sirvan para atacar la pobreza y desigualdad.
En materia energética propuso que México incursione en “una línea de políticas de compensación local más caras y de mayor impacto en aquellas zonas de extracción de petróleo. Asimismo, es deseable invertir en infraestructura y generar empleos de calidad en términos de salario y buenas condiciones”.
En cuanto a seguridad social, consideró que lo ideal es avanzar a un sistema de seguridad universal, pues la fragmentación actual incrementa los costos administrativos e inhibe el acceso efectivo a los servicios.
Y en cuanto a reforma fiscal, indicó, es clave buscar que los recursos se dirijan a municipios con menores niveles de bienestar y, para que esta asignación sea efectiva en la reducción de brechas, debe ser monitoreada por instituciones sólidas y transparentes, como el Coneval que debe permanecer como una institución autónoma.
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