Diego Antoni señaló que si se quiere cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio es necesario que los países cuenten con estándares mínimos de protección de los programas sociales.
El director del Programa de Gobernabilidad Democrática del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Diego Antoni, señaló que si se quiere cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio es necesario que los países cuenten con estándares mínimos de protección de los programas sociales en contextos electorales.
Al participar en el taller Desarrollo de Capítulos Nacionales: Programación y entrega de resultados de la IV Conferencia Mundial de la GOPAC, declaró que en esa transición los parlamentarios deben trabajar como caja de resonancia con la parte normativa para las reglas de operación y la institucionalidad de los programas y políticas sociales.
Detalló que el PNUD trabajó de manera conjunta con Transparencia Internacional para definir los criterios que deben tener los programas sociales y sobre todo la arquitectura de estos para protegerlos de entornos de clientelismo y de posible manipulación electoral.
Por su parte, Eduardo Bohórquez, de Transparencia Internacional, afirmó que “lo que descubrimos es que tenemos una política social endeble, nominalmente extraordinaria en términos de marketing social y políticos, pero en cuanto a institucionalidad, muy vulnerable.
En el caso de México se encontró que uno de cada tres programas sociales opera sin una normatividad apropiada al momento de entregar los beneficios a la población, añadió.
A su vez, Cédric Jurgensen, asesor de Política sobre el Desarrollo Parlamentario, sostuvo que en el tema de la corrupción la falta de capítulos nacionales organizados por algunos países que han ratificado la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción incide en una corrupción más alta.
Edgardo Angara, presidente de la región Sudeste Asiático, consideró importante que los programas sociales sean transparentes, abiertos y monitoreados por la sociedad civil, porque de lo contrario puede haber un desajuste entre el programa y la participación ciudadana.
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