BOLETÍN-401
El Ejecutivo federal tiene que consultar de forma previa a las comunidades indígenas, a efecto de que emitan su opinión correspondiente en la definición de los programas federales que las afecten directamente, propuso el senador perredista Benjamín Robles Montoya al presentar una iniciativa que busca modificar la Ley de Planeación para tal efecto.
El Ejecutivo federal tiene que consultar de forma previa a las comunidades indígenas, a efecto de que emitan su opinión correspondiente en la definición de los programas federales que las afecten directamente.
Así lo propuso el senador perredista Benjamín Robles Montoya al presentar una iniciativa que busca modificar la Ley de Planeación para tal efecto.
De igual forma, planteó que este ordenamiento contemple la ayuda equilibrada y oportuna a todas las comunidades y pueblos indígenas, a fin de garantizar las condiciones que les permitan administrar y manejar su desarrollo autónomo.
El legislador acusó a la clase política de mantener como “letra muerta” la construcción de políticas públicas que impulsen el bienestar de este sector de la población que “han dejado en el total abandono y olvido”.
Las comunidades indígenas se encuentran en “una completa y absoluta situación de marginación”, por lo que es fundamental tener la responsabilidad de hacer frente desde el ámbito legislativo a las “deplorables” circunstancias que atraviesan los pueblos originarios en el país.
Manifestó que el gobierno federal es “indolente” ante esa situación, pues sólo trata de aminorar esta problemática “beneficiando a grupos focalizados que sólo sirven a propósitos de trasfondo electoral”.
Recordó que la Constitución establece los derechos y obligaciones a las que se sujetan las comunidades indígenas. No obstante en la Ley de Planeación no se considera de manera integral la esencia constitucional en esta materia y sólo esboza una responsabilidad mínima del gobierno frente a estos grupos sociales.
Aunado a ello --explicó-- en ninguna de sus disposiciones se menciona la manera en que se realizará la consulta a los pueblos indígenas, así como la forma en que podrán participar, “sumado al hecho de que nos parece que las dos disposiciones redundan entre sí”.
Consideró necesario obligar “por razón de ley” a que el gobierno establezca los mecanismos mediante los cuales se realizarán las consultas y participaciones de las comunidades indígenas, además de asegurar que las opiniones vertidas sean observadas por la autoridad respectiva y se integren a la elaboración de los programas y planes.
La iniciativa se envió a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera.
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