El Senado de la República resolvió citar a comparecer al embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhan Casamitjana, para que exponga los alcances y consecuencias jurídicas, políticas y diplomáticas del operativo Rápido y Furioso.
Mediante este operativo se introdujeron ilegalmente armas a nuestro país.
El pleno senatorial también manifestó su absoluto rechazo a la práctica del gobierno norteamericano de realizar operativos a través de la Oficina de Control de Alcohol Tabaco, Armas y Explosivos del Departamento de Justicia de esa nación, para introducir ilegalmente armas a México.
De igual forma, requirieron al Ejecutivo que de forma inmediata envíe un informe detallado de las actividades realizadas en su reciente visita a la ciudad de Washington.
Además, a propuesta de la senadora perredista Yeidckol Polevnsky Gurwitz, se pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores solicite al Departamento de Estado de aquel país, información que aclare todo lo referente a esta operación.
Al presentar el punto de acuerdo, el senador panista Ricardo García Cervantes aseguró que este operativo es a todas luces un agravio no sólo a la soberanía sino una violación a nuestro marco jurídico, Estado de derecho y es ocasión de la pérdida de vidas humanas en nuestro país.
Consideró que la conducción de armas para nutrir a los grupos enemigos del Estado mexicano, a los carteles de la droga y del crimen organizado internacional, es un acto violento.
“No sólo reprochable sino que deberá tener los efectos jurídicos, políticos y diplomáticos de quienes están nutriendo de armas a los enemigos del Estado y a los violentos que están acabando con la vida de ciudadanos mexicanos”, advirtió el vicepresidente de la Mesa Directiva.
El senador Luis Alberto Villarreal García, del PAN, expreso se debe exigir información concreta y veraz sobre el programa “sin adelantar juicios ni sentencias”.
“Por supuesto que rechazamos este programa, por dignidad, como nación y representantes del pueblo de México, porque se ha roto la confianza, porque llevar a cabo un operativo de este tipo en nuestro país es inadmisible y vulnera la soberanía nacional”, acotó.
Su compañero de bancada, Rubén Camarillo Ortega, se pronunció por cerrar filas “sin distingo de color o de partido” para hacer un pronunciamiento firme y contundente en contra de “una conducta arbitraria que viola nuestra soberanía”.
Por eso, añadió, es importante que el Senado, con su responsabilidad de evaluar la política exterior, coadyuve con el Ejecutivo federal “para llevar en el mejor de los términos este diferendo que es claro y que nos ofende”.
A su vez, la senadora priista María de los Ángeles Moreno señaló que desde hace tiempo que “las declaraciones que vemos en los medios de comunicación, así como las notas informales de Wikileaks, nos provocan desconcierto y enojo”.
Por ello, resaltó que es necesario protestar por las vías pertinentes, pero muy enérgicamente, ante lo que parece un intervencionismo inadmisible que atenta contra la soberanía de nuestro país.
En tanto, la senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz acusó al gobierno norteamericano de violentar nuestra soberanía; “se ha matado a mucha gente con esas armas, ellos hacen negocios, nosotros ponemos la sangre y ponemos los muertos ¿eso es aceptable?”.
Sabemos que Estados Unidos está atrás de los golpes de Estado y que es su negocio vender armas. Pero venderle armas al narcotráfico con la excusa de crear un caso para encontrar a un grupo del crimen organizado y además reconocen que fue fallido, creo que raya en el extremo, destacó la legisladora perredista.
Por su parte, la senadora Claudia Corichi García, del PRD, afirmó que Estados Unidos está violando la soberanía, pero además, “lo ha hecho con total ineficacia, porque encima no lograron siquiera un solo resultado favorable y detener a un solo delincuente”.
Es decir, que su operativo “Rápido Furioso” encima es ilegal e ineficaz, y por eso, me parece que este tráfico de armas que permitieron autoridades estadounidenses hacia territorio mexicano constituye una violación flagrante al derecho internacional.
También por el PRD, el senador Pablo Gómez Álvarez manifestó que en el Senado es unánime la protesta, indignación y exigencia para que se esclarezcan los hechos y se castigue a los posibles responsables.
Dijo que también se tienen que investigar la manera “como operan las autoridades mexicanas en la frontera en relación con el contrabando de armas porque también es responsabilidad de México”.
El perredista Tomás Torres Mercado señaló que está claro que la agenda de Estados Unidos no es la de México.
“No disiento de la condena, disiento de la forma”, añadió, pues “¿vamos a pedirle cuentas al gobierno norteamericano y qué no debemos pedirle cuentas al gobierno mexicano?”
Por el PVEM, la senadora Ludivina Menchaca Castellanos indicó que las recientes declaraciones de preocupación de la secretaria de seguridad interna de Estados Unidos deberían traducirse en acciones más firmes y coherentes.
El operativo Rápido y Furioso permitió que los criminales introdujeran alrededor de dos mil armas de origen norteamericano, con la complacencia de ellos, explicó la senadora.
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