Senado de la República

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DEL DISCURSO DE LA VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD EN EL SENADO, DOLORES PADIERNA LUNA DURANTE EL EVENTO CONMEMORATIVO A LA EXPROPIACIÓN PETROLERA
Sen. Dolores Padierna Luna: Buenos días, compañeras y compañeros:
Hoy celebramos que hace 76 años el general Lázaro Cárdenas tomó una de las decisiones estratégicas más importantes para el futuro del Estado mexicano y para el desarrollo de la nación.
La expropiación del petróleo mexicano, explotado por las compañías petroleras privadas y trasnacionales, en especial de la inglesa El Águila, no fue una decisión simple y mucho menos aplaudida por el gran capital de entonces.
Cárdenas no apareció en la revista Time como “el salvador” de México ni los grandes medios empresariales lo alabaron por su osadía. Al contrario. Emprendieron una dura campaña dentro y fuera del país.
En contraste, millones de mexicanos salieron a apoyar la decisión adoptada. Sabían que la expropiación marcaba un antes y un después en el régimen surgido de la Revolución Mexicana. Concretó una de las decisiones fundamentales del Constituyente de 1917: regresar al dominio de la nación los bienes del subsuelo.
El petróleo no era entonces lo que ahora representa para la economía mexicana: Pemex es la segunda petrolera a nivel mundial por el volumen de producción, es la onceava como empresa integrada, las ventas de Pemex equivalen al 16% del PIB, los derechos sobre hidrocarburos aportan el 37% a los ingresos del sector público.
La inmensa renta petrolera es el último recurso que quedaba en el país para salir del atraso, el subdesarrollo y la pobreza.
Desde 1938 los hidrocarburos fueron la base de nuestra industrialización y dieron viabilidad y futuro a la nación.
Cárdenas y los patriotas de su tiempo supieron leer bien las circunstancias históricas y geopolíticas. Decidieron poner fin a un conflicto sindical con una medida amparada en lo establecido en el artículo 27 constitucional. Desde entonces, este ordenamiento adquirió una fuerza impresionante. Definió el futuro del desarrollo soberano.
No sólo fue decisión estratégica y soberana sino también con amplio respaldo popular. Ahí está la parte medular del discurso del general Cárdenas cuando les reprocha a las compañías petroleras privadas su codicia y egoísmo frente a la población. Todos sabían que sacaban enormes riquezas de nuestro subsuelo y no invertían nada en las comunidades donde se localizaban los yacimientos.
El apoyo popular a esta media fue el inicio de una presidencia de la República fuerte, legítima, de amplio consenso. Era la primera vez que un gobernante adoptaba una decisión pensando en el desarrollo futuro del país, que le ganaba una batalla a los grandes intereses trasnacionales sin ir a una guerra, sin derramar sangre, sin empobrecer a los mexicanos.
Se dice fácil ahora, pero ante el paso de los años la decisión del general Cárdenas lo vuelve más grande, estadista y visionario. Por esta razón y otras de esas dimensiones como el reparto agrario, la expansión de la educación, su apoyo a los sindicatos, su política exterior a favor del derecho al asilo y en contra del ascenso del fascismo nadie duda considerarlo el mejor presidente de la historia mexicana posrevolucionaria.
Sin la expropiación petrolera, sin el control de nuestro país sobre estos recursos no hubiera sido posible el llamado “milagro mexicano”, esa etapa ya lejana cuando el país creció a un ritmo de 6 por ciento anual, se industrializó, se urbanizó y construyó instituciones de un Estado benefactor fuerte.
Por esa misma razón, por las dimensiones de los intereses afectados, la expropiación petrolera fue sistemáticamente atacada por las trasnacionales y ha tratado de ser revertida desde el fin del sexenio cardenista.
Compartir fronteras con Estados Unidos ha significado siempre un reto y un gran problema para el país, en especial, en el tema del petróleo. México ha tenido que enfrentar múltiples presiones por parte del gobierno norteamericano y de las grandes trasnacionales. El 80 por ciento de las exportaciones de petróleo crudo mexicano van a nuestro vecino, que considera al petróleo mexicano como parte de su reserva estratégica y que es el mayor consumidor de energía del mundo.
La corrupción institucionalizada, el modelo de gestión y el régimen fiscal de la empresa han deteriorado la gestión de PEMEX. Pero paradójicamente los mismos que llevaron a PEMEX a esa condición son quienes la usan de pretexto para impulsar, desde hace varios sexenios, las estrategias privatizadoras que hoy quieren dar por concluidas con la reforma constitucional y la próxima aprobación de las leyes secundarias.
Una errática política energética y una mala administración han provocado una caída de la producción nacional de crudo, que pasó de la extracción de 3.4 millones de barriles diarios en 2005 a 2.5 millones de barriles en 2012.
En contraste, las importaciones de petrolíferos, petroquímicos y gas natural se han incrementado en un 86 por ciento entre  2007 y 2011, al pasar de 15 mil 800  a 29 mil 400 millones de dólares, debido al desmantelamiento de la industria petroquímica y de las refinerías del país.
En el caso particular de las gasolinas, la importación creció un 17 por ciento entre 2000 y 2013, al pasar de 90 mil 600 barriles diarios a 358 mil 700 barriles. Hoy se importa en 45 por ciento de las gasolinas que consumimos.
La imposición de la globalización neoliberal desde inicios de los ochenta del siglo pasado ha significado una apertura indiscriminada de nuestra economía y privatizaciones al por mayor.
 
PEMEX no ha estado exenta de presiones de los organismos financieros internacionales y del gobierno de Estados Unidos. Los gobiernos del PRI y el PAN han cedido, se han sometido y han avanzado, incluso antes de las actuales reformas, en la privatización de la empresa y en la entrega de la renta petrolera a las grandes trasnacionales.
Así lo han hecho los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y ahora de Enrique Peña Nieto.
Zedillo dejó en prenda nuestro petróleo a cambio de un préstamo de 20 mil millones de dólares que Estados Unidos otorgó para afrontar la crisis de 1995; firmó las cartas de intención para privatizar el sector eléctrico e impulsar el esquema de los PIDIREGAS para promover la inversión privada en el sector energético.
Las administraciones de Fox y Calderón no sólo no invirtieron en PEMEX, sino que fueron entregando la empresa a pedazos, mediante fórmulas que pretendían ser muy astutas para burlar la Constitución. El escándalo de Oceanografía es el emblema de esos gobiernos y una prueba más de que los beneficios de la privatización sólo llegan a las manos de los corruptos y los ladrones.
Hoy, Peña Nieto, el PRI y el PAN, pretenden culminar esa ruta privatizadora y entreguista con las reformas constitucionales de diciembre pasado y las leyes secundarias en curso.
La contrarreforma energética de Peña Nieto permite la privatización de las actividades de exploración y explotación de crudo, poniendo en riesgo la renta petrolera. Además, en las actividades de industrialización de crudo y gas, así como transporte de hidrocarburos, hace posible la privatización de activos y actividades antes reservadas al Estado.
Una parte muy importante de la renta petrolera pasará a manos privadas y pondrá en riesgo el 40 por ciento de la recaudación que proviene de PEMEX y CFE. El Ejecutivo podrá hacer esta transferencia mediante contratos de utilidad o producción compartida, licencias o cualquier combinación de las anteriores. No existe ninguna limitación en porcentajes de utilidad o producción a compartir ni en cobro mínimo en el caso de licencias. Lo más grave es que ni siquiera se excluyen los yacimientos convencionales -donde nuestra empresa petrolera domina la tecnología-, que tienen una altísima rentabilidad y muy bajo riesgo. De estos yacimientos proviene prácticamente el 100% de la renta petrolera.
Todas las actividades y activos de Pemex en las áreas de refinación, petroquímica básica y ductos son sujetas a privatización.
El esquema aplicado en Pajaritos, donde Pemex cede la mayoría accionaria y la administración a un privado al “asociarse” con el mismo, puede aplicarse a refinerías, petroquímica básica y ductos. Pemex corre el riesgo de convertirse en un simple proveedor de crudo a terceros, sin agregarle valor. Además, como en el caso de Pajaritos, se pueden transferir activos a terceros en procesos poco o nada transparentes.
Miles de millones de dólares del patrimonio nacional están en riesgo.
Por si fuera poco, la autonomía presupuestal de Pemex  no existirá en la práctica, porque queda sujeta al criterio de la Secretaría de Hacienda, que no le va a permitir invertir en todos los proyectos productivos que pudiera financiar.
La creación de un Fondo Soberano para administrar los ingresos provenientes de un recurso no renovable es una buena idea de los países libres de corrupción. Pero en México no va a tener impacto por la corrupción de los gobiernos y por la dependencia fiscal de los ingresos de Pemex que hace que dicho fondo se construya en forma muy gradual.
Estamos ante una regresión de gran calado, de una regresión histórica, conservadora, entreguista y privatizadora.
Es la liquidación de uno de los principales legados del proceso revolucionario de 1910 y de la Constitución de 1917.
Es la negación total de la Expropiación Petrolera de 1938 y del legado del cardenismo.
La contrarreforma de Peña es una ruta al “despeñadero”, un atraco a la nación y una traición a nuestra historia.
Hoy que enfrentamos a este renovado bloque conservador debemos hacerlo con el tesón y la inteligencia de quienes nos antecedieron, y abrevar de los ejemplos de Juárez y los liberales del siglo XIX; de Zapata, Villa y los magonistas; del general Lázaro Cárdenas.
Acudimos a la historia, pero con visión de futuro decimos que, como ha ocurrido en otras partes de América Latina, es hora de que en México termine la larga noche neoliberal que sólo ha profundizado la desigualdad, destruido las empresas públicas a fuerza de corrupción, y sumido al país en la violencia.
La contrarreforma de la derecha bicéfala no es el fin sino la oportunidad de un nuevo inicio para nuestra lucha. Nos guía la visión y el anhelo de un México distinto a los dogmas neoliberales, lejos del conservadurismo, sin entreguismo ni corrupción.
El petróleo, el gas, la electricidad deben ser el sustento y la palanca del desarrollo nacional con soberanía, con progreso, con equidad y justicia.
El PRD tiene propuestas viables y   soberanas para rescatar y reformar a PEMEX, respetando el espíritu y la letra de la Constitución de 1917 y en el legado de la Expropiación Petrolera.
Hemos propuesto cambiar el régimen fiscal de Pemex; dotarla de verdadera autónomo de gestión, invertir en el desarrollo de la petroquímica nacional, en refinerías, en investigación y en el cambio tecnológico.
Con una estrategia clara y soberana México debe dejar de importar gasolinas, gas natural y consolidar su soberanía energética.
Con decisión acabar con la corrupción, terminar con el charrismo sindical y la antidemocracia. El caso de Oceanografía no es más que un botón de muestra del saqueo al que ha estado sometida la paraestatal. Miles de fraudes a Pemex que confirman que el petróleo mexicano, un bien de la nación, un recurso no renovable ha sido el gran botín particular de priistas y panistas en el gobierno federal.
El caso de Oceanografía sólo confirma lo que hemos dicho desde hace años: la privatización de la industria petrolera mexicana y el desmantelamiento de Pemex conducen a una mayor corrupción y demuestra que no es un asunto de eficacia sino de abuso de nuestra riqueza nacional con un alto grado de impunidad para los máximos responsables políticos de este quebranto.
Por eso necesitamos ir a fondo en el impulso a la Consulta Popular que debemos impulsar con tenacidad y vigor, codo a codo con las fuerzas democráticas para revertir la reforma energética.
Vamos en la ruta de unidad y convergencia con las visiones democráticas y progresistas del país, la mayoría de las y los mexicanos rechazamos la privatización y la extranjerizacion de nuestro petróleo. No aceptamos la entrega de la renta petrolera a las transnacionales.
A 76 años de distancia, lo que necesitamos es expropiar nuestro petróleo de esa corrupción pública y privada.  Es necesaria una segunda expropiación con el concurso de la sociedad, de los millones de ciudadanos que nos oponemos al desmantelamiento de Pemex y al robo de la renta petrolera que pertenece no al gobierno, sino a toda la nación.
A finales del año pasado, sin consultarle a la población, con trampas legislativas abiertas, la mayoría legislativa del PRI y del PAN, más sus partidos satélites, aprobaron una reforma constitucional que le puso fin al periodo cardenista. Pasamos de la expropiación a la devolución petrolera.
En esta historia aún no se ha escrito la última palabra. La segunda expropiación petrolera tiene que hacerse con la fuerza y la participación de los ciudadanos mexicanos para revertir esta decisión tomada por una plutocracia disfrazada de mayoría legislativa.
Vamos a luchar para que se realice en el 2015, a pesar de la negativa reiterada a incorporar las reformas constitucionales como materia de la consulta popular. Eso lo deberá decidir la Suprema Corte de Justicia y estaremos pendientes de esa discusión.
Además, estaremos pendientes de que no se le dé carpetazo al caso de Oceanografía y presionaremos para llegar hasta las últimas consecuencias en este escándalo de corrupción que involucra tanto a las administraciones panistas como priista.
La segunda expropiación petrolera está en nuestras manos y está en curso. Si nos quedamos cruzados de brazos, la corrupción ganará, se impondrá la ley del dinero y el pacto de impunidad que tanto daño le han hecho a este país.
El petróleo no sólo es un bien de la nación. Es la llave maestra para nuestro desarrollo económico y para defender la democracia de las ace