El Senado solicitó a la Secretaría de Gobernación y al gobierno de Chiapas un reporte relativo al desplazamiento de pobladores de la comunidad de Puebla, Chenalhó, motivado por conflictos sociales con habitantes de la misma localidad.
Además, hizo un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que informe sobre este tema, o en su caso, conozca de los hechos de acuerdo con sus atribuciones de conformidad con la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno del Estado de Chiapas.
Al presentar el dictamen con punto de acuerdo, aprobado por el Pleno, el senador Zoé Robledo Aburto, del PRD, señaló que la composición religiosa de la entidad también “se ha expresado” a través de conflictos, violencia e intolerancia.
Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, destacó, desde los años sesentas a la fecha más de 50 mil personas en Chiapas han sido desplazadas por motivos religiosos.
Ante esta realidad, se han llevado a cabo diversas acciones --por parte de la sociedad civil, el gobierno e instancias internacionales-- para promover una cultura de paz y tolerancia, que resuelva de manera pacífica las diferencias comunitarias.
El senador Eviel Pérez Magaña, del PRI, resaltó que durante siglos a los pueblos indígenas se les ha negado su existencia como culturas diferentes, “menoscabando sus derechos”, sobre todo los relativos a la libertad de creencia y culto.
Dijo que estos derechos, así como el de transitar libremente o residir voluntariamente en un lugar están reconocidos por nuestra Constitución y tratados internacionales que México ha suscrito.
El legislador priista hizo un llamado para hacer un frente común en contra de la intolerancia, para que los conflictos sociales se diriman por la vía legal y para que las controversias entre comunidades indígenas sean consultadas con sus integrantes y resueltas conforme a sus sistemas normativos internos.
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