Senado de la República

El senador Benjamín Robles Montoya advirtió que las armas que se compran “sin restricciones” en territorio estadounidense son un factor de violencia e inseguridad en México, pues muchas de ellas terminan en manos de la delincuencia organizada.
En este tema “existe una responsabilidad compartida” que ha sido reconocida por el gobierno del presidente Barack Obama, quien ha planteado la necesidad de imponer limitaciones a la venta de estos productos, pero “los mexicanos no podemos esperar más, ni estar sujetos a las decisiones soberanas del país vecino”.
Por ello, presentó una iniciativa que busca fortalecer el combate al tráfico ilícito de armas e imponer de cinco a 30 años de prisión al que participe en la exportación o introducción al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, sus piezas y componentes, así como municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control.
El legislador del Partido de la Revolución Democrática sugirió modificar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a fin de, entre otros puntos, sancionar con cárcel de tres a diez años a quien exporte o introduzca al territorio nacional, en forma clandestina, armas de fuego de las que no están reservadas para el uso de las Fuerzas Armadas.
También propuso una pena de cuatro a doce años de prisión para quien fabrique, venda, entregue, adquiera, intercambie o transfiera una o más armas de fuego, o sus piezas, componentes, cartuchos o municiones sin el permiso correspondiente.
Robles Montoya destacó que las autoridades confiscan sólo el 14 por ciento de las 252 mil armas que cada año cruzan ilegalmente por la frontera norte y que 46.7 por ciento de las 51 mil armerías estadounidenses dependen de la demanda mexicana, particularmente aquellas que se ubican en la zona fronteriza.
Más preocupante aún, dijo, es que entre 2010 y 2012, el tráfico de armas hacia México generó ganancias por 127 millones de dólares al año y que el 85 por ciento de las que han sido aseguradas a los miembros del crimen organizado en México fueron vendidas lícitamente en aquel país y de alguna forma desviadas al tráfico ilegal.
La propuesta, que se turnó a las comisiones de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, contempla que los fabricantes estén obligados a imponer a toda arma de fuego, así como piezas, componentes, cartuchos y municiones, una marca distintiva, que adopte medidas tendientes a prevenir y evitar su supresión, clonación o alteración.
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