El senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, al inaugurar este día la última Audiencia Pública en Materia de Justicia Militar, aseguró que el hecho es un ejercicio inédito en la historia de la democracia mexicana ya que por primera vez comparecen representantes de nuestras fuerzas armadas ante las Comisiones Unidas para efectos de dictaminación de piezas legislativas.
Lo anterior, tiene como propósito intercambiar puntos de vista con la representación popular sobre aspectos que conciernen a la organización y funcionamiento de las fuerzas armadas pero también al funcionamiento del sistema de justicia en general, manifestó Gil Zuarth.
En su comparecencia, Alejandro Miguel Vázquez Hernández, jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Marina (Semar), dijo que como instituciones permanentes del estado mexicano, las fuerza armadas han ido cambiando y atendiendo diversas funciones de coadyuvancia con otras dependencias y actualmente están frente a diversas reformas de leyes como las que hoy nos tienen aquí.
Respecto a la propuesta de reforma al artículo 57 fracción 2, del Código de Justicia Militar, estableció que las fuerzas armadas están conscientes que en la actualidad resulta necesario adecuar este código, lo cual debe hacerse sin lesionar el bien jurídico tutelado que es la disciplina, columna vertebral de todo instituto armado en cualquier parte del mundo.
Agregó que “los militares sabemos perfectamente que la disciplina debe ser firme pero al mismo tiempo razonada, es decir, está sancionado todo rigor innecesario, toda extralimitación y está prohibido dar órdenes que vayan en contra a la ley militar o común y está severamente sancionado quien lo obedece como el que la da”.
El director de Justicia Naval de la Unidad Jurídica de la Semar, Ernesto Moreno Corona sostuvo que en el contexto general, las fuerzas armadas mexicanas tienen presente que en los estados democráticos los principios y garantías que rigen el derecho penal moderno son fundamentales, por lo tanto es importante para el estado mexicano cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Consideró que la afirmación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al manifestar que la justicia militar no garantiza la observancia del debido proceso resulta infundada, debido a que esto conlleva a aceptar que los tribunales ordinarios cumplen cabalmente con este principio o bien que lo cumplen mejor que un tribunal militar, lo que resulta incorrecto, ya que en su conjunto los militares si no fueran imparciales, justos e independientes no se les habrían asignado nuevas misiones ni la ciudadanía tendría confianza en sus fuerzas armadas.
En tanto, Mario Augusto Chichitz Díaz Leal, subdirector de Supervisión de Atención a Quejas, Investigaciones y Análisis de la Unidad de Atención y Procuración a la Ciudadanía, indicó que de aprobarse en los términos que ha sido presentado el proyecto de dictamen que busca modificar el Código de Justicia Militar a efecto de cumplir con los compromisos internacionales que ha adquirido el estado mexicano, quedaría rebasado por la realizada en el 2008.
“Consideramos que la reforma a la jurisdicción penal en materia militar debe abordarse de manera integral, debe incluir los aspectos constitucionales, sustantivos y procesales considerando el respeto y tutela de los derechos humanos y los estándares internacionales en la materia”, afirmó.
El General de Brigada de Justicia Militar y Licenciado, Jesús Gabriel López Benítez, señaló que el Artículo 37 limita la atribución del ministerio público militar pues indica que cuando de las diligencias practicadas se desprenda que no existen conductas que atenten contra la disciplina militar, se debe remitir la indagatoria a la autoridad civil competente, absteniéndose de ordenar ulteriores actuaciones.
El Procurador General de Justicia Militar subrayó que pretender que el ministerio público se inhiba sería como pretender procurar impunidad a esas conductas castrenses, por lo que la propuesta es que se permita al ministerio público militar actuar para que conozca exclusivamente de delitos contra la disciplina militar, lo que permitirá asegurar a los responsables poner a discusión de un juez militar en breve tiempo.
Por esto, es indispensable que la modificación a la competencia de los tribunales guarde equilibrio entre los valores que preserva el ejercicio de la jurisdicción de los tribunales ordinarios y por la otra la cohesión disciplinaria necesaria en el Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Respecto del Artículo 57, el jefe de la Asesoría Jurídica del Estado Mayor de la Defensa Nacional, señaló que la disciplina militar exige que el militar se comporte de una forma en todos los actos de su vida y cualquier cambio a esa norma afecta a toda la institución armada, por lo que están interesados en que esto no ocurra y que sea sancionado adecuadamente.
Al tomar la palabra la senadora Dolores Padierna Luna del PRD, resaltó que la comparecencia es un ejercicio democrático y “el tema que nos ocupa es de fundamental importancia y no se quiere imponer nada, sino escuchar y conocer, los puntos de vista de quienes día con día están viviendo los problemas, para que nuestro marco jurídico quede lo mejor posible”.
Fernando Yunez Márquez, recordó que durante anteriores audiencias públicas se han escuchado todas las ideas, visiones y propuestas tanto de la sociedad civil como en este caso de las fuerzas armadas. Esto permitirá adecuar el Código de Justicia Militar a las resoluciones internacionales y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y adecuarlo a una realidad donde el respeto y protección a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas es cada vez más importante y tiene una preponderancia mucho mayor.
La senadora Verónica Martínez Espinoza se congratuló por la capacitación en derechos humanos a los militares, en particular a quienes participan en tareas de seguridad pública, ya que “resulta muy importante para México tratar a todas las personas con respeto”.
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