Los grupos parlamentarios del PRD en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados promoverán, en el marco de la elaboración de la ley secundaria de la reforma energética, la prohibición del fracking para la extracción de hidrocarburos, pues consideran que genera un grave daño ambiental, e incluso amenaza la salud de los trabajadores.
El senador del PRD, Benjamín Robles Montoya, advirtió sobre el impacto negativo derivado de la práctica del fracking en el medio ambiente, y al referirse a senadoras y senadores de distintos grupos parlamentarios adelantó: “nosotros vamos a luchar en este periodo para que se prohíba”.
Al respecto, la diputada federal Graciela Saldaña Fraire indicó que formularán una iniciativa en conjunto con el Senado para prohibir esta técnica de extracción, la cual desperdicia millones de litros de agua y arrastra con una gran cantidad de contaminantes que repercuten en la salud de los seres humanos, sobre todo en cuestiones de cáncer.
Esto en el contexto del foro “Impacto ambiental y social del fracking”, en el que legisladores y expertos analizaron repercusiones económicas, sociales y ambientales de esta práctica, que consiste en la fracturación hidráulica de rocas de baja permeabilidad (lutitas) para obtener gas y petróleo shale.
Durante el foro, convocado de cara a la elaboración de la ley secundaria de la reforma energética, por el Instituto Belisario Domínguez, Robles Montoya, destacó que esta técnica conlleva un altísimo impacto en el medio ambiente, por lo que es un asunto que “nos debe preocupar y angustiar a todos, y la suma de esfuerzos es fundamental”.
Tras destacar su voto en contra de la reforma energética, el senador del PAN, Javier Corral Jurado, subrayó que todavía se está a tiempo de reformular o encauzar correctamente la reforma energética, si en realidad existe voluntad política para ello.
Así, agregó, el Senado deberá debatir si los ingresos fiscales justifican la devastación ambiental resultante del uso de enormes cantidades de agua, la explotación de bancos de arena y los químicos que se utilizan para fracturar las rocas.
El senador del PAN, Ernesto Ruffo Appel, apuntó que la realidad social y ambiental obligan al Senado a analizar el tema con responsabilidad, más aún cuando la hacienda pública nacional depende en 34 por ciento del ingreso de los recursos energéticos, particularmente de los hidrocarburos.
Asimismo pidió que las reformas secundarias –que deberán aprobarse en el Congreso por 50 por ciento más uno de los votos- sienten las bases de transparencia para que los recursos de todos los mexicanos sean administrados de forma correcta.
El doctor Luca Ferrari Pedraglio, investigador del Centro de Geociencias de Juriquilla, Querétaro, señaló que la extracción de petróleo no convencional por medio de fracking sólo es redituable cuando su precio se sitúa por encima de 90 dólares por barril, por lo que las empresas buscan exportar esta costosa técnica a los países donde el petróleo es más caro, como es el caso de México.
Además del costo económico, existe uno energético, pues la diferencia entre la energía que se obtiene del recurso y la utilizada para su extracción es mucho menor que la del petróleo convencional. Más aún, se desvían grandes cantidades de capital de las energías renovables, a las cuales nuestra economía tendrá que transitar eventualmente.
Así, es incorrecto afirmar que con la reforma energética habrá más dinero del sector privado para sacar más petróleo. “Sí se necesita cada vez más dinero, pero no vamos a sacar mucho más combustible. Más bien tenemos que acostumbrarnos a que el petróleo es un recurso caro, entonces hay que hacer un uso sabio de él,” aseguró Ferrari Pedraglio.
Claudia Campero, de la organización Blue Planet Project en México, se refirió a los impactos sociales y ambientales del proceso de fracking, entre los cuales se encuentran el uso intensivo de agua. En efecto, dijo, un solo pozo puede utilizar de nueve a 29 millones de litros del líquido vital que, en la mayoría de los casos, son desechados.
Además, la mezcla que se inyecta a alta presión para extraer el petróleo atrapado en las lutitas contiene 750 diferentes tipos de químicos, así como arena de sílice, la cual puede provocar silicosis y llevar a la muerte a los trabajadores que participan en el proceso de extracción del hidrocarburo.
Aroa de la Fuente, del centro de investigación Fundar, apuntó al hecho de que las reservas de hidrocarburos no convencionales son inciertas y no está evaluada la viabilidad técnica ni económica para explotarlos. En este sentido indicó que Petróleos Mexicanos calcula que entre 2012 y 2016 se necesitará invertir 30 mil millones de pesos, únicamente para explorar y evaluar la rentabilidad de los recursos.
De esta manera, enfatizó que las reformas secundarias deben considerar alternativas a la explotación del gas shale para la generación de energía. Tal es el caso del aprovechamiento de la capacidad hidroeléctrica para la generación de electricidad; pues aunque ésta representa el 21.7 por ciento de la capacidad instalada total, sólo supone el 11.8 por ciento de la generación de la electricidad nacional.
En su exposición, John Saxe Fernández, de la UNAM, destacó que en el informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático más reciente se subrayó que el metano emitido por un pozo genera 100 veces más efecto invernadero que el dióxido de carbono.
Además, resaltó que los cambios a las legislaciones no solamente se están despojando del agua sino también del petróleo y territorio. “El fracking trae consigo una advertencia para las naciones latinoamericanas, en particular para México, que ya tuvo en el siglo XIX experiencias traumáticas con su territorio”.
Por su parte, Areli Sandoval, de Equipo Pueblo AC, refirió que el discurso oficial presenta información engañosa respecto a las virtudes de la explotación de hidrocarburos no convencionales y al desestimar los riesgos ambientales, sociales y en derechos humanos que implica la técnica del fracking, “están desestimando la vida misma”.
En este sentido, señaló que las autoridades de los tres órdenes de gobierno no promueven ni protegen los derechos humanos y tampoco previenen violaciones, por lo tanto, el papel de los legisladores en las leyes secundarias no puede ser negar ni disminuir los derechos protegidos constitucionalmente sino ampliarlos.
Finalmente, Javier Valdés, agricultor y ganadero de Coahuila, donde ya se lleva a cabo la fracturación hidráulica manifestó que la fracción VIII de la reforma energética se señala que cualquier actividad que tenga que ver con los hidrocarburos y la energía eléctrica tiene prioridad sobre cualquier otra actividad pública o privada.
Al respecto, solicitó una normatividad que no deje a los ciudadanos a merced de cualquier empresa que atente contra la vida de sus familias.
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