Senado de la República

Con la finalidad de promover la inversión en el transporte público masivo, la construcción de ciclovías e infraestructura de transporte no motorizado, así como en la implementación de reglamentos de tránsito que promuevan el uso de la bicicleta, el Senado reformó  la Ley General de Cambio Climático.
Los senadores establecieron que los objetivos de las políticas públicas para la mitigación del cambio climático deben promover la inversión en el incremento del transporte público, masivo, suficiente y con altos estándares de eficiencia, calidad y accesibilidad.
Ello, explicaron, con el objetivo de inhibir el uso de automóviles particulares y fomentar la movilidad sustentable.
Asimismo, se incluyó en dicho ordenamiento la prioridad de promover la construcción de ciclovías, la inversión en sistemas de transporte público integrales y en programas de movilidad  sustentable en las zonas urbanas y conurbadas para disminuir los tiempos de traslado de la población.
En este sentido, explicaron que la movilidad urbana eficiente, de calidad, suficiente y accesible es motor del desarrollo económico y un importante mecanismo para la reducción de los gases de efecto invernadero.
En el dictamen aprobado se menciona que el sector transporte es uno de los principales emisores de los gases de efecto invernadero en el país, lo que se acentúa con el incremento del parque vehicular, así como con la baja disponibilidad de sistemas de transporte público de altos estándares de calidad, suficiencia y accesibilidad.
Refiere que la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático dio a conocer que en México las emisiones de gases de efecto invernadero tuvieron un incremento de 33.4 por ciento de 1990 a 2010.
Uno de los principales factores que provocaron ese incremento --se agrega-- fue el uso de las gasolinas, el cual se debió al aumento del parque vehicular en las últimas décadas.
En el documento se indica que según datos del INEGI, el aumento del parque vehicular en el país, de 1980 a 2011, fue de 28 millones de unidades, en donde el transporte particular y de carga registran la mayor proporción.
Al respecto, los senadores hicieron notar que el aumento de vehículos particulares por encima de las capacidades de infraestructura urbana genera costos negativos para la sociedad como la pérdida de tiempo laboral ocasionada por los congestionamientos viales, además del sedentarismo de la población derivada por los grandes tiempos de traslado.
Ello, subrayaron aumenta los niveles de estrés y disminuye las horas que se pudieran dedicar a la actividad física “contribuyendo así a la obesidad y a una menor calidad de vida”.
Al respecto, el senador priista Jesús Casillas Romero afirmó que con estas modificaciones se da un paso más en la búsqueda de alternativas para que los ciudadanos tengan más opciones en la forma de trasladarse dentro de las ciudades y centros poblacionales.
Por su parte, la senadora panista Silvia Guadalupe Garza Galván consideró fundamental establecer la obligatoriedad de invertir y fomentar el uso de otros combustibles y de crear nuevos medios de transporte público que favorezcan la movilidad.
En tanto, la senadora perredista Luz María Beristaín Navarrete dijo que el objetivo principal es incentivar la inversión en el transporte público para mejorar su calidad, accesibilidad y fomentar la movilidad sustentable.
El dictamen se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
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