Con 82 votos a favor, el Senado de la República aprobó retirar la reserva al artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas que el gobierno de México formuló el 7 de junio del año 2000 junto con su instrumento de ratificación.
Lo anterior, a fin de estar en sintonía con la reforma constitucional realizada en 2011 en materia de derechos humanos, la cual moduló la facultad del Presidente de la República para hacer abandonar el territorio nacional a las personas extranjeras, contenida en el artículo 33.
La senadora perredista Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, precisó que con el retiro de esta reserva el Estado mexicano no podrá expulsar a apátrida alguno que se encuentre legalmente en el territorio nacional, a no ser por razones de seguridad nacional o de orden público y, en su caso, se hará conforme al proceso administrativo vigente.
“El retiro de estas reservas a diversos ordenamientos internacionales en materia de derechos humanos representa sin lugar a dudas un acto de congruencia elemental y un primer paso a un todavía largo camino hacia la homologación y la armonización de nuestra legislación,” aseguró Peña Gómez.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas Barron, indicó que este dictamen es congruente con las determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con los compromisos que México adquiere al aprobar los tratados internacionales.
Sin embargo, la senadora panista señaló que el siguiente paso consistirá en la aprobación de la ley reglamentaria del artículo 33 constitucional.
La senadora por el Partido de la Revolución Democrática, Dolores Padierna Luna, destacó que a partir de las reformas al artículo 1º en 2011, el texto constitucional comenzó una transición que entraña el reto de diseñar el andamiaje institucional y las políticas públicas pertinentes para que todas las personas tengan garantizados plenamente los derechos contenidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.
El dictamen se envió al Ejecutivo Federal.
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