Por unanimidad, la Cámara de Senadores aprobó y envió al Ejecutivo Federal el dictamen por el que reforma diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cuyo propósito es extender los instrumentos de prevención y erradicación de todas las formas de discriminación.
La reforma también promueve la igualdad de oportunidades y de trato, a partir del fortalecimiento de la organización, operación y funcionamiento del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), como organismo responsable de articular los esfuerzos nacionales de lucha contra la discriminación.
En el texto del dictamen, los legisladores señalaron que a pesar de los avances legislativos y las acciones para apuntalar las políticas públicas de combate a la discriminación, “esta reprobable práctica aún se encuentra arraigada en la sociedad mexicana”.
Así lo expone también el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, de las Naciones Unidas, en marzo de 2012, al expresar su preocupación ante el hecho de que a pesar de que México tiene una institucionalidad muy desarrollada para combatir la discriminación racial, ésta sigue siendo una realidad estructural.
Asimismo, se refleja en las Encuestas Nacionales sobre Discriminación en México (ENADIS), realizadas en 2005 y 2010, en las que se indica que todavía hay quienes consideran que las mujeres y algunos grupos sociales sólo tienen los derechos que creemos deben tener y no los que, por su dignidad humana, son inherentes a ellos; o bien, que la mitad de la población considera que no se justifica dar trabajo a una persona con discapacidad física, entre otros.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez catalogó el dictamen como una de las acciones legislativas más importantes en materia de lucha contra la discriminación en el país.
La legisladora perredista subrayó que con las reformas aprobadas se amplía la definición de discriminación con la finalidad de regular tipos de discriminación, directa, indirecta, formal y sustantiva y se especifican las condiciones que motivan la discriminación, a fin de que la legislación responda a la realidad de México y prevea la esencia protectora contenida en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
De la misma forma, dijo, se amplía el ámbito protector de la Ley y de acción de Conapred, al mismo tiempo que se incorporan nuevas definiciones como la de igualdad de oportunidades, ajustes razonables y diseño universal.
También se da mayor certeza a los trabajos de interpretación de la ley y se incluyen disposiciones para impactar de manera determinante en las políticas públicas y se garantiza el respeto de derecho a la igualdad.
Además, se consolida la prohibición a discriminar, se fortalece el Sistema Nacional de Combate y Prevención de la Discriminación y se precisan los supuestos de trato diferenciado que no se consideraban antes discriminatorios.
Es importante también mencionar que se fortalece la actuación del Conapred, así como las responsabilidades de la administración pública federal en la materia.
Con ello, explicó, el organismo operará con mayor eficiencia y eficacia en el seguimiento de políticas públicas y reformas legislativas que garanticen la igualdad y para la no discriminación.
También, se incorporan medidas de nivelación concernientes a ajustes razonables en materia de accesibilidad de información y comunicaciones a fin de ampliar las medidas a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad; así como la derogación o abrogación de las disposiciones normativas que impongan requisitos discriminatorios de permanencia a escuelas y trabajos.
Se precisa que el rango de aplicación de la ley es para los poderes públicos federales y se reforma el nombre del Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación por el de -Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación.
Asimismo, se hacen ajustes al número de integrantes de la Junta de Gobierno de la Conapred y se redefine perfil de titular de la Conapred y su estadía en el cargo para ser de cuatro años y no de tres.
Finalmente, se reforma el Capítulo V de la Ley a fin de unificar el procedimiento de queja y reclamación en uno solo y se establece un capítulo de medidas de reparación, adicionales a las medidas administrativas, ya contempladas en la ley vigente con el objeto de inhibir conductas o prácticas discriminatorias a fin de disminuir daños causados por dichas conductas.
Por su parte, la senadora priista, Lucero Saldaña Pérez indicó que las reformas están a favor de la construcción de la inclusión, el respeto a la dignidad de las personas y sus derechos humanos, así como a la igualdad de oportunidades y la deconstrucción discriminaciones e injusticias.
Con este dictamen, dijo, se continúa avanzando en un marco legal que dé instrumentos a quienes juzgan y a las víctimas y recalcó la necesidad de formar una cultura de respeto a la diferencia en pensamiento y de las preferencias. “México abolió la esclavitud, sin embargo necesitamos reconocer que está impregnado una serie de prejuicios y estereotipos”.
Por su parte, el senador Fidel Demédicis Hidalgo, advirtió que con la aprobación de estas reformas el Senado hace patente su responsabilidad histórica de erradicar la xenofobia y actos de discriminación que a pesar de los esfuerzos institucionales persisten en el país.
A través de estas prácticas, anunció el legislador perredista, el Senado se actualiza con respecto a las manifestaciones y mandatos de la ONU en la materia. “Debemos ser celosos vigilantes de la aplicación estricta de la ley para que el pueblo alcance la felicidad que se merece”.
Finalmente, el senador David Monreal Ávila, la discriminación en México es una práctica diaria a través del trato peyorativo a las personas o grupos, a la que calificó como “situación vergonzosa que en pleno siglo XXI”
Destacó que el dictamen atiende la patología de la discriminación en el país y se modifica el procedimiento de quejas para personas consideradas como discriminadas. Reconoció que el gran aporte de la reforma es que son sujetos a estos procedimientos los particulares y las autoridades.
“No basta con fomentar leyes que prohíban la discriminación sino que debe existir una cultura de inclusión y respeto a los derechos humanos pues si no el dictamen no será suficiente”.
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