EL Senado de la República aprobó en lo particular el dictamen que expide la nueva Ley de Migración, que establece la obligatoriedad del Estado de respetar y defender los derechos humanos de los migrantes.
Los senadores avalaron con 86 votos los 59 artículos que habían sido reservados en la sesión anterior durante la discusión y aprobación en lo general del dictamen.
La Ley tiene como objetivo facilitar y garantizar la movilidad de los indocumentados por territorio nacional, en condiciones de respeto a su vida y dignidad.
Asimismo, este nuevo ordenamiento cataloga a los migrantes como verdaderos sujetos del desarrollo local y global, y no como un peligro o amenaza para las comunidades por donde transitan, asientan o encauzan sus esfuerzos y trabajo.
Al exponer los acuerdos alcanzados, el senador panista Humberto Andrade Quezada, presidente de la Comisión de Población y Desarrollo, afirmó que hoy se está culminando con la cuenta pendiente que tiene el país en el tema migratorio.
Afirmó que la intención del Senado fue dejar de lado “cualquier posible sospecha de la criminalización y la penalización del migrante, independientemente de su estatus migratorio”.
Añadió que “el Senado, en este esfuerzo continuo, el único espíritu que lo mueve es la protección de los derechos humanos”.
Comentó que respecto a los diferendos que existían en torno al artículo 26, donde se estipulaban las obligaciones de la policía en auxilio de las autoridades migratorias; “no modificamos el párrafo tercero, retiramos el artículo en su totalidad”.
Con esto, “queremos mandar una señal muy clara de que el Senado está consciente de la aportación y valor del migrante”, puntualizó.
Además --dijo-- se definió el ámbito de las asociaciones de la sociedad civil que prestan auxilio y acompañan al migrante, para que no sean perseguidas ni sujetas de revisión como lo habían sido hasta ahora.
Resaltó que “se trata de una ley integral, de avanzada, moderna, que permite tener una posición como país de congruencia y de fuerza para exigir en otros lugares, para los nuestros, lo que sí debemos dar en este país en respeto, defensa y protección del migrante”.
Por su parte, el senador Francisco Herrera León, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, lamentó que se tenga que reconocer que en lo general no precisamente hemos resguardado y valorado los derechos de los migrantes.
“Ahí están los datos sobre secuestros, sobre trata de personas, sobre tráfico de menores, todo esto que engloba el fenómeno migratorio”, indicó.
Sin embargo, la señal que “este Senado de la República quiere enviar al país, a los migrantes, pero también al mundo, es que en México ni se penaliza ni se criminaliza ni se persigue a nadie”, declaró.
Refirió que entre los fundamentos del dictamen destacan la definición de una política migratoria, hasta hoy ausente; el respeto irrestricto y el reconocimiento a los derechos de los migrantes y el no más facultades a la Secretaría de Seguridad Pública.
“El espíritu de la ley es que el Instituto Nacional de Migración se modernice, se actualice, se ponga al corriente y sea quien atienda, como son sus funciones, el fenómeno migratorio en su totalidad”, aclaró.
El legislador priísta dijo que no se quieren detenciones ni aseguramientos de migrantes, sino “todas las facilidades para su regularización y queremos en el último de los casos acompañamiento y asistencia para un retorno digno de seres humanos”.
Expresó que con esta ley se busca devolverle a México autoridad moral; queremos que esta legislación sea un marco de referencia para la región y el mundo.
En su oportunidad, el senador Tomas Torres Mercado dijo que el PRD comparte que la Policía Federal tenga como tarea central cuidar de la integridad y derechos de los migrantes y de que los que ingresen, salgan o residan en el país.
Agregó que más que convertir a la Ley de Migración en un instrumento de seguridad pública, pone equilibrio a una política de Estado sobre el tema de población y migración, porque la Ley regula el fenómeno migratorio atendiendo al origen, al tránsito y destino que motivan la constante movilidad humana en y hacia el país.
Por el PT, el senador Ricardo Monreal Ávila destacó que en la última etapa de la negociación para la aprobación del dictamen “se modificaron artículos que hubiesen sido ominosos para la tradición política” de México.
Dijo que con la supresión de las disposiciones que otorgaban facultades a la Policía Federal para detener a los indocumentados que transitan por el país y permitían la denuncia anónima en su contra, “ya no queda ninguna duda de que en la Ley no existe indicio alguno para criminalizar la migración”.
Sin embargo, el legislador lamentó que no se avaló su propuesta de institucionalizar las acciones en materia migratoria como el Programa Paisano, que el gobierno federal ha implementado, en los últimos años “porque sí han servido”.
Por Convergencia, el senador Dante Delgado Rannauro reconoció los avances alcanzados, producto tanto de senadores como de la voz de la sociedad, organizaciones no gubernamentales y defensoras de los derechos humanos de inmigrantes que no podían tolerar la criminalización del tránsito por nuestro país.
Agregó que el problema de los flujos migratorios hacia Estados Unidos y de los países latinoamericanos a México o EU, es consecuencia de una política económica global fracasada, que no permite la reactivación económica en las regiones, pues se siguieron modelos sin referente en la economía mundial.
Una vez aprobado el dictamen en lo particular, el senador Arturo Núñez Jiménez, presidente en turno de la Mesa Directiva, felicitó a nombre de ésta a “quienes hicieron posible el acuerdo que honra la tradición de México en materia de asilo, refugiados y en sus propias reivindicaciones con los migrantes mexicanos en Estados Unidos”.
El texto que también modifica la Ley General de Población, el Código Penal Federal, el Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra La Delincuencia Organizada, la de la Policía Federal, la de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la de Inversión Extranjera y la General de Turismo, se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
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