El Senado solicitó a los gobernadores de los estados y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, informen los avances en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado en agosto de 2008.
El senador panista Ramón Galindo Noriega, señaló que en ese año se desató una ola de violencia inédita en el país a raíz de la lucha de diferentes grupos criminales por controlar la distribución de drogas ilegales.
Por ello, -dijo- en un esfuerzo inédito de diferentes sectores del sector público y de la sociedad, se firmó el acuerdo nacional para hacer frente a esa cruenta situación de inseguridad.
Sostuvo que la impunidad con que actúan los grupos criminales evidencia una debilidad de las Instituciones del Estado, que comprende tanto las funciones de seguridad pública, prevención o combate a la delincuencia, como la investigación de los delitos y procuración de justicia, hasta llegar a la propia impartición de justicia y sistema carcelario.
El legislador por Chihuahua reconoció la estrategia de combate a la delincuencia organizada implementada por el Ejecutivo federal, en la que han intervenido las fuerzas armadas y elementos de la Policía Federal, desplegándolos en las zonas más conflictivas del país.
Precisó que el Ejecutivo asignó sumas sin precedentes a los gobiernos estatales y municipales, vía diferentes fondos, para ser aplicados a la prevención y combate a la delincuencia.
Explicó que para este año, los montos otorgados ascenderán a dos mil 400 millones de pesos adicionales a las entidades que firmen el convenio para instaurar el llamado mando único policial en sus demarcaciones, monto que habría de distribuirse a razón de 100 millones de pesos, por entidad federativa, explicó.
Agregó que en total entre 2010 y 2011 la suma otorgada a los gobiernos locales por el Ejecutivo federal para aplicarse a la función de seguridad pública, será de 42 mil 889.5 millones de pesos.
--oo000oo--
