En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, senadores del PRD y PRI propusieron modificar las leyes de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a fin de contrarrestar la violencia hacia la mujer y niñas indígenas.
Al presentar la iniciativa, el senador Isidro Pedraza Chávez destacó que se busca que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres den seguimiento a las acciones emprendidas por autoridades federales, estatales y municipales para prevenir, proteger, sancionar y erradicar la violencia y discriminación cometidas contra mujeres y niñas indígenas.
También se planteó la inclusión del titular del Instituto Nacional de las Mujeres, en la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios, y viceversa, la participación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
“La finalidad de la reforma va encaminada a establecer una perspectiva de género en el tema indígena, en el rubro específico de la prevención, atención y erradicación de la violencia y discriminación”, expresó.
El legislador perredista recordó que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue fruto de un gran esfuerzo de organizaciones sociales, instituciones especialistas en derechos humanos, sociedad civil, legisladores e investigadores.
En ella, argumentó, se establecieron criterios en coordinación entre la federación, los estados y municipios para la formulación y aplicación de programas o política para la no violencia contra las mujeres, así como fomentar la igualdad entre la población.
Sin embargo, “la realidad nos sigue superando, dejando obsoletos todos los trabajos legislativos, sea porque el contenido de las normas no protege a plenitud los derechos de las mujeres, o bien, porque las autoridades correspondientes no las aplican adecuadamente”, puntualizó.
En este contexto, Pedraza Chávez advirtió que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia no hace mención de las mujeres indígenas como un grupo objeto de la ley, que por sus circunstancias, en algunas ocasiones son doblemente discriminadas o violentadas.
La ley -explicó- tiene por característica la generalidad por lo que el contenido normativo se aplica sin diferenciar o manifestar alguna señalización en especial, pero, lo preocupante es que las mujeres indígenas, en razón de los usos y costumbres de sus pueblos o comunidades, encuentran normalidad en la hegemonía del poder y violencia ejercida en su contra.
Además, puntualizó que según cifras del conteo de población y vivienda de 2005, hay más de seis millones de indígenas, de las cuales más de tres millones son mujeres; en contraste con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que para el mismo año estimó la existencia de más de 10 millones, de las cuales 5.1 son mujeres.
De dicho registro poblacional, agregó, la misma CDI informó que al menos 1 de cada 3 mujeres indígenas sufre o ha sufrido violencia.
Sin embargo, dijo, no es posible precisar la cantidad real de mujeres indígenas en situación de violencia, ya que la mayoría de los casos el delito no es denunciado debido a diferentes factores como la normalización de la violencia, amenazas a las víctimas falta de juzgados expertos en la materia, así como la desconfianza que tienen hacia las autoridades correspondientes.
Por ello “la relevancia de contrarrestar la violencia hacia la mujer indígena, la invisibilidad de las mujeres indígenas en el ámbito privado y público han permitido atropellos enormes contra sus derechos humanos”.
La iniciativa signada también por los senadores Angélica de la Peña Gómez, Eviel Pérez Magaña, Juana Leticia Herrera Ale y Teófilo Torres Corzo, se turnó a las comisiones unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera.
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