La Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales avaló, con modificaciones, un dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera.
La iniciativa distribuye competencias entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, y establece instrumentos de política en esta materia.
Durante su sesión de trabajo, la comisión señala que este dictamen tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la Constitución en materia de protección al ambiente con el fin de preservar la calidad del aire y la protección a la atmósfera.
Además, propone el concepto de cuencas atmosféricas, en donde de manera concurrente, los tres niveles de gobierno y el Distrito Federal deben implementar instrumentos de política ambiental como programas de control de emisiones y sistemas de monitoreo atmosférico.
Asimismo, el proyecto busca incentivar las buenas prácticas y procesos industriales que reduzcan la emisión de contaminantes a la atmósfera y promover la participación social.
La comisión consideró la iniciativa de vital importancia, toda vez que, aseveró, México enfrenta desde hace décadas problemas en la calidad de aire en sus principales zonas metropolitanas, que han causado la muerte de unas 38 mil personas, de 2001 a 2005, por cáncer de pulmón, enfermedades cardiopulmonares e infecciones respiratorias relacionadas con la exposición a la contaminación atmosférica.
De igual forma, se aprobó el dictamen que faculta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a formular y aplicar campañas para prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores.
Lo anterior a partir de la reforma al artículo 156 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, donde se establece que la Semarnat trabajará en coordinación con las entidades federativas y municipales para lograr la disminución de la emisión de dichos contaminantes.
La comisión también avaló el dictamen por el que se incorpora a la Ley Federal de Protección al Consumidor, el principio de la veracidad de la información de los productos y servicios.
Consideró que esta modificación fortalece la garantía constitucional al derecho para el libre acceso a información plural, oportuna, clara y concisa así como a buscarla, recibirla y difundirla.
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