SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES
CELEBRADA EL JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 2016
PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: (11:54 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, conforme al registro electrónico, se han acreditado 79 ciudadanos Senadoras y Senadores.
En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se abre la sesión del jueves 27 de octubre, correspondiente al primer período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.
El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.
En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.
Quienes estén porque se apruebe, sean tan amables de levantar su mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque se rechace, favor de levantar su mano.
(La Asamblea no asiente)
Se aprueba el acta, señor Presidente.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió una comunicación del Senador Armando Neyra Chávez, con la que remite el Informe de sus Actividades Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la actual Legislatura.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.
Recibimos de la Mesa Directiva un acuerdo que suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones en el Senado.
En consecuencia, solicito a la Secretaría dé cuenta de sus resolutivos.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a los puntos resolutivos.
La Senadora Sandra Luz García Guajardo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se integra a la Comisión de Asuntos Migratorios. Como acuerdo primero.
Segundo acuerdo. El Senador Ricardo Urzúa Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se integra a la Comisión de Corrupción y Participación Ciudadana.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.
Se encuentra a discusión.
Consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente acuerdo.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior acuerdo.
Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Es aprobado el acuerdo, señor Presidente.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias.
Aprobado el acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.
Comuníquese.
Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con propuesta de ratificación como Magistrados del Tribunal Unitario Agrario, a favor de los ciudadanos Javier Rodríguez Cruz, Benjamín Arellano Navarro, María de Lourdes Claudia Martínez Lastiri, Imelda Carlos Basurto, Raúl Eduardo Covarrubias García y Rubén Gallardo Zúñiga.
Es cuanto, Presidente.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias.
Túrnese la documentación correspondiente a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Tenemos los siguientes dictámenes para primera lectura.
Uno, de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de julio de 2008.
Uno más, de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 del Código Civil Federal.
Son todos los dictámenes para primera lectura, señor Presidente.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias.
Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, han quedado de primera lectura.
Compañeros Senadores:
Recibimos en la Mesa Directiva un dictamen de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, con punto de acuerdo que ratifica el nombramiento de la titular de la Secretaría de la Función Pública.
Conforme lo establece el artículo 76, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del responsable del Órgano de Control Interno del Ejecutivo Federal, procederemos a la ratificación del titular de la Secretaría de la Función Pública.
El dictamen se encuentra a su disposición en el monitor de sus escaños.
En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura a su parte resolutiva.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Gracias Presidente.
Doy lectura a la parte resolutiva del dictamen.
Primero. Con fundamento en el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que para ser Secretario del Despacho, se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener 30 años cumplidos, así como el artículo 37, segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal, donde establece que el nombramiento de Secretario de la Función Pública, designado por el Presidente de la República, se ratificará por el Senado de la República y deberá estar acompañado de la declaración de intereses de la persona propuesta.
La C. Arely Gómez González, por haber cumplido los requisitos desarrollados en el dictamen, se ratifica la designación del Presidente de la República, de nombrarla como titular de la Secretaría de la Función Pública.
Segundo. Remítase el presente dictamen al Presidente de la Mesa Directiva para su consideración en la sesión de Pleno del Senado de la República.
Tercero. Publíquese el presente dictamen en la Gaceta del Senado de la República.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.
Se encuentra a discusión el presente dictamen, y le voy a dar el uso de la palabra al Presidente de la comisión para que presente el dictamen.
Y si alguien desea hacer uso de la palabra, si me lo indica, para abrir lista de oradores.
Muchas gracias.
El Senador Héctor Yunes Landa: Gracias, señor Presidente.
Compañeras y compañeros Senadores, amigos todos.
Una frase popular reza: “Que el prestigio, prestigia”. Esto viene en referencia al tema que hoy venimos precisamente a discutir en esta soberanía.
El ejercicio del servicio público demanda, no sólo preparación, conocimiento y capacidades.
El servicio público exige también valores como probidad, dignidad y responsabilidad.
Coincidentemente, la sociedad en su conjunto, hoy más que nunca, reclama servidores públicos que den resultados, y estos sólo los pueden dar ciudadanos y ciudadanas que reúnan estas características.
El Ejecutivo Federal envió a esta soberanía la propuesta para ratificar a nuestra compañera Senadora con licencia, Arely Gómez González, como titular de la Secretaría de la Función Pública.
A partir de las reformas constitucionales planteadas en materia de combate a la corrupción, la Secretaría de la Función Pública tendrá un papel más activo en la materia: contará con los mecanismos legales suficientes y necesarios para organizar y para coordinar el sistema de control interno, así como la evaluación de la gestión gubernamental.
Además, la Secretaría de la Función Pública podrá inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos en un marco que favorecerá el desarrollo del gobierno digital, el gobierno abierto y la rendición de cuentas.
La Función Pública contará con órganos internos de control, delegados y comisariados públicos que realizarán un constante trabajo de vigilancia en toda la administración pública federal.
Frente a las atribuciones que la Secretaría tendrá, se requiere que su titular cuente con el conocimiento, voluntades y capacidades necesarias.
En análisis de la trayectoria y resultados que ha dado en las encomiendas públicas el perfil de la maestra Arely Gómez, es el indicado para ocupar la Secretaría de la Función Pública.
Amigas y amigos:
Hemos analizado con todo detalle la currícula de la maestra Arely Gómez González, y lo hemos encontrado en una vasta experiencia de 38 años en el servicio público.
Arely Gómez ha sido una servidora pública íntegra y proba, que ha cumplido eficazmente las tareas que le han sido confiadas en los tres poderes de la Federación en los que ha colaborado.
En el Poder Ejecutivo, como Procuradora General de la República.
En el Poder Legislativo, como Senadora de la República, compañera nuestra.
Y en el Poder Judicial, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En esta soberanía trabajó en la confección del Sistema Nacional Anticorrupción, que en breve será una completa realidad.
Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:
Los invito a ratificar con su voto el nombramiento de la maestra Gómez González como titular de la Secretaría de la Función Pública.
Refrendemos nuestra confianza en una mexicana ejemplar, con experiencia en el combate a la corrupción y en el cumplimiento de la ley.
Es cuanto.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Presidente de la Comisión.
Los grupos parlamentarios no registraron posicionamiento.
Los estoy apuntando para hablar respecto al dictamen.
Don Manuel Bartlett ¿Sería su intención hablar respecto al dictamen?
No tengo posicionamiento de los grupos parlamentarios, pero le doy el uso de la palabra para hablar al respecto, y después registro a la Senadora Marcela Torres Peimbert.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a hacer un análisis político de los nombramientos que se están dando aquí en este Senado.
Y quiero señalar que no se trata de asuntos personales.
La despedida de Arely se dio en una sesión en la que todos le expresaron su afecto, y yo también, a la persona de Arely, respetable, ¿verdad? hizo una labor que entonces se reconoció en el Senado, y nos sumamos todos.
El nombramiento de Cervantes provocó el mismo efluvio de reconocimientos y felicitaciones justas a un abogado digno, a un abogado que ha demostrado sabiduría jurídica y que había manejado el Senado de la República, la Presidencia, independientemente de que fue el que facilitó todas las reformas estructurales.
También al despedirse en su fallido intento de ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia, yo expresé mi reconocimiento a su persona, pero nosotros estamos en un proceso político; no un asunto de personalidades, y por eso quiero empezar por ahí.
No se trata de ir en contra de la persona de Arely, ni tampoco ir en contra de la persona de Cervantes, sino el tipo de nombramientos que se hacen.
Ya no digamos lo que vamos a ver hoy que tendremos la oportunidad de analizar los nombramientos de los magistrados distribuidos por partes, tres, dos, uno, para tener controlada la Sala Superior del INE, sin ningún pudor.
El caso es que el Presidente de la República en lugar de reaccionar, como ayer se comentó, todos lo mencionamos, todos los periódicos, todas las caricaturas, en lugar de reaccionar ante una crisis política que tiene él y su partido, en lugar de reaccionar y buscar darle a las instituciones una credibilidad que no tienen, vuelve a lo mismo, vamos a poner gentes de la absoluta confianza a ser Procurador de la República transexenal.
No es, y repito, porque aquí todos aplaudieron en lo personal a Cervantes, pero no es la figura que le va a devolver credibilidad a la Procuraduría General de la República, cuando estamos con el asunto de los 43, cuando estamos con asuntos de Tlatlaya, cuando hay una crítica brutal a la justicia en este país, y vamos y ponemos una persona que garantiza la relación con el poder, es un abuso de poder y es una torpeza más de Peña Nieto que está hundiendo las instituciones.
Lo mismo con Arely, vuelvo a expresar mi respeto hacia ella, la conocí en la Suprema Corte de Justicia como secretaria del Ministro Azuela, muy respetable, la están mandando, digo yo, a sustituir a ricitos de oro.
¿Se acuerdan de ricitos de oro? Aquel desvergonzado que dijo que la casa blanca estaba muy bien, ese desvergonzado que estuvo para servir al poder, en lugar de buscar una persona que le devuelva credibilidad a esa Secretaría que está por los suelos, en la total desvergüenza, mandan a Arely.
No le importa al Presidente las instituciones mexicanas, está abusando de su posición y de su mayoría aquí, entonces, está colocando al país en una situación de más y más debilidad, y ya no es él, él está descalificado ya, no digamos, sino las instituciones.
La Procuraduría es para defender los intereses de Peña Nieto.
La Secretaría de la Función Pública para defender los intereses de Peña Nieto.
Ya lo vimos, está mal.
Yo les diría aquí a sus amigos Senadores, que le digan que está mal. No puede haber un poder absoluto, y menos este absolutamente ya descalificado que se le obedezca de esa manera, y lo digo para todos los Senadores ¿eh? Están acabando a las instituciones del país.
Y dejen que llegue la discusión, señor Presidente, del Sistema Anticorrupción, vamos a ver el Sistema Anticorrupción cómo queda. Mal, mal.
No estamos atacando a las personas, porque la verdad que aquí hubo un afecto claro para los dos, no. Estamos criticando severamente al Presidente por sus decisiones erráticas, tenemos que salvar las instituciones, no sigamos hundiendo al país, tenemos que proteger a la nación, no garantizarle cuates, amigos, en las posiciones a Peña Nieto que ya no tiene ninguna defensa.
Muchas gracias, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, don Manuel Bartlett.
Senadora Marcela Torres Peimbert.
La Senadora María Marcela Torres Peimbert: Muchas gracias, Presidente.
Compañeras, compañeros Senadores:
Me presento a nombre de mi grupo parlamentario, para dar nuestro razonamiento del voto a favor de este dictamen, a través del cual se ratifica el nombramiento de la maestra Arely Gómez González, como titular de la Secretaría de la Función Pública.
Lo primero que quisiera resaltar es, que este Senado de la República está apunto de conferir la enorme responsabilidad de construir e implementar la nueva Secretaría de la Función Pública, precisamente a una mujer, a la maestra Arely Gómez.
Arely es una mujer de probada capacidad, se suma a un gabinete integrado en su enorme mayoría por hombres.
Sin embargo, conozco de primera mano su compromiso con la paridad e igualdad de género que siempre ha impulsado desde su paso por este Senado hasta su último cargo al frente de la Procuraduría General de la República.
Hoy, hace casi tres meses que la Secretaría de la Función Pública se encuentra no sólo sin cabeza, sino desmembrada.
La tarea que tendrá Arely es titánica, el tiempo es poco, se requiere de múltiples habilidades para resarcir el daño que el gobierno del Presidente Enrique Peña ha hecho a la credibilidad de esta dependencia del gobierno federal.
Los retos para Arely son muchos.
Es bien sabido que los titulares de los órganos internos de control, en muchos de los casos fueron nombrados por los mismos secretarios sobre los cuales ejercen facultades de revisión, cuates, revisando las cuentas de sus cuates.
Con la aprobación de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, el Congreso hizo un esfuerzo institucional para restaurar y fortalecer la Secretaría de la Función Pública, la cual en el proyecto del Presidente Peña Nieto no figuraba, pero que hoy se levanta con nuevos bríos, con la esperanza de un México más íntegro.
Acción Nacional ha pugnado por la limpieza en la vida pública, por combatir prácticas corruptas, con ese fin, en los gobiernos del PAN se crearon a la Secretaría de la Función Pública, para prevenir y sancionar la corrupción en la administración pública federal.
El combate a la corrupción en mi partido no es nuevo, pues emerge del programa histórico, del Partido Acción Nacional, desde su fundación en el año de 1939.
Con las recién aprobadas reformas, la función pública fue renovada y sujeta a controles parlamentarios.
El día de hoy, en el marco del principio de división y colaboración de poderes, ratificamos a la titular de esta Secretaría.
Las Senadoras y Senadores de oposición en este órgano legislativo, demandaremos y demandaremos integridad y comunicación interinstitucional constante en la reconstrucción de la nueva función pública.
Senadora Arely Gómez, Senadora con licencia, si hay duda de sus lealtades, estoy segura que pondrá primero su lealtad a su país, a México.
Sé que la relación de la Secretaría de la Función Pública será de cooperación y coordinación, y construcción interinstitucional para echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción que tanto nos urge.
El Congreso, con la mejor voluntad de la oposición y la ciudadanía ha dado a todos los que integran el Sistema Nacional Anticorrupción un instructivo junto con las piezas necesarias para ensamblar una nueva obra de ingeniería, las expectativas son muy grandes.
Por ser idóneo el perfil de la maestra Arely Gómez, el voto de la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado, será a favor con la mayor de las expectativas y la demanda de un estricto apego a la legalidad en favor de la integridad.
Arely, conozco tus convicciones, trabajamos juntas la mejor Ley de Transparencia del mundo. Contigo a la cabeza de la Secretaría de la Función Pública sé y espero que también tengamos el mejor Sistema Nacional Anticorrupción del mundo.
Es cuanto, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Marcela Torres Peimbert.
Tengo registrada también para hablar a favor a la Senadora Dolores Padierna Luna.
La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señor Presidente.
Desde su creación, la Secretaría de la Función Pública ha sufrido diversas modificaciones en cuanto a sus atribuciones y estructura a pesar de lo cual nunca ha podido cumplir su cometido, el único cambio concreto que ha logrado ha sido de nombre, en teoría.
Entre sus atribuciones destaca vigilar el desempeño de los funcionarios públicos, determinar la política de compras de la Federación, auditar el gasto de recursos federales y coordinar a los órganos internos de control de todas las dependencias federales.
La propia Secretaría se ha puesto como misión consolidar un gobierno honesto, eficiente y transparente, hay una enorme cantidad de evidencias que demuestran que ni de cerca se ha cumplido con esta misión. Una muestra de ello es que México ocupa el lugar 95 en el índice de Corrupción elaborado por Transparencia Internacional con una calificación reprobatoria de 35 sobre 100.
Año con año, la Auditoría Superior de la Federación detecta innumerables deficiencias no sólo en la aplicación de los recursos, sino en la eficacia y la eficiencia de la acción gubernamental con efectos prácticos muy limitados.
Sólo basta señalar que la revisión de la cuenta pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación emitió mil 871 promociones ante las contralorías internas de responsabilidades administrativas sancionatorias y mil 641 pliegos de observaciones con presunción de daño patrimonial, a la fecha no se sabe qué ha pasado con este enorme cúmulo de promociones y observaciones.
El Sistema Nacional Anticorrupción pretende atacar el grave problema de la corrupción e ineficiencia del quehacer político como parte del sistema que pretende la Secretaría de la Función Pública, se empiece a cumplir con su enorme cometido y objetivo, indudablemente que no es una tarea sencilla que dé resultados de corto plazo, ya que implica afectar muchas inercias perversas que imperan en esta Secretaría; sin embargo, es muy importante que en muy corto plazo se puedan dar muestras concretas de que va en serio mediante la promoción de acciones específicas ejemplares, para ello hay mucha tela de dónde cortar.
Es también muy importante señalar que la Secretaría, bueno, más bien que debemos lamentar ciertamente que en menos de cuatro años se realice un tercer cambio en la Procuraduría General de la República, que se proponga al Senador Raúl Cervantes Andrade en sustitución de la Senadora, también, Arely Gómez, quien a su vez relevó al Procurador Murillo Karam.
Tanto en el caso de Arely Gómez, como el de Raúl Cervantes, hablamos de dos compañeros del Senado que se desempeñaron con profesionalismo, entablaron un diálogo con todos nosotros, que ejercieron funciones muy destacadas en sus comisiones, el problema no es la trayectoria de ninguno de los dos funcionarios, sino la imperante inestabilidad al interior de estas instituciones tan importantes, como la PGR y la Secretaría de la Función Pública.
La falta de continuidad de rendición de cuentas en el trabajo de ambas Secretarías o dependencias y la subordinación de ambos al Poder Ejecutivo en turno, son asuntos que tenemos que modificar en el diseño legislativo.
Este nuevo relevo, en la Secretaría de la Función Pública, tiene un gran desafío: el de restablecer la credibilidad pérdida en el trabajo de la Secretaría de la Función Pública, y para que esté al servicio de poner los recursos de la nación y de la población bajo buen resguardo.
Los gobiernos deberían de tener como única razón de ser, como única razón de existir, el servicio eficaz, honesto y eficiente hacia la población, si así lo hiciera, las condiciones de vida cambiarían.
Esperamos que la maestra Arely Gómez, pueda erradicar vicios, superar inercias, hallar nuevos paradigmas de la Función Pública y transitar a concretar los nuevos objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción.
Son retos muy grandes los que van a enfrentar la nueva Secretaria de la Función Pública.
Dos años tal vez parezcan insuficientes, pero sí dan para sentar las bases de un cambio profundo que se deber registrar en la Secretaría de la Función Pública.
Nuestro voto va a ser a favor.
Confiamos en el talento, en la eficacia y en la enorme responsabilidad que ha demostrado el profesionalismo que ha demostrado con creces la maestra Arely Gómez.
Por eso el PRD va a votar a favor.
Es cuanto.
(Aplausos)
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Dolores Padierna.
Tengo registrado al Senador Fidel Demédicis, para hablar a favor.
Senador, por favor.
El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias.
Con su venia, ciudadano Presidente.
Hoy se va a hacer un nombramiento de vital importancia para la vida pública del país.
Hemos discutido aquí muchos nombramientos y hemos entrado en debate, si son o no aptos para el cargo que van a desempeñar.
Hemos mantenido aquí una crítica permanente, en relación a que cuando la designación para ejecutar acciones que deben de tener independencia del poder público, las proponga el Presidente.
Sin embargo, hoy creo que una de las honrosas excepciones, se va a ser cargo de atender una de las Secretarías más importantes en materia de lucha contra la corrupción.
Yo estoy convencidísimo, porque conozco a mi compañera Arely, de que puede generarse la ruta definitiva para que los servidores públicos de la Administración Pública Federal que cometen actos de corrupción por complicidades que se daban con el tristemente célebre Virgilio Andrade Martínez, se acabaron.
Arely es una mujer honrada, es una mujer honesta, una mujer que estoy convencido que ama entrañablemente a su Patria y no me queda duda, de que cuando tenga que tomar una decisión, si obedece o si acepta una sugerencia para torcer la ley e incurrir en un acto de corrupción para solapar a funcionarios públicas que estén haciendo daño al país. La respuesta de Arely será contundente.
La Secretaria de la Función Pública no acepta complicidades y menos sugerencias para proteger a sinvergüenzas y a corruptos que lastimen al país; por eso mi voto va a ser a favor de mi compañera Arely, porque la conozco, y sé de su calidad no solo humana, sé de su profesionalismo, y estoy seguro que cuando deje el encargo será recordada en este país como la que dio un ataque frontal contra la corrupción.
Estoy convencido de que esa ligereza y esa discrecionalidad en las compras que se hacen en la Federación tendrán un control serio, responsable de parte de la compañera Arely, y que los que hacen su agosto comprando lápices a 20 pesos, cuando cuestan 1 peso, pues se las verán con alguien que estoy seguro que dictará políticas de compras para corregir todo este tipo de desviaciones.
También estoy convencido de que nuestra compañera Arely será celosa para vigilar que el gasto de los entes públicos federales sea conforme a la ley, que se ajuste a los presupuestos que se les ha determinado y que acaten estrictamente la Ley de Gasto Público.
Las auditorías que practique la Secretaría de la Función Pública, con Arely a la cabeza, yo estoy convencido de que serán y pasarán todas las pruebas tal grado que si hay que sancionar no es el corazón el que se va a tentar Arely, simplemente va a aplicar la ley como lo ha hecho hasta ahora.
También estoy convencido de que un tema que se ha desviado porque ha prevalecido el cuatismo, han prevalecido las cuotas de poder a la hora de asignar cargos, Arely, yo le ruego que lo corrija el servicio profesional de carrera en la Administración Pública Federal, que es una de sus facultades, dirigir, organizar y operar este servicio.
Necesitamos que aunque el secretario se cambie, las Secretarías de Estado aguanten esos cambios, porque cuentan con verdaderos profesionales de carrera para atender los requerimientos que el pueblo tiene en cada una de las Secretarías.
Por todas estas razones mi voto será a favor de la ciudadana Arely Gómez para que nos represente como Secretaria de la Función Pública de nuestro país.
Sé que el reto es enorme, pero también es enorme la compañera que va a asumir este cargo para que las cosas que anden mal, las enderece.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias Senador Fidel Demédicis.
El último orador que tengo registrado es el Senador Carlos Alberto Puente.
El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muy buenas tardes compañeras y compañeros Senadores.
Por primera vez este Senado de la República ha iniciado el procedimiento y lo que será la ratificación de la titular de la Secretaría de la Función Pública, que se renovó y se fortaleció con las reformas que dan vida al sistema encargado de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción.
En el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos que Arely Gómez es el perfil idóneo y adecuado para ocupar dicho cargo.
Así lo consideramos, porque Arely Gómez ha demostrado un compromiso real con la transparencia, con la rendición de cuentas, con el acceso a la información pública y con la apertura de las instituciones a los ciudadanos, así como también con el combate a la corrupción, y para construir un gobierno abierto.
Arely Gómez, como compañera nuestra y Senadora de la República y todos los aquí presentes lo recordamos, impulsó la Reforma Constitucional y las Leyes Secundarias en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas las cuales han dado origen al Sistema Nacional de Transparencia.
Para la discusión, elaboración y aprobación de dichas leyes, Arely Gómez promovió la adopción de la metodología del parlamento abierto. Así, diversas organizaciones de la sociedad civil, especialistas y académicos han sido escuchados y han participado activamente en la construcción de este Sistema Nacional de Transparencia, su compromiso para con la transparencia y rendición de cuentas no sólo se quedó en el ámbito legislativo, como Procuradora General de la República, la institución que estaba a su cargo, hasta hace unos días, fue distinguida con el reconocimiento del INAI, institución y comité de participación 100% capacitados.
Además, la Procuraduría General de la República fue el primer sujeto obligado en instalar su comité de transparencia, cumpliendo así con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia.
Arely Gómez impulsó la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción.
Compañeras y compañeros:
Hace unos meses se aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual, junto con el Sistema Nacional de Transparencia, son una de las reformas más trascendentes de los últimos años en nuestro país. La implementación de ambos sistemas está avanzando, no a la velocidad que todos quisiéramos, pero hoy tenemos pasos firmes.
El pasado 13 de octubre, este Senado designó a los nueve integrantes de la Comisión de Selección que habrán de elegir al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
Hace apenas un par de días, este Senado de la República emitió la convocatoria para presentar candidaturas para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Hoy tenemos la responsabilidad de ratificar a la titular de la dependencia encargada de organizar y coordinar el Sistema de Control Interno y la Evaluación de la Gestión Gubernamental.
Asimismo, la Secretaría de la Función Pública se coordinará con el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para vigilar el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización de la Administración Pública Federal.
En este sentido, dicha Secretaría jugará un rol muy importante y será fundamental para prevenir y sancionar los hechos de corrupción, esos hechos que tanto se han mencionado en esta tribuna de este Senado de la República y que tanto agreden y lastiman a la sociedad mexicana.
Es por ello que en el Partido Verde podemos anticipar que Arely Gómez entregará resultados positivos al frente de esta Secretaría, porque en su paso, tan sólo ahora por la Procuraduría General de la República, entregó resultados favorables al trabajar para garantizar que dicha institución se convirtiera en una puerta de acceso a una justicia pronta y expedita, y con ello logró recuperar la confianza de los ciudadanos en esta institución, en la Procuraduría General de la República.
Para la adecuada implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, así como la participación activa de los ciudadanos en este sistema, estamos seguros que la maestra Arely Gómez promoverá el diálogo y la política de datos abiertos.
En el grupo parlamentario del Partido Verde estaremos atentos a que transcurran estos 100 días de ese compromiso que se ha asumido en la comisión, para analizar los logros y los avances de estos primeros 100 días de la gestión de Arely Gómez al frente de esta Secretaría.
Las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde, en este Senado de la República, adelantamos nuestro voto a favor de la ratificación de la maestra Arely Gómez para su ratificación como Secretaría de la Función Pública.
Por su atención muchas gracias.
Es cuanto, Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Puente.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el tema se encuentra suficientemente discutido.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si considera que el asunto se encuentra suficientemente discutido.
Quienes estén a favor, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén en contra, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Se encuentra suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.
Háganse los avisos del artículo 58 del Reglamento del Senado, y ábrase el tablero para recoger la votación nominal, hasta por cinco minutos.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
Señores Senadores, esta Presidencia saluda la presencia del Alcalde de la Ciudad de Phoenix, Arizona, Greg Stanton, así como de la Cónsul General de México en esa ciudad, Claudia Franco, y de la comitiva que los acompaña, invitados a esta sesión por los Senadores Gabriela Cuevas Barron, y del Senador Jorge Aréchiga Ávila.
Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República, señor alcalde.
(Aplausos)
Bienvenidos.
También esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a estudiantes de la Licenciatura en Actuaría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, invitados por el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz.
Así también a un grupo de estudiantes del Quinto Semestre de la Escuela de Bachilleres “Francisco De Vitoria”, de Xalapa, Veracruz, invitados por el Senador José Francisco Yunes Zorrilla, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo en el Senado de la República.
Sean ustedes también bienvenidos.
(Aplausos)
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, se emitieron 95 votos a favor, tres votos en contra.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.
Aprobado el punto de acuerdo.
En consecuencia, el Senado de la República ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor de la ciudadana Arely Gómez González, como Secretaria de la Función Pública.
Comuníquese.
En el salón contiguo a este recinto se encuentra la ciudadana Arely Gómez González, por lo que se solicita a las Senadoras y a los Senadores Héctor Yunes Landa, Marcela Torres, Luis Humberto Fernández, María Elena Barrera Tapia, David Monreal, Anabel Acosta, Martha Palafox, María del Rocío Pineda Gochi, Hilaria Domínguez, Daniel Amador, Ricardo Urzúa, Jesús Priego, Gerardo Sánchez y Joel Ayala, ir por la licenciada Arely, por favor.
(La comisión cumple)
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Ciudadana Arely Gómez González:
“¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, de Secretaría de la Función Pública, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?
La C. Arely Gómez González: “¡Sí, protesto!”
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: “Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande”
(Aplausos)
Muchas gracias, y pedimos a la comisión, si son tan amables de acompañar a la señora Secretaría Arely Gómez González.
(La comisión cumple)
Tenemos ahora la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas contra la Trata de Personas; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos.
Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.
Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se omite la lectura del dictamen, Presidente.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.
Se concede el uso de la palabra a la Senadora Adriana Dávila Fernández, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión contra la Trata de Personas, en términos de lo dispuesto al artículo 196 del Reglamento.
Pero le pido a la Senadora que nos dé, tres, cuatro minutitos para acabar de despedir a la señora Secretaria, en lo que acomodan también. Nos ha pedido la Senadora autorización para poner aquí unos caballetes y para poder tener algunas ayudas para la presentación del dictamen.
Entonces denos dos minutitos, por favor.
Señora Secretaria, el deber la llama.
Ahora sí, Senadora Adriana Dávila, si es tan amable.
La Senadora Adriana Dávila Fernández: Muchas gracias, señor Presidente.
A nombre de la Comisión contra la Trata de Personas me permito presentar a ustedes el dictamen que reforma la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, devuelto al Senado de la República, en términos del artículo 72 constitucional, inciso e), analizado y aprobado ya en Comisiones Unidas de Derechos Humanos; de Justicia; de Estudios Legislativos; y Contra la Trata de Personas, el martes 18 de octubre del año en curso.
Pido de todos ustedes su atención.
Quizá en materia de derechos humanos no ha habido un tema como éste que cause, por supuesto, tanta polémica y que genere tantas dudas sobre su estudio. Este es un tema del que mucho se ha hablado, este es un tema del que mucho se ha dicho, tan es así que en este Senado de la República llevamos discutiendo prácticamente cuatro años sobre qué es lo mejor y lo más conveniente para poder tener una ley, que los operadores en la materia, llámese Ministerios Públicos, Procuraduría General de la República y también procuradurías estatales, así como en política pública, puedan ayudar a erradicar este delito.
Sin duda, estamos ante un ordenamiento que forzosamente, y derivado del artículo 73 constitucional, nos mandata establecer como mínimo tipos penales y sus sanciones, en este artículo se habla justamente de la trata de personas.
Permítanme para poder aclarar también varias dudas luego de que han señalado alguna organización lo referente a las modificaciones en las que hoy el Senado está insistiendo para que la Cámara de Diputados vote en términos de lo que ya planteamos
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Senadora, perdón, discúlpeme. Deme un minutito.
Senador Brito, estamos, no ha empezado la discusión, nada más para aclarar, está en la presentación del dictamen.
Denle volumen, por favor, al escaño del Senador Salvador López Brito.
El Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Es una moción.
Es que el tema es muy importante y sería mejor dar unos minutos más a que hubiera orden aquí en el Pleno.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: El tema, sin duda alguna, el tema es muy importante, les pido a los Senadores, por favor, que hagamos caso a la oradora.
Como usted deseé, Senadora Dávila. Si quiere seguir, si quiere dar un minuto, como usted deseé.
La Senadora Adriana Dávila Fernández: Si están despidiendo a la Senadora, bueno, a la Senadora con licencia, Arely Gómez, que además fue parte de este dictamen cuando se presentó por primera vez, yo no tengo inconveniente porque para mí sí es importante, como Senadora, que conozcan el contexto general y que puedan tener elementos para defender un dictamen de esta naturaleza todos los compañeros Senadores, así es que agradecería muchísimo su atención.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Vamos a dar unos minutos nuevamente. Les pido a los asesores, también que están en el Pleno, que abandonen el Pleno.
Les pedimos a los Senadores también, por favor, ocupar sus escaños, el tema no es menor, es un dictamen importante, como lo ha dicho la Senadora Dávila, y requiere de su atención.
Los asesores de la parte de atrás. Por favor, señores asesores, abandonar el Pleno.
Gracias.
Adelante, Senadora Adriana Dávila.
La Senadora Adriana Dávila Fernández: Muchas gracias, señor Presidente.
Reitero la importancia del tema y la presentación de este dictamen.
Señalaba, antes de hacer una pausa, que no ha habido tema en materia de derechos humanos quizá que se discuta más de manera técnica como ha sido la trata de personas, justamente porque es un delito que tiene muchas aristas y alrededor de él hay muchos delitos que se cometen y que evidentemente confunden a los ciudadanos respecto de lo que este concepto indica.
Tan polémico ha sido que este Senado ha tenido durante estos cuatro años, muchos señalamientos del por qué las modificaciones de un ordenamiento que fue aprobado como Ley General en el 2012.
Quiero empezar por señalar que cuando se instala la Comisión contra la Trata de Personas, quienes integramos en ese tiempo esta comisión, hicimos un primer compromiso.
El primero era tocar de manera partidista un tema con tanta fuerza y que necesita, por supuesto, tener un ordenamiento jurídico que sirva a los operadores de la ley.
En segundo lugar, nos comprometimos a asesorarnos y a tener un equipo de técnicos que nos ayudarán, que conocieran en términos penales y victimológicos, las implicaciones de una modificación de esta naturaleza.
En tercer lugar, nos comprometimos las Senadoras y Senadores que participamos en este proyecto a poder discutir durante algún tiempo cualquier cambio que se hiciera concretamente a lo que nos mandata el 73 constitucional que son la elaboración de los tipos penales y sus sanciones en materia de trata de personas. Y así lo hicimos.
Durante este tiempo hemos trabajado de la mano de manera apartidista, política y sin tintes electorales.
Yo reconozco a mis amigas, las Senadoras Angélica de la Peña, la Senadora Lucero Saldaña, pero también reconozco a quienes hicieron también propuestas distintas, Mely Romero que hoy está ocupando otro cargo, y a Senadores que, por primera vez, metieron iniciativas al respecto, porque para nosotros era fundamental plantear este tema. Al Senador Benjamín Robles Montoya que ha estado pendiente de este asunto.
También quiero decir que, cuando una vez que nos regresa la Cámara de Diputados está iniciativa, después de haber sido revisada con alrededor de 47 modificaciones, lo primero que hicimos fue reencontrarnos en un trabajo de carácter técnico.
Porque justamente lo que significa en esta materia es establecer los elementos técnicos que permitan que los tratantes estén en la cárcel, pero también los explotadores que son cosas que, si bien es cierto, están ligadas en los términos de la definición de trata de personas, no son lo mismo.
Un asunto es legislar en materia de explotación, y otro tema es legislar en materia de trata de personas.
Tenemos de acuerdo a diversos estudios, problemas en muchos estados de la República, entre ellos, mi querido Tlaxcala.
Pero también lo hay ahora en las fronteras, en Chiapas, lo está en Baja California. Tenemos problemas en el Distrito Federal.
Así es que todos los informes de diversos organismos internacionales, nos han señalado con puntualidad que tenemos que hacer modificaciones a esta ley, y que estas modificaciones tienen que ir de acuerdo a ciertos parámetros.
Tiene en sus escaños ustedes, en principio, ¿Cuál es el ordenamiento internacional sobre el que nosotros nos estamos basando?
Y eso es fundamental, y permítanme referir concretamente a la redacción del artículo 10, porque es el artículo que se ha manoseado de manera indiscriminada y al que se le ha querido plantear algunos objetos que no son objetos de discusión, más que la parte técnica para que los operadores tengan elementos suficientes para plantearlo.
Tenemos nosotros la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmada por el Estado mexicano en el 2003.
Lo planteó, porque básicamente este tema es justamente lo que nos permite plantear.
Esta Convención establece un Protocolo de Palermo, el Protocolo de Palermo en su artículo 3, establece de las definiciones lo siguiente: Para fines del presente Protocolo, por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción: al rapto, al fraude, a la concepción o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.
Esta es la definición.
Hay quienes han señalado que una definición no es un tipo penal, y nosotros estamos de acuerdo.
Sin embargo, en el artículo 5, el mismo Protocolo establece los elementos de la penalización, cada Estado parte dice y nosotros lo firmamos en 2003: adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito algunas de estas conductas, con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la tentativa de comisión de un delito tipificado con arraigo al párrafo uno del presente artículo.
Pero también dice de las conductas enunciadas en el artículo 3 del presente Protocolo que yo les leí, por supuesto que para nosotras es fundamental que se entienda.
Después de este Protocolo también tienen en sus escaños lo que es el manual de parlamentarios.
En el manual de parlamentarios se establecen tres condiciones básicas.
Quiero señalarles en su artículo 2.2 que dice: “La tipificación del delito de trata de personas tomará al menos estas tres características, el acto, el medio y la finalidad ilícita, son tres conductas que deben estar establecidas en la definición del tipo penal”.
¿Por qué me refiero al artículo 10?
Justamente porque es donde se está definiendo la trata de personas. Cuando iniciamos nosotros la discusión, había ya algunos otros artículos que tocaban algunos temas en materia de explicación, perdón, de explotación, de tal manera que lo que nosotros hicimos fue sólo allanarnos a lo que nos mandatan los instrumentos internacionales, en este caso el Protocolo de Palermo que efectivamente no es el único instrumento, pero que está.
Quiero señalar que hay algunas instituciones, concretamente la ONU que nos ha dicho, que nos hace falta en la materia incluir los medios comisivos, que fue justamente lo que hizo este Senado, y que les acabo de explicar en lo que fue el Manual de Parlamentarios, y dice su informe de 2014 de la ONU: “A partir de la entrada en vigor de la Ley General, en México se persiguen los delitos en materia de trata de personas”
Y señala y subraya, no el delito de trata de personas, con lo cual básicamente todos los delitos relacionados con alguna forma de explotación en este protocolo, más otras conductas diferentes considerarán ser castigadas bajo este esquema y eso ha ocasionado que haya gente inocente en la cárcel, pero que también los tratantes estén libres, porque sólo se ha ido a perseguir a los explotadores, y eso es fundamental.
Hay otro argumento que ha señalado alguna persona de la sociedad civil, que dice, que el número de sentencias que hoy tenemos es mayor a la que antes teníamos.
Sólo quiero explicarles esto, el mismo informe de la Organización de Naciones Unidas dice: “Es importante destacar que aunque seguramente esta ley se traducirá en un aumento considerable de sentencias condenatorias”, no necesariamente se estará procesando a tratantes de conformidad con el Protocolo de Palermo, sino a explotadores.
Aclaro, nosotros por supuesto que estamos de acuerdo en que se castigue a los explotadores, pero nos es fundamental que el inicio de la cadena, es decir, el que capta, el que engancha a través del uso de la fuerza o de alguna otra, o de algún otro medio comisivo también esté en la cárcel.
Otro último informe que quiero plantear, que es el diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y dice: “La Ley General omite los medios comisivos del tipo penal de trata de personas, y sólo los incluye como agravantes”, que es un error cometido en la ley de 2012.
Estos informes son de instituciones especialistas en la materia.
Me refiero a un último ordenamiento del Departamento de estados, perdón, me refiero a un último informe del Departamento de Estado de 2016 de Estados Unidos y dice: “La definición de la trata de personas, estamos de acuerdo, dice el Departamento de Estados Unidos, estamos de acuerdo con el dictamen del Senado, que la definición de la trata de personas debe estar totalmente en armonía con la definición contenida en el Protocolo de Palermo”.
O sea, la trata de personas se define como la captación, el transporte, la acogida o recepción de personas recurriendo a estos medios comisivos que hemos incluido y que han sido motivo de discusión, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión, o recepción de pagos a beneficio para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación.
En contraste dice: “La ley de 2012 prevé que el uso de la fuerza, fraude y coacción sólo son factores agravantes, no elementos esenciales que hace a la ley más amplia e inconsistente con el Protocolo de Palermo”.
¿Por qué menciono todo esto?
Porque tantas instituciones no pueden estar equivocadas, porque tantos especialistas no pueden estar equivocados, porque tanta gente que ha participado no puede estar equivocada.
Nosotros hemos hecho un trabajo profesional, y nos hemos planteado primero como una cortesía y también como un trabajo en conjunto con la Cámara revisora, aceptar en sus términos 66 artículos en los que ambos estamos de acuerdo, de las modificaciones que este Senado de la República hizo, 66 artículos no se tocaron, de tal manera que coincidimos Cámara de Diputados y Cámara de Senadores.
Nos regresan modificaciones en 47; de esos 47, este Senado de la República, luego de una discusión consideró por supuesto que en 22 de esos artículos estábamos de acuerdo con la Cámara revisora, pues había mejorado de una u otra manera la redacción de estos artículos que nos regresa.
Pero el Senado insiste en la propuesta de origen, en 22 artículos que son: 2, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 28, 28 Bis, 30, 31, 36, 42, 66 y 97 debido a que es necesario definir con mayor claridad el tipo penal en materia de trata de personas, de acuerdo con el Protocolo de Palermo y el Manual de Parlamentarios de la UNODC, publicado en 2009.
También es importante definir el bien jurídico tutelado. Hoy contamos con seis bienes jurídicos que tiene el ministerio público que integrar en sus averiguaciones previas, y lo que impide justamente que estas sentencias puedan ser condenatorias.
La parte técnica, amigas y amigos legisladores, creo que he intentado en toda la medida de mis posibilidades, explicarla. Me he acercado con cada uno de ustedes, y mis compañeras Senadoras Angélica de la Pena y Lucero han hecho lo propio también con otros legisladores, para que este ordenamiento no tenga duda de por qué se está modificando.
Ahora permítanme nada más, y con esto concluyo, señalar la importancia de este tema.
La trata de personas, como ustedes han visto, es un delito transnacional, que tiene en ocasiones una característica de delito del fuero común, pero también del fuero federal en delincuencia organizada.
Yo quiero decirles que lamentablemente en asuntos de desaparición forzada, o en asuntos de desaparición, muchas de esas personas que hoy se han encontrado en esas fosas, lamentablemente pudieron haber sido víctimas de trata de personas, con diversos fines de explotación.
Quiero hacer un llamado a este Senado, a votar no sólo a favor de un ordenamiento que es jurídico, sino de iniciar un nuevo proceso que nos permita colaborar entre autoridades y ciudadanos para mejorar los ordenamientos de los que nosotros somos responsables.
Y hago un llamado muy respetuoso a la Cámara de Diputados, que le quitemos toda carga política, que le quitemos toda carga electoral, que le quitemos todo prejuicio y perjuicio a una ley que hoy es inoperante.
Estas modificaciones que nosotros estamos proponiendo, y estos 22 artículos que concretamente se refieren a los tipos penales, sin duda serán un instrumento mejor para poder tener a los tratantes en la cárcel. Yo sé que no es el único elemento con el que tenemos que contar para poder combatir ese delito, pero sí es obligación del legislativo hacer instrumentos que ayuden a combatirlo.
No quiero alargarme más, agradezco que me hayan permitido pasarme del tiempo, pero quiero reiterarles a ustedes que este documento, que este dictamen que hoy se presenta ha contado con el apoyo de todas las fuerzas políticas en este Senado.
Agradezco a quienes han acompañado esta lucha, especialmente a Angélica de la Peña y a Lucero Saldaña, como siempre por el respaldo institucional que merece que las instituciones de este país cada vez estén más fortalecidas.
Este es un instrumento que sirve para combatir la trata de personas de a de veras, sin simulaciones y sin ningún otro tipo de interés, más que el interés de que no haya víctimas y que los tratantes estén en la cárcel.
Muchas gracias por su atención.
(Aplausos)
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Adriana Dávila Fernández.
Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar también el dictamen.
Senadoras y Senadores:
Déjenme decirles que tengo registrados más de 20 oradores a favor, todos estamos a favor de este dictamen, es el único apunte.
Y luego tenemos dos dictámenes más, entre ellos el de víctimas.
Es importante, los que están haciendo la explicación del dictamen, y a los otros Senadores les pido su comprensión para que no sean tan largas sus exposiciones, en virtud de que todos estamos de acuerdo y tenemos más temas.
Adelante Senadora De la Peña.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias Presidente. Con su venia.
Nos encontramos ante la culminación de un largo proceso legislativo, un proceso que comenzó prácticamente con la instalación de la Comisión Ordinaria Contra la Trata de Personas que preside la Senadora Adriana Dávila, que ustedes recordarán lo hicimos en el 2012. Y hoy acudimos al sumario de la reforma a una ley que implicó muy altos costos, incluso familiares, para quienes nos comprometimos con las víctimas de uno de los delitos más deleznables que se cometen en contra de las personas.
La trata y la explotación son crímenes que cosifican a las personas. Quienes cometen estos delitos convierten a sus víctimas en objetos de los que obtienen beneficios, despojándoles de lo más elemental que tiene una persona, que es su dignidad humana.
Ante esta atrocidad, es imprescindible que el Estado tome las medidas necesarias para sancionar estas conductas y resarcir, en la medida de lo posible, la integridad, seguridad, libertad y dignidad de quienes se han visto afectadas por estos terribles crímenes.
Al comienzo de la legislatura, como respuesta, me refiero a la legislatura pasada, como respuesta a múltiples voces que solicitaron una revisión puntual a la legislación vigente con el argumento de que no estaba respondiendo adecuadamente para sancionar el fenómeno de la trata de personas.
Iniciamos un amplio proceso de consultas con víctimas, con operadores, con penalistas, con organizaciones de la sociedad civil, con defensores, defensoras de derechos humanos.
Este trabajo derivó en la presentación de una Iniciativa que reformaba, adicionaba y derogaba diversas disposiciones de lo que se llamaba la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Eso fue en octubre del 2013.
Y digo lo que se llama o llamaba, porque parte de las reformas que estamos impulsando y que ya no está señalado por la Cámara de Diputados, es que se llame Ley General Contra la Trata de Personas. Ese será su nueva denominación de esta ley.
Recuerdo que celebramos arduas e intensas reuniones, semanas, día tras día, con funcionarios y funcionarias de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República, del Inacipe, de Fevimtra, equipos técnicos de Senadoras y Senadores, de manera plural, todas y todos en conjunto y con amplias mesas de trabajo analizamos y redactamos artículo por artículo en el dictamen. Este fue presentado en febrero de 2014. Fue aprobado por este Pleno, y fue enviado a la Cámara de Diputados en su carácter de revisora.
En diciembre del 2914, el Senado recibió la minuta revisada por la Cámara de Diputados, en donde las Diputadas y Diputados plasmaron observaciones a diversos artículos del dictamen aprobado en febrero.
El documento que hoy estamos presentando ante ustedes, atiende una gran cantidad de las observaciones realizadas por la Colegisladora.
Ya sé que hacer una síntesis de toda esta ruta pareciera fácil, pero no fue así. Reuniones, negociaciones, respuestas a situaciones muy complicadas; volver otra vez a explicar, volver otra vez a insistir, volver otra vez a argumentar e insistir que la Ley Contra Trata de Personas, fundamentalmente es una ley de naturaleza penal, y ese fue el acuerdo que tuvimos con la Cámara de Diputados.
Aceptamos la revisión en lo que tiene que ver con el segundo libro, en atención y prevención, pero también llegamos al acuerdo de que no podía con expertos, con los funcionarios de PGR, con muchos doctos que tienen que aplicar la ley, que no podíamos aceptar la modificación de los artículos que aquí aprobamos en este Pleno en materia de naturaleza penal inscrita, o sea, en el primer libro.
Sin embargo, también insistimos en que no generaban en la crítica los medios comisivos de manera particular, y ya en la última etapa respecto a que su incorporación en el artículo 10, entre otros, no genera una carga probatoria adicional a la víctima como se ha estado diciendo y como todavía podemos leer en algunos desplegados. La verdad es que no es así.
Con este diseño, el tipo penal de trata, queda configurado de conformidad con el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres, Niñas y Niños, que complementa, junto con otros dos, la Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, con el que estamos obligados como nación para adecuar nuestra legislación estableciendo el tipo penal con los elementos básicos de la trata de personas, como bien explicó la Senadora Adriana Dávila, y son: conducta, medios comisivos y fines de explotación, como ella lo apuntó aquí.
La descripción típica de la conducta resuelve en su totalidad las observaciones hechas por la oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito en su más reciente diagnóstico sobre la situación de trata de personas en nuestro país.
También tengo que decir, que este, este órgano de Naciones Unidas todo el tiempo estuvo cerca de nosotras en el proceso de dictamen.
En relación a la preocupación sobre la traslación del tipo, el Transitorio Segundo de este proyecto, ha sido construido junto con la Procuraduría General de la República, y además también consultado con el Poder Judicial para evitar excarcelaciones indeseables.
Aun así, vamos a presentar ante este Pleno una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, que todavía va a incidir de fondo para que no existan estas preocupaciones, sobre todo en el traslado de una reforma a otra reforma, o de un sistema a otro sistema.
La fórmula empleada garantiza que quienes se encuentren sentenciados o en proceso cumplan su sanción conforme a las reglas del debido proceso legal, tomando en cuenta incluso las particularidades del sistema mixto y las del sistema acusatorio de reciente vigencia en nuestro país.
Senadoras, Senadores:
Con absoluta responsabilidad solicitamos su voto al dictamen que hoy estamos presentando y que resuelve la aceptación de la revisión de la Cámara de Diputados y, por supuesto, también con ellos, con la Cámara de Diputados, la resolución de cuáles artículos que revisaron deben seguir quedando como los aprobamos aquí, y que dio origen a la minuta que les enviamos a la Cámara de Diputados.
Cumplimos, no tengan dudas, ninguna y ninguno, con nuestro encargo de manera pública, transparente, comprometida, profesional, y con el único interés de diseñar un marco legislativo que responda a la necesidad de sancionar de manera debida, pero también erradicar los terribles delitos y de brindar justicia y reparación a las víctimas.
Con esta conclusión, desde el Senado de la República, también estamos atendiendo las recomendaciones que desde el Consejo de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que lleva la conducción del mecanismo de ejecución, el mecanismo de examen periódico universal le han hecho a nuestro país, tenemos que atender esas recomendaciones hechas desde el examen periódico universal.
México tendrá que dar su informe el próximo año del cumplimiento de esas recomendaciones, y hoy estamos atendiendo esas recomendaciones en el sentido estricto de que México reformara la ley en esta materia para garantizar, insisto, la justicia plena a las víctimas de trata de personas, y no confundir el delito de trata, por cierto, con el de explotación.
Muchas gracias a ustedes por su atención.
(Aplausos)
El Presidente Senador Pablo Escobedo Morales: Gracias, Senadora Angélica de la Peña.
La Senadora Graciela Ortiz, Presidenta de Estudios Legislativos, nos hizo llegar su intervención para que se registre en el Diario de los Debates.
Y tiene el uso de la palabra el Presidente de la Comisión de Justicia, el Senador Yunes.
El Senador Fernando Yunes Márquez: Con su venia, Presidente.
La trata de personas es un problema mundial que priva de la dignidad a millones de personas, los tratantes engañan a mujeres, hombres y niños de todos los rincones del planeta para someterlos a situaciones de explotación sexual, trabajo, así como para fines de esclavitud.
Cientos de miles de víctimas también son objeto de trata con fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos.
Por lo general, este delito se da a través de engaños o coacción donde las redes delictivas hacen caer a las víctimas en una situación de abuso en la que es difícil escapar.
Además, las víctimas en su gran mayoría son golpeadas, violadas, inclusive, amenazadas con lastimar a su familia si intentan escapar.
La trata de personas afecta prácticamente a todos los países del mundo, ya sea como punto de origen, tránsito o destino, pues las víctimas pueden ser objeto de trata dentro de su propio país, en países vecinos, o incluso en otro continente, México no es la excepción de este delito.
Por ello, es necesario que frente a estas situaciones denigrantes el Estado emprenda respuestas urgentes y contundentes.
El combate a la trata de personas debe tener una perspectiva trasnacional que requiere soluciones que promuevan la cooperación y el apoyo internacional.
En este contexto la ley vigente de la materia, publicada el 14 de junio de 2012, ha sido criticada y cuestionada por expertos y operadores de la norma, sí como por organizaciones nacionales e internacionales especializadas en los derechos humanos, principalmente se cuestiona la imposibilidad de instrumentar y hacer valer en la práctica sus contenidos normativos, por lo que resulta sumamente complicado efectivizar sus mecanismos de tutela y protección.
Por lo anterior, como legisladores tenemos la obligación de que mediante normas eficaces establezcamos un orden jurídico, útil y eficiente para hacer frente a esta actividad ilícita que denigra directamente los derechos de las personas.
Antes de entrar al contenido del presente dictamen quiero felicitar a mi compañera Adriana Dávila por una incansable lucha durante muchos años en este tema, al igual que la Senadora Lucero Saldaña y a la Senadora Angélica de la Peña, entre otras tantas que han participado de esta actividad.
(Aplausos)
De igual modo felicito a todos mis compañeros involucrados en tan noble labor en esta Cámara de Senadores.
Este documento es producto de muchos años de trabajo en donde, además, incluyen las preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos en la materia.
El dictamen que hoy se pone a su consideración, ha sido objeto de un complejo proceso legislativo, no sólo porque se han marcado en los supuestos que nos establece el artículo 72, inciso e) constitucional, sino porque su contenido normativo ha sido objeto de polarización y de disputas ideológicas .
No pasemos por desapercibido que esta Ley General obedece a un fin legítimo que como Estado tenemos que proteger, el libre desarrollo de la personalidad es un bien jurídico que debe ser siempre custodiado y enaltecido por el Estado mexicano.
El dictamen obedece al análisis de la minuta que proviene de la Cámara de Diputados, en la que actuando como Cámara revisora hizo varias modificaciones a la iniciativa que en momento aprobó este Senado.
En síntesis, se insiste en el libre desarrollo de la personalidad que deriva de la dignidad humana como bien jurídico tutelar.
En cuanto a los tipos penales, se corrigen aspectos como el dolo tipificado, se propone sancionar únicamente por acción, se introducen medios comisivos para mayor certidumbre jurídica y se armoniza el articulado conforme al Protocolo de Palermo.
Otro de los aspectos más relevantes de este dictamen, es que se busque eliminar la confusión entre trata de personas y explotación de personas, con la finalidad de que sean dos delitos claramente distintos, y de esta manera, se logre terminar, perdón, con la lucha conceptual de hace muchos años.
Además de esto, se eliminan agravantes incompatibles con algunos tipos penales.
Asimismo, se debe señalar un aspecto fundamental de este dictamen, se recoge un amplio catálogo de recomendaciones y pautas elaboradas por la comunidad internacional, así como por organizaciones especializadas en derechos humanos.
Por otra parte, es también importante mencionar que tanto la Cámara de Diputados como este Senado, nos hemos manifestado a favor de fortalecer los tipos penales contenidos en esta ley, así como elaborar suficientes mecanismos en materia de prevención, protección y atención a las víctimas de estos delitos, para dar mayor certeza jurídica a quienes operan la norma y a quienes la misma protege.
Compañeras y compañeros Senadores:
El presente dictamen es una prueba más del progreso normativo de México, con su aprobación construiremos un proceso que marcará paradigmas positivos en la historia de nuestro país y en la lucha contra la trata de personas.
En temas como estos, no podemos guiarnos por tendencias o ideologías políticas.
Como Senadores, es nuestro deber emitir normas jurídicas progresistas, protectoras y garantistas de los derechos humanos. Es ello una obligación que la Constitución nos mandata.
Muchas gracias, Presidente.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, Presidente Yunes.
Informo a la Asamblea, que hemos recibido por parte de las comisiones que han presentado el dictamen dos modificaciones. La primera al artículo 8, 48 y 66 del Libro Segundo, y la segunda a un Transitorio Segundo, tenemos que votarlo de manera individual.
Por lo anterior, le pido a la Secretaría dé lectura a estas modificaciones, del 8, 48 y 66 del Libro Segundo.
La Secretaria Senadora Itzel Ríos de la Mora: Doy lectura.
(Se inserta documento)
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autorizan que se integren al texto del dictamen.
Si la Asamblea los acepta, evidentemente la discusión en lo general será con las modificaciones.
La Secretaria Senadora Itzel Ríos de la Mora: Le pido a la Asamblea, en votación económica, que se manifieste si autoriza las modificaciones se integren a este dictamen.
Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por que no se integre, manifestarlo levantando su mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se autoriza, señor Presidente.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias.
En consecuencia, la discusión del presente dictamen se hará con las modificaciones que ustedes han autorizado al artículo 8, 48 y 66 del Libro Segundo.
La segunda propuesta de las comisiones se refiere únicamente al Segundo Transitorio, por lo anterior, le pido a la Secretaría que dé lectura de ello.
La Secretaria Senadora Itzel Ríos de la Mora: Doy lectura
(Se inserta documento)
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.
El Segundo Transitorio es uno de los artículos que han logrado la aprobación en ambas Cámaras del Congreso, ello lo coloca en la situación de la primera parte de la fracción e) del artículo 72 constitucional.
En el dictamen que habremos de discutir, las comisiones aplicaron una modificación al artículo segundo, el cual no está en posibilidad de permitir ninguna alteración.
Con la propuesta que presentan las comisiones de este artículo están recuperando la versión que tiene aprobación de ambas Cámaras en observancia a la disposición referida.
Ya se le ha dado lectura a esta modificación y, por lo anterior, le solicito a la Secretaría consulte, en votación económica, a la Asamblea si es de aceptarse la modificación.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la modificación.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se acepta, señor Presidente.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, señora Secretaria.
En consecuencia, el artículo segundo transitorio del dictamen recupera el texto de los términos de la minuta devuelta por la Cámara de Diputados con la aprobación que de ahí se le dio, por lo que no será motivo de discusión y votación en este debate por haber obtenido ya la aprobación en ambas Cámaras del Congreso.
Por lo anterior, procedemos a la discusión en lo general, y por tratarse de un dictamen referido a un proyecto devuelto con modificaciones la discusión en esta Cámara sólo puede darse sobre aquellos artículos modificados.
Los artículos que ya lograron la aprobación en ambas Cámaras no pueden entrar en la discusión y se mantienen en sus términos.
Los artículos sujetos a discusión son: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 28, 28 Bis, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 42, 44, 48, 63, 66, 69, 74, 77, 78, 84, 86, 97, 102, 103, 109, 110, 118, 121 y 124, y los transitorios séptimo y décimo primero.
Dicho lo anterior pasamos a la discusión en lo general, y les informo que nos ha pedido que se registre su intervención en el Diario de los Debates, la Senadora Iris Vianey Mendoza, la Senadora María Elena Barrera Tapia, el Senador Fidel Demédicis Hidalgo y el Senador Puente.
Tiene el uso de la palabra la Senadora Lucero Saldaña.
Muchas gracias a estos senadores.
La Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, señor Presidente.
Este Senado se ha dado cuenta de un trabajo en equipo plural, serio, más allá de partidos. En el tema contra la trata de personas no podríamos estar pensando en un color, esto fue lo que distinguió a la Comisión Ordinaria de este Senado para dictaminar junto con las Comisiones de Justicia; de Estudios Legislativos; y de Derechos Humanos.
Mi aprecio, reconocimiento, al alto trabajo realizado por su Presidenta Adriana Dávila, y particularmente a Angélica de la Peña, quienes en un trabajo de meses, durante diferentes años, hoy estamos llegando a un gran consenso con lo recibido de la Cámara de Diputados.
Creemos que si antes, hace muchos años, se hablaba de trata de blancas, hay un gran cambio, no solamente en hablar de personas, sino en que se esclarezca los tipos penales, los medios comisivos, los otros delitos que están relacionados, y que este delito transnacional tenga los estándares internacionales.
Que nuestro país responda ante todas las recomendaciones que tenemos en materia de derechos humanos y contra la trata de personas, y este dictamen responde a esas interrogantes y demandas, pero no solamente porque, hoy estaríamos dejando, como Senado de la República un trabajo arduo, con instituciones gubernamentales, con organizaciones civiles, con expertas y expertos en la materia, con personalidades de embajadas y también con las propias víctimas.
Hemos acudido a esos lugares, a donde están las víctimas, a donde hay refugios, hemos escuchado y ante la gran variedad que tiene toda la cadena de enganchamiento, de engaño, de seducción y todo lo que conlleva, plasmamos cada una de estas etapas, sí, hay penalidades, pero no se incrementan más que para las personas en condición de vulnerabilidad.
Cuando hay un familiar, cuando hay niños, cuando hay niñas, cuando las personas tienen una discapacidad, se pone delito el que sea vendido el vientre o el producto del embarazo.
Estamos incidiendo en delitos que actualmente se dan y que hace muchos años pareciera que era una tradición: los matrimonios forzosos.
La explotación forzada en el trabajo, la explotación sexual que es la más común, sí, es un gran negocio a nivel mundial. Y, por ello, hemos tenido muchos embates y obstáculos, pero hoy estaríamos diciendo que queremos que este instrumento sea precisamente para prevenir y para sancionar, para que no quede impune y vayan a la cárcel las y los delincuentes contra este tema que es la trata de personas.
Para México, las niñas y los niños que se encuentran sometidos a esclavitud, a ese turismo sexual, no solamente están en esos lugares de playa, están en Tlaxcala, están en Puebla, están en el Estado de México, están en esta ciudad y en cada rincón, porque quienes son más vulnerables son las personas en condiciones de miseria y pobreza.
Es importante que nos sumemos como país también a campañas nacionales preventivas, como la campaña de la CNDH que nos respalda, instituciones, organismos, en este tema.
Había dudas de que si con estas modificaciones se había a excarcelar a quienes ya están en un proceso sobre el tema.
Por técnica legislativa y procedimiento respetamos y no estamos modificando este Transitorio Segundo, pero tengan la certeza de que la intención y así las autoridades nos han dicho es que no salga ningún delincuente, y que tengamos un mejor instrumento para que le digamos: no a la trata de personas ni en México ni en el mundo.
Por su apoyo, muchas gracias, y quiero reconocer hoy a nuestros coordinadores de cada grupo parlamentario por el respaldo, el consenso, el acuerdo para que hoy estemos discutiendo y esperando su aprobación al Coordinador Emilio Gamboa, del Partido Revolucionario Institucional; al Coordinador Fernando Herrera, del Partido Acción Nacional; al Coordinador Miguel Barbosa, del Partido de la Revolución Democrática; al Coordinador Carlos Puente, del Partido Verde y al Coordinador don Manuel Bartlett, del Partido del Trabajo.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Lucero Saldaña.
Informo a la Asamblea que el Senador Gil y el Senador Benjamín Robles, me han pedido que sus intervenciones se registren en el Diario de los Debates, y tengo registrado también al Senador David Monreal Ávila.
¿Quiere que se registre o quiere hablar, Senador?
Lo que usted desee, Senador, por favor.
E informo a la Asamblea que después de que hable el Senador Monreal, preguntaré si el tema está lo suficientemente discutido.
Me ha pedido el uso de la palabra, después la Senadora Layda, desde su escaño, y después de ella preguntaré si está suficientemente discutido.
El Senador David Monreal Ávila: Gracias Presidente.
Quiero felicitar y reconocer a la comisión, particularmente a la Senadora Adriana que ha hecho un trabajo muy importante en el tema, y que hoy se cristaliza con esta ley.
La crisis que vive el Estado mexicano se refleja en múltiples ámbitos de la vida cotidiana de las personas, la corrupción y la impunidad que garantiza el sistema político y jurídico permite que delitos como la trata de personas se diversifique, las ganancias aumenten, y que no existan cifras oficiales exactas sobre el número de víctimas que arroja esta práctica ilícita en México.
La mala estrategia y la seguridad y la guerra emprendida desde la pasada administración en contra del narcotráfico degeneró en la diversificación de las actividades del crimen organizado, las redes de complicidad establecidas en los tres niveles de gobierno los han llevado a la extorsión, el secuestro, la trata de personas como actividades muy lucrativas que les garantizas jugosas ganancias.
El registro de averiguaciones previas de la Procuraduría General de la República señala que el aumento sostenido del delito de trata de personas ha sido del 2008 al 2014 de más de 600%.
Sin embargo, pasado de 25 casos a 178, en ese período respectivamente.
Sin embargo, expertos y organizaciones sociales señalan que las cifras reales podrían llegar a más de 300 mil víctimas en todo el país.
Las cifras y la realidad no pueden taparse con un dedo, es innegable que la persecución y castigo de este delito ha quedado fuera del alcance de las autoridades responsables, su capacidad ha sido rebasada, y junto con el reclamo social es lo que ha orillado al Congreso de la Unión a buscar desde la legislación alternativas a esta grave problemática.
Es una realidad la existencia de conductas ilícitas que afectan en gran medida a la sociedad en su conjunto como producto del contrato social establecido en la Constitución al Estado le es conferida la atribución de tipificar, perseguir y sancionar las conductas antisociales a través del ejercicio de los poderes respectivos.
Por ello, es de suma importancia mencionar que para el caso de la trata de personas el Congreso de la Unión está legitimado para hacer las modificaciones necesarias que exige la problemática social que hoy en día aqueja al país y a muchos ciudadanos que se ven implicados como víctimas directas o indirectas de las conductas contenidas en el dictamen a discusión.
En este sentido, es menester tomar en cuenta la amarga experiencia que se ha tenido por las deficiencias del tipo penal que describe actualmente a la trata de personas.
La propuesta en particular que se hace en esta reforma ha de tomar en cuenta todos los criterios técnicos necesarios y los principios que rigen la redacción de todo tipo penal con la finalidad de dotar plena certeza a su aplicación, los casos concretos sin que ello implique en ninguna forma errores que consecuentemente se traduzcan en impunidad o peor aún, que por la vaguedad de la descripción se impute el delito a personas inocentes.
La discusión en concreto que se suscitó y que se sostuvo con diversos argumentos interesantes ha sido la visión de diversos medios comisivos para la integración de la conducta antijurídica, la preocupación de algunos ha versado sobre la tenue posibilidad de acreditar a estos medios ya sea por su subjetividad o por lo complicado que puede resultar comprobarlos.
Por ello, la supresión de éstos no es garantía de tipicidad, pero sí es un hecho que la elaboración de la descripción típica, además de considerar la valoración del bien jurídico a proteger y la sanción a imponer como consecuencia de la actualización de la hipótesis debió contemplar los elementos específicos y los fines que distingue a una conducta de otra.
Sin embargo, el carácter accesorio de estos medios comisivos sólo podrá ser puesto a prueba a los casos en concreto, por ello, la previsión del legislador se debe ceñir al principio de literalidad en los conceptos que se utilizan y a evitar cualquier tipo de laguna que como consecuencia sigan generando injusticias o impunidad.
Es importante hacer hincapié en que ninguna figura atípica debe ser similar a la otra.
Las descripciones típicas deben ser establecidas de tal forma que cualquier persona pueda entenderlas en un solo sentido, pues si ésta se presta a ambigüedades, generaría no sólo complicaciones en la aplicación, sino desde su integración en la investigación y peor aún, en la desprotección de los ciudadanos al no crearse un escenario de plena certeza jurídica.
De este recinto han de surgir las leyes que más se acerquen a la realidad social, que sean capaces de solucionar la problemática que aqueja al país, pero con plena conciencia del dinamismo social que hace que las normas no sean perfectas, sino perfectibles.
Lo más deseable será que esta ley produzca los resultados que se exigen, que funja como el instrumento que su aplicación sea la más adecuada, y sobre todo que el combate a la trata de personas sea materializado a través de la persecución y sanción justa a los sujetos responsables.
También hay que señalar que este dictamen es un logro de las organizaciones sociales que desde hace mucho tiempo han exigido cambios normativos en la material y también reconocer su esfuerzo, ya que en ocasiones termina haciendo el trabajo que el Estado mexicano ha sido incapaz de realizar.
Mi felicitación a la comisión y particularmente a la Senadora Adriana, por el dictamen que hoy está presentando en este Pleno.
Es cuanto, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias Senador Monreal, se lo agradecemos mucho.
Si le dan volumen por favor en el escaño de la Senadora Layda Sansores.
La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Nada más para razonar nuestra abstención.
A pesar de considerar que es un enorme esfuerzo que se ha hecho en este trabajo durante cuatro años, en donde reconocemos el trabajo de la compañera Adriana y de toda la comisión, no son leyes fáciles, y quienes representamos hay diferencias, es controvertido en algunos aspectos, entonces se tomó la decisión que fuera en abstención.
Pero no por ello dejamos de valorar lo que este paso significa. Creo que son leyes que tienen que estarse modificando para mantener la dinámica que impone un delito que cada día se agrava más en nuestro país.
Mi reconocimiento a Adriana, porque sabemos que arriesgan su integridad, la paz de su familia y se ha mantenido con un enorme valor para sostener sus ideas.
Ése es el único motivo de mi participación.
Gracias.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Layda Sansores.
Ya no tengo registrados oradores. Abro el registro de reservas.
Tengo una reserva del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, únicamente.
¿Alguien más que desee hacer alguna reserva o alguna adición? Ninguna.
Háganse por favor los avisos del artículo 58 del Reglamento.
Vamos a dar hasta cinco minutos, para que se abra el tablero para recoger la votación nominal en lo general y de los artículos no reservados.
Ábrase el tablero.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Señor Presidente, conforme al registro electrónico, se encuentran 95 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto que reforma la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos.
Procederemos a dar lectura a la reserva del Senador Blásquez.
A continuación daremos lectura de la reserva que ha presentado el Senador Marco Antonio Blásquez.
Le solicito a la Secretaría dar lectura.
Perdón, Senador, no lo vi.
El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias.
Muy buenas tardes, compañeros de la Asamblea.
La trata de personas es el delito más inhumano, causa mayores daños para la víctima directa y sus familiares, inclusive más que el propio secuestro o el homicidio, ya que se trata de un delito continuo, pero peor en razón de que se tiene la certeza de que la víctima sufre de manera permanente en una condición de extrema violencia.
Sé también que las reformas y adiciones al ordenamiento sancionador de este delito, han sido objeto de numerosos estudios y debates, incluso desde la LXII Legislatura, y que ante la diversidad de opiniones no se pudo aprobar.
Por ello, con toda seriedad y responsabilidad, me quiero referir al precepto que es la columna vertebral de toda ley, me refiero al artículo 10, que contiene la descripción del tipo penal principal, creo, particularmente, que no es conveniente, como se propone en el dictamen, abandonar la redacción en vigor y transitar hacia un concepto jurídico penal en el que se incluyan los medios comisivos del delito.
Tengo la convicción de que la palabra, abro comillas, “mediante”, cierro comillas, como se propone en el dictamen abandonar la redacción en vigor y transitar hacia un concepto jurídico penal en el que se incluyan los medios comisivos del delito.
Tengo la convicción de que esta palabra que se incluye producirá el efecto de una cascada de juicios en amparo que culminarán con la libertad para quienes han sido ya declarados penalmente responsables, además de razonamientos de la dogmática penal, campo en el que siempre ha quedado claro que los medios comisivos dificultan la labor de la acusación y facilitan la defensa.
Quiero referirme a la práctica forense cotidiana.
Hasta hoy, que se sepa, en los cuatro años que lleva de vigencia la ley que se pretende reformar, ningún juez, magistrado o ministro, ni tampoco agente del Ministerio Público, Fiscal o Procurador, ha levantado la mano en señal de alerta solicitando con urgencia cambios en la descripción del delito.
México es uno de los países con el mayor número de sentencias condenatorias a los miembros de los grupos criminales dedicados a la trata de personas.
Ante este panorama si la preceptiva en vigor está funcionando y está produciendo los efectos previstos por la intención del legislador, cuál sería la razón para modificar o cambiar algo que está dando resultados.
Aclaro que me refiero a la materia del precepto que he reservado y no he abierto debate respecto de otras disposiciones contenidas en el dictamen.
Me interesa que si el delito tal, y como está descrito en la ley en vigor, ha permitido llevar a prisión y mantener tras las rejas a numerosos traficantes, es preocupante que hagamos cambios jurídicos que no sabemos en qué van a acabar.
Donde hay certeza y seguridad jurídica me parece que no es necesario ensañar figuras innovadoras de consecuencias inciertas.
Por ello, me permito proponer que se conserve la descripción del delito, específicamente de la conducta sancionada, tal y como se encuentra hoy en día, sin hacer referencia a comisivos.
En cuanto a la pena, comparto el propósito del dictamen para elevarlo a una penalidad de 10 a 25 años de prisión, con el consecuente incremento en proporción directa de los días de multa.
La aplicación de la justicia acusatoria ha puesto en libertad a secuestradores, sicarios, narcotraficantes, debido a la falta de conocimiento de agentes del Ministerio Público, jueces y funcionarios en general, relacionados con la seguridad pública y la procuración de justicia.
Demos certidumbre a las víctimas de esta trata de personas, les pido hagamos esta modificación que les propongo y evitaremos que suceda lo mismo.
Es la cuenta.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Blásquez.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se acepta a discusión.
El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta a discusión la propuesta en comento.
Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo.
(La Asamblea no asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo.
(La Asamblea asiente)
No se admite a discusión, señor Presidente.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias.
Al no haber más reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación, ábrase el sistema electrónico, por cuatro minutos, para recoger la votación nominal del artículo 10, en los términos del dictamen.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, encabezados por el maestro Ramón Soriano, invitados por el Senador Manuel Bartlett Díaz.
Agradecemos su visita al Senado de la República.
(Aplausos)
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 83 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Secretaria.
En consecuencia queda aprobado el artículo 10 del proyecto de decreto.
Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Se devuelve con modificaciones a la Cámara de los Diputados, para los efectos de lo dispuesto por la fracción e) del artículo 72 constitucional.
Compañeros Senadores:
Informo a ustedes que recibimos de la Mesa Directiva una nueva versión del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4º de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de julio del 2008.
Esta nueva versión es distinta, respecto de la que dimos primera lectura al inicio de la sesión.
En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el nuevo dictamen se incorpore a la agenda de este día para su trámite.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el anterior asunto se integre a la Orden del Día de esta sesión.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Esta nueva versión requiere iniciar su trámite completo, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita su primera lectura.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la primera lectura del dictamen.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se autoriza la omisión de la lectura, señor Presidente.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Ha quedado de primera lectura.
Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se autoriza, señor Presidente.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Ha quedado dispensada y se pregunta si alguno de los Presidentes de las comisiones desea presentar el dictamen.
No siendo así, se encuentra a discusión.
Tiene el uso de la palabra, Senador David Monreal. Desde donde usted quiera, Senador.
Volumen al escaño del Senador Larios, por favor.
El Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño) Presidente, para que me registran para hablar en contra.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Volumen, por favor, al escaño del Senador Torres Graciano.
El Senador Fernando Torres Graciano: (Desde su escaño) También en contra, por favor.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Senador José María Martínez.
El Senador José María Martínez Martínez: (Desde su escaño) En contra.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Váyanme haciendo el listado, por favor.
Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.
Teniendo el uso de la palabra el Senador David Monreal.
El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso, señor Presidente.
Lo que mal empieza mal acaba.
Hace una semana desconocía qué negociaciones políticas, acuerdos y pagos de favores se llevaron a cabo para el proceso de selección de los nuevos integrantes de la Sala Superior, un proceso viciado y desaseado para la imposición de los magistrados.
Hoy ratifico mi descontento, aunque no es nueva esta forma de negociación sí asombra el descaro con el que ahora lo hace, pareciera que en vez de mejorar la norma hacen todo lo posible para envenenarla bajo mecanismos poco transparentes e ilegales, se regresa a tiempos en los que las decisiones se tomaban única y exclusivamente desde la dictadura perfecta.
La semana pasada, aquí mismo, se hizo la simulación de votar para renovar a los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una votación que empezó mal y mal está acabando.
Increíble que los recién nombrados magistrados ni siquiera han tomado posesión de sus oficinas y ya están envueltos en un grave escándalo de credibilidad, qué nos podemos esperar de sus resoluciones y su actuación al frente la máxima instancia de justicia electoral en México.
Nuevamente, de manera ilegal y violentando todo procedimiento previsto en el Reglamento del Senado, se aprobó este dictamen en donde pretenden modificar el régimen transitorio de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del año 2008, en donde el Legislativo de entonces comprendió y dejó en claro que los magistrados electos serían para períodos escalonados, con la intención de que a lo largo del plazo el Tribunal Electoral siempre tuviera figuras con gran experiencia y quienes integraran pudieran aprender de la misma.
Sin embargo, parece ser que la negociación política para la repartición de las vacantes del Tribunal sólo fue posible a cambio de modificar también los plazos para los cuales serían electos, pero cometen un gravísimo error.
A pesar que los magistrados entrantes ya habían tomado protesta ante esta soberanía, por la vía rápida pretenden aprobar una reforma que busca, bajo los intereses de unos cuantos, prorrogar su nombramiento.
Especialistas de la materia constitucional, han señalado que la modificación que pretenden hacer es a todas luces inconstitucional por el simple hecho que pretenden modificar una norma inexistente, toda vez que la vigencia del artículo 4º Transitorio de la Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se agotó una vez que tomaron protesta los candidatos designados.
Estamos tratando una reforma inconstitucional, violatoria, también del artículo 99 constitucional.
Esto no es algo menor, siendo que aquí se establece una garantía de independencia judicial que busca que los integrantes de la máxima autoridad en materia electoral puedan desempeñar su cargo sin presiones de ningún tipo ni especie, especialmente las de tipo político.
Con esto, como lo han señalado los expertos, se estaría violando el artículo 13 constitucional, ya que sería una ley privativa, tal como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Este tipo de leyes se caracteriza porque pierden su vigencia, una vez que se aplica un caso previsto y determinado de antemano.
Situación que aplica al caso particular donde pretenden crear una norma transitoria especial que además no tiene vigencia.
Con estas modificaciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaría siendo rebasada, ya que las ternas que propuso y en la calidad que los envió a este Senado eran con base y en el entendido de que los cargos serían elegidos para periodos escalonados, razón por la que todo el procedimiento debería declararse ilegal o inconstitucional.
De no ser así, la Suprema Corte de Justicia quedaría como marioneta del Senado, ya que primero la hicieron participé del procedimiento bajo ciertas condiciones, y ahora, ya que han avalado a los magistrados les pretenden modificar los plazos.
A caso la Corte avala a esta modificación, genera una gran irritación social que la división de poderes sea solamente una estrategia retórica para la alta clase política, pero que en la práctica es mera pantomima.
Por eso pregunto, ¿Cuál es el sentido que tiene para este Senado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?
A caso estas modificaciones no representan un exceso en las facultades legislativas del Congreso de la Unión; además, asombra la manera en que han pretendido manejar el tema en distintos medios de comunicación.
En días pasados, Senadores de las principales fuerzas políticas, han señalado que ya se había acordado modificar el tiempo que durará el cargo de los nuevos magistrados.
Por qué, si ya sabían parte de la negociación que fue ampliar los plazos, no lo dijeron al momento de la elección.
Asimismo, genera muchas dudas la forma de actuar del gobierno federal y sus aliados, porque han ido acomodando a sus allegados en lugares estratégicos quienes tienen asegurado sus cargos públicos transexenales e inamovibles por el próximo gobierno federal.
¿A qué le temen?
¿No les basta con el 2018?
¿También quieren el 2014?
Estos cambios son un ataque en contra de todo el sistema político y democrático del país.
No existiría ningún argumento que legitime a la Sala Superior, su designación, y ahora la negociación de su estancia en el Tribunal Electoral.
Dan muestra que sólo representan a quienes los pusieron ahí, de que esa instancia de justicia será una mera simulación para dirimir las controversias jurídicas en la materia.
De ser aprobada esta reforma, nos quedaríamos con una Sala Superior hundida ante el yugo partidista.
Por último, hago hincapié, en que es imprescindible que el máximo Tribunal de Justicia Electoral este conformado por las personas más capaces, íntegros e independientes, que garanticen la división de poderes con el único objeto de que realmente funcione como una institución que fortalezca el sistema de pesos y contrapesos, contribuyendo a la consolidación de la democracia.
Los nuevos magistrados están frente a su primera gran prueba de fuego, y por decencia debieran de no recibir este privilegio que les quiere otorgar los partidos.
Lo poco que había avanzado la democracia mexicana no sirvió de nada, con este dictamen retrocede décadas en donde era la voluntad presidencial y la de las cúpulas partidarias quienes decidían quién gobernada a este país.
Hoy se inaugurará la dictadura perfecta post moderna, donde existe una pulcra simulación de pesos y contrapesos de participación ciudadana, de división de poderes, de pluralidad electoral y partidista, de órganos autónomos, pero en los hechos todo termina reducido a la decisión de una pequeña minoría que decide cómo, quién y con qué manera se gobierno a México.
Senadoras y Senadores: No hagan de una institución su pase de permanencia al poder.
Es cuanto, señor Presidente, gracias.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias Senador Monreal.
Le voy a dar el uso de la palabra al Senador Héctor Larios, que así me lo había pedido y luego voy a ir intercalando.
El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, Presidente.
Vengo a hablar en contra, a título personal de esta propuesta de reforma a un Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Bueno, de hecho no conozco el último dictamen que ahorita se dio la primera lectura, se oyó la segunda lectura, y está sometido a votación.
Seguramente ha recibido algunas correcciones para tratar de evitar algún ataque de inconstitucionalidad.
Mire, este Senado aprobó un esquema para el Tribunal Federal Electoral para que estuviera de acuerdo con la constitución una renovación escalonada.
Como se compone de siete integrantes, se estableció en el Transitorio que dos integrantes se renovaran a los tres años; tres integrantes a los tres años y los últimos tres a los tres años.
La duración de los magistrados es de nueve años, y renovando un tercio aproximadamente del tribunal cada tres años se garantizaba un perfecto escalonamiento, y el objetivo sobre todo de mantener consistencia en los criterios, si hay algún tribunal en el mundo que es inconsistente en sus criterios, que los cambia de manera continua es precisamente el tribunal electoral.
Lo acabamos de ver, con el tribunal que terminará el próximo, bueno, que termine el día último de este mes, precisamente es un tribunal que duró en su misma conformación, salvo el magistrado Luna Ramos, durante nueve años.
Ahora se pretende modificar ese esquema, pero se pretende modificar una vez que fueron electos los integrantes del nuevo tribunal.
Y aquí me parece que ese es el meollo del asunto, el tratar de que una ley que define instituciones, la ley que define la institución del Tribunal Electoral tenga que modificarse en función de personas.
Las leyes son para instituciones, y las instituciones están por encima de las personas; y aquí no, aquí se pretende que la ley se modifique para adecuarla a las personas que fueron electas.
He oído muchos comentarios a veces para documentar con muchas bondades que representa el nuevo escalonamiento, que es un escalonamiento aportado, en tres años se renovará totalmente el tribunal, cuando se venzan los plazos que se proponen.
Qué nos salió muy buena la elección; todo referido a personas; que la negociación era indispensable para garantizar que quedara como quedó establecida la composición del tribunal.
Y eso me parece que no es admisible. Seguramente aquí vendrán a decir todas las bondades que tiene operativas, pero el hecho concreto es que nadie habló de esas bondades cuando se hizo todo el procedimiento; cuando la corte emitió la convocatoria; cuando recibió a los que se inscribieron e hizo la primer preselección; cuando comparecieron ante la Corte; cuando integró las ternas que nos envió al Senado; cuando en el Senado recibimos esas ternas y comparecieron en la Comisión de Justicia; cuando se hicieron los acuerdos nadie absolutamente habló de las ventajas que vendrán a hablar ahorita.
La primera prueba que es clarísima de que esta es una educación de una institución por las personas, es precisamente ésta; nadie pidió todas las ventajas que tendría modificarla hasta que se nombraron.
Pero la segunda prueba, es que lo mismo sucede con las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Tienen exactamente el mismo esquema, se renuevan parcialmente un tercio a los tres años, otro tercio a los tres años y finalmente la renovación completa tres años después.
Por cierto, este Senado tendrá que conocer de las propuestas para elegir a tres Magistrados de Salas Regionales o Especializadas, porque tres de ellos, uno de tres años, otro de seis y otro de nueve, ahora son Magistrados del Tribunal Federal Electoral.
La propia Constitución establece que la duración de los magistrados es de nueve años, improrrogables. Quien me precedió en el uso de la palabra, ha dejado claro que lo que estamos haciendo es prorrogar, una vez nombrados y tomas de protestas, la duración de su encargo.
Yo no quiero venir a argumentar mucho de las inconveniencias, porque es entrar en el debate de que qué es mejor, ése esquema o el otro. Lo que no puede ser admisible, lo que daña la imagen, el prestigio de este Senado, es modificar una institución para adecuarlo a las personas que la van a integrar, y esto es algo que no podemos aceptar, es el argumento realmente de fondo por el cual me voy a oponer y me opongo a este dictamen.
Pero bueno, ahora lo que se pretende es que los magistrados se renueven los últimos tres años. Es decir, la misma composición del Tribunal va a durar durante seis años, y los últimos magistrados, todo va a renovarse en tres años. Un solo Senado va a renovar totalmente el Tribunal, que es exactamente lo que vivimos en el pasado, un solo Senado, con excepción de un magistrado, integró la sala que tuvo vigencia estos últimos nueve años, con todos los inconvenientes que muchos vimos en que no fuera renovándose escalonadamente.
Finalmente, creo que si en algo hemos modificado de manera continua, es en las instituciones electorales. Creo que ya es hora de darles estabilidad, está clarísimo, claro que afectamos derechos.
Por ejemplo recientemente ratificamos a la nueva Comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica, ella participó en el primero y había decidido esperarse, precisamente esa vacante, porque era previsible cuando iba a haber la vacante.
Seguramente habrá quienes no se inscribieron a este proceso, pensando en que dentro de tres años estarían en mejores condiciones de competir. Ahora se les va a negar ese derecho, ahora se les afectará en su derecho, porque modificamos, una vez hecho el proceso, la forma del diseño institucional del Tribunal Electoral.
Por esta razón central vengo a pedirles que votemos en contra, que no lo hagamos de esta manera totalmente intempestiva, en donde un dictamen que no circula ahorita aquí, que seguramente ya está en pantalla, que fue obviada su primera lectura y su segunda lectura y que a decir de los autores, urge que quede aprobado antes del día 3, para que el día 4 que entre el nuevo Tribunal, pueda hacer uso de esta nueva prórroga de su mandato.
Es cuanto, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Larios.
Senador Roberto Gil, para hablar a favor.
El Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Presidente.
Tiene mucha razón el Senador Héctor Larios. Debimos haber discutido el transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que regula el método de escalonamiento del Tribunal Electoral, de su Sala Superior, hace mucho tiempo, porque desde que se expidió por este Congreso de la Unión, es francamente inconstitucional.
Y es francamente inconstitucional porque viola un principio fundamental del funcionamiento de los tribunales, de los órganos jurisdiccionales, que es el de la independencia judicial, y específicamente de las garantías de estabilidad y de seguridad de sus integrantes.
Como una garantía de la independencia judicial se ha razonado en la doctrina constitucional, pero también en los precedentes de nuestros tribunales y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que no solamente los operadores jurisdiccionales deben tener la certeza de que cumplirán un mandato determinado y que no estarán sometidos a procedimientos de renovación durante ese mandato, ya sea por la vía de la reelección, o por la vía del refrendo de su cargo, sino también, dice nuestra Corte, y dice el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, un plazo razonable y suficiente que lo aleje de las coyunturas justamente a las que se enfrentan en su función jurisdiccional.
Voy a leer textualmente un precedente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos:
“La duración del encargo de un operador de justicia, constituye un elemento esencial de su independencia”.
“El nombramiento para mandatos de Cortes cuya duración es baja, debilita el sistema de justicia en su conjunto, porque afecta la independencia y el desarrollo profesional”.
Éste no es el razonamiento del dictamen, no es la exposición de motivos de la iniciativa, es un precedente sobre los principios de la independencia judicial, que por cierto en razón de nuestra pertenencia, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos nos vinculan y vinculan también a este Parlamento.
Lo que estamos resolviendo es una grave deficiencia técnica en la construcción de regla de escalonamiento.
En lugar de haber hecho el escalonamiento de la Sala Superior, de la misma manera en que hicimos el escalonamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tendríamos este debate, ni tampoco estaría en riesgo la independencia de la Sala Superior.
¿Por qué? Porque la reforma de 2007, que introdujo la regla de escalonamiento en el caso de la Sala Superior, es reflejo de otra reforma precedente, la reforma de 1994, que fortaleció al Poder Judicial de la Federación, que le otorgó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación facultades de tribunal constitucional, y que en efecto, como ya decía, introdujo la regla del escalonamiento.
Nada más que en esa reforma, la de 94, en el propio transitorio constitucional se definió el régimen de escalonamiento. Esa fue la razón por la cual tres ministros de la Corte, en lugar de durar tres años, como aquí se pretende o se pretendía en el transitorio anterior, duraron 21 años, tres ministros de la Corte.
En aquella discusión a nadie se le ocurrió hacer ministros por tres años. La solución constitucional fue prorrogar el mandato de los ministros para garantizar la independencia judicial.
Fue una reforma, que armonizada la racionalidad de la renovación escalonada con la necesaria garantía, la estabilidad y la seguridad en el ejercicio del cargo, cosa que no sucedió.
Pero además, aquí se ha dicho algo que es absolutamente falso. La regla de escalonamiento, los plazos de tres, seis o nueve años, no son regla constitucional.
La Constitución, en la reforma de 2007, estableció: “Que será la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación la que, en su caso, normaría el procedimiento de escalonamiento”.
Fue un transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación la que estableció los mandatos de tres, seis o nueve años. Una pésima técnica legislativa, por cierto, porque la regla de escalonamiento no debió haber sido nunca una regla transitoria, debió haber sido un principio en el cuerpo normativo de la ley orgánica, para garantizar de nueva cuenta la estabilidad y la seguridad en el ejercicio del encargo.
Escogimos el peor de los mundos, en aquel momento el Congreso de la Unión, porque tenemos magistrados que realizan función de control constitucional y que son órganos límite, sobre sus decisiones, nada ni nadie, pero van a durar, con la incertidumbre, únicamente tres años.
No existe en el mundo un solo órgano con funciones de control constitucional que tenga una duración de tres años, no existe uno solo, ni tampoco aquellos, mucho menos aquellos que han tenido un régimen de transición hacia la regla de escalonamiento.
La constante, la doctrina constitucional ha sido todo lo contrario. La prorrogación del mandato, como sucedió en la reforma del 94 con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No hay ninguna razón política detrás de esta reforma, lo que hay es la necesidad de solidificar, de fortalecer a la Sala Superior.
Unos cuantos meses, después de calificar la elección presidencial, dos magistrados van a estar en proceso de renovación.
¿Qué incentivos manda el sistema?
¿Qué incentivos manda la ley con respecto a esos dos magistrados?
El incentivo y la certidumbre. La incertidumbre de ser sometidos a la presión política; la incertidumbre de ser otra vez presa de las consecuencias políticas de la elección.
No se nos olvide que este Congreso, el poder revisor de la Constitución, en su momento, ha descabezado órganos electorales como presión y como chantaje de quien no ha querido aceptar los resultados electorales, y eso no va a volver a suceder en México, no debe volver a suceder en México.
Precisamente por eso la garantía de estabilidad y de seguridad en el cargo debe ser una cosa que debe honrar, una cuestión que debe cuidar este Senado de la República del Congreso de la Unión. Y esa es la motivación fundamental de esta reforma.
Cualquier persona, los interesados en principio podrá acudir a la Corte si no modificamos el plazo, porque hay precedentes de nuestras Cortes, pero también precedentes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que son letra vigente y viva en nuestro sistema jurídico.
(Aplausos)
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Roberto Gil.
Tiene el uso de la palabra la Senadora Layda Sansores.
La Senadora Layda Sansores San Román: Presidente.
Senadoras y Senadores:
¿Y qué pasó? si el show ya había terminado, ya se había cerrado el telón, la obra tuvo un final espectacular.
Todos los magistrados que ya estaban esperando en sus camarotes, entraron al mismo tiempo en filita, y al unirse no levantaron las manos y dijeron: ¡Protesto!
El público ovacionó de pie, a algunos se les humedecieron los ojos; a otros se nos cayó la cara de vergüenza.
¿Cuáles son las razones o sin razones que tiene este Senado para querer pretender ampliar la permanencia en el cargo de los magistrados que se designaron hace apenas unos días?
El Senador que me precedió, tan devoto de la ley, pero cuando le conviene, todo esto que dijo podrá tener razón, pero por qué ahora, por qué no lo dijo y esgrimió con esa vehemencia sus argumentos en el momento de la discusión y antes de venir a dejar en ridículo a este Senado, porque esto es un asunto cerrado.
Después pasa y vuelve a venir con esa misma vehemencia a decir sus mentiras.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Espéreme tantito, Senadora Layda.
La Senadora Layda Sansores San Román: Puede tener razón, pero no ahora.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Espéreme tantito, Senadora Layda.
¿Con qué objeto, Senador Gil?
El Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Nada más si me acepta una pregunta muy pequeña.
La Senadora Layda Sansores San Román: No le acepto, hasta que termine.
¿Cuáles son estas razones? Las desconocemos.
Pero yo tengo dos hipótesis.
Una, que el PRI quedó ardido porque el PAN le salió más priísta que ellos y se quedó con las mejores canicas.
Eso al PRI le dolió.
Y la otra, es que cerraron temprano la cantina y ya no les dio tiempo de llegar a los últimos detalles.
Priístas, por favor, no pierdan el estilo, ya cayeron en el vandalismo legislativo, ustedes tan expertos en sortilegios, en subterfugios, por qué no hablaron antes.
Como dijo el Senador Larios: “Nadie habló de este tema”.
¿Por qué no metieron uno de sus famosos addéndum que siempre aparecen en el último momento de las votaciones?
Había otras maneras.
Habían negociado como se les dio la gana.
Habían convertido el proceso en una mierda y ahora quieren aromatizarlo.
La modificación de este esquema, y coincido tanto con el Senador Larios, con mi compañero David, es inconstitucional, esto viola diferentes artículos, el 99 en la improrrogabilidad, e implicaría una violación al artículo 13 constitucional, toda vez que se trata de una ley privativa, ya lo dijeron, con dedicatoria para cuatro ciudadanos, “para mis cuatro cuates con amor”.
El amor ciega y el poder los envilece.
El transitorio ya transitó y no puede ser modificado ni por una fe de erratas ni por más fe que tengan las ratas que lo están haciendo ahora.
Ahora resulta que los pactos de las cúpulas son más importantes y están por encima del pacto fundamental que es la Constitución.
Esto resta credibilidad a un Tribunal Electoral ya muy cuestionado.
Es cuestionable en términos jurídicos-políticos, pero sobre todo morales.
Creo que la Junta de Coordinación Política hoy amaneció pensando en joder al Senado.
Y mientras los Senadores mantengamos nuestra condición de servilismo y sumisión, este Senado está jodido.
Todo esto provoca sospecha, tiene que ver con la ingeniería electoral y el secuestro de las instituciones.
Pero no se preocupen, la próxima elección no se va a decir en las mesas, se va a definir en las urnas, y tengan la seguridad que vamos a ganar.
¿Dígame, señor Gil?
Sí, ya terminé, tenía una pregunta.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Denle volumen en el escaño del Senador Gil, por favor.
El Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Ya me contestó, señora Senadora.
La Senadora Layda Sansores San Román: ¡Ah! qué bueno.
El Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Le iba a preguntar si entiende la cuestión constitucional, pero ya me contestó.
No, no la entiende.
La Senadora Layda Sansores San Román: Mire, yo tal vez no entienda demasiado de leyes, yo no soy abogada como usted presume serlo, pero no respeta las leyes de la abogacía y del derecho, usted viene aquí a sus conveniencias y acomoda la ley de acuerdo a sus intereses.
Eso es lo que le debería de dar vergüenza.
Y lo que sí tengo conocimiento, más que usted, es de moral pública que a usted le falta.
(Aplausos)
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Layda.
A continuación, tiene el uso de la palabra la Senadora Ivonne.
Pedimos a la galería, a los invitados del Senador Bartlett, que guarden el orden, si son tan amables.
La Senadora Ivonne Liliana Álvarez García: Con su permiso, señor Presidente.
Y con el respeto que merecen mis compañeros que anteriormente…
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Perdón, Senadora, perdón, Senadora.
Sí, ¿Senador Bartlett?
Senador, tenemos invitados de diferentes Senadores que están en las galerías.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Entonces, ¿por qué se refiere usted a mí?
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Porque hace rato leímos una tarjeta con su nombre, ahorita leemos también de quién hay más invitados, con mucho gusto, Senador Bartlett.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Sí, pero sabe usted, tenga respeto, señor Presidente, no abuse de ese micrófono, se lo pido.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: No abuso, Senador Bartlett, hay invitados de usted ahí arriba también y de otros Senadores, ahorita leemos de quiénes son, no se preocupe, Senador.
Adelante, Senadora Ivonne.
La Senadora Ivonne Liliana Álvarez García: Muchas gracias.
Con el respeto de los compañeros que anteriormente usaron la palabra, pero sí creo, y no comparto muchas de las cosas que se han dicho aquí en tribuna.
Primero, hay quienes vienen aquí a la tribuna a razonar y hay otros que vienen a ironizar.
Hay algunos que vienen a la tribuna a argumentar y otros que vienen a la tribuna a actuar.
Pero hay algo que no comparto, y no voy a permitir que se quede aquí, cuando dicen que los acuerdos se hacen en las cantinas.
Perdónenme, pero yo soy miembro de la Comisión de Justicia y jamás he hecho un acuerdo en una cantina.
Se le respeta al Senado y se acuerda por el bien de México.
(Aplausos)
Y tampoco voy a permitir que digan que el procedimiento no fue el correcto, porque cumplimos con la ley, porque los integrantes de la Comisión de Justicia cumplimos cabalmente con lo que se debería de haber hecho.
La Corte hizo su trabajo, y un trabajo que debemos de reconocer, de más de 140 que participaron por un cargo tan honorable para estar en el Tribunal Federal Electoral, quedaron 42, y de esos 42 nos envió siete ternas con 21, altamente calificados, con experiencia probada y con una carrera de trabajo distinguida.
No fue fácil la decisión de, primero, la Comisión de Justicia y después de la Junta y después de este Pleno, porque todos tenían la posibilidad de poder llegar y de poder estar representando a nuestro país y la democracia que quiere la gente allá a fuera en ese tribunal.
¿Qué queremos? Que se respete la voluntad de la ciudadanía, el voto ciudadano y que tengamos como hoy, puedo decir orgullosamente, un gran órgano Tribunal Federal Electoral.
No podemos decir que fueron votos de algunos cuantos, porque aquí tengo la votación y quiero hacer un poco de memoria.
Tenemos a José Luis Vargas Valdez, con 95 votos a favor, uno en contra y uno nulo.
A Mónica Soto, con 97 votos a favor, ninguno en contra y ninguno nulo.
Felipe de la Mata, con 95 votos a favor, uno en contra y ninguno nulo.
Felipe Fuentes Barrera, con 96 votos a favor, ninguno nulo y tan sólo uno en contra.
Janine Otálora, con 96 votos a favor, uno en contra y ninguno nulo.
Indalfer Infante con 88 votos a favor, ninguno en contra y ninguno nulo.
Y Reyes Rodríguez, con 97 votos a favor, ninguno en contra y ninguno nulo.
Yo quiero saber si esto es una fuerza política o es el Pleno y la voluntad de los Senadores de la República.
(Aplausos)
Por eso hoy la temporalidad de las designaciones de jueces y magistrados es la piedra angular de la independencia y la autonomía judicial, que a su vez se traduce en el cimiento del Estado de derecho en nuestro país.
Cabe destacar que las modificaciones en el plazo por el que son nombrados los magistrados no es un tema novedoso, sino que ya ha sido tema de pronunciamiento por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia 32/2007, en donde se analizó la duración de los nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California.
En esa resolución, nuestro máximo tribunal determinó que las designaciones temporales, es decir, de corto tiempo, como la que actualmente se contempla para tres años de los magistrados, no abonan a la independencia judicial porque se caracterizan en que duran poco tiempo, ya que es básico en desarrollar debidamente la función en beneficio de la sociedad, para que se disponga de una duración mayor, y que fortalezcamos la experiencia, pues con tan corta extensión, ni siquiera se puede valorar su desempeño y no cumpliría ningún estándar objetivo.
En ese sentido, la modificación de los plazos de duración de los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene por objeto establecer una temporalidad razonable que abona la consolidación del Estado de derecho y a las bases fundacionales de las instituciones democráticas de nuestro país.
Lo anterior cobra mayor trascendencia al tratarse de los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, por su naturaleza, tienen una participación directa en la vida de la democracia nacional, al ser el órgano jurisdiccional encargado de decidir sobre las controversias que se presentan en todos los comicios de precampaña hasta una jornada electoral cuando termina.
Por eso hoy, el presente dictamen tiene como único fin dar cumplimiento un mandato constitucional, que es administrar la justicia expedita, pronta e imparcial, pero, sobre todo, completa. Así que con relativo a la obligación de todas las autoridades en sus respectivos ámbitos de competencia, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Hoy les quiero decir, compañeros, que en el grupo parlamentario del PRI estamos a favor de este dictamen. Creemos en la democracia, pero lo más importante, creemos en el voto de la ciudadanía que se tiene que defender porque es la voluntad de la gente, y este organismo es lo que va hacer por el bien de México y por el bien de nuestra sociedad.
Muchísimas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Ivonne Álvarez.
Tengo registrado al Senador Torres Graciano, en contra.
Sí, Senador Preciado, ¿con qué objeto?
El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: (Desde su escaño) Para registrar mi voto en contra.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: En contra.
El último orador que tenía era el Senador Bartlett, lo registro.
Usted ya está anotada, Senadora, cuando me lo pidió la registré.
Con gusto, Senador Preciado.
El Senador Fernando Torres Graciano: Gracias, señor Presidente.
En menos de un minuto aquí se nos informó de un nuevo dictamen, se dispensó primera y segunda lectura y, la verdad, es que fue una complicación conseguirlo siquiera para saber de qué estábamos hablando y cuál iba a ser el debate.
Y como se dispensó de cualquier forma, pues le voy a dar lectura al artículo 4º del decreto, donde establece: “Los siete Magistrados de la Sala Superior Electoral del Poder Judicial de la Federación, electos por la Cámara de Senadores el 20 de octubre de 2016, y cuyo mandato inicia el 4 de noviembre del mismo año, desempeñarán su cargo conforme a lo siguiente:
a) Los dos magistrados electos originalmente para el período comprendido, fíjense bien, originalmente para el período comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2019, durarán en su encargo hasta el 31 de octubre del 2023.
b) Los dos magistrados electos originalmente para el período comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre del 2022, durarán en su encargo hasta el 31 de octubre del 2024; y tres, los magistrados restantes ejercerán su encargo en los mismos términos de la elección realizada por la Cámara de Senadores, es decir, se está haciendo una modificación personal, a unos un trato, a otros otro trato, a destiempo.
Podemos entrar a los argumentos que dio mi querido compañero, el Senador Roberto Gil, desde el punto de vista constitucional, pero él reconoció que está fuera de tiempo esto, y esta decisión viene a darse en un contexto donde no solamente está fuera de tiempo, sino que además va a dejar una serie de sospechas respecto a la decisión, pudiendo ser una buena decisión, la estamos convirtiendo en una mala y pésima decisión y mensaje de este Senado hacia la gente.
Sin duda, tuvieron un gran respaldo los magistrados, ya dieron aquí cuenta de la votación. Ese no es el tema, el tema es el querer modificar una ley que en principio debe de ser general y abstracta para unas personas, que no hicimos a tiempo.
Y ya sé que me van a decir que no todas las leyes deben ser generales y abstractas, que también hay especiales y que establecen tiempos y van definidas a personas; sin embargo, hay un artículo también en la Constitución que establece el principio de legalidad, éste principio se está rompiendo con esta decisión a destiempo.
Me parece que sí es poco, pues poco oportuno no solamente, sino de dar pena que estemos haciendo esto así, que se haya procesado en lo obscuro. No sé en el caso de otros Senadores de otros grupos, al menos en el caso nuestro nos enteramos por la prensa, y son de las cosas que me parece hacen que la gente siga dudando de la política y de los políticos.
Estas decisiones son de esas decisiones que nos ponen en tela de juicio y que no tenemos absolutamente ninguna necesidad.
Ya estaban establecidos los plazos. También en su momento cuando se votó, el legislador estableció por qué ese escalonamiento, por qué tres años, por qué seis y por qué nueve, y fue válido, y fue argumentado, y hoy se cambia toda esa argumentación, se cambian los plazos que puede haber argumentos a favor, que los puede haber en contra, sin duda, pero, finalmente, aquí, insisto, estamos violando el principio de legalidad y estamos dando razones para que se cuestione a este Tribunal.
No es contra las personas, ya se dio cuenta, se votó y se votó con una sólida votación a cada uno de ellos. Es porque estamos vulnerando a una institución que lo que menos necesita es que le hagamos este flaco favor, es por garantizar esa institución y no por afectar a una persona.
Hagamos esta reflexión, en nada les estamos ayudando, ni a ellos en lo personal, pero lo más importante a la institución responsable de dar justicia electoral en este país.
Por su atención, muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador.
Les vamos a pedir a nuestros invitados. Invitados de la Senadora Cuevas, del Senador Jorge Aréchiga, del Senador Bartlett, del Senador Gerardo Sánchez, que el artículo 312 dice: “El público asistente a las sesiones del Pleno del Senado a las reuniones de sus órganos directivos, comisiones y comités debe guardar silencio y respeto, no puede tomar en ellas con ninguna clase de demostración”.
Muchas gracias a los invitados.
Tiene el uso de la palabra el Senador José María Martínez.
El Senador José María Martínez Martínez: Gracias, Senador Presidente.
Yo creo que aquí alguien también ha venido a querer confundir el debate; el debate no es la elección de los siete magistrados que van a integrar la Sala Superior.
Creo que a todos nos consta, no sólo nuestra decisión con respecto al tablero electrónico y que vimos reflejado el voto.
A todos nos hicieron visita los entonces candidatos a magistrados y votamos en conciencia por los mejores y las mejores.
A mí en lo particular, me convence como quedo integrada la Sala Superior.
Reitero aquí mi felicitación a la Comisión de Justicia, me parece que hubo un buen trabajo. Es decir, este no es el debate. El debate no son las personas ni los integrantes, el debate reside precisamente en la mala fe de esta reforma o de esta pretendida reforma.
Son candidatos que seguro estoy que a la mayoría de nosotros jamás nos indicaron que iban a sugerir modificar la norma que les ampliara el plazo de su cargo.
Todos fueron con la mejor intención y la buena fe de presentarnos a partir de su trayectoria sus mejores perfiles, no sus ambiciones respecto de ampliar o no el cargo.
Aquí tiene visos de mala fe está inacabada negocia que parece ser que es lo que se está discutiendo en este dictamen respecto a las cuotas de los magistrados.
Primero, cuando fue integrante también de la Comisión de Justicia y decidimos integrar las cinco salas regionales del Tribunal Electoral, más la especializada, aquí mismo el Presidente en ese entonces de la Comisión de Justicia, antes del Senador Fernando Yunes, y eso puede verificarse en el Diario de los Debates, al igual que los integrantes de la Mesa Directiva que presentaban los dictámenes correspondientes.
Nos convencieron de las bondades de los escalonamientos.
Es la primera vez que este Senado vota escalonamientos en los magistrados, en caso concreto de los regionales. Y aquí reside en el Diario de los Debates las discusiones del Presidente de la Comisión de Justicia, en ese entonces de esa gran bondad.
Esa independencia judicial, esa autonomía, esa imparcialidad, la certidumbre, a quienes acudimos al Tribunal Electoral, aquí, aquí se argumentó en ese entonces, y hoy, reitero, ante una inacabada negociación política que no la deslegitimo, se pretende subir el umbral a la cuota de cada fracción parlamentaria.
Esto de entrada nos descalifica y descalifica la Sala Superior, porque ya se va a presumir entonces que no habrá independencia en autonomía, menos aun con este dictamen que hacen sobre las rodillas que, incluso, carece de técnica legislativa y además presumen el dictamen que nos presenta la Mesa Directiva un principio sobre o superpone en un principio sobre la independencia de autonomía, la estabilidad judicial.
Habrase visto, por un lado, segundo, claro que hay un conflicto, y no abre de meterme al plan de interpretar la Constitución, porque en eso seguramente no habremos de ponernos de acuerdo.
El artículo 99, ya habíamos notado, incluso, en este Pleno, algunas imprecisiones con respecto a la duración del encargo de los magistrados, tanto en la Sala Superior, como la Sala Regional.
Se habla en un párrafo respecto al escalonamiento, sí, y se habla en otro párrafo respecto a los nueve años.
Es más, en el caso concreto de la Salas Regionales, se habla estrictamente de nueve años.
Esto creo que pudo haber sido una oportunidad para poder generar certidumbre en estas disposiciones legales, por supuesto que hay un conflicto legal.
Sin embargo, surge otra pregunta, oigan, ¿Por qué nada más la Sala Superior? ¿Por qué nada más a cuatro personas?
¿Por qué? Si hoy se argumenta, las bondades de la estabilidad judicial que le abonan autonomía, les abonan independencia de acuerdo a los precedentes internacionales. Por qué no hablamos entonces de una modificación integral, en serio, que nos permita entonces arribar en consecuencia a esa convicción, vayamos a hacer a todos de 9 años, a todos de 10 años para que garanticemos la autonomía y la independencia, no con dedicatoria por una negocia inacabada respecto a la cuota partidista.
Esto, en verdad, mancha al Senado, le da una mancha innecesaria a estos magistrados recién electos, pero sobre todo genera incertidumbres respecto de los interesados que se entienden deben ser los padrinos de esta innovación de la estabilidad judicial que pretende ahora ir más allá de lo que aquí se acordó.
Finalizo, no manchemos ya el proceso. Los siete magistrados que fueron electos por la gran mayoría de nosotros en el Senado, son excelentes perfiles, gentes con trayectoria, con solvencia moral, con honorabilidad, con conocimiento, no requieren de padrinazgos oficiosos que hoy les vengan a poner en tela de duda su trabajo que en efecto debe ser imparcial, autónomo e independiente.
Por tanto, mi voto es en contra, y les pido también que razonemos de esta manera para votar en contra de esta fast track, de esta sorpresa que hoy nos tienen los negociadores de la integración de la Sala Superior.
Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias Senador José María Martínez Martínez.
Tiene el uso de la palabra la Senadora Luisa María Calderón, en contra, también.
Los demás oradores están en contra, está ella, el Senador Bartlett, el Senador Preciado y el Senador Delgado.
La Senadora Luisa María Calderón: Gracias Presidente.
Y es que también ésta, es una posición personal.
Creo que la Corte hizo un excelente trabajo en la elección de los y de las candidatas para que después del proceso de selección en el Senado de la República pasara mucho más fácilmente. Todas las candidatas y los candidatos con un perfil de mucha capacidad, de competencia, de honorabilidad, y no era fácil entonces decidir entre las ternas a quién ir eligiendo para que quedaran siete.
Debo decir que a muchas de las mujeres nos incomodó que sólo hubiera dos ternas exclusivas de mujeres, eso cerró en principio la posibilidad de que las mujeres que fueron propuestas por la Suprema Corte pudieran ir en varias ternas, y ser más de dos mujeres electas para la Sala Superior Electoral.
Algunas propusimos que devolviéramos las ternas, algunas estábamos firmando, y se nos dijo que así era la ley, y que teníamos que someternos a ella; de tal manera que nosotros obedecimos la legislación, aceptamos por esta vez con todo y nuestra incomodidad que sólo hubiera posibilidad de hasta dos mujeres integrantes de la Sala Superior.
No es entonces la discusión respecto de quiénes son las personas que estaban en las ternas, de cuál fue el proceso de selección de la Suprema Corte, de sus competencias, de sus capacidades y de su honorabilidad, y me atrevo a decir, que ni siquiera las cuotas de los partidos políticos para que la Suprema Corte tomó su decisión independientemente de los partidos políticos.
Lo que sí me parece es que no podemos cambiar un artículo de una ley por un tema coyuntural, eso me parece que es verdaderamente dañino para el Senado de la República, las leyes son de orden general y se supone que le dan certidumbre a la ciudadanía y a los propios órganos.
Nosotros estuvimos pensando en la elección de unas personas que fueran de la Sala Superior, pensando en tres, seis y nueve años, ninguno de nosotros tenía en su cabeza que pudiera alargarse, y no creo que en este momento a la rapidez de un flashazo tengamos que modificar la ley para acomodar los años en los que las gentes que ya elegimos, que ya protestaron, puedan estar por más tiempo.
Lo que estaríamos haciendo, si aceptamos esta modificación, es generar incertidumbre en la propia ley y en el propio Senado, cambiar las reglas coyunturalmente porque algo no nos gusta más que dañar a la Sala Superior, daña a este Senado y al Congreso de la Unión, que entonces estará inaugurando la etapa de cambiar algunos artículos de la ley para que quepan las insatisfacciones o satisfacciones personales de algunas o de algunos legisladores y que todo mundo salga contento de la negociación.
Sabíamos que había de tres, seis y de nueve años y a eso nos atuvimos, y hoy estamos cambiando, a mí me sorprende que nuestro querido compañero, que dice que habría que hacerlo, yo lo hubiera hecho antes, no se hace en coyuntura, no se hace después de una decisión, y no se hace, mucho menos una vez que hayamos votado a los electos y que además ellos hayan protestado.
Díganme ustedes, ¿van a volver a venir a protestar y decir: “en lugar de tres, soy de siete”? Me parece que eso no cabe en la lógica de la certidumbre de las leyes.
La pregunta final que me sorprende muchísimo es: ¿Y entonces cuál será el incentivo para el que es de tres años?
¿Alguno de ustedes se ha preguntado cuál es el incentivo para legislar el último año de legislar?
Por supuesto que no. Venimos aquí por los años que nos tocan y el incentivo es el deber cumplido, nada de que a ver qué me toca después y con quién quedo bien, aquí venimos a cumplir con el deber y eso es lo que creo que piensan o deberían pensar quienes han sido electos para tres, para seis y para nueve años, no en incentivos futuros, sino en cumplir con el deber y saber que se tuvo la satisfacción del deber cumplido.
Le agradezco, Presidente, y mi voto será en contra.
(Aplausos)
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias.
Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett.
Y después, Senador Preciado, lo tenía yo registrado después del Senador Bartlett, pero han sido puros en contra, tengo ya uno a favor, al Senador Puente. ¿Le incomoda que lo intercalemos?
El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: (Desde su escaño) No. Adelante.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Entonces después del Senador Puente.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.
Nada más le comento una cosa, los poblanos a los que usted se refirió ya se habían ido una hora antes de que usted los mencionara.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Don Manuel, era la tarjeta en ese momento, pero ya me he referido a todos los invitados que estuvieron el día de hoy.
Es difícil identificar quién está. He mencionado a los invitados de todos ya, y les he pedido que guardaran orden.
Tiene el uso de la palabra.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: Digamos que los ruidosos no eran poblanos, ya se habían ido.
Muchas gracias Presidente por la aclaración.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Adelante, don Manuel.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: Esta discusión me parece muy interesante, porque resulta que no la plancharon ahora sí, no está planchada. Hemos escuchado cosas muy interesantes.
Yo voy a diferir de algunos compañeros y compañeras del PAN, en lo que trataron primero, el primer proceso, aun cuando en el segundo estoy totalmente de acuerdo.
Miren, aquí se discutió y se dijo que era una afrenta decir que la Comisión de Justicia había sesionado en una cantina, y yo creo que tiene razón la Senadora que lo dijo, porque la Comisión de Justicia no le resolvió nada, nada, entonces que se defiendan los que resolvieron, a lo mejor en una cantina.
Miren ustedes, el procedimiento que estamos viviendo es “albarda sobre aparejo”. El proceso de selección, éste, que ha tenido tantos votos y que con eso quieren garantizar que fue una maravilla de selección, los votos en el pleno, es equivocado.
El proceso para la selección de esos magistrados que le dieron tres al PRI, dos al PAN, y uno al PRD, y todos los periódicos lo supieron, ya sin ninguna limitación, toda la prensa dijo: “La Sala Superior está integrada por tres del PRI, dos del PAN y uno del PRD”. Muy bien. Nada más que todo el proceso es inconstitucional, ése, el primero, además del segundo. ¿Por qué lo digo?
Cada vez hacemos las cosas peor, como que esa mayoría hechiza del pacto, les da una seguridad inmensa, van a ganar los tres, nada más que ahorita sí no lo plancharon, pero les voy a platicar el primer proceso.
Miren, la Suprema Corte envía un grupo de candidatos, por ahí andaba ya Castillejos, que anda por todos lados, en los que seleccionó con toda pureza y no había mujeres, y tiene razón la Senadora Calderón. Manda la lista ¿y qué hacen con todos esos excelentísimos candidatos a Magistrados Electorales, los que van a decidir las elecciones? ¿Qué hacen con ellos? Los pasan por la Comisión de Justicia, ésa tan dignamente defendida aquí.
La Comisión de Justicia se sienta y los escucha a todos, uno tras otro, en un proceso, que con todo respeto es una burla para los que desfilaron, una burla, porque la Comisión de Justicia no decidió nada.
El dictamen de la Comisión de Justicia fue: “Todos son buenos” ¡Eh! “Todos aprobados”
Los sentaron ahí para tomarles el pelo a gentes que son muy dignas, todas, y expertos, y no resolvió la Comisión de Justicia, lo cual es una aberración.
La Comisión de Justicia lo único que hace es oírlos, hacer de vez en cuando alguna pregunta o alguna protesta, que la hubo, pero no resolvió la Comisión de Justicia, con todo respeto, no dictamina la comisión, lo cual es una violación al procedimiento constitucional del Senado de la República, desde ahí, desde ahí.
Resolvió la Comisión Permanente, digo, la Junta de Coordinación Política, perdón, esa es la que resolvió.
Y díganme ustedes ¿Si la Junta de Coordinación Política tiene facultades para decidir y dictaminar?
No tiene facultades.
La Junta de Coordinación Política es un cuerpo político para manejar los asuntos que se consideran de gobierno del Senado. No tiene facultades de dictaminar.
Es inconstitucional que la Junta de Coordinación Política dictamine.
Entonces, queda a salvo la Comisión de Justicia, que han defendido, ¿verdad? Pero no resolvió nada ¡Eh! No resolvió nada.
Entonces, vamos a verlo, con toda franqueza. Una absoluta irregularidad inconstitucional.
La comisión de debió de haber dictaminado, no dictaminó.
“Todos son buenos”, dijeron.
“Todos son excelentes”.
Quien mandó las listas fue la Junta de Coordinación Política en una sesión que no existió.
Yo soy miembro de la Junta de Coordinación Política, y ahora estoy viendo que el señor Senador del PAN está poniéndola en orden para que sí sesione, porque tenía ya cuatro años de no sesionar, ¿verdad? Son papelitos que pasan aquí.
Los que escogieron, quien escogió a esos tres, dos y uno, para integrar, ni más ni menos que la Sala Superior del Tribunal Electoral que va a calificar las elecciones y las va a vigilar ¿verdad? No fue un proceso constitucional, fue una aberración que todos aprobaron.
Y lo dijimos aquí ¡Eh! Lo dijimos en la tribuna, pero no importa.
Votaron 80 por uno; 90 por el otro, y no los eligieron, no los eligieron ustedes, señores Senadores votantes, apabulladores.
No. Los eligió el grupo de tres, de quién sabe dónde.
Por eso se dice, eufemísticamente, con cuidado y delicadeza, que a lo mejor en una cantina o en un hotel elegante, por aquí, en una buena comida ovípara, que es lo mismo, ¿verdad? No fue constitucional.
De manera que ese tres, dos, uno ¿verdad? es ilegal, es inconstitucional.
La Junta de Coordinación Política no tiene facultades de dictaminación, y son los que dictaron.
Pero aquí, como todo se aprueba, votaron 90, unos, y 80, otros. Es una elección purísima y maravillosa.
¿No es cierto? simplemente acataron lo que les mandaron sus coordinadores, que no sesionaron, pero sí dijeron en la Junta de Coordinación Política.
Yo felicito al Senador coordinador, ahora de la Junta, porque la va a poner en orden, espero. Pero no puede dictaminar, Senador, no tiene facultades de dictaminación.
Entonces, ya desde el origen es inconstitucional.
Ese score, tres, dos, uno, es inconstitucional.
Ya se agandallaron, ni más ni menos que la Sala Superior, la Sala Superior que va a estar cuidado las elecciones, pero siempre y cuando sean tres, dos, uno, porque entonces hay ahí lo que hemos dicho siempre, una partidización de la Sala Superior de las elecciones, lo cual es una brutal aberración e inicia esa selección.
Inicia ya el proceso de fraude electoral, porque si están elegidos así los tres, dos y uno, dignísimos magistrados, pues, son inconstitucionales, pero, ahí vamos, y están prefigurando ya, ya prefigurando el fraude electoral, ahora en la Sala Superior, que lo hemos visto, nunca viola, que ya se va, nunca vio que se robaron las elecciones, que compraron todos los votos, nunca lo vio que todos andaban con su tarjetita por millones, nunca lo vio, pues ésta va a ver menos, van a ver menos.
Ahora el segundo, así es que el primer proceso es ilegal, inconstitucional, y la constitución de la Sala Superior es inconstitucional y es inmoral.
Ahora este albazo, este albazo, no lo es. Aquí se nos viene a, con gran énfasis, a veces se cree que la voz y el volumen le da peso ideológico y razones a las posiciones, y no es así.
Sí está mal, y fue el primer argumento legal para este albazo, que lo estamos reconociendo todos, ni siquiera conocemos el cambio que hubo.
Bueno, se hubiera dicho antes, se dice, ¿por qué no lo hicimos antes? Con toda esa sabiduría no lo hicimos antes.
¡Ah! Bueno, está mal, está muy mal.
Entonces, lo que tenemos que hacer es vamos a anular, porque está mal, vamos a anular al dos, tres, uno, ¿cómo la ven? Son inconstitucionales, debió de haberse hecho con todos estos argumentos nacionales, internacionales, tratados, todo eso vamos a cancelar, vamos a cancelar.
No se moleste, señor Senador, ya mero termino.
Mejor atienda usted lo que se dice para que pueda usted subir a la tribuna y no nada más estar vociferando allá abajo.
Súbase, por favor.
Vamos a cancelarlos, estuvieron mal.
Ya nos dijeron y nos convencieron, cantidad de argumentos legaloides o legales, cancelemos el tres, dos, uno.
No, vamos a hacerlo a posteriori, esa es una barbaridad, habiéndose confesado que está mal.
Bueno, entonces, vamos a resolverlo, vamos a volver a empezar, y que entonces sí la Comisión de Justicia dictamine y no se burle de los candidatos, y que no sea el cuerpo político de tres que resuelvan quiénes van ustedes a votar.
Este albazo es peor todavía que lo primero.
Y les quiero decir, y tienen razón algunos Senadores panistas que se han subido, están descalificando la elección ya, ya es una elección fraudulenta, ya, ya es una elección enredada, manchada, dice: “no la manchen”.
No, ya la mancharon.
Vamos camino al fraude electoral, eso es lo que señalan.
Muchas gracias, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, don Manuel.
Senador Carlos Alberto Puente.
El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Con su venia, Senador Presidente.
Senadoras y Senadores:
Creo que es inaceptable que se venga a calificar el trabajo serio, el trabajo responsable de un grupo de Senadoras y de Senadores de la República que integran y que conformamos la Comisión de Justicia de este Senado de la República.
Quisiera comenzar por hacer un amplio reconocimiento al Senador Presidente de la Comisión de Justicia, al Senador Fernando Yunes, y a cada una de las Senadoras y de los Senadores integrantes de esta comisión, porque es una comisión que se ha desempeñado en su responsabilidad de manera clara, transparente, responsable y seria para su compromiso con México.
No podemos admitir que aquí se diga y se señale que esta responsabilidad se lleva a cabo en el marco de una obra de teatro o de una cantina, eso es faltarle el respeto al Senado de la República y faltarnos el respeto a la gran responsabilidad que tenemos.
No, discúlpeme, no nosotros, nosotros hablamos con seriedad, con un lenguaje propio de un representante de este país, no venimos siempre a ironizar, que aun cuando están a favor prefieren excusarse de no votar y de decir: “voy en abstención” como en pasados dictámenes en esta misma sesión, no saben darle la cara a México y afrontar sus decisiones de decir: “estoy a favor o estoy en contra”.
Eso es una falta de educación para el Senado de la República.
Aquí también se ha señalado de esas mayorías.
A ver, hay que dejarle claro a quien ha venido a señalarlo.
Aquí nadie tiene una mayoría.
Aquí hoy las mayorías se han construido en procesos democráticos, en el ejercicio de hacer política, de construir a favor de nuestro país.
En muchas ocasiones hemos coincidido y en otras no diversos grupos parlamentarios y creo que eso es lo que enriquece el trabajo de este Senado de la República, de este Parlamento.
Estas votaciones le dan una mayor credibilidad, y creo que hoy que se disputa, qué bueno, porque eso le deja un mensaje claro a las mexicanas y a los mexicanos, no es a través de la línea, celebro que alguien que no esté de acuerdo con algo, venga y lo exprese, para que quede claro de frente al país, quiénes no están de acuerdo con una decisión que se esté tomando.
No hay mayoría, no hay mayoría de un solo partido, y ésta se construye claramente con argumentos, viendo en todo momento por el bien de nuestro país.
El dictamen que presenta la Comisión de Justicia el día de hoy ante este Pleno, es en total apego a sus facultades, atribuciones y en obligación y competencia a la que tiene esta Comisión para dictaminar, en su momento no dictaminó la Junta de Coordinación Política, ese es un grave desconocimiento en alguien de tan vasta experiencia.
Dictaminó la Comisión de Justicia, ¿qué dictaminó? La idoneidad de esas ternas propuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo al procedimiento, a sus facultades y atribuciones.
Esta competencia de la Comisión, incluso la Comisión de Justicia pudo haber rechazado una terna completa.
No vengamos, no vengamos, compañeras y compañeros, a descalificar un proceso tan importante, incluso por algunos temas de un pasado personal, México está mucho más allá de eso, y precisamente este Tribunal Electoral, ese árbitro electoral que fueron electos por una amplia mayoría, prácticamente unanimidad, en algunos de los casos requiere darle certeza a nuestro país.
Esta modificación de los plazos, ya se ha argumentado aquí, que es necesario dar esa estabilidad para la función jurisdiccional.
En las comparecencias, muchos de los que asistimos a ellas nos pronunciamos y expusimos, y nos manifestamos a favor de que las instituciones requieren de continuidad y de unidad de criterios, también todos los justiciables necesitamos de esa certeza jurídica, de esa seguridad que debe de ofrecernos de manera constante.
¿Cómo vamos a lograr esa seguridad si está en riesgo el cambio de criterio?
Contar con reglas claras. Eso es lo que queremos en este Pleno todas y todos los Senadores, brindarles reglas claras a todas y todos los mexicanos.
Tener seguridad jurídica, eso es lo que nosotros buscamos, los cargos en las instituciones más importantes de la vida democrática de nuestro país deben de tener seguridad que todas las decisiones fundadas en derecho dignificarán su labor y no actuarán en su contra.
Por su atención, muchas gracias.
Es cuanto, Senador Presidente.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Carlos Alberto Puente.
Tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez.
El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Agradezco, Presidente la oportunidad de subir a tribuna.
La realidad es que no soy muy aficionado a subir a tribuna, cuando fui Diputado local, creo que subí 800 veces, de Diputado federal como 100 y como Senador, trato de evitar subir, porque creo que las cosas se construyen más en la mesa que en lo alto de una tribuna.
Yo iba a hablarle al Senado en general, iba a hablarle a la Comisión de Justicia, pero no lo voy a hacer, porque yo lo único que podría reclamarle a la Comisión de Justicia es que no haya puesto este dictamen antes de que pusieran el dictamen donde aprobábamos a los magistrados, porque obviamente tendría una congruencia, ampliamos los períodos, de tres a seis, de seis a ocho, unos de nueve, aprobamos a estos magistrados de los que ya todos hablaron maravillas, y entonces les tomamos protesta y todo mundo tranquilo.
Lo único que había que reclamarla a la Comisión de Justicia es, ¿por qué hasta hoy? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué después de aprobado se dieron cuenta que a lo mejor en tres años no ganaban lo suficiente para salir de sus problemas económicos? Y hay que ampliarles un poquito más.
No, no le voy a hablar a la Comisión de Justicia.
Yo le voy a hablar al coordinador del Partido Acción Nacional. Yo fui coordinador, y aquí tengo el mensaje que me acaba de enviar la Secretaria de Administración del grupo parlamentario: “Senador, por instrucciones del señor coordinador, se le da de baja a todo su personal”.
Muchas gracias, coordinador, espero que las diferencias que tenemos en la votación y en el de opinión no se vea reflejado, no se vea reflejado en afectar a los trabajadores que están desde hace ya mucho tiempo inscritos en el grupo parlamentario.
Es muy lamentable porque este tipo de situaciones no se deben de dar cuando el 99% de las posiciones que ha asumido el grupo las he compartido.
Es lamentable que se tome este tipo de represión, pero no importa, yo puedo seguirles pagando sin su autorización.
En segundo lugar, déjeme decirle que lo que está en riesgo aquí no es la votación para cambiar la ley que se está presentando, esa ya está planchada entre los votos que va a generar el PRI, algunos compañeros del PRD y algunos compañeros del Partido Acción Nacional, que por alguna razón están convencidos de esta reforma, va a salir la reforma.
Pero no está en riesgo la votación, lo que está en riesgo es la unidad del grupo parlamentario de Acción Nacional, eso es lo que está en riesgo en esta votación porque no se nos informó, nos enteramos por el periódico que había un acuerdo para ampliar los períodos, que había un acuerdo planchado con el PRD y con el PRI.
Si se nos hubiera informado a tiempo, si se nos hubiera dicho: “Oigan, éste es el tipo de negociación que estamos haciendo y éste es el tema en el que tenemos que resolver”, quizás hasta lo hubiéramos apoyado, pero fue hasta el día de hoy en que se nos dice que en fast track tenemos que aprobar esta reforma. Yo lamento muchísimo que esto sea así, en primer lugar.
En segundo lugar, los coordinadores coordinan, no son nuestros jefes y no somos sus empleados. Nuestro voto vale y cada uno de nosotros se la fue a jugar a su estado para ganar una elección.
Y déjeme decirle una cosa, coordinador, lamento mucho decirlo desde la tribuna, pero usted se quedó ahí por mí. Yo le pedí a Gustavo Madero que usted coordinara, y cuando lo iban a quitar para poner al Senador Roberto Gil yo le pedí al Presidente del PAN que lo mantuviera ahí. Y cuando lo iban a remover para poner al Senador Juan Carlos Romero Hicks, también yo le pedí al Presidente Ricardo Anaya que lo mantuviera en esa posición.
Qué lamentable, déjeme decirle, que hoy pierda un aliado, a un amigo que todo el tiempo metió las manos por usted. Es muy lamentable con este tipo de represión porque usted me puede hacer lo que usted quiera, hacérmelo a mí, pero no se lo puede hacer a mi personal, ni a la gente que viene trabajando conmigo toda la vida.
Voy a votar en contra convencido de que ésta es una reforma que llega a destiempo, no la voy a descalificar, sólo digo que llega a destiempo, pero también estoy convencido que esto va a marcar un antes y un después en nuestro grupo parlamentario porque ese voto de confianza que le damos a los compañeros para que vayan a negociar, y ese voto ponderado que tiene la coordinación, que lo debe reflejar en la Junta de Coordinación se nos tendrá que tomar en cuenta en cada una de las negociaciones.
Yo no estoy dispuesto a ir a votar ningún acuerdo que tome la coordinación del grupo parlamentario del PAN con el PRI, con el PRD si no se nos consulta antes.
Yo me opuse a la primera terna, me opuse porque denostó a nuestro grupo parlamentario, denostó a nuestro ex coordinador y nos denostó a los 38 Senadores del PAN.
No la protesté a pesar de que él fue el que me litigó mi asunto en contra, y no la protesté porque le gané el litigio, por cierto, a ese magistrado. Pero ya el hecho de que se me haya prometido que sería el magistrado, que sólo iría por tres años en virtud de la ofensa que le había generado al Partido Acción Nacional y a su grupo parlamentario, y que hoy con una contrarreforma vengan y nos digan que le van a dar seis, entonces creo que, como decía William Shakespeare, “algo huele mal en Dinamarca”.
Yo lamento mucho tener que subir a tribuna a hacer este señalamiento, mi voto es en contra, va haber muchas votaciones más en los dos años coordinador.
Yo esperaría, por lo menos, la congruencia para pedirle a todos los compañeros de Acción Nacional que votemos en contra del dictamen y que mantengamos la unidad de este grupo que muchos años y mucho tiempo nos ha costado construir.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Preciado.
Se está agotando el tema, sólo ya tengo a dos oradores más, después de ellos voy a consultar a la Asamblea si el tema está suficientemente discutido.
Tiene el uso de la palabra el Senador Delgado.
Y para hechos el Senador Gil.
Y después consultaré a la Asamblea.
El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, Presidente.
Con su venia.
Están muy nerviosos los coordinadores parlamentarios, no sabemos por qué.
Yo quisiera hacer una reflexión, si hay una institución desprestigiada en nuestro país, en nuestra democracia es el Tribunal Electoral.
Sabemos que se ha convertido en un factor de desgaste sobre la credibilidad de nuestra democracia, son públicas sus resoluciones contradictorias e inconsistentes ante situaciones similares, pero con distintos resultados, según el actor político en turno.
Sabemos que independientemente del resultado de las urnas, hay una instancia adicional donde el influyentismo puede cambiar el resultado de la voluntad popular.
Puede haber una argumentación muy rebuscada aquí jurídica para decir que esto es legal que es constitucional.
Pero el problema de este dictamen y la decisión detrás del mismo es profundamente ilegitima, porque cuando no se puede argumentar, cuando no es convincente.
¿Qué gana el Tribunal?
¿Qué gana la democracia?
¿Cómo abona a los principios que señala la Constitución que debe regir el ejercicio de la función electoral, certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad?
Cuando no es claro que esta decisión abone a ello; cuando esta decisión no es claro que abone a la certeza y al fortalecimiento de nuestra democracia, pues entonces, perdónenme, pero esto da paso al sospechosismo, cuando no es público, cuando no se puede saber qué es lo que está ganando, pues entonces qué quieren que pensemos.
La renovación al Tribunal y el proceso que se siguió era una oportunidad para regresarle la credibilidad a esa institución.
En un tiempo que era preciso para que la elección del 18, no generara dudas y fortaleciera nuestra democracia.
Pero si alguien tenía dudas de que este es un proceso de cuotas y cuates, con esta decisión terminan manchando todo el proceso anterior, pero además refleja un enorme desprecio por nuestra democracia.
Para algunos la democracia es arreglarse en lo obscurito entre unos cuantos, y luego se enojan porque los llaman “miembros de la mafia del poder”.
Senador Preciado, paisano, entiendo su preocupación por la unidad de su grupo parlamentario, de que está en riesgo la unidad de su grupo parlamentario.
Lo que está en riesgo es más que eso.
Lo que está en riesgo es la credibilidad de nuestra democracia.
Lo que está en riesgo es que el árbitro que se seleccionó, ahora le pongan una mancha y le pongan una espina, ahí de la duda.
Me parece que lo que se gana, lo que se ha argumentado aquí, la verdad es pírrico contra el tamaño de la duda que le mete al tribunal.
Ojalá no pase esta reforma, ojalá cumplamos como Senado nuestro objetivo de fortalecer la democracia, si no este sería un día de vergüenza para el Senado mexicano.
Muchas gracias.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Delgado.
Tiene uso de la palabra el Senador Roberto Gil.
El Senador Roberto Gil Zuarth: Con su permiso, Presidente.
De las cosas que uno se entera en los debates parlamentarios.
Es momento de recentrar el debate centrar el debate.
Señoras y señores legisladores:
Lo que se está discutiendo sí es razonable en aras del fortalecimiento progresivo del Tribunal Electoral, si una fracción de este Tribunal de la Sala Superior debe únicamente ejercer el cargo por tres años.
Que inmediatamente después de la elección Presidencial. Ese tribunal está en un proceso de renovación con las fases que la Constitución en la ley establece, entre otras la propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Si son los incentivos correctos y virtuosos para la estabilidad y la garantía institucional de esa Sala Superior.
Si estamos haciendo lo correcto en términos de independencia judicial. Quiero recordarles señoras y señores legisladores que el Tribunal que está a punto de concluir la integración, del Tribunal que está a punto de concluir, fue protestada en este Senado de la República el 5 de noviembre de 2006, un mes antes de la toma de posesión, de la dura toma de posesión que vivimos en ese año.
El proceso de renovación de la Sala Superior inició en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prácticamente cuando la elección presidencial no había sido calificada, no había terminado el proceso de calificación de la elección presidencial, y, muchos de ustedes conocen la historia que vivimos en 2006, y la enorme falta de certidumbre que generó la pospuesta decisión de la integración anterior con respecto a la elección presidencial.
La gran pregunta es que esa coyuntura provocó un cambio institucional, una reforma constitucional.
La reforma constitucional de 2007, que en aras de evitar que la Sala Superior estuviera sujeta a las presiones y a las coyunturas del momento, se incorporaron dos principios fundamentales.
El primero, el principio de escalonamiento. Precisamente para que no toda la Sala Superior se renovara en el mismo momento y tuviéramos la oportunidad de renovar críticamente la doctrina jurisdiccional.
Y, la otra, la otra decisión que se tomó en aquel momento fue la reducción del plazo de diez años a nueve años, le quitamos un año, como resultado de ese complejo proceso político.
Aquí se me ha cuestionado, que por qué no lo propuse antes, quiero hacer una pequeña precisión, hay una iniciativa presentada por mí el 26 de septiembre de 2013, que por cierto fue acompañada por algunos legisladores de esta integración en la que proponíamos aumentar el plazo a 15 años de la Sala Superior y Regionales, y también corregir el transitorio de los tres años.
Esta discusión no es nueva en el Senado de la República, por lo menos ya hay algunas iniciativas que se han presentado en su momento.
Y esta discusión en efecto la debimos de haber dado antes, pero nunca es tarde para corregir un problema, no solamente de inconstitucionalidad, sino también de fortaleza de una institución que es crucial para la democracia mexicana, que es la institución que arbitra nuestros conflictos político-electorales, los incentivos son valiosos en el funcionamiento de las instituciones, hemos cambiado incentivos, uno de ellos es justamente la posibilidad de renovación escalonada, pero también otros incentivos de las instituciones, aquí mismo, en el Senado de la República votamos la reelección legislativa en la reforma política, para qué, para cambiarle los incentivos a los legisladores y que tuvieran menos incentivos a obedecer a sus partidos y más incentivos a obedecer a sus electores.
Hemos trabajado en reformas político-electorales para cambiar justamente los incentivos de las instituciones políticas del país. Esta es una discusión sobre incentivos de las instituciones.
¿Tiene sentido, señoras y señores legisladores que a unos meses de la elección presidencial estemos renovando una parte de la Sala Superior?
¿Tiene sentido que a esos dos magistrados, que por cierto, aquí aplaudimos y votamos por una gran y amplísima unanimidad, aunque hoy se diga que son cuotas, cuando hace unos días se celebraban como un consenso virtuoso?
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Deme un segundo Senador Gil, discúlpeme. Un momento, sonido en el escaño del Senador Bartlett, por favor.
El Senador Manuel Bartlett Díaz (Desde su escaño): Le quiero hacer una pregunta al señor Senador Gil Zuarth.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Espéreme tantito, ¿Senador acepta la pregunta?
El Senador Roberto Gil Zuarth: Por supuesto.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Con gusto, don Manuel.
El Senador Manuel Bartlett Díaz (Desde su escaño): Que, ¿no escuchó usted el debate?, esa es la pregunta.
El Senador Roberto Gil Zuarth: No solo no la escuché, estoy participando de él, don Manuel.
(Aplausos)
Y yo espero que también escuche las aportaciones que hemos hecho quienes estamos defendiendo una visión diferente, una visión de Estado en el funcionamiento de nuestras instituciones.
He concluido la respuesta, Presidente.
Porque de eso se trata esta discusión. De hace algunos años ya nos hemos instalado como sistema político en la sospecha, todo lo que pasa en términos políticos está fundado, basado en la sospecha.
Me lo decía hace un momento el Senador Zamora.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Senador Gil, discúlpeme otra vez, deme un segundo. Senador Preciado, ¿con qué objeto?
El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez (Desde su escaño): Sólo para ver si me permite una pregunta al orador.
El Senador Roberto Gil Zuarth: Por supuesto.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Adelante, Senador Preciado.
El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez (Desde su escaño): Señor Senador, aceptando que hace tres años estaba su iniciativa de ampliar los plazos para la Sala Superior, la primer pregunta es, ¿por qué no se dictaminó, por lo menos, hace 15 días, antes de que votáramos a los señores magistrados con un nuevo plazo, en primer lugar, si ya estaba la iniciativa? Pues lo lógico era que si se quería ampliar los plazos, pues lo hubiéramos dictaminado, la resolvemos, y entonces aprobamos.
Lo segundo, es, ¿no le parece sospechoso que una vez que ya son nombrados y que los años en que quedan algunos magistrados no satisface a determinados intereses, entonces se tenga que dictaminar una reforma fast track para poder ajustar los tiempos?
La verdad, yo diría que por lo menos sospechoso sí es, no digo que sea ilegal, no digo que esté mal. Pero la pregunta en concreto es: ¿Por qué no dictaminamos esto hace 10 días? Nos hubiera ahorrado todo este debate y si ya tenía usted una iniciativa ahí presentada, sería valioso saber cuáles fueron las razones por las cuales no pidió que se dictaminara previamente.
El Senador Roberto Gil Zuarth: No tengo esa respuesta, pero tengo algunas intuiciones, que mi iniciativa es de Reforma Constitucional, y en consecuencia la Comisión de Justicia no la dictamina, y es una reforma estructural que plantea la ampliación de los plazos de todas las salas y en consecuencia estimo que el consenso que se requiere para reformar la Constitución es un poco mayor que una mayoría para reformar el transitorio.
Pero no dejemos que la sospecha empañe las buenas cosas que tiene que hacer el Congreso. Y la pregunta de fondo es: Si es sensato, éticamente responsable, políticamente deseable, que una institución que es crucial para la República, tenga un poquito más de estabilidad y que esa estabilidad se traduzca en independencia.
Miren, la resolución del Sistema Interamericano que motivó el precedente al que yo he hecho mención hace un momento, fue una impugnación contra el Estado Venezolano, una reforma que reducía los plazos de los órganos terminales de justicia; una reforma que hacía vulnerable al Sistema de Justicia y que gracias a esa resolución, hoy tenemos una serie de principios razonados sobre la independencia judicial.
Aquí se ha dicho que por qué no le movemos en el transitorio a nueve años todos los cargos. Porque no se puede, porque el principio de escalonamiento está en la Constitución y la regla para procesar ese escalonamiento está en un transitorio de la Ley Orgánica, por eso estamos reformando la Ley Orgánica, pero el principio de escalonamiento es irreversible vía ley, porque está en la Constitución.
Dice claramente el artículo 99: “Los integrantes de la Sala Superior y Regionales serán nombrados de manera escalonada, conforme a lo que establezca la ley”.
Y fue la ley la que estableció este mal plazo de tres años como primera renovación. En tres años un juez no tiene estabilidad, un juez no puede garantizar un adecuado funcionamiento de la justicia, un juez ni siquiera tiene las condiciones para poder innovar e incidir en la doctrina jurisdiccional.
En esta tribuna argumentamos, a propósito de la reelección legislativa, que tres años en la Cámara de Diputados, y tres años en las alcaldías era insuficiente tiempo como mandato para poder realizar las funciones que tienen encomendadas.
Les hago la pregunta a conciencia: ¿Creen ustedes que un juez constitucional terminal, cuyas resoluciones no pueden ser revisadas por nadie y por nada, un juez que tiene la última palabra, si ese juez con una duración de tres años va a poder dar lo mejor de sí en beneficio de la justicia?
Y no lo decimos por un asunto de percepción, es un asunto de racionalidad constitucional, presente en todos los diseños de los órganos jurisdiccionales.
El Senador Zamora lo dijo en la Comisión de Justicia hace algunos años: “Es un tema crucial para el fortalecimiento del Sistema de Justicia”.
Este transitorio que hoy estamos cambiando está mal de origen, tanto por diseño, como por problemas de constitucionalidad.
No nos dejemos ir por la discusión fácil, por la sospecha, ni por la idea de que éste es un asunto de debate interno entre los partidos políticos.
Nuestra decisión que se va a reflejar en el tablero, la decisión que se va a reflejar en el tablero es un dilema muy sencillo. O hacemos de la justicia, justicia imparcial, objetiva pronta y expedita, o regresamos a los años de 2006, cuando pusimos en vilo a la nación entera.
(Aplausos)
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador Gil.
¿Con qué objeto Senador Zamora?
El Senador Arturo Jiménez Zamora: (Desde su escaño) Alusiones, me aludió el Senador.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Tiene el uso de la palabra.
El Senador Arturo Jiménez Zamora: Muchas gracias Presidente, y a la Mesa Directiva mi gratitud.
El artículo 1 constitucional, que reformamos nosotros, establece claramente el principio pro persona. A partir de entonces estamos, como instituciones, obligados a aplicar en su más extensa función, no sólo a la norma constitucional, sino también los temas que tienen que ver con los pactos que hemos celebrado con otros países.
En este sentido, la Corte Interamericana integró su jurisprudencia y criterios interpretativos de la Corte Europea de Derechos Humanos, en el tema relativo a la independencia de los jueces.
Luego entonces, la independencia de los jueces, uno de estos elementos que rescatamos de la jurisprudencia habla precisamente de la inamovilidad, y la inamovilidad tiene que ver con un tema de la prolongación en el ejercicio del cargo de los jueces.
Yo considero que no hay ninguna afectación al escalonamiento con una decisión como la que se ha propuesto en la reforma al artículo transitorio, porque el escalonamiento se mantiene, y esta es una gran ventaja para poder tener criterios y tener la oportunidad de personas que vengan a renovar estos órganos constitucionales.
Pero además, creo que el escalonamiento que se sigue manteniendo en la reforma al transitorio, fortalece la independencia, sin duda alguna, y fortalezca la autonomía.
El Senador Manuel Bartlett Díaz (Desde su escaño): Presidente.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Deme un segundito, Senador Zamora. Discúlpeme
El Senador Manuel Bartlett Díaz (Desde su escaño): Yo quería pedir para hechos. Esa es mi petición.
Gracias, Presidente.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Siga, Senador Zamora.
El Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.
La decisión, que con el voto de las y los legisladores, pudiésemos tomar en unos momentos, no está fuera de tiempo, la decisión está a tiempo porque ellos no han asumido el cargo.
Por otro lado, es importante reflexionar que tampoco se afecta al principio de legalidad, porque hay en la norma constitucional dos principios muy importantes, y uno de ellos tiene que ver con la retroactividad en favor de la persona, y si regresamos al espíritu del 1º constitucional, se fortalece aún más.
No se pone tampoco en tela de duda la integridad e independencia de los magistrados nombrados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y no se pone en duda, de ninguna manera, porque tenemos los precedentes de las Salas Regionales y de la actual Sala Superior, que está por concluir, en donde a todos los partidos, nos consta, que a todos los partidos les han anulado elecciones, y a todos los partidos les han impuesto sanciones.
Por lo tanto, nos parece muy claro que el ejercicio de la Sala Superior, que es una Sala Constitucional, ha venido definiendo criterios que se convierten en jurisprudencia, y por tanto, en obligación de aplicación de los nuevos magistrados, y en ese sentido no habría ninguna carga en favor o en contra de ningún partido político.
Lo que se propone en el artículo transitorio, sin duda alguna, genera condiciones de estabilidad al tribunal, y da condiciones de estabilidad al tribunal por otra razón.
En el caso de los que están nombrados por dos años, quiero recordar, que por disposición de la norma, hay también en este caso un impedimento para dedicarse a una actividad relativa al ejercicio de sus funciones por dos años.
Luego, entonces, entramos a un proceso en donde se les está impidiendo a los magistrados que estuvieron por tres años, que en dos años no se dediquen al ejercicio de este tipo de actividades.
Yo no veo partidización en ninguno de los integrantes, veo una autonomía e independencia por la historia que cada uno de ellos ha tenido, y porque seguramente lo que precede, lo que han hecho, lo que están haciendo y lo que seguirán haciendo, sin duda alguna, será brindar certeza jurídica en todas sus decisiones.
Por razón reitero: Habrá mejores condiciones de estabilidad para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque estaremos garantizando un desempeño mínimo de carácter temporal, y nos estamos ajustando a las normas constitucionales mexicanas y también a los pactos celebrados en el ámbito internacional.
Por esa razón, yo quiero compartir con ustedes, que derivado de la designación de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Superior de la Federación, en el grupo parlamentario del PRI, todos estamos complemente de acuerdo en avalar su desempeño y su temporalidad.
Todos estamos completamente de acuerdo en que estamos tomando una decisión altamente razonable, y queremos felicitar a los integrantes de la Comisión de Justicia, y también queremos reconocer, en el caso del grupo parlamentario del PRI, a Emilio Gamboa Patrón, porque él ha mantenido la conciencia de grupo y porque nosotros votamos precisamente en conciencia.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Zamora.
A ver, compañeros Senadores. Hemos tenido más de 25, por favor, escúchenme, hemos tenido más de 25 intervenciones.
Me ha pedido, para hechos, la palabra el Senador Bartlett, y el Senador Martínez.
Servicios Parlamentarios me había informado que se había bajado. Los dos.
Después de ustedes dos, voy a consultar a la Asamblea, independientemente de que se registren más para hechos, si está suficientemente discutido el tema.
Ustedes dos, y la Asamblea va a decidir si seguimos con este debate.
El Senador José María Martínez Martínez: Bueno, primero hacer notar dos cuestiones.
Una, notaron que el Senador Arturo Zamora jamás refirió a las alusiones personales que le infirió el Senador Roberto Gil.
Y segundo, se han dado cuenta que nadie se ha referido al dictamen, nadie de los oradores se ha referido al dictamen, está hecho con los pies, esto no hay discusión.
Sin embargo, es importante también traer a colación aquella famosa expresión de que: “si nada como pato, grazna como pato y camina como pato, pues es pato”.
Ya hoy en redes sociales, en términos del lenguaje contemporáneo, se establece que es una ley de cuates, es decir, ya hay lords y ladys Senadores que eventualmente hacen una ley de cuates, lo digo nada más como apunte porque así se están refiriendo a este dictamen en las propias redes.
Se ha aludido sobre manera, en estas cuestiones de imparcialidad.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Deme un minuto, Senador, por favor.
Senador Preciado, ¿con qué objeto?
El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: (Desde escaño) Para hechos, Presidente, después de los dos oradores, rectificación de hechos.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Hemos dictado un trámite.
Después del Senador Bartlett voy a consultar a la Asamblea, y después iniciaré con una lista, si así lo decide la Asamblea.
Senador Martínez.
El Senador José María Martínez Martínez: Gracias.
Aquí se ha expresado la preocupación que se tiene para poder resguardar la imparcialidad, la autonomía, la justiciabilidad respecto de quienes integran la Sala Superior, pero se hace en alusión completamente en contrario.
¿Por qué? Hay que también ser muy claros, y particularmente me dirijo a los de la Comisión de Justicia que hoy dictamina.
Estos Magistrados fueron electos con normas específicas no sólo establecidas en la convocatoria, sino referidas a la Ley Orgánica y a la propia Constitución.
Aquí también quien se inscribió hace un rato para hechos solamente aludió a uno de los párrafos del artículo 99 solamente en función de la conveniencia de su argumento.
Hay dos momentos de los principios que establece este artículo.
El primero, en efecto, tiene que ver con la elección, la elección.
¡Ojo! Lo que estamos haciendo en este momento no es para la elección de los magistrados que recién elegidos, valga la redundancia, estamos haciendo que haya una mayor durabilidad en su posesión del cargo.
¡Ojo! Y doy lectura literal, si me quieren seguir, está el artículo 99, fracción IX, dice: “Los Magistrados Electorales que integren la Salas Superiores y Regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Punto y seguido.
¡Ojo! La elección de quienes las integren será escalonada.
¡Ojo! Es un primer principio, la elección de quienes la integren será escalonada, conforme a las reglas y procedimientos que hacía en la ley.
Acto seguido.
¿Qué sigue en el siguiente párrafo?
Que nadie ha aludido, por cierto.
Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo nueve años improrrogables.
Es la Constitución que me acaban de dar aquí de la Mesa Directiva. Septiembre 2018, en su artículo 99.
Son dos, entonces, dos principios que en efecto para lograr mayor imparcialidad, autonomía e independencia y estabilidad judicial se presumen, primero, para la elección.
Segundo, para su encargo.
¿Cuánto duran en su encargo?
El primer principio se refiere, en efecto, para garantizar la imparcialidad, la autonomía y la independencia del Poder Judicial, en este caso concreto del Tribunal Electoral.
Pero hoy esta ley de cuates que se está discutiendo la están haciendo en función para que duren más en su encargo, ya fueron electos, se le está pasando a la Comisión de Justicia, tal vez, ya fueron electos, fueron elegidos en razón de normas concretas y con una temporalidad específica que remite la convocatoria a la propia Ley Orgánica y a la Constitución, en efecto, en cuanto a su principio de elección.
Por tanto, es una barbaridad por más que vengan y nos hablen de doctrina constitucional y del Paco de San José y el artículo 1° respecto de los derechos humanos en concatenación con el criterio de la Suprema Corte para efectos de la historia judicial, esto es mero rollo, realmente esto no existe, lo que me parece que es sano aceptar, porque, además, tampoco lo legitima, es el albazo que están haciendo para poder acabar una negocia que no les salió bien, eso es claro.
¿Y por qué mejor no lo dicen con todas sus letras de que se pretende favorecer a las cuotas menos favorecidas con respecto a la duración del encargo?
Esto es lo más importante que estamos discutiendo para no meternos en rollos de interpretación constitucional o doctrinal.
Es cuanto, señor Presidente.
Muchas gracias.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias.
Sí, Senador Zamora, ¿con qué objeto?
Está cerrado el registro, pero ¿con qué objeto?
Denle volumen, por favor, en su escaño.
El Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Muy breve, si me lo permite, Presidente.
Yo quiero pedirle si se retira del acta de los Debates, la parte última de mi intervención.
Y quiero aprovechar para decir que esa parte final no se dijo con ningún ánimo de descalificar.
Yo quiero aprovechar para desconocer al Partido Acción Nacional el trabajo que ha venido desempeñando en este Pleno y reconocer el trabajo de la conducción que ha venido realizando también el Coordinador del Partido Acción Nacional.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se ha hecho la moción. Retírese del acta lo vertido por el Senador Zamora, en el último párrafo.
Tiene la palabra el Senador Bartlett, es el último orador y luego consultaré a la Asamblea si está suficientemente discutido.
Si me deja, Senador Preciado, le voy a dar el uso de la palabra para que no tenga que gritar, ¿me permite darle el uso de la palabra?
¿Con qué objeto, Senador Preciado?
El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: (Desde su escaño) Es que yo pedí la palabra y usted me comenta que iban a entrar dos oradores y lo iba a presentar a la Asamblea.
Sin embargo, cuando lo hace el Senador Zamora del PRI, usted le da la palabra y no le pregunta ni siquiera para qué objeto, él empieza a hablar.
Nada más pedirle, que sea…
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Senador Preciado, si no escuchó, le dije al Senador Zamora que estaba cerrada la lista de oradores, que ¿con qué objeto?
Hizo una moción reglamentaria para retirar sus palabras del acta. Usted conoce el Reglamento perfectamente, sabe que el Senador puede pedir que se retiren sus palabras, y es una moción, no le di el uso de la palabra para que viniera a tribuna a seguir con el debate, Senador Preciado.
El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: (Desde su escaño) Sólo le digo que se conduzca con imparcialidad, señor Presidente.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Adelante, Senador Bartlett.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: Yo le hice una pregunta al señor Senador Gil, pero no me entendió, no me entendió.
Yo le dije que si no había escuchado el debate, porque nos vino a recitar otra vez todo lo que ya había sido impugnado por gentes de su partido y por Senadores de todos los demás.
Entonces fue una reiteración que no quiso entender, pero fue aplaudido por el PRI estruendosamente.
La conclusión en relación con este planteamiento es que es un albazo, es un absoluto albazo, así hayan presentado toda una iniciativa, que no se dictaminó, yo he presentado muchas y no las dictaminan. Eso no da ningún crédito a decir: “Es que yo la presenté y ahora ya que los eligieron, vamos a cambiar”.
El argumento de que fue impugnada la Sala Superior en un periodo crítico, pues es el que habría que aplicar aquí, si se hace esta reforma, va a ser impugnada claramente por ser extemporánea y por ser ilegal e inconstitucional, así es que si hablamos de dar estabilidad a esta reforma, además de ser grotesca, un albazo, le va a dar debilidad desde luego adicional al Tribunal y a su Sala Superior.
Voy a ser muy breve, porque ya hemos dicho casi todo.
El señor Senador Zamora, que es un distinguido jurista y también nos echó una catilinaria legaloide, termina diciendo cosas verdaderamente absurdas, dice que él no vio que esto no es de cuotas. Bueno, la nación entera, todos los medios de comunicación les atribuyeron tres a usted, señor Senador, dos al PRD y uno al PAN, es de cuotas, es abierto, está pidiendo una más.
Es descaradamente una repartición de cuotas en los partidos que van a concursar en la elección que ya tienen su Sala Superior, dice el señor Senador Zamora, buen jurista, sin duda, dice que no vio, no vio ninguna partidización.
Señor Senador, hay que ponerse unos lentes, todo mundo la vio, señor Senador, es un acto partidista, es un asalto a las instituciones electorales, claro que se vio nacionalmente, de manera que no le van a dar estabilidad, porque esto es cuestionable ante la propia Suprema Corte, que ya vemos que también tiene sus bemoles y sus tendencias, por lo mismo, por el sistema de elección, verdad, no le van a dar estabilidad, porque le van a dar una brutal fragilidad con lo que quieren votar el día de hoy.
Y por otro lado, no se les olvide que el nombramiento, el nombramiento de esa Sala Superior es ilegal también, no lo eligió el Pleno, lo eligió la Junta de Coordinación Política en una sesión que no existió.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, don Manuel.
Consulte, la Secretaría a la Asamblea, si el tema está suficientemente discutido.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si considera que el tema está suficientemente discutido.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se encuentra suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.
Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar la votación, y ábrase el sistema electrónico, hasta por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, y con el voto del Senador Toledo, tenemos un total de 67 votos a favor, 17 votos en contra y cero abstenciones.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias.
En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4º de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.
Hago de su conocimiento que los asuntos referidos a solicitud de recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017, se turnarán directamente a la Cámara de Diputados para, en su caso, permitir su atención oportuna. La lista de estos asuntos se publicará en la Gaceta.
A petición del Senador Manuel Cárdenas Fonseca, esta Presidencia emite atenta excitativa a comisiones a fin de que presenten los dictámenes que corresponden a los diversos asuntos enlistados en la agenda de hoy.
Las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta.
Los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestras agendas se integrarán al Diario de los Debates y se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo jueves 3 de noviembre, a las 11:00 horas, en la que se recibirá la comparecencia de la Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 16:28 horas
