Versión Estenográfica de la discusión en el Pleno, durante la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, sobre el dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones constitucionales en materia de justicia laboral.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Tenemos ahora la segunda lectura a un dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones constitucionales en materia de justicia laboral.
Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se omite su lectura.
SECRETARÍA: Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura.
Quien esté a favor, favor de levantar su mano.
Quien esté por la negativa, también manifestarlo levantando su mano.
Sí se omite la lectura, señor presidente.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias.
Se concede el uso de la palabra al senador Enrique Burgos García, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, en término de lo dispuesto por el 196 del Reglamento.
Denle volumen desde su escaño al senador Neyra, por favor.
SENADOR ARMANDO NEYRA CHÁVEZ: Gracias, señor presidente.
Desde luego que después de haber participado en las diversas sesiones de las comisiones en referencia, estamos de acuerdo con el dictamen. Nada más que el martes 5 de este mes, sindicalistas del Estado de México que representan a 700 sindicatos, a los cuales pertenecen más de 3 millones de trabajadores, me pidieron que entregue este documento para que, en la ruta que siga este dictamen, que primero va a la Cámara de Diputados, a los estados de la República y luego al Ejecutivo, considerando la situación económica y política de este país; pueda haber algunas consideraciones.
Es cuanto, señor presidente.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Claro que sí, muchas gracias don Armando. Lo integramos al expediente y Servicios Parlamentarios, si recoge el documento.
Adelante, senador Burgos.
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, señor presidente.
Honorable Asamblea:
A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, presento el dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos Segunda, en atención a la iniciativa presidencial en materia de impartición de justicia del trabajo.
Expreso antes mi reconocimiento personal y gratitud al trabajo y valiosa participación en el estudio de esta iniciativa, de los presidentes de esas comisiones, senadores Fernando Yunes Márquez, Miguel Ángel Chico Herrera y a don Miguel Barbosa Huerta; así como al senador Alejandro Encinas Rodríguez, ahora presidente de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
Y agradezco también la interlocución de los senadores Héctor Flores, del Grupo Parlamentario del PAN; Luis Humberto Fernández y Luis Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, en la fase del acuerdo de modificación.
También dejo constancia de reconocimiento a las senadoras y los senadores integrantes, todos, de las comisiones dictaminadoras, por sus consideraciones, aportaciones y orientaciones en el estudio de la iniciativa, su dictamen y las modificaciones al mismo.
Debo destacar que las propuestas de reformas constitucionales que nos ocupan, tienen su origen en el foro de consulta sobre justicia cotidiana, que fue encargado por la Presidencia de la República al CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económica; así como a los diálogos por la justicia cotidiana, que se efectuaron con seguimiento puntual de las conclusiones de dicho informe con una amplia participación de voces de la sociedad civil, Academia y el Servicio Público.
Esta iniciativa plantea, y así lo sustenta el dictamen en sus consideraciones, los elementos básicos de la transformación del derecho de acceso a la justicia del trabajo.
Se afirma la distinción entre la función conciliatoria en los conflictos laborales y la función de impartición de justicia ante el surgimiento de posibles conflictos.
Esta distinción, permite plantear una transformación del acceso a la justicia del trabajo, al transferirse a los poderes judiciales de la federación y de las entidades federativas los asuntos contenciosos que hoy conocen las juntas, tanto federal como locales de conciliación y arbitraje.
Segundo. Por consolidar en el ámbito de los poderes Ejecutivo de la Federación y de entidades federativas, la función conciliatoria ante la aparición de conflictos en las relaciones laborales.
Para su atención, se plantea el surgimiento de organismos descentralizados en el ámbito de la administración pública federal y de las entidades federativas que tengan a su cargo el conocimiento de las diferencias entre los trabajadores y el patrón para impulsar procedimientos de autocomposición.
Tercero. Asignar al organismo descentralizado federal, que asumirá la función conciliatoria en ese orden de gobierno, la responsabilidad nacional de llevar el registro de las organizaciones sindicales, así como de los contratos colectivos de trabajo suscritos en todo el país.
Cuarto. Fortalecer el principio democrático para la organización y funcionamiento de las agrupaciones sindicales, mediante el reconocimiento a la libertad de decisión de trabajador y principio mayoritario para la definición de sus dirigencias, la resolución de conflictos entre sindicatos y las solicitudes de elaboración de un contrato colectivo de trabajo.
Informo a ustedes que en el curso de nuestras deliberaciones y presentación del proyecto de dictamen, se formularon propuestas y contrapropuestas que podrían implicar alguna aclaración de lo sucedido en el trayecto.
Permítanme resaltar que en el trabajo muy productivo de los integrantes de las comisiones dictaminadoras, incluido el acuerdo de modificaciones con el que enseguida se dará cuenta, señor presidente, se determinó preservar la referencia de los laudos, como se conocen las resoluciones de las juntas y de los procedimientos arbitrales en el artículo 107 constitucional.
Establecer una referencia genérica en distintos apartados de la reforma a los tribunales laborales sin distinguir su tipo.
Mantener la fracción XXI del apartado A, del 123 constitucional, que establece derechos de los trabajadores frente al patrón, en términos de la indemnización y demás responsabilidades que resulten del conflicto con el señalamiento de que, en todo caso, si el asunto ha sido resuelto judicialmente estará obligado a cumplir con la sentencia.
Dos. Precisar que cuando una organización sindical busque obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo, sólo deberá acreditar que cuenta con la representación de los trabajadores.
Establecer la condición de la cosa juzgada para los convenios laborales derivados de la instancia de conciliación para su cumplimiento y ejecución.
Incorporar la expresión personal libre y secreta de los trabajadores para el caso de celebración del contrato colectivo de trabajo, y reflejar en el texto constitucional la participación de trabajadores para agruparse en confederaciones, y de acuerdo a los estatutos de cada organización.
Me detengo en este último punto.
En 1948, se adoptó por la Organización Internacional de Trabajo el Convenio 87 sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, en cuyo preámbulo se postula que, entre los medios susceptibles de mejorar las condiciones de trabajo y de garantizar la paz se encuentran: la afirmación del principio de la libertad de asociación sindical, al tiempo que se proclama que la libertad de expresión y de asociación son esenciales para el progreso constante, y afirmándose que la Asamblea General de las Naciones Unidas hizo suyo estos principios, mismos que se adoptaron por la Organización Internacional del Trabajo.
Nuestro país ratificó dicho convenio el 1º de abril de 1950, incorporándose a nuestro orden jurídico el derecho de los trabajadores organizados, de elegir libremente sus representantes en términos de sus estatutos, redactados en atención a su autonomía. En tal virtud, ninguna autoridad puede ni debe limitar ese derecho.
Honorable Asamblea, estamos ante una serie de planteamientos torales para la evolución de nuestro sistema de organización al interior del Estado mexicano, a fin de atender aspectos fundamentales en las relaciones de trabajo.
Al analizar la iniciativa presidencial y formular nuestro dictamen y sus modificaciones, los integrantes de la comisiones unidas colocamos la mirada en el horizonte de la salvaguarda de los principios y el análisis y adecuaciones de los instrumentos para su vigencia efectiva.
Nuestro país se ha distinguido por la protección de los derechos de los trabajadores y también por la generación de condiciones para que las relaciones obrero-patronales impere en criterios de justicia, en un clima de impulso a la capacidad productiva y a la atracción de la inversión.
Para ello, es vital fomentar el equilibrio y la armonía entre los factores de la producción.
Con estas reformas se impulsa una nueva etapa en el derecho de acceso a la justicia en materia laboral, atendiéndose al respecto los derechos de los trabajadores y la seguridad jurídica de los integrantes de las tres partes: gobierno, capital y trabajo.
Nuestro artículo 123, fue pionero en la historia del mundo, porque incorporó el pensamiento social de los derechos de los trabajadores en una Constitución que nació así, con una sólida vertiente de constitucionalismo social.
Con las presentes reformas, somos leales a esta tradición de justicia social, con nuevos métodos para la autocomposición de las partes, el acceso a la justicia ante un órgano jurisdiccional caracterizado por su imparcialidad y la plena garantía de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.
Con este espíritu, nos permitimos felicitar la consideración y voto aprobatorio de los distinguidos asistentes.
Señor presidente, si usted me lo permite, un compañero nuestro hará la presentación del acuerdo modificatorio.
Muchas gracias, señor presidente.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Enrique Burgos.
Me ha pedido desde su escaño, el presidente de la Comisión de Justicia, del senador Fernando Yunes Márquez, si le dan sonido desde su escaño, por favor.
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, presidente.
En virtud de que el senador Enrique Burgos ha hecho una exposición amplia y una presentación muy buena del presente dictamen, y por la apretada agenda legislativa y la comparecencia que habremos de tener en unos minutos de la Secretaria de Relaciones Exteriores, declino mi participación y solamente le solicitaría que mi intervención sea agregada al Diario de los Debates.
Muchas gracias.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Yunes, presidente de la Comisión.
Servicios Parlamentarios, por favor si recogen su intervención y que quede registrada en el Diario de los Debates de manera íntegra.
Tiene el uso de la palabra, también para presentar el dictamen, el senador Miguel Ángel Chico Herrera.
Si le dan volumen, por favor, al senador Barbosa.
SENADOR LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA: Pide el uso de la palabra el de la voz, porque soy presidente de la Comisión. El senador Chico Herrera no lo es, así es que me toca a mí presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, presidente.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Por favor, senador Barbosa, si quiere hacer uso de la palabra.
SENADOR LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA: No, solamente decir que se ha alcanzado un acuerdo completo sobre esta propuesta de reforma constitucional en materia de justicia laboral.
Que lo importante es lo que está contenido en el documento, no lo que se plantee. No fue fácil alcanzar los consensos, se tuvieron que estar defendiendo derechos laborales que han sido parte ya de toda la historia jurídica en materia laboral; se intentó eliminar la fracción XXI del 123 constitucional y afortunadamente hubo la altura de miras para reconocer que debería de preservarse.
Se intentó alterar adicionando la fracción XVIII y con eso el derecho de huelga, y afortunadamente se alcanzó el consenso para dejarla intacta, haciéndole un segundo párrafo en el que todos coincidimos.
Y finalmente la nueva fracción 22-BIS, desde luego que tiene todavía elementos de interpretación, mantiene al voto personal, libre y secreto como un nuevo derecho laboral en la Constitución.
Así es que con ello estamos nosotros satisfechos del avance que se tuvo, celebramos que así haya ocurrido y desde luego lo importante no es lo que se diga, tenemos urgencia de tiempo; sino lo que está contenido aquí en este dictamen.
Gracias, presidente.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Luis Miguel Barbosa.
Senador Miguel Ángel Chico Herrera, tiene el uso de la palabra y también si nos dan la intervención del senador Barbosa, para extraerlo de manera íntegra en el Diario de los Debates.
SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA: Gracias, presidente.
Señor senador Barbosa, le recuerdo respetuosamente, soy el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores:
Una de las reformas que han sido un parteaguas en el desarrollo de nuestro país es la reforma laboral, aprobada en el año 2012 durante la LXII Legislatura. Muchos de los beneficios que está arrojando esta reforma estructural, hay más empleos, como ya lo ha anunciado el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, se han generado más de 2 millones de empleos en poco más de tres años en lo que va de este sexenio. Cifra histórica en el país, lo que también alienta la productividad de las empresas.
Por otra parte, se ha fortalecido la transparencia y la democracia en nuestros sindicatos.
También la equidad de género, la inclusión y la no discriminación en las relaciones laborales. De igual forma, se aprobaron reformas para que los conflictos laborales se resolvieran con agilidad; sin embargo, la justicia laboral es un aspecto que quedó pendiente y que el día de hoy el Senado Mexicano atiende con seriedad, sensibilidad y responsabilidad, con la finalidad de que todas las partes que intervienen en las relaciones laborales que se encuentren en un conflicto de esta índole en México, tengan una mayor certeza jurídica durante el proceso que conlleva a la solución.
Esto derivado de la iniciativa de reformas constitucionales enviada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para mejorar la justicia cotidiana.
Por tal motivo, el presente dictamen que hoy nos atañe presenta una serie de reformas constitucionales que arrojan una importante reconfiguración en la relación con la impartición de justicia laboral. La creación de tribunales en materia laboral, dependientes del Poder Judicial Federal y de las entidades federativas, autoridades jurisdiccionales con capacidad y experiencia en el ramo; la creación de centros de conciliación como instancia obligatoria para trabajadores y empleadores en la búsqueda de soluciones de conflictos tanto en el orden local, como en la federación; este último además con la tarea de registrar todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales.
Autonomía de estos organismos de conciliación, son los cambios que la justicia laboral requiere para así lograr una correcta, ágil y eficaz justicia cotidiana.
Por otra parte, la representatividad de organizaciones sindicales, así como la certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo, dentro de la libertad de negociación colectiva y de los legítimos intereses de los trabajadores y patrones.
La garantía del voto personal, libre y secreto de los trabajadores para elección de los dirigentes, la resolución de los conflictos entre sindicatos y la solicitud de celebración de contratos colectivos de trabajo y el respeto al derecho de huelga; son muestra del compromiso y respeto hacia los derechos por los que los trabajadores de este país han luchado y logrado a través de este gran sindicalismo mexicano en el devenir de nuestra historia.
El movimiento obrero mexicano ha estado siempre en el centro de la vida pública del país, sus luchas han sido la de los trabajadores y han tenido como objetivo el mejoramiento de las condiciones de empleo de los mexicanos. Los derechos de los trabajadores han sido velados por grandes líderes, que han comprendido que la dignidad de los obreros debe ser fundamental en el entramado del Estado mexicano.
Grandes logros han emanado de la colaboración y el entendimiento entre gobierno y movimiento, la creación del IMSS en 1943; y del INFONAVIT en 1972; son consecuencia de las luchas de los movimientos sindicales en nuestro país.
Defensas como el derecho a huelga, a la capacitación, adiestramiento, seguridad e higiene; han sido sólo algunos de los triunfos a los que en conjunto se han llegado.
A lo largo de la historia, las instituciones mexicanas han buscado prestar especial atención a las legítimas posiciones de todos los sectores.
El Estado tiene como obligación y objetivo alcanzar la paz laboral del país, entendiendo que escuchar las voces emanadas de la empresa y el sindicato es parte fundamental del ejercicio democrático y que ello permite obtener mejores resultados al momento de trabajar en pro de la sociedad, en pro de México.
Por todo lo anterior, expreso mi más amplio reconocimiento a los presidentes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, senador Enrique Burgos García; de Justicia, senador Fernando Yunes Márquez; de Estudios Legislativos Segunda y presidente de la Comisión, senador Miguel Barbosa Huerta.
A sus integrantes y a los de la Comisión de Trabajo y Previsión Social que me honro en presidir.
A representantes del tripartismo, empresarios, trabajadores y líderes sindicales, expertos académicos, así como al equipo técnico que hicieron posible la construcción de este dictamen.
Un ejemplo más de que los acuerdos son posibles en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República, en beneficio de todos los mexicanos.
Es así que solicito su voto a favor del presente dictamen.
Estoy seguro, amigas y amigos senadores, que este es un gran producto legislativo en beneficio de México.
Es cuanto, muchas gracias.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias a usted, presidente senador Miguel Ángel Chico Herrera. Muchas gracias.
Pasamos a posicionamientos.
Tiene el uso de la palabra el senador Jorge Aréchiga Ávila.
SENADOR JORGE ARÉCHIGA ÁVILA: Con la venia de la presidencia; compañeras, compañeros senadores, buenas tardes.
Los derechos laborales revisten un alto contenido de sensibilidad por las repercusiones para el grupo social a los que van dirigidos de la clase trabajadora.
Recordemos que uno de los logros obtenidos en la lucha revolucionaria es el derecho laboral, consolidado por primera vez en la historia mexicana en la Constitución de 1917.
La trascendencia del presente, radica en la transformación del Sistema de Justicia Laboral, para una eficiente y oportuna resolución de controversias entre trabajadores y patrones.
Los trabajadores mexicanos salen de sus hogares para desempeñar funciones productivas, con la finalidad de contribuir en el crecimiento de nuestro país y apoyar a la economía de sus familias.
El Estado, como garante de la clase trabajadora, debe blindar cualquier acto que vulnere la estabilidad del empleo.
Con la presente reforma, se refrenda el compromiso de protección de los trabajadores, incorporando mecanismos que agilicen los procedimientos judiciales.
Se transformarán las actuales Juntas Locales y Federal de conciliación y Arbitraje en un tribunal laboral o juzgados laborales, según corresponda el caso.
De aprobarse esta reforma constitucional, la resolución de conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de verdaderos órganos jurisdiccionales, federales o locales, los cuales emitirán sentencias en lugar de laudos, como tradicionalmente se venía realizando.
Sin duda alguna, estas resoluciones deben aportar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia.
Otra de las bondades de esta reforma es la conciliación, que buscará dirimir la controversia entre el trabajador y el patrón.
Los centros de conciliación correspondientes, deberán regirse con los principios de: certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad y profesionalismo y transparencia.
A nivel federal, existirá una junta conciliadora, misma que será un organismo descentralizado encargado de supervisar puntualmente los derechos y obligaciones de los actores laborales.
El titular de dicho organismo se desprenderá de un tema del Ejecutivo y la designación recaerá en el Senado de la República como un mecanismo de contrapeso y legitimidad.
La legislación secundaria deberá asegurar entre los trabajadores y patrones los principios de representatividad de las organizaciones sindicales, certeza de la firma, registros y propósitos de contratos colectivos de trabajo.
Asimismo, deberá garantizar esquemas democráticos para que los trabajadores elijan sus dirigentes mediante el voto personal, libre y secreto.
Por lo anteriormente expuesto, los senadores del Partido Verde votaremos a favor del presente dictamen.
Es cuánto señor Presidente.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias senador Aréchiga.
El senador Tereso Medina Ramírez, a continuación va a presentar una propuesta de modificación a nombre de todas las comisiones.
Tiene el uso de la palabra el senador Tereso.
El texto que está presentando está disponible en sus monitores.
SENADOR TERESO MEDINA RAMÍREZ: Con su permiso señor Presidente.
Honorable Asamblea:
Como es del conocimiento de este Honorable Pleno, el 5 de los corrientes las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos Segunda, aprobaron en lo general un dictamen relacionado con la iniciativa presidencial de modificaciones en la Constitución General de la República en materia de justicia cotidiana de trabajo.
En esa reunión, se manifestaron discrepancias relacionadas con la propuesta de modificar la Fracción 18 del Apartado “A” del Artículo 123 Constitucional, en torno a la hipótesis del emplazamiento a huelga para la suscripción de un contrato colectivo.
Por un lado, se planteó el punto de vista del empleador para contar con una norma constitucional que evite emplazamientos frívolos, de falsas organizaciones sindicales.
Y, por otro, se ventiló el punto de vista del sector obrero para impedir la práctica de los contratos de protección que vulneran los legítimos derechos de los trabajadores.
Sin demérito de la aprobación de lo general, en lo general el dictamen, cabe señalar que las juntas directivas de las comisiones dictaminadoras, con el impulso de los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del PRI, del PAN, del PRD y del Partido Verde, continuaron la vía del diálogo para encontrar una solución que permitiera alcanzar el consenso para una reforma tan significativa en el ámbito de acceso a la justicia para los trabajadores.
Ese diálogo permitió arribar a un acuerdo para modificar la redacción de la Fracción 18 del mencionado Apartado “A” del Artículo 123 Constitucional.
El Acuerdo devuelve la redacción de la Fracción 18 a lo planteado originalmente por el señor Presidente de la República.
Es decir que, sin tocar el contenido del mismo, en su substancia solamente se sustituye la referencia de Junta de Conciliación y Arbitraje por la mención de los tribunales laborales, acorde a la esencia de la Reforma planteada.
Por otro lado, para atender las preocupaciones de los sectores obrero y empresarial, en torno a las acciones inherentes, a la solicitud de la celebración de un contrato colectivo, se propone adicionar el siguiente texto que a la letra señala -entre comillas-:
“Cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo, se deberá acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores”.
Este texto atiende preocupaciones legítimas y cuenta con el consenso de los grupos parlamentarios que hemos mencionado.
Adicionalmente a este planteamiento, en las comisiones unidas se recogieron tres reflexiones para precisar y enriquecer la propuesta de reforma constitucional. Destaco la relativa a la congruencia que debe existir entre el texto de nuestra Constitución y los compromisos internacionales de nuestro país, en este caso específicamente con el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de libertad sindical y protección del derecho de sindicación; que reconocen los derechos de las organizaciones, de trabajadores para elegir libremente a sus representantes en los términos que disponen sus estatutos sindicales.
Esto también es congruente con lo aprobado en la reforma a la Ley Federal del Trabajo de noviembre del 2012, en torno a las previsiones estatutarias sindicales para la elección de los integrantes de las directivas de las organizaciones de trabajadores.
Además, en el acuerdo de modificaciones se propone dar cabida a dos cuestiones mayormente técnicas: preservar el texto constitucional en el concepto laudo, para efectos del juicio de amparo y disponer que en el caso de los acuerdos a que llegue el trabajador y el patrón, en la misma instancia conciliatoria se obtenga la condición de cosa juzgada para los efectos de su cumplimiento.
En tal razón, con esta significativa reforma constitucional en materia de justicia, considerando las modificaciones propuestas a través de este presente acuerdo, nuestro país le da entrada a una nueva etapa para la práctica de las relaciones laborales entre sindicatos, empresarios y trabajadores.
Y para ello, señoras y señores senadores, comparto con ustedes las siguientes tres reflexiones:
Con esta modificación de reforma constitucional en materia de justicia del trabajo, estamos también iniciando esta nueva etapa gobierno, empresarios, trabajadores, sindicatos, sociedad y medios de comunicación; en el camino de tres compromisos al mismo tiempo.
El primero es que estamos poniendo como punto central a nuestros trabajadores de México, sin distingo de centrales, sin distingo de militancias ni de partidos políticos.
El segundo es que estamos construyendo el andamiaje para poder, bajo las normas estatutarias legales y cotidianas en esta justicia, lograr que nuestro país siga transitando por la estabilidad laboral porque los que estamos en contacto con organizaciones, sabemos que la estabilidad laboral es intangible, es decir, no se mide hasta que se destruye. Y cuando se destruye, se aleja la confianza de seguir por la ruta de generación de empleos que muchos trabajadores que nos están escuchando en este momento, lo necesitan y tienen ese noble y legítimo derecho.
El otro punto, señoras y señores senadores, también nos está invitando esta reforma a construir también un sindicalismo responsable, inteligente, propositivo, en donde además que ponga como punto de partida a los trabajadores, que contribuya a la estabilidad laboral; también se inicie y se inscriba en las mejores propuestas para generarle a nuestro país los buenos incrementos de productividad y competitividad para que estos a su vez se traduzcan en mejores condiciones económicas, salariales de los trabajadores, que es un punto de partida principal para nuestros trabajadores y nuestras familias.
Me refiero, sin duda alguna, y los convoco además a que abramos este escenario para darle entrada al sindicalismo responsable que México lo reclama y lo requiere.
Un sindicalismo responsable con los trabajadores. Un sindicalismo responsable con los empleos. Un sindicalismo responsable con las familias y con la sociedad misma. Un sindicalismo responsable para México.
Y, en esa medida, ojalá al agradecerle a todos los integrantes de las fracciones parlamentarias que intervinieron en esta gran iniciativa, y al pedirles a todos que vayamos juntos y que con nuestra voluntad logremos algún día acercarnos al más caro anhelo de los trabajadores y nuestras familias.
Y, para ello, termino evocando la memoria del último ideólogo del siglo XX, el maestro don Jesús Reyes Heroles, para que juntos todos logremos tres cosas al mismo tiempo: “Libertad para el hombre, justicia para el pueblo e independencia para la nación”.
Por su atención, señoras y señores, muchas gracias.
Y, en tal virtud, respetuosamente solicito a la presidencia reciba en este acuerdo de modificaciones y se someta a la consideración de esta Honorable Asamblea si se acepta para sus efectos de incorporación al dictamen que habrá de discutirse y votarse en este momento.
Por su atención, muchas gracias.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Tereso Medina.
Una vez que han sido expuestas las modificaciones en la tribuna y se encuentran en sus monitores, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se integren al texto del dictamen.
SENADORA ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA: Consulto a la Asamblea si autoriza que las modificaciones se integren al dictamen.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.
Quienes estén por la negativa, sírvanse levantar la mano.
Sí se aceptan, presidente.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones que se han presentado en tribuna.
Seguimos con posicionamientos. Tiene el uso de la palabra el senador Luis Sánchez Jiménez del PRD.
SENADOR LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Compañeras y compañeros senadores, a esta discusión en el pleno sobre el dictamen de justicia laboral, que modifica el artículo 123 de nuestra Constitución, preceden otras discusiones realizadas en las comisiones unidas que participaron en la elaboración de este dictamen.
En ellas, las y los senadores del PRD lucharon, primero, para incluir la fracción XXI que había desaparecido, y se logró. Después, advertimos de la intención de incorporar sin ninguna discusión previa al respecto una adición a la fracción XVIII del artículo 123 constitucional, que hubiese condicionado el derecho de huelga para conseguir el contrato colectivo, a la demostración previa de una mayoría que en los hechos constituiría una negación del derecho de huelga, dejando a los trabajadores a merced de los intereses patronales y en condiciones de vulnerabilidad para exigir sus demandas.
Esta pretensión existió desde 1931 en la Ley Laboral. Se modificó en 1970. Ésta era conocida como “las listas negras”, dado que el sindicato tenía que demostrar con listas de trabajadores que tenían mayoría, y en el momento que lo hacía eran despedidos los trabajadores para que ese sindicato no pudiera tener mayoría.
Lo que ocurrió hace unos días en las comisiones unidas fue una intentona que a punto estuvo de configurar el mayor golpe a la clase trabajadora, que la patronal aspira a incorporar desde 1970, y que en la reforma laboral del 2012 no lograron incorporar.
Lo señalamos con precisión de forma y fondo. Esa adición trastocaba el contenido de la reforma de justicia laboral propuesta por el Ejecutivo y entregaba a los intereses patronales la decisión de poder elegir con cuál sindicato acordar el contrato colectivo y dejaba sin efecto, en los hechos, a la nueva autoridad federal que se propone crear y que será la responsable del registro de las organizaciones sindicales y sus contratos colectivos, así como también restado importancia a la nueva competencia de los tribunales laborales del Poder Judicial.
Celebramos que tras nuestros señalamientos de los riesgos de conflicto social por tal determinación lleguemos a esta discusión en el Pleno con una nueva propuesta de redacción que no lesiona ni vulnera el derecho de huelga y la autonomía sindical.
En tal virtud, el Grupo Parlamentario del PRD modificará su voto en contra que dio en las Comisiones Unidas y aprobará este Dictamen que recoge y comparte muchos de los planteamientos que sobre la materia nuestro Grupo y un servidor habíamos presentado con anterioridad.
El Dictamen que hoy discutimos contiene aspectos coincidentes con la iniciativa que presenté en el 2012 con aval del Grupo Parlamentario del PRD y que contenía tres asuntos relevantes que es menester precisar:
Uno. La creación del tribunal de lo social del Poder Judicial de la Federación.
Dos. La reducción de la jornada semanal de trabajo a 40 horas.
Y, tres. La reducción de tiempo de trabajo para los padres en la etapa de lactancia de sus hijos.
Hoy, se da un paso tímido pero importante al desaparecer a las juntas de conciliación y arbitraje para crear los jueces de lo laboral.
Tímido porque se desdeña la buena experiencia de los tribunales especializados como el electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo que generará problemas de diseño institucional que estoy seguro habrá de repararse muy pronto.
Importante, porque nos ponemos al día en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, de transitar a un sistema judicial de resolución de conflictos laborales.
Una virtud a resaltarse de la propuesta es, sin duda, la introducción de modalidades de voto director secreto para procesar las principales determinaciones de los sindicatos, además de la creación de un organismo público federal encargado de los registros de sindicatos y contratos colectivos.
Como lo han afirmado algunas organizaciones sindicales, cito: la supresión de las juntas de Conciliación y Arbitraje podrían ser el punto de partida de un proceso de transformación más profundo que en etapas posteriores incluiría, entre otras medidas, la eliminación del Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional, así como el establecimiento de diversos preceptos que favorecerían la libertad de afiliación sindical, eliminando la injerencia de gobiernos y los patrones en los asuntos internos de las organizaciones de los trabajadores.
Sin embargo, es vitar reafirmar que cualquier propuesta de reforma laboral que deje en pie los pilares de la discrecionalidad gubernamental y no ofrezca la oportunidad de renovar y fortalecer en forma pacífica al sistema de representación de los trabajadores, de manera que la democracia penetre en las organizaciones y les otorgue la legitimidad derivada del verdadero respaldo a sus miembros, no estará a la altura de las circunstancias por las que hoy atraviesa el país.
La democracia real debe pernear todos los aspectos de la vida social del país.
Por ello se requiere dar paso a organizaciones sindicales libres a un modelo de relaciones laborales en donde la injerencia estatal y de los patrones en la vida interna de los sindicatos esté prohibida y sea sancionada.
Estos postulados representan no sólo viejos anhelos de la clase trabajadora siempre apoyada por la izquierda mexicana, sino también el cumplimiento de compromisos y obligaciones que en el ámbito internacional ha adquirido nuestro país, concretamente con la ratificación del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la libertad sindical, hoy de rango constitucional.
Así como también las normas del Convenio 98 de la OIT, hasta ahora pendiente de ser ratificado por nuestro país sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, ignorando los preceptos directamente en nuestra Carta Magna para apuntalar a la institución jurídica del contrato colectivo de trabajo, tal como lo expresa la iniciativa que el sobre el tema presenté y que espero sea dictaminada con la misma celeridad con que se dictaminó la que hoy discutimos.
La contratación colectiva es un instrumento normativo en la que culminarán las garantías sociales de libertad sindical, en concordancia con los convenios 87 y 98 de la OIT, puntales, universales de la justicia social, respaldando las obligaciones de las autoridades jurisdiccionales y administrativas de garantizar efectivamente los derechos libertad sindical y contratación colectiva; así como de estimular su ejercicio libre, progresivo y democrático.
No omito que las modificaciones de última hora al párrafo final de la nueva fracción 22-BIS tenían como finalidad el que las organizaciones sindicales oficialistas conserven sus formas no democráticas de representar a los trabajadores; sin embargo, la redacción final inhibe ese intento. Habrá voto personal para elegir dirigentes, habrá voto personal para celebrar sus contratos colectivos de trabajo, habrá voto personal para dirimir sus conflictos entre sindicatos.
Pero lo mejor, al aplicar esta reforma los sindicatos blancos, los contratos de protección llegarán a su fin. Con esta reforma veremos un cambio significativo en la vida sindical de México.
Muchas gracias.
SENADORA BLANCA ALCALÁ RUIZ: Gracias, senador.
A continuación tiene el uso de la tribuna el senador Héctor David Flores Ávalos, del Partido Acción Nacional.
SENADOR HÉCTOR DAVID FLORES ÁVALOS: Muchas gracias, presidenta.
Compañeras y compañeros senadores, hoy vengo a hablar a favor de este dictamen a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
En el año de 1917, nuestra norma fundamental fue ejemplo en el mundo, a través de la incorporación de derechos sociales que dos años más tarde algunos otros textos básicos, como la Constitución de Weimar, en el año de 1919.
En este texto, como todos ustedes saben, se encontraba no sólo el reconocimiento sino la protección de los derechos elementales de la clase trabajadora. A casi cien años de promulgada la Constitución, la sociedad mexicana se encuentra inmersa en un proceso de evolución y competencia de orden mundial.
Hoy, el reto es apostar por mantener la defensa de los derechos sociales, que nos ha caracterizado como nación, y buscar el equilibrio que nos permita brindar la certeza y la seguridad que se requiere para competir con éxito en el mundo.
Las modificaciones que hoy se proponen no sólo pretenden hacer a México más competitivo, sino también y yo diría sobre todo, llevar los beneficios que ello conlleva a fortalecer el empleo y los derechos sociales que en 1917 se plasmaron, robusteciendo el papel del trabajador como eje rector de esos derechos.
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, celebra la aprobación de este dictamen en materia de justicia laboral. Desde sus inicios, Acción Nacional ha tenido como principio de doctrina el trabajo, precisamente porque es el medio fundamental para la realización y dignificación de las personas y para satisfacer sus necesidades.
El acceso a las oportunidades laborales y la resolución de los conflictos que de ellos se derivan, son de alta importancia para los legisladores de Acción Nacional. La responsabilidad del Estado es integral y en ese sentido, se deben garantizar las condiciones dignas que permitan una participación progresiva de los trabajadores en el desarrollo de México y su economía.
Con el trabajador como eje de los derechos laborales, el Partido Acción Nacional busca garantizar la libertad de asociación sindical en aras de lograr la humanización de la vida laboral.
La Constitución tiene una doble naturaleza: es norma jurídica y es acuerdo político. Es, diría yo, el más importante acuerdo político que tiene la nación.
Así, su texto debe saber adaptarse a la realidad y lograr encontrar, como diría Rabasa, el equilibrio entre lo deseable y lo real.
Lo que hoy se pretende en esta reforma es precisamente eso. A 100 años de haberse realizado la última adecuación constitucional en materia laboral, hoy se plantea una nueva perspectiva que prevé una mejora para todos los trabajadores de nuestro país.
La reforma constitucional es el inicio de una serie de cambios institucionales que buscan erradicar las malas prácticas que hoy existen y mejorar el acceso a la justicia en materia laboral.
Los legisladores y las legisladoras de Acción Nacional, trabajaremos en la implementación de la reforma constitucional desde la trinchera del Legislativo, para generar una cultura de acceso a la justicia y a la legalidad que sea acorde con la realidad que hoy se vive, en la que se modernicen las instituciones y se satisfagan las necesidades y expectativas de la sociedad, para que la justicia laboral no se vuelva injusta, costosa y de difícil acceso. Y, sobre todo, que tenga al trabajador y al empleo como eje de los derechos fundamentales que hoy buscan protegerse.
Muchas gracias.
SENADORA BLANCA ALCALÁ RUIZ: Gracias, señor senador.
La senadora Laura Rojas, ¿con qué objeto, senadora?
SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.
Quisiera solicitar a la Mesa Directiva que pudiéramos dar paso ya a la comparecencia de la Secretaria de Relaciones Exteriores.
Fue citada a las 12 del día, son las dos de la tarde, llevamos dos horas de retraso. Me parece francamente una falta de respeto, no sólo para los funcionarios de la cancillería sino también para los senadores que nos hemos preparado y que vamos a participar en la comparecencia.
La política exterior, sobra recordarlo, es la facultad exclusiva de este Senado de la República y sí nos extraña mucho que la Mesa Directiva esté retrasando la comparecencia.
Lo mismo pasó cuando estábamos votando el Acuerdo de París, que la Mesa Directiva suspendió la votación del Acuerdo de París para dar paso a la votación de otro asunto.
Así es que, con todo respeto, señora presidenta, quisiera que ya pudiéramos pasar a ese asunto, o si no va a ser así, que se pudiera aclarar de una vez en la sesión y, en todo caso, pedir la reprogramación de la comparecencia de la canciller.
Muchísimas gracias.
SENADORA BLANCA ALCALÁ RUIZ: Sí, senadora. En un momento más le damos las explicaciones al caso.
La senadora Mariana Gómez del Campo, ¿con qué objeto?
SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA: Para el mismo objeto, presidenta.
Me parece una falta de respeto. Hago segunda a lo dicho aquí por la senadora Laura Rojas. Una comparecencia que comenzaría a las 12 del día, porque a esa hora fue citada. A último momento se incorporan al orden del día diversos dictámenes, que no dejan de ser importantes, pero ¡ojo!, la comparecencia de la canciller es crucial para el Senado de la República.
Yo me pregunto, a las 3 o 4 de la tarde cuántos senadores van a estar aquí presentes acompañando la comparecencia.
De ser posible, que se revise con la Junta de Coordinación Política el reprogramar la misma.
Es cuánto.
SENADORA BLANCA ALCALÁ RUIZ: Gracias, senadoras.
A ambas les informo que esta Mesa Directiva recibió la solicitud de la Junta de Coordinación Política y de sus coordinadores para que se pudieran incorporar los distintos asuntos que se han abordado a lo largo de esta sesión.
Del mismo modo, se le notificó a la señora Canciller, dada la pertinencia de los temas que estamos abordando. De tal suerte que si no existe inconveniente, continuaremos con el desahogo de la discusión que nos ocupa.
Y, entre tanto, consultaremos en todo caso con los integrantes de los grupos si existiera alguna modificación a lo que con esta Mesa Directiva se ha llegado ya al acuerdo correspondiente.
El senador Óscar Román, por favor, adelante.
SENADOR ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ: Muchas gracias, senadora presidenta.
Sí quiero señalar la importancia de lo que se está votando ahora. Creo que es una reforma constitucional trascendente para el sector obrero, para todos los trabajadores de nuestro país.
La primerísima responsabilidad que tenemos los senadores es estar primero cumpliendo nuestra responsabilidad, estar aquí en el Pleno, discutir todos los asuntos importantes como éste que se está discutiendo, no significando que la comparecencia de la Canciller sea menos pero creo que debemos de agotar todos los temas y estar el tiempo que sea suficiente porque así nos lo mandata la ley.
Creo que hay que darle prioridad a cosas, a temas y creo que hasta que agotemos todo lo que está agendado debemos abordar el tema siguiente que por supuesto es de trascendencia para todo el país, para saber los avances que hay en los temas del servicio exterior mexicano.
Pero sí quiero hacer hincapié que es responsabilidad de todos los senadores acudir a las sesiones y terminar hasta último momento porque es nuestra primera responsabilidad.
Por eso la gente votó por nosotros, nos depositó su confianza para cumplir con esta encomienda y no es menor.
Yo creo que sí debemos de valorar el que todos estemos presentes y muy pendientes y agotar todos los temas que estén considerados en el Orden del Día.
SENADORA BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ: Gracias senador.
Esta Mesa Directiva destaca la importancia de los temas que aquí se han señalado, por supuesto de la política exterior pero también del desahogo de la minuta que nos ocupa.
La senadora Gómez del Campo, por favor.
Adelante senadora.
SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA: Sí quiero dejar muy claro que para los senadores de Acción Nacional por supuesto que son importantísimos los dictámenes que se están discutiendo en este momento, pero también recordar que es crucial que podamos aquí tener las comparecencias, se está llevando a cabo la Glosa del Informe, estamos recibiendo a los diversos Secretarios.
Pero a veces pareciera que para el Senado de la República el tema que tiene que ver con política exterior siempre se deja para el final.
Lo pongo en la Mesa porque es un tema que nos preocupa.
Muchas de las mujeres que estamos aquí presidimos Comisiones de Relaciones Exteriores.
Por lo tanto yo sí quiero dejarlo como una preocupación del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que no se le dé la importancia, la relevancia a la señora Canciller, que el día de hoy comparecerá, probablemente, no sabemos si vayamos a tardar una hora más, dos horas más.
Entonces por respeto a ella, por respeto también a los que nos preparamos para una comparecencia que se llevaría a cabo a las 12 del día, pongo en la Mesa la posibilidad de reprogramar la misma y que se lleve a cabo en tiempo y forma.
Es cuánto.
SENADORA BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ: Gracias senadora.
Yo invitaría a que pudiéramos continuar desahogando el trámite procesal en el que estamos ocupados y por supuesto consultaré con el resto de los integrantes de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política si hubiera alguna modificación a lo que ya esta Mesa Directiva aprobó para que al concluir el trámite que nos ocupa, se dé inicio a la comparecencia de la señora Canciller.
Muchas gracias.
Para iniciar la discusión en lo general, ha solicitado el uso de la palabra el senador Manuel Cadena Fonseca, para señalar su posicionamiento en contra.
Adelante señor senador.
SENADOR MANUEL CÁRDENAS FONSECA: En atención a que los líderes obreros han planteado su aceptación a las enmiendas del Dictamen y toda vez que las que un servidor había enviado con toda anticipación en su mayoría fueron recogidas salvo la creación de más burocracia, dejando de plano el mismo camino tortuoso y la desconfianza en el Poder Judicial, pero así lo quieren los líderes laborales, retiro mi participación y la reserva que tenía sobre el Dictamen de mérito.
Y además, en una cortesía parlamentaria a la señora Secretaria de Relaciones Exteriores.
SENADORA BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ: Apreciamos mucho sus comentarios señor senador.
Siguiendo con el orden de los oradores inscritos, se encuentra en este término el senador Isaías González Cuevas.
Le preguntaría si es tan amable de hacer uso de la Tribuna.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Don Isaías: si me permite un minuto.
Compañeros senadores:
Me parece que hay la inquietud por parte de todos los grupos parlamentarios, de que los asuntos que se han tratado el día de hoy son de la máxima relevancia para este país, modificaciones constitucionales que deben ser abordadas con la seriedad debida, con el tiempo y con la atención que se merecen estas reformas constitucionales.
La Mesa Directiva, siendo sensible ante los comentarios que nos han hecho diferentes senadores, y en consulta con los coordinadores del grupo parlamentario, vamos a someter en este momento, porque hay un acuerdo previamente votado, someteremos a su consulta de todos los senadores si es de cambiarse la comparecencia de la señora Secretaria para otra fecha, que también traeremos a votar.
Por lo anterior, consulte la Secretaría por favor, en votación económica a la Asamblea, si es de posponerse la comparecencia de la señora Secretaria, que estaba prevista para el día de hoy.
SECRETARÍA: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea en votación económica, si autoriza que se posponga la fecha de comparecencia de la Secretaria de Relaciones Exteriores.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
Sí se autoriza, Presidente.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias.
Se pospone la comparecencia y seguimos con la discusión de la reforma constitucional.
SENADOR: Gracias, señor presidente.
Compañeras y compañeros senadores:
Vengo a esta tribuna a solidarizarme a favor de este dictamen y también precisar que los trabajadores de México siempre han sido leales con este país. Han contribuido al desarrollo de México, forman parte de la gran corriente positiva que ha iniciado en todos los renglones de la vida productiva de este país, para aportar generosamente con la comprensión cabal de todo lo que el país requiere adecuar de tiempo en tiempo.
Por eso, los trabajadores del país han sabido apretarse el cinturón en épocas en las que el país requiere austeridad y ahorro, han entendido que la demanda excesiva o la presión sin rumbo no conduce a nada bueno, han sabido contribuir a los programas necesarios de la economía para que la productividad mejore y la calidad del trabajo sea una de las razones por las que continuamente celebramos nuevas inversiones extranjeras en este país.
Cada vez que hay nuevos desarrollos industriales, cada vez que se anuncian nuevos proyectos e inversiones importantes para el desarrollo de México, se celebra el volumen de capital y la naturaleza de quienes han decidido invertir; pero poco reconocimiento tiene la fuerza laboral de este país, que es la que atrae también, por su preparación, por la calidad de su esfuerzo, por su disciplina y sobre todo por su responsabilidad cívica y social con el país; que queda demostrado todos los días.
En el artículo 123 constitucional, ha sido motivo de orgullo de los trabajadores durante muchos años, ahí están inscritas nuestras reivindicaciones y nuestros derechos, es el reflejo mejor del perfil que tiene nuestra Constitución como un documento de profundo contenido social.
Entendemos bien que la sociedad permanece estática y que el mundo ha cambiado. Entendemos que todos tenemos que hacer el mayor esfuerzo para adecuar nuestra realidad a los nuevos tiempos; pero es el momento de decir con libertad que en esta comprensión de la nueva realidad, pesa tanto en el sector empresarial como el sector laboral, que no deben verse sólo los avances en un área en detrimento de otra; si no se cuida a la fuerza de los trabajadores, si no se pone en la balanza a los millones de seres humanos que no tienen otra cosa más que ofertar su trabajo y sus conocimientos, la comprensión de nuevos tiempos será incompleta por injusta.
Por eso pensamos que sí se debe adecuar la ley para hacer nuestra economía más productiva, para incidir en la productividad en las fuentes de empleo.
En la COP que represento, decidimos que la productividad debe convertirse en un estilo de vida, con los beneficios correspondientes para los trabajadores.
Estamos de acuerdo en buscar con la reforma que las relaciones entre empresa y sindicatos se realicen en el marco de certidumbre jurídica y que los contratos colectivos y las propias organizaciones sindicales respondan realmente a los intereses de los trabajadores, eliminando toda posibilidad de simulación de la relación en el trabajo y de los contratos colectivos de protección patronal.
Por eso nosotros apoyamos la iniciativa del presidente Peña Nieto, porque entendimos que había necesidad de realizar algunos cambios.
Hoy, los convocamos a que con objetividad se vean las cuestiones propias de la reivindicaciones de los trabajadores y de la garantía que tenemos que darles de que con estas reformas van a mejorar, no van a empeorar sus condiciones de vida.
Estamos de acuerdo también en responder a sus compromisos internacionales firmados por nuestro país, y los que están en proceso de ratificación, como el Convenio del 98 de la OIT, para que sea una real garantía de la contratación colectiva y la práctica sindical en organizaciones sindicales autónomas que, haciendo uso de la autonomía, elijan por voto libre y secreto a sus representantes, y que esta práctica de la democracia sindical al interior de las organizaciones, sea garantía del ejercicio pleno de los derechos humanos de los trabajadores.
Respetemos y aboguemos el objetivo original de la iniciativa, que es de modernizar el sistema de procuración e impartición de justicia para los trabajadores y los patrones, respetando los derechos fundamentales de los trabajadores, como: la estabilidad en el empleo, que está en la fracción XXI del artículo 123, y el derecho de huelga que se inserta en la fracción XVIII del citado artículo.
Creemos en la democratización de los sindicatos. Pensamos que la democracia interna es necesaria para que los sindicatos avancen y la sociedad perciba estos esfuerzos.
Estamos de acuerdo con el presidente Peña Nieto, que dijo que los trabajadores necesitan sindicatos fuertes, que México necesita sindicatos fuertes, dinámicos y críticos.
Creemos también indispensable que los sindicatos rindan cuentas.
En la organización que represento, tenemos un portal dedicado a publicar puntualmente las aportaciones de los compañeros y que se invierten las mismas.
Creemos que es necesario que el sindicalismo amplíe su radio de acción para abordar también los problemas de las familias de los trabajadores, porque el sindicalismo social debe estar en los espacios que puedan ser útil a la sociedad en su conjunto.
Creemos que debe haber una nueva etapa del sindicalismo en México, lo que no aceptamos es que en esta nueva etapa desmantelen las conquistas de los trabajadores, destruyan los cimientos de la arquitectura de defensa de los derechos laborales, la autonomía sindical, la contratación colectiva y la libre determinación de los trabajadores en sus decisiones colegiadas.
Mi intervención hoy es para destacar la solidaridad con los trabajadores del país, que queda de manifiesto cada vez que se negocian los salarios mínimos, en donde los trabajadores siempre han mantenido una actitud de sensatez y congruencia.
Hay que avanzar, sí, pero señoras y señores senadores: vean las cosas con generosidad, con solidaridad con los millones de trabajadores de este país.
Ahí están, confiados en que las instituciones de la República los van a proteger.
Ellos, que sólo tienen para ofertar su trabajo y conocimiento y el amor por su Patria, no merecen que el Congreso sea indiferente a su esfuerzo y a su esperanza.
Por último, quiero mencionar algo bien importante: que los trabajadores sindicalizados de una empresa, Exportadora de Sal, de Guerrero Negro, hoy los trabajadores se les está negando el derecho de revisar su contrato colectivo de trabajo y argumenta la empresa que pasa por momentos difícil económicos, pero están peor los trabajadores y además que si está mal la empresa no es por culpa de los trabajadores, ellos nunca han administrado la empresa.
Por lo tanto desde aquí nos solidarizamos y pedimos a la autoridad competente, al Secretario del Trabajo, al Secretario de Economía, ¿para qué?, para que respondan de acuerdo a la ley, de acuerdo al compromiso que tienen con los trabajadores de la Exportadora de Sal, salineros de Guerrero Negro, Baja California Sur.
Desde aquí nuestra solidaridad.
Muchas gracias.
SENADORA BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ: Gracias señor senador.
La senadora Torres Peimbert. ¿Con qué objeto senadora?
SENADORA MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT: Simplemente mencionar:
Estamos posponiendo una comparecencia de una Secretaria.
Estamos tratando una modificación constitucional y no hay quórum.
Yo le pediría una revisión de quórum.
Me parece muy importante y me parece que es lo mínimo que podríamos hacer.
SENADORA BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ: Gracias senadora.
A juicio de esta Presidencia, hay quórum para continuar con la discusión.
Pero para que haya claridad de los integrantes, esta Presidencia abrirá el tablero electrónico por 10 minutos para… permítame señor senador. Adelante.
SENADOR LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA: Muy respetuoso.
No se ve bien que Gustavo Sotelo llegue a asistirla porque él es asesor de un Grupo Parlamentario.
Si llega Arturo Garita, ¡perfecto! Es Secretario Parlamentario del Senado.
Yo pido consideración; ahí está atrás. De verdad no es posible. O sea, seamos, no seamos cínicos.
SENADORA BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ: Gracias señor senador.
Le pediría que se abra –tomo nota señor senador-, y le pediría que se abra el tablero electrónico por 10 minutos para asegurarnos del quórum que requiere esta sesión.
Entre tanto, se le concede el uso de la palabra a la senadora María del Pilar Ortega. Por favor.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Con su permiso Presidenta.
Señoras y señores senadores, senadoras:
El dictamen que hoy estamos discutiendo entraña una Reforma histórica para la vida de nuestro país.
El modelo de justicia laboral que acuñó la Constitución de 1917, respondió a un momento histórico y a un anhelo de justicia social.
Las juntas de Conciliación y Arbitraje surgieron para visibilizar a los trabajadores mexicanos a través de un órgano que pudiera generar igualdad de partes en el proceso.
Al imaginar los procedimientos que se sometían antes de este cambio un trabajador en la búsqueda de justicia a las condiciones en que se desarrollaba su labor, no podemos menos que suponer la gran desigualdad y las recurrentes historias de injusticia.
Fue esto el motivo por lo que surgieron las juntas de Conciliación y Arbitraje como un organismo tripartita en donde se representaban tanto los trabajadores como la parte patronal.
Sin embargo, a casi 100 años de esta Constitución, nuestro país es diferente y es claro, es claro que las leyes deben adecuarse a la realidad social.
México hoy tiene instituciones más fuertes, su proceso democratizador ha cambiado su fisonomía, la división de poderes está cobrando más fuerza y contamos con principios constitucionales que velan por el respeto a los derechos humanos.
Y por otro lado, con el devenir de los tiempos, las juntas se han ido convirtiendo en entes que cada vez están más lejos de garantizar una auténtica justicia laboral.
La integración tripartita ha perdido su razón de ser, su ubicación dentro de la administración pública estatal y federal ha debilitado su actuación y ha generado incentivos perversos de politización de la justicia. Por ello, nos congratulamos por el hecho de que el día de hoy en este Senado estemos a punto de aprobar una reforma histórica que contribuirá a consolidar una mejor justicia laboral, a generar equilibrios y a incentivar nuestro crecimiento económico.
Reconozco la apertura de las comisiones dictaminadoras para escuchar la propuesta de la de la voz, para asegurar que los acuerdos generados en la fase conciliatoria alcancen la categoría de cosa juzgada.
Esta reforma que ha sido largamente esperada e impulsada, entre otros, por el Partido Acción Nacional, contiene los siguientes elementos:
Se transfiere la impartición y revisión de las relaciones individuales y colectivas de trabajo, que hasta ahora están confiadas a las juntas federal y locales de conciliación y arbitraje, al Poder Judicial de la Federación y a los Poderes Judiciales de las entidades federativas.
Se propone que las tareas de conciliación permanezcan en el ámbito de los ejecutivos federal y locales, a través de un órgano descentralizado.
Se plantea una nueva fracción 12-BIS al apartado A del artículo 123 constitucional, para garantizar la expresión del voto personal, libre y secreto de los trabajadores en materia de elección de sus dirigentes y resolución de conflictos en los sindicatos.
Se propone la creación de un organismo descentralizado que se hará cargo de la función conciliatoria de carácter federal, de función de registro de las organizaciones sindicales y los contratos colectivos de trabajo.
El nombramiento del titular de este organismo descentralizado se realizará a través de una terna, propuesta por el Ejecutivo Federal, calificada por las dos terceras partes de los senadores presentes. La ley establecerá las reglas para que los convenios/acuerdos realizados por el organismo descentralizado, adquieran la condición de cosa juzgada.
Serán materias de competencia exclusiva de las autoridades federales el registro de contratos colectivos de trabajo, la aplicación de disposiciones de trabajo en asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más entidades federativas; los contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una entidad federativa; las obligaciones patronales en materia educativa; los términos de ley, entre otras disposiciones, como las obligaciones de los patrones en materia de capacitación, adiestramiento de sus trabajadores, así como de seguridad e higiene.
En síntesis, los aspectos que contiene esta reforma son de la mayor importancia y constituirán un reforzamiento muy importante que por mucho tiempo hemos estado esperando.
Es por ello que votaré a favor del presente dictamen y solicito al Pleno se pronuncie también a su favor.
Es cuanto, presidente.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, senadora María del Pilar Ortega Martínez.
Tiene el uso de la palabra el senador Luis Humberto Fernández Fuentes.
Por favor si le dan volumen en el escaño de la senadora Graciela Ortiz, por favor.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidente.
Solamente para hacer una precisión que me parece de lo más pertinente, porque me parece muy injusto que se insulte o que se ofenda a quien es secretario técnico de la Mesa Directiva, que es el licenciado Gustavo Sotelo. Como lo fue el licenciado Zermeño, secretario técnico de la Mesa Directiva, exsecretario del Grupo Parlamentario del PRD, cuando el PRD le tocó presidir la Mesa Directiva.
Me parece que hay que conducirnos con más respeto con quienes colaboran con este Senado de la República.
Muchas gracias.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senadora.
Tiene el uso de la palabra el senador Luis Humberto Fernández Fuentes.
Volumen por favor en el escaño del senador Barbosa.
SENADOR LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA: Sí es correcta la exhortación, llamado, recomendación que me hace la senadora Graciela Ortiz.
Efectivamente, yo no tenía conocimiento de que el licenciado Sotelo fuera secretario técnico de la Mesa Directiva, yo no tenía ese conocimiento, esa información. Pero el sustrato sigue siendo el mismo.
Debiera haber una conducción mucho más fuera de las opiniones fuera de los grupos parlamentarios.
Cuando yo fui presidente, tuve una conducción absolutamente institucional, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, sin duda que sí, pero llamo yo a que las decisiones corran a cargo de quien conduce, no de las sugerencias en el oído.
“Dile esto”, “Contesta lo otro”, digo, eso sabemos que así ocurre.
Sí le ofrezco una disculpa a Gustavo Sotelo, sí le ofrezco una disculpa, pero sostengo el sustrato de esa forma de acercarse al oído de quien conduce la Mesa Directiva.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Barbosa.
Sin duda, la conducción recae en el presidente en funciones o, en su caso, en alguno de los vicepresidentes.
Y el equipo técnico, que es un equipo muy profesional del Senado de la República, siempre está atento, y más en estos días de sesiones que son complicadas, donde se ha modificado varias veces la Orden del Día, donde hay muchos temas que son de relevancia para todos los senadores y están atentos siempre en la parte técnica para poder llevarla a buen fin.
Nuestro reconocimiento a todos ellos y tomamos nota.
Tiene el uso de la palabra el senador Luis Humberto Fernández Fuentes.
SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: Con su venia, sus señorías.
Mucho se ha hablado, y de manera brillante, sobre lo que hoy aprobamos. Sólo quiero abordar tres grandes líneas sobre esto:
Lo primero, es que, como hemos comentado en esta Tribuna, parte del trabajo de ser oposición, es reconocer la bondad en lo bueno y la maldad en lo malo, independientemente de quién la proponga.
Cuando la propuesta de la justicia laboral vino de Presidencia de la República la recibimos con agrado, porque resolvía un tema que le daba mayor salud a las relaciones laborales en México.
Sin embargo, también hay que destacar las aproximaciones sobre tocar otros derechos.
Pero, en este sentido, también quiero reconocer la sensatez y la sensibilidad de los grupos para reconocer que esta reforma sólo funcionaría si se limitaba a la justicia laboral sin tocar los derechos de los trabajadores.
Por lo cual, encontramos tres grandes ventajas:
Pasar de un régimen de relaciones laborales basado en lo administrativo, a un régimen basado en juicios, que dependa del Poder Judicial.
Segundo. Pasar de un régimen basado en lo contencioso a lo conciliatorio.
Y tercero. Las mayores certidumbres que se dan a los trabajadores en su orden democrático.
Por lo tanto, y en el ánimo de abrevar, no tengo más que saludar esta iniciativa, saludar el esfuerzo de reconciliación, y saludar que se respetaron los derechos de los trabajadores.
Es cuánto.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, senador Luis Humberto Fernández Fuentes.
Tiene el uso de la palabra el senador Benjamín Robles Montoya.
SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Muchas gracias, senador presidente. Compañeras, compañeros senadores.
Quiero iniciar mi intervención, recordando a ustedes que el pasado mes de junio la Organización Internacional del Trabajo, durante su Conferencia Internacional celebrada en Ginebra, Suiza, hizo un llamado a nuestro país para promulgar estas reformas en materia laboral. De ese tamaño es la relevancia del tema que hoy nos ocupa.
Y, por lo tanto, me parece que el tema, el proyecto, el dictamen que se pone a consideración de esta asamblea, representa sin duda, como aquí lo han expresado otras compañeras y otros compañeros un parteaguas para la justicia laboral en nuestro país.
Para la izquierda, de manera particular, desde hace muchos años ésta ha sido una de nuestras banderas. Me refiero a la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la creación de tribunales laborales en el seno de los poderes judiciales.
Quiero decir inclusive que antaño nuestra postura se fundaba en la objeción a que un órgano sectorizado a una dependencia del Ejecutivo Federal fuera el encargado de impartir justicia laboral, pero hoy el problema aún es mucho más amplio.
Hoy las juntas simplemente no tienen la capacidad para substanciar la inmensa cantidad de demandas que ante ellas interponen, llegando inclusive a grado de mediar años enteros, años enteros, entre el cierre de instrucción y la emisión de laudo.
Por eso me parece un gran acierto la instauración de un mecanismo de autocomposición, una etapa de conciliación previa a la imposición de la demanda que si funciona correctamente coadyuvará a despresurizar el sistema de justicia laboral lo que a su vez redundará en la celeridad de los juicios que se tramitan.
Por otro lado, quiero comentar que se centraliza como vemos la función registral que ahora corresponderá exclusivamente a la Federación, incluyendo el registro de organizaciones sindicales en las entidades federativas y sus contratos colectivos.
Y para llevar a cabo ambas funciones, tanto la de conciliación como la registral, se está creando en el ámbito federal un organismo descentralizado.
Y quiero detenerme, con mucho respeto, en este punto para señalar que su diseño no me deja del todo conforme.
Creo que no es lo más adecuado, o al menos lo más ortodoxo que una misma institución sea a la vez instancia de justicia alternativa y registro o padrón administrativo de sindicatos, sus procesos administrativos internos y de contratos colectivos.
Y al respecto yo podría señalar que el texto octavo del párrafo de la Fracción 20 del Artículo 123, Apartado “A”, establece precisamente que uno de los requisitos para ser titular de este órgano descentralizado, es tener capacidad y experiencia en las materias de competencia de dicho organismo.
Y entonces es cuando yo me pregunto si habrá que encontrar a alguien que tenga experiencia tanto en materia registral como en mecanismos de autocomposición y ante el previsible caso de que no lo haya pues cuál es la experiencia que deberemos privilegiar para elegirlo: ¿la experiencia en materia registral o la experiencia en conciliación?
A mí me parece que lo más adecuado hubiese sido crear dos organismos distintos para estas dos materias diametralmente distintas lo que habría propiciado una mayor especialización, aunque también comprendo el impacto presupuestal que esto implicaría.
Pero a pesar de lo que acabo de exponer, reconozco el mérito de este proyecto y soy un convencido de la necesidad de cambiar el sistema de justicia laboral y confío, sí, que con esta Reforma lo vamos a poder lograr, y lo vamos a poder lograr haciéndolo mucho más pronto y expedito y por lo tanto mucho más eficaz.
Es decir, me sumo a las compañeras senadoras y senadores que votaremos a favor de este dictamen.
Es cuánto senador Presidente.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias senador Benjamín Robles Montoya.
Pediría a la Secretaría que se cierre el sistema electrónico en donde se da cuenta que tenemos quórum.
Tiene el uso de la palabra el senador Raúl Morón Orozco.
SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO: Con su permiso senador Presidente.
Compañeras y compañeros:
Uno de los derechos más importantes para un trabajador es el de la protección jurídica ante un despido arbitrario debido a que históricamente el mayor número de los conflictos laborales individuales han tenido este tipo de comportamiento patronal como su causa principal.
También son múltiples las causas que generan que los empleadores opten por no respetar los derechos de los trabajadores con la expectativa de que éstos se desistan de reclamarlos ante el cúmulo de obstáculos que tendrían que superar para hacerlos efectivos.
En ese sentido, el tema de la reforma en materia de justicia laboral que hoy se presenta, que implica la desaparición de las juntas locales y federales, de conciliación y arbitraje, así como la transferencia de litigio laboral al ámbito del Poder Judicial, es de la mayor importancia para poner al día nuestro sistema de justicia, que debe ser eficaz para reparar el daño con oportunidad e imparcialidad.
Estamos ciertos que nuestro sistema de justicia laboral fue creado en un contexto meramente contrastante con lo que existe actualmente, sobre todo después de las transformaciones experimentadas en los mercados de trabajo. El aumento de la rotación laboral ante la mayor volatilidad de los empleos y la flexibilización de las formas de contratación y despido, de hecho o de derecho, hicieron que el número de conflictos individuales aumentara sustancialmente a partir de la década de los 80’s del siglo pasado, aunque tendieron a reducirse los conflictos colectivos por el debilitamiento de los sindicatos.
En ese contexto, la pérdida del empleo dejó de ser un hecho excepcional en la vida de un trabajador, por lo que el acceso expedito a la justicia laboral y el cobro oportuno de las indemnizaciones, se convirtió no sólo en una necesidad primordial para la subsistencia; sino en un factor indispensable para desalentar las conductas patronales arbitrarias.
El sistema de justicia laboral mexicano, caracterizado por su integración tripartita y su ubicación en el ámbito del Poder Ejecutivo, es un legado del pasado corporativo y autoritario que ha generado persistentes cuestionamientos por su falta de imparcialidad, oportunidad y eficacia en el desempeño y más aún, por los altos niveles de discrecionalidad, simulación y corrupción a que da lugar.
La lentitud de los procedimientos cuestionada por los trabajadores y los empleadores, especialmente cuando estos últimos se veían perjudicados por el aumento de los montos en litigio con el transcurso del tiempo, fue uno de los factores que llevó a realizar ajustes en el diseño de los procedimientos, desde la perspectiva de los trabajadores, el principal problema era la justicia no solamente llegaba tarde, sino que difícilmente se podía hacer efectiva ante la insolvencia de los empleadores, principalmente pequeñas y medianas empresas.
Por lo anterior, me manifiesto a favor de esta reforma y doy mi voto de confianza, si este cambio en la justicia laboral implica que se avanzará en la construcción del Estado de Derecho en el mundo del trabajo, dando nuevas certezas a los trabajadores. De esta forma se pasaría de una gobernabilidad basada en mecanismos autoritarios, de prevención de la conflictividad laboral que han venido cuestionándose por la sociedad, a otra donde se fortalecerá la capacidad estatal y judicial para resolver con legitimidad los conflictos laborales de manera imparcial.
Se podría aumentar la transparencia y la calidad de la argumentación de las sentencias, al contar con jueces profesionales y especializados en el marco de una carrera judicial con garantías de estabilidad. Me pronuncio a favor del cambio del sistema de justicia laboral, pero no debemos perder de vista que no sólo se trata de modificaciones estructurales de operación, debemos aprender del camino andado en otros países que reformaron sus sistemas desde hace varios años y considerar críticamente los resultados para hacer eficiente el diseño e implementación de esta reforma, por lo que debemos de retomar las recomendaciones de modernizar los mecanismos de resolución de conflictos y asegurar una impartición de justicia especializada.
Se debe agilizar y simplificar los procedimientos, ofreciendo garantías a las partes, implementando un programa de profesionalización judicial en esta especialidad; destinar recursos suficientes para implementar esta reforma y para capacitación del personal y las condiciones de trabajo; asegurar la calidad de los servicios de mediación y arbitraje para que las partes sientan que su participación se hará de forma tal que se garantizarán sus derechos.
Considerar la creación de un procedimiento sumarísimo en la justicia laboral, con el propósito de que las causas con un valor menor se ventilen por esta vía. Debemos tomar en cuenta, por último, con mucha responsabilidad, que un cambio estructural de esta naturaleza en el sistema de justicia laboral, supone una planeación adecuada y los recursos necesarios para su implementación dentro del Poder Judicial. Y esto no será una tarea menor para devolver la confianza en la justicia y en el mismo Estado mexicano que nuestra sociedad exige y reclama.
Por su atención, muchas gracias.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, senador Raúl Morón Orozco.
Tiene el uso de la palabra el senador Fidel Demédicis Hidalgo.
SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: Muchas gracias, con su venia, compañero presidente.
Compañeros senadores, compañeras senadoras:
Estamos frente a una reforma constitucional en materia laboral trascendental para la vida de los trabajadores y de las organizaciones sindicales.
Los trabajadores, a lo largo de la historia, han dado luchas históricas por democratizar sus sindicatos.
Tenemos que decir que, a pesar de que se han logrado cambios trascendentales en los estatutos de algunos sindicatos, el control de los líderes charros, a partir de prebendas y dádivas, ha impedido que las instancias defensoras de los derechos laborales de los trabajadores se democraticen.
Un caso emblemático es el del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Tristemente célebres líderes sindicales han pasado por este sindicato.
Primero Carlos Jonguitud Barrio, después Elba Esther Gordillo Morales y ahora un traidor a la clase magisterial: Juan Díaz.
Ninguno de estos líderes ha sido nombrado de manera democrática por los trabajadores.
En 1992, acudimos con emoción los trabajadores de la educación al Auditorio Nacional en donde se iba a debatir la reforma estatutaria más importante de nuestro sindicato. De los grandes logros de esta reforma, es el voto universal directo y secreto para nombrar a nuestros dirigentes.
A pesar de que el segundo Congreso Nacional de los Trabajadores de la Educación mandató que esta fuera la norma de nombrar a los dirigentes, hoy hay un control charril, férreo, difícil de romper por todas las componendas que existen al interior de nuestro sindicato.
El cambio de paradigma en materia laboral, sin duda que pone en efervescencia los corazones de los trabajadores, porque en todos los trabajadores, tanto del sector privado como del servicio público, tendrá que acatarse la reforma que estamos planteando en el artículo 123, en lo que tiene que ver con la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de la celebración de un contrato colectivo y la elección de los dirigentes.
Los que vivimos la experiencia del voto a mano alzada, por supuesto que celebramos que esta reforma se esté dando.
Era traumático ver al director de la escuela pararse al frente de la Asamblea y: “Vamos a nombrar a nuestro secretario general de nuestra delegación, compañeros.
Los que estén a favor, por favor levanten la mano, y los que estén en contra aténganse a las consecuencias porque la represión va a ser brutal.
Por eso esta Reforma es trascendental. Por eso esta Reforma cobra valor y cobra trascendencia.
Pero además de este asunto tan importante, también tenemos que decir que el cambio de paradigma logra quitarle el control al Ejecutivo tanto Federal como a los ejecutivos estatales en materia de controlar los juicios que promueven los trabajadores, ya sea de manera colectiva o de manera individual.
Un solo, un solo presidente de una junta no mueve un dedo si no se lo ordena el dador del poder en México, que es el Presidente de la República.
Un solo presidente de una Junta Local de Conciliación no mueve un dedo si no se lo ordena el dador del poder en el Estado, que es el gobernador en turno.
Por eso esta Reforma es trascendental, por eso este cambio de paradigma, abre una expectativa sin precedente en México y los senadores de la República, de manera unánime estoy convencido que vamos a votar esta Reforma Constitucional, por el bien de los trabajadores.
Se van a eliminar situaciones de juicios interminables en donde se afectaba al sector productivo y donde se afectaba al trabajador.
Al sector productivo porque la tardanza hacía que se hicieran juicios con cantidades impagables y cuando se tenía que pagar se afectaba el sector productivo y al trabajador se le metía a un calvario de esperar años, y años, y años para una resolución de un conflicto y muchas veces el trabajador ya no gozaba del laudo a su favor porque se moría antes de que se le diera la solución, y se le daba la solución cuando ya estaba tres metros bajo tierra.
Sin duda el hecho de que hoy sean los tribunales los que diriman los conflictos, coadyuvará a que la justicia sea pronta y expedita.
Y un tema que este Senado no debe ignorar: tenemos que promover que tanto al Poder Judicial de la Federación se le otorgue un presupuesto suficiente para poder soportar la carga de trabajo, porque si no, si no sostenemos presupuestalmente este cambio de paradigma, los tribunales van a colapsar porque la carga de trabajo se va a incrementar de manera muy importante.
Por eso es necesario que en los estados a los tribunales superiores de justicia también se les incremente el presupuesto.
¿Estarán preparados para este cambio de paradigma? Bueno, el tiempo dirá si sí, o no; solamente el tiempo dirá si sí o no.
Hoy el Senado de la República hace su trabajo, no recomendamos el tema presupuestal, debería ponerse aquí un apartado en esta Reforma Constitucional que se garantice el presupuesto necesario para poder garantizar que este cambio de paradigma se aterrice sin ningún problema y se cumpla, y se cumpla con una aspiración histórica de los trabajadores.
Que la justicia sea pronta y expedita.
Por su atención muchas gracias.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senador Fidel Demédicis.
Tengo registrados a dos oradores más: al senador Armando Ríos Piter y al senador Priego.
Después de ello preguntaremos a la Asamblea si el tema está suficientemente discutido.
Tiene el uso de la palabra, senador Armando Ríos Piter.
SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Con su permiso señor Presidente.
No quise dejar la oportunidad de plantear, o digamos aprovechar la Tribuna en un tema que, como los que me han antecedido, han señalado de enorme trascendencia un planteamiento de muchos años, de muchas décadas y que sin duda alguna será un parteaguas, un antes y un después en materia de justicia laboral.
El dictamen que discutimos el día de hoy nos obliga a reflexionar, pues la voluntad que ha tenido este constituyente de avanzar en una transformación en materia de justicia laboral que tiene y que debemos de asegurar que tenga especiales repercusiones en lo que también el día de hoy hemos hablado, que es el tema del combate a la corrupción.
Desafortunadamente las áreas de conciliación y arbitraje en materia laboral, han tenido esa característica, se han distinguido durante años por ser espacios en lo que lo último que se administra es justicia y más bien termina siendo el mejor postor el que termina determinando quién es el que tiene la razón en un pleito entre trabajadores, entre miembros, empresarios.
Al igual que la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción y el actual proceso de nombramiento del Comité de Participación Ciudadana que hicimos hace unas horas, el Congreso de la Unión con este dictamen se compromete por una parte a mejorar las relaciones laborales entre el capital y el trabajo; y adicionalmente dejar muy claro que los aspectos de este esfuerzo legislativo tienen puntos de encuentro que hay que dejar en claro, el debate no fue un debate fácil, estuvimos de hecho en las comisiones y saltó con enorme preocupación una idea de una contrarreforma que limitaba el derecho de huelga.
Qué bueno que hubo la capacidad de muchos legisladores que saben del tema, que están involucrados en el tema y que con toda firmeza, con toda claridad dijeron: “con esto no vamos”, “con esto no avanzamos”. Yo reconozco enormemente a mi compañero, el senador Isaías, a mi compañero Héctor, que fueron muy puntuales en exhibir las críticas del problema que estábamos viviendo.
Pero este tema, este cambio nos deja en ese momento una reflexión: cómo queremos garantizar que el tema del capital que hoy siempre busca imponerse, que busca cambiar el sentido de lucha del constituyente de 1917, no ande como un fantasma que siempre quiere aprovechar a último minuto dar golpes de timón respecto a algo que parte esencial de nuestro pacto social.
Y en ese sentido quise aprovechar la tribuna, porque en este dictamen logramos la eliminación de indemnización por salarios caídos; se logró imponer la toma de nota a nivel constitucional y tercero, que me parece importante, logramos vencer juntos todas las fuerzas, todos los partidos políticos, todos logramos vencer la intención que hasta hace algunos días existía de limitar el derecho a la huelga.
No quise dejar de aprovechar la posibilidad de dejar esto en el diario de los debates. Hoy sin duda alguna puede ser un gran día histórico, en el que esta transformación constitucional signifique verdaderamente que las anteriores juntas que fueron caracterizadas por la corrupción, por los grandes desequilibrios en la materia obrero-patronal, hoy cambien para bien, para que hagamos verdadera justicia en este tema.
Les agradezco enormemente y celebro que sea un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas, porque cuando juntos pensamos cómo le puede ir bien a México, me parece que tenemos buenos resultados, como este cambio constitucional.
Es cuanto, señor presidente.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Armando Ríos Piter.
Tiene el uso de la palabra el senador Priego.
SENADOR JESÚS PRIEGO CALVA: Con su permiso, señor presidente.
Yo empezaría, compañeras y compañeros senadores, por el final. Les agradezco a todos los grupos parlamentarios su apoyo por esta unanimidad en la votación, que esperamos, en principio de esta ley.
Yo pondré algunos ejemplos:
La desaparición de las juntas es muy apropiada, porque hay varios empresarios con juicios amañados, nunca los notifican pero sí les llega después de años el laudo, pero ya el laudo para perder su empresa o su negocio. Eso es muy bueno.
¿Por qué lo agradezco?
Por una razón: Lo decimos como ejemplo y con mucho respeto. Todo lo que hay aquí, el micrófono, la construcción, la luz, la han construido, lo construyen los obreros.
Por tal motivo, y por eso agradezco a todos ustedes ese apoyo que han dado para que esta ley tenga un gran avance.
Por otra parte, esa ley no podrá tener un gran avance si los trabajadores no exigen sus derechos; si los trabajadores no exigen que tengan un sindicato justo y correcto. Porque hay muchos que nada más tienen contratos de protección y son los que se llevan dinero, explotan a los mismos trabajadores y a las empresas, y eso ocasiona que por eso se odie a los sindicatos.
Por otra parte, que los trabajadores tienen el derecho, y me dirijo a ellos, compañeros: Exijan sus derechos. Tengan su propio sindicato con ustedes mismos, no que vayan líderes.
Ya lo dijo un compañero por aquí, no me gusta usar esa palabra porque ofendo a los verdaderos charros. Entonces, como consecuencia, que los corran a patadas, pero todo depende de que ustedes ejerzan ese derecho.
Si no, todo el esfuerzo de mis compañeros y todo el esfuerzo, que es un honor pertenecer a esta legislatura, no servirá de mucho. Exíjanlo. Exijan y córranlos a patadas.
Exijan y tengan su propio sindicato para que se tengan empleos justos y equitativos.
Es un honor saludarles y muchísimas gracias por todo.
Gracias.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, senador Jesús Priego.
No tengo ya oradores registrados.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si el tema está suficientemente discutido.
SECRETARÍA: Con gusto, presidente.
Consulto a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
Sí está suficientemente discutido, presidente.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias.
No tengo reservas registradas, pero pregunto a la Asamblea si existiera alguna reserva.
No habiendo reservas, háganse los avisos del artículo 58 del reglamento y ábrase el tablero hasta por tres minutos para recoger la votación nominal. En lo general y en lo particular.
(VOTACIÓN)
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Universidad Grupo Educativo IMEI, plantel Huanímaro del Municipio de Huanímaro, Guanajuato, invitados por el senador Gerardo Sánchez García.
El Senado de la República les da la más cordial bienvenida.
SECRETARÍA: Pregunto a la Asamblea si falta alguna senadora o senador por emitir su voto.
¿Senador Ayala?
¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto?
¿Senador Cordero? A favor.
¿Senadora Beristain? A favor.
Vuelvo a preguntar:
¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto?
Presidente: conforme el tablero, se emitieron 97 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Senador Patricio.
Regístrese su voto en sentido positivo por favor.
SENADORA ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA: Serían 98 en total Presidente.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias.
Está aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Justicia Laboral.
Se remite a la Cámara de los Diputados para los efectos constitucionales.
Senador Romero. Regístrese el voto del senador Romero a favor, por favor.
A ver, de una vez senadora.
Sí, ya terminó la votación.
