Versión estenográfica de la conferencia de prensa del senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muy buenas tardes. Gracias por atender esta convocatoria.
En relación con los acontecimientos de Oaxaca, queremos expresar nuestra más rotunda condena a la utilización de la violencia como vía para obtener objetivos políticos.
La violencia nunca se justifica, en ninguna sociedad democrática y en consecuencia debe tener el repudio de la sociedad en su conjunto. Debe tener la violencia, la condena generalizada de una sociedad que aspira a vivir en paz y en orden.
Al mismo tiempo, hacemos un llamado al Gobierno Federal a que redoble los esfuerzos para restablecer el orden y la paz pública en el estado de Oaxaca. Que no solamente aplique la ley, sino también que despliegue los esfuerzos institucionales que sean necesarios y pertinentes, a efecto de que la sociedad oaxaqueña pueda recuperar su tranquilidad y para contener cualquier tipo de expresión violenta por parte de ciertos contingentes magisteriales.
También un llamado a que se investigue con todas las dimensiones que el caso amerita, a esta supuesta infiltración por parte de grupos violentos del movimiento magisterial, que se despeje cualquier tipo de duda con respecto a la incursión de grupos violentos que estén aprovechando el debate con respecto a la aplicación de la reforma educativa, para obtener propios intereses.
Al mismo tiempo, nuestro respaldo a que la reforma educativa mantenga su plena vigencia y que el Gobierno Federal no ceje en el empeño de aplicarla con todas sus letras y en todas sus implicaciones.
La reforma educativa es un paso fundamental para que nuestros niños y jóvenes tengan un mejor futuro, y en consecuencia, debe aplicarse en sus términos y no debe cederse bajo ninguna circunstancia, al chantaje de nadie.
Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario.
REPORTERO: Presidente, buenas tardes.
Dos cuestionamientos: el primero tiene que ver con que si es necesaria la presencia en el Congreso del Secretario de Gobernación, para que explique lo que sucedió este fin de semana en Nochixtlán, Oaxaca, esta represión. Y si usted considera que fue un exceso de la fuerza, del monopolio de la fuerza por parte de las fuerzas federales.
Y dos, si me pudiera contestar o una opinión de este planteamiento que hace ya el PAN en San Lázaro, de que va a presentar una contrarreforma al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para evitar que los empresarios sean sujetos de presentar su 3 DE 3.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Con respecto a la primera pregunta, me parece que es fundamental que se analice, se investigue, se diluciden las responsabilidades por uso de fuerza.
Si ésta fue legítima en términos de pretender repeler a una agresión con armas de fuego, eso lo tienen que averiguar, analizar, investigar las instituciones correspondientes. Entiendo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya ha anunciado que va a abrir un expediente para determinar si en efecto, se utilizó de manera proporcional la fuerza y si en efecto, se repelió a una agresión de esa escala; y creo que es un elemento que tienen que resolver las autoridades de manera pronta y sobre todo con una transparencia y claridad significativa.
No se justifica tampoco el uso de violencia en exceso por parte de la autoridad. Pero sí debe utilizarse de manera proporcional a la amenaza o al riesgo que se está enfrentando.
Con respecto a la comparecencia del Secretario de Gobernación, creo que tenemos que dejar pasar los acontecimientos, tratar de obtener mayor información. Las comisiones están en plena aptitud de convocar a los funcionarios públicos; lo importante en este momento es que conozcamos toda la verdad sobre los hechos de Nochixtlán, que nos explique el gobierno federal, el gobierno local sobre lo que aconteció; qué grupos están incursionando en ese movimiento magisterial, qué es lo que está detrás, por qué se utilizó la violencia, por qué se recurrió a la violencia y por qué tuvieron que repeler a una agresión con esas características por parte de las instituciones.
Con respecto a la propuesta del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, la estudiaremos cuando se presente. Lo cierto es que en nuestro partido hay una convicción de que tenemos que avanzar en términos de combate a la corrupción.
Que, en la medida en la que logremos una mayor transparencia sobre la integración de los patrimonios y los intereses de los servidores públicos tendremos un sistema mucho más robusto. Esa fue la razón por la cual el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado apoyó la incorporación del texto 3 DE 3 a esta reforma anticorrupción; por eso apoyamos con nuestro voto que los servidores públicos se sometieran de manera puntual a esta obligación de presentar declaraciones patrimoniales y de hacer públicos sus componentes esenciales.
Vamos a estudiar la iniciativa cuando se presente, cuando la aprueben en la Cámara de Diputados la analizaremos con total responsabilidad y, en su momento, nos habremos de pronunciar sobre su contenido.
MODERADOR: Claudia Guerrero, Reforma.
REPORTERA: Gracias.
Presidente, para consultarle, desde su punto de vista ¿qué tan conveniente sería en medio de todo este ambiente de la CNTE instalar una mesa de diálogo, es conveniente?
Es conveniente, desactivaría tal vez la organización, o no ayudaría en nada. Esa sería una pregunta sobre el tema de la CNTE.
También preguntarle, en el tema de 3 DE 3, qué opinión tiene usted sobre esta propuesta que existe sobre si el inciso C) del artículo 32 de verdad obligaría a empleados, a becarios, a beneficiarios de programas sociales a (inaudible) si esto es así o si no lo es.
Ayer Beltrones decía que ya están viendo la posibilidad de realizar un cambio ahí en ese detalle.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Con respecto a un llamado al diálogo, me parece que el diálogo en una democracia debe tener ciertos marcos de referencia.
No se justifica siempre y en todos los casos subordinar la aplicación de la ley a un diálogo político.
El diálogo debe partir de una premisa: ¿Cuál es el objetivo de ese diálogo? Si el objetivo es revertir la reforma educativa, me parece que no tiene ningún sentido, porque es una decisión del poder revisor de la Constitución.
Si el diálogo tiene como objetivo exceptuar al estado de Oaxaca y a la Sección 22 de la aplicación de las reglas de la Reforma Educativa, ese diálogo no es socialmente útil y no se justifica tener ese diálogo.
Si el objetivo del diálogo es restablecer el orden en el estado de Oaxaca para desactivar la incursión de algunos grupos; si tiene el diálogo el propósito de desactivar cierta tensión social, me parece que puede ser un ejercicio virtuoso y un ejercicio útil.
Pero si se trata de dialogar para que la Reforma Educativa no se aplique o para exceptuar a la Sección 22 de la aplicación de la Reforma Educativa, creo que ese diálogo no se justificaría en términos democráticos ni tampoco sería éticamente lícito.
Creo que lo más importante es conocer las condiciones de ese diálogo y cuál es el objetivo de ese diálogo.
Por supuesto que cualquier espacio para la política puede ser útil para desactivar un determinado conflicto, pero sí teniendo muy claros los horizontes de ese diálogo.
No puede someterse a diálogo ni la excepción en el estado de Oaxaca de la Reforma Educativa, y mucho menos revertir dicha reforma.
Con respecto a lo de 3 DE 3, yo creo que está resuelto técnicamente en la medida en la que es el Comité Coordinador la instancia que va a decidir los formatos y va a decidir qué servidores públicos o qué personas que se asimilen los servidores públicos deben presentar esa declaración.
Me parecería a bote pronto, que la preocupación sobre si becarios o sobre si beneficiarios de programas sociales deben presentar sus declaraciones quedaría a salvo con una determinación del Comité Coordinador.
Sin embargo, creo que vale la pena estudiar las implicaciones.
No estamos en el Congreso de la Unión cerrados a corregir lo que hemos aprobado.
Si hay un argumento visible técnicamente sustentado que nos lleve a la convicción de que tenemos que modificar el artículo 32, lo haremos con total responsabilidad. Pero sí tenemos que abrir una discusión sobre qué es lo que pretendemos con esa reforma.
La iniciativa que presentó el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado con respecto a la declaración de 3 DE 3 de los particulares tenía un propósito.
Hay particulares que utilizan, manejan, administran, custodian recursos públicos.
Voy a poner el caso, por ejemplo, de un fideicomiso privado que tiene recursos públicos. Ahí la persona que se encarga de administrar esos recursos en ese fideicomiso debe tener una serie de obligaciones, porque está custodiando, administrando recursos públicos.
El objetivo del Grupo Parlamentario del PAN es que no solamente los servidores públicos estuvieran sujetos a esas reglas, sino también aquellas personas que en razón de un cargo, empleo, comisión o mandato tienen a su cargo recursos públicos, que en esos casos esas personas presenten las declaraciones.
No es otra intención más que las personas que tengan a su cargo recursos públicos tengan una serie de responsabilidades de transparencia con respecto a la ciudanía y al propio Sistema Nacional Anticorrupción; de eso se trataba.
Si esta redacción que se aprobó a través de una reserva lleva esos excesos, hay que corregirlo, pero lo más importante es que no solamente los servidores públicos tengan esas obligaciones, sino también personas que no siendo servidores públicos, sí tienen recursos bajo su administración y conducción.
REPORTERA: (Inaudible, sin micrófono)
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Ante las propias secretarías, como dice la ley, o los órganos de control interno del área que disponga los recursos.
Vamos a suponer que se trata de un fideicomiso asociado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues el órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debería ser la instancia que se encargue de recibir ese tipo de información de un particular, que no siendo servidor público sí maneja recursos públicos.
De eso se trata en buena medida la propuesta original que presentó Acción Nacional y la otra parte que creo que me parece muy relevante:
Cuando una empresa participa en un proceso licitatorio debe o no debe acreditar que está corriente del pago de sus impuestos, si va a obtener un contrato público, pues lo menos que se puede esperar es que presente la constancia fehaciente de que está al corriente en el pago de sus contribuciones fiscales.
Eso es lo que propuso originalmente el Grupo Parlamentario del PAN: que se acredite, frente a un proceso licitatorio, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y que las personas que no siendo servidores públicos administran recursos públicos,sí tengan la obligación de transparentar su patrimonio y de revelar sus intereses.
REPORTERA: (Inaudible, sin micrófono)…una trampa… ¿Usted coincide con esta…?
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Yo quiero… perdónenme, traigo una gripa terrible.
Como ya se acabó el periodo, uno afloja el cuerpo y la adrenalina se va y todo cae, como fiebre de pollo, te duele todo, pero bueno.
Hay que recordar la manera en la que se aprobó y sí hacernos cargo de la forma en la que se aprobó. Se presenta una reserva, la reserva se admite y en buena medida el Pleno se impone de la reserva a través del conocimiento que tiene en la presentación de la misma.
El resultado se debe fundamentalmente al procedimiento que se siguió. Por supuesto que hubiese sido deseable conocer con mayor anticipación la reserva, estudiarla, analizarla, ver sus implicaciones desde el propio proceso de dictaminación.
Pero lo cierto es que es un mecanismo que está previsto en nuestras normas parlamentarias: se presenta la reserva, se lee, se admite a discusión y se vota, y se vota a través de votación económica.
Creo que en buena medida las discusiones en torno a ella, las inquietudes en torno a ello se deben a la forma en la que se presentó. Hubiese sido deseable que ese tema hubiese estado presente en las discusiones de manera previa desde comisiones y no resolverse de esa manera, a través de una reserva en el propio pleno.
Creo que en buena medida todas las inquietudes que están alrededor de esa reserva tienen que ver fundamentalmente con la forma en la que se presentó y se resolvió, pero tenemos un año para poderlo atender.
Hay que recordar que la entrada en vigencia del Sistema Nacional Anticorrupción es dentro de un año. En consecuencia, tenemos un año para analizar con detalle, con calma, las implicaciones de esta propuesta y eventualmente corregirlas.
REPORTERA: (Inaudible, sin micrófono)
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Está en nuestras normas parlamentarias.
Yo no detecto ninguna mala intención ni mala fe; hubo una reserva suscrita por un senador, había otras reservas vinculadas al artículo 29 y al artículo 32; se presentó, ganó la votación y se incorporó al dictamen.
Yo no detecto mala fe, sí detecto un planteamiento político con respecto a los alcances de las declaraciones 3 DE 3 con respecto a particulares que usan recursos públicos o que interactúan con el Estado, a propósito de procesos de contratación.
Creo que la intención era robustecer el Sistema Nacional Anticorrupción. No advierto mala fe ni mala intención, por lo menos en lo que yo presencié en las sesiones del Pleno del Senado.
Lo que sí es que las implicaciones, una vez que nos estamos imponiendo de ellas, pues nos llevan a pensar que tenemos que hacer alguna corrección o, mejor dicho, pensar de mejor manera cómo resolver el problema de particulares que no son servidores públicos, pero que sí tienen incidencia en la toma de decisiones o bien que administran recursos públicos.
REPORTERA: (Inaudible, sin micrófono)
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: En este momento no se advierte ninguna posibilidad de un periodo de sesiones extraordinarias adicional.
Creo que esos temas se irán al periodo de sesiones ordinarias en el mes de septiembre. Son temas que quedaron pendientes, son temas en los que existe un reconocimiento de la importancia de legislarlo de manera pronta, de resolver esos temas, son de altísima prioridad para los grupos parlamentarios, pero no se generaron las condiciones para este periodo y no advierto condiciones para un siguiente periodo de sesiones extraordinarias.
Lo más seguro es que este tema se traslade al periodo de sesiones ordinarias.
REPORTERA: Buenas tardes senador.
Saber si el tema 3 DE 3 no ve la posibilidad de que éste llegara a la Corte, porque ya algunos empresarios se han pronunciado con que van a iniciar una serie de amparos en contra justamente nada más de este artículo.
Y sobre el tema de la CNTE: El día de hoy varios funcionarios, como el Secretario de Gobernación, el Secretario de Desarrollo Social, el Secretario de Educación, cancelaron eventos.
¿Hay alguien, alguna autoridad federal que tuviera, usted considera, qué salir a dar una explicación o a pronunciarse con respecto a lo ocurrido?
Gracias.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Creo que la sociedad está esperando una respuesta puntual sobre lo que aconteció en Nochixtlán.
No solamente hubo violencia sino hubo heridos y muertos y eso obliga a que por parte de las autoridades locales y federales exista una respuesta y una explicación, una información puntual sobre lo que aconteció: qué pasó, quiénes son los responsables, cuáles son las causas que están detrás de esos acontecimientos y qué va a hacer el gobierno federal para estabilizar la situación en el estado de Oaxaca.
Por supuesto que se requiere una explicación puntual, por supuesto que se requiere que nos den información sobre lo que sucedió y también lo que van a hacer como autoridades de gobierno, frente a la situación en el estado de Oaxaca.
Creo que debe ser una de las mayores obligaciones que deba tener en este momento el gobierno, un deber absolutamente impostergable de explicarle a la sociedad mexicana lo que pasó y evitar la incertidumbre, las especulaciones, sobre los sucesos de Nochixtlán.
Creo que es importante que en las próximas horas el Gobierno de la República dé una explicación puntual sobre lo sucedido.
Y con respecto a…
REPORTERA: …los amparos: qué dicen los empresarios.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: En efecto, es muy probable que algunas partes de la ley terminen en algunos litigios, sobre todo esta parte que ha generado alguna inquietud en el sector social, en el sector privado.
Pero eso solamente podría suceder hasta que entre en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción.
Como ya les decía hace un momento, se prevé un lapso de vigencia de un año.
Yo creo que en este año podemos hacer política y podemos corregir lo que se tenga que corregir, tomar en consideración la opinión del sector privado, revisar las implicaciones y eventualmente hacer una modificación; tenemos tiempo, y no se tendría que llegar a un escenario litigioso para poder resolver cualquier tipo de preocupación.
Pero sí tenemos que ser sensibles al hecho de que no solamente los servidores públicos deben tener las obligaciones de presentación de declaración de intereses fiscal y patrimonial.
También hay personas que interactúan con el Estado, o que reciben recursos públicos, que deberían estar sometidos a las mismas reglas.
Ya ponía el ejemplo: ¿es o no útil para nuestro país que una persona, una empresa que va a recibir un contrato público acredite que está al corriente de sus contribuciones fiscales?
Me parece que eso es absolutamente sano para la República; que hay servidores públicos que tienen un nivel de decisión mayor que otros, y que ese nivel de decisión debe reflejarse también en obligaciones mayores de transparencia.
Y que también hay personas que no son servidores públicos pero que pueden incidir en una decisión o bien administran recursos públicos.
Y creo que también ahí se justifica revisar qué mecanismo debe construir el sistema para tener transparencia total en esos supuestos también.
REPORTERA: Senador, nada más me podría decir: ¿sí afecta tal como está, como fue aprobada, a los beneficiarios de PROSPERA?
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: La interpretación que yo tengo creo que pudiera resolverse con una determinación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; en mi interpretación. Por supuesto que estoy dispuesto a escuchar una opinión diferente.
Pero en la forma en la que yo recuerdo que quedó resuelto el tema de las declaraciones y la forma en la que el Comité determina qué formatos y qué tipo de información debe consignarse en esos formatos, creo que el Comité podría exceptuar a personas que no son propiamente servidores públicos y personas que no administran recursos públicos sino que la reciben en su condición de beneficiario o bien en condición de ciudadano que tiene acceso a un programa público.
Yo creo que pudiera resolverse a través de una norma administrativa pero creo que vale la pena tener la reflexión y vale la pena revisar si en efecto las reglas tal y como quedaron lleva esa implicación.
