Versión estenográfica de las audiencias públicas sobre legislación única en materia de justicia para adolescentes, a las que convocan las comisiones unidas de Justicia, Derechos Humanos, Derechos de la Niñez y la Adolescencia y Estudios Legislativos del Senado de la República.
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muy buenos días. Sean todas y todos ustedes bienvenidos al Senado de la República en este día donde damos inicio al Foro sobre la Legislación Única en Materia de Justicia para Adolescentes.
Agradecemos de manera especial a quienes nos acompañan el día de hoy en este presídium.
A la doctora María de los Ángeles Romo Rangel, titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Sea usted bienvenida.
A la maestra Dora Giusti, Jefa del Área de Protección de UNICEF en México.
La senadora Martha Elena García Gómez, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Senado de la República.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
Así como a la senadora Martha Tagle, integrante de esta Comisión de Justicia.
Cedo el uso de la voz a la senadora Martha Elena Gómez García.
SENADORA MARTHA ELENA GÓMEZ GARCÍA: Muy buenos días a todas y todos.
Muchas gracias, senador Fernando Yunes Márquez. Decirles que en este evento sobre la Legislación Única en Materia de Justicia para Adolescentes.
Saludo a los miembros de esta mesa de inauguración, a mis compañeros y amigos senadores y senadoras que estamos trabajando en conjunto para sacar este tema tan importante.
Una cordial bienvenida, por supuesto, a las y los diputados federales que hoy nos acompañan. Su participación es muy importante porque, una vez aprobada en el Senado, esperamos contar con todo su apoyo para que en Cámara de Diputados puedan dictaminarlo lo antes posible.
Finalmente, me congratula saludar a la doctora María de los Ángeles Romo. Muchísimas gracias, doctora, gracias por su acompañamiento y, como siempre, bienvenida.
En primera instancia, quiero celebrar este evento para analizar y discutir los puntos medulares a considerar en la dictaminación de la legislación en materia de justicia para adolescentes.
El Sistema de Justicia para Adolescentes en México, es un tema que ha sido discutido desde hace tiempo. Coincidimos en que se requiere la especialización y la capacidad de brindar a los adolescentes la oportunidad de asumir su responsabilidad frente a la comisión de un delito, además de buscar opciones que le permitan desarrollar sus capacidades de una manera positiva.
Recordemos que uno de los grandes logros de la recién aprobada Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es el reconocimiento como sujeto de derechos y un cambio de paradigma de uno proteccionista a uno garantista.
Con esta ley, como Congreso de la Unión, estamos obligados a armonizar la legislación secundaria, por lo que en este proceso es necesario dar puntual seguimiento al Sistema de Justicia para Adolescentes.
Al respecto, en la reciente reforma constitucional, se mandata a la federación y a las entidades federativas a establecer en el ámbito de sus competencias un sistema integral de justicia para las y los adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad.
Además, establece que este proceso de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, y se faculta al Congreso para expedir la legislación única en materia procedimental penal de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes que regirán en la República en el orden federal y en el fuero común.
En el Senado existen propuestas al respecto, las cuales discutiremos y analizaremos con el objeto de que en este periodo las y los adolescentes cuenten con la mejor legislación en materia procedimental penal.
Al respecto, aprovecho para comentarles que los pasados 29 y 30 de septiembre se llevó a cabo en el Senado de la República el Foro Nacional sobre Justicia para Adolescentes, organizado por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y Justicia del Senado, en conjunto con la secretaría técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal CETECH y con la organización de la sociedad civil Renace.
El resultado de este foro nacional fue la presentación del proyecto de Código Nacional de Justicia para Adolescentes. Por parte de las organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de promover la armonización de la legislación de justicia para adolescentes, de acuerdo al texto constitucional.
Dicha propuesta presentada en el Pleno del Senado por nueve senadoras y senadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y una legisladora independiente, pone énfasis en las medidas y sanciones no privativas de libertad, de acuerdo al principio de mínima intervención que debe regir para los adolescentes, observando nuestra constitución y los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano.
En este Senado tenemos el compromiso de analizar y discutir estos proyectos con la mayor responsabilidad. Es por ello que este evento resulta trascendental, pues nos ayudará a tener la visión y opinión de expertos en la materia, que nos permita tener un dictamen a la altura y con el mayor de los consensos.
Muchas gracias por su atención.
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias senadora.
A continuación en el uso de la voz la doctora María de los Ángeles Fromow Rangel, por favor.
DOCTORA MARÍA DE LOS ÁNGELES FROMOW RANGEL: Muchísimas gracias senador Yunes.
Es un privilegio y todo un honor el poder estar en este espacio con las legisladoras y los legisladores que se han comprometido de manera evidente, contundente, para lograr en nuestro país un avance sustancial en la justicia para adolescentes.
Sin duda, el día de hoy estarán escuchando diversas posturas, esenciales para la construcción de un marco jurídico que nos dará, a México, un espectro importante para lograr una justicia que acate los principios y los fundamentos que se han vertido en los instrumentos internacionales y que sin duda ésta será una legislación de vanguardia.
Muchas gracias legisladoras, muchas gracias senador, por ese compromiso que han demostrado día con día.
Soy portadora de un cordial saludo del licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación y presidente del Consejo de Coordinación para la Implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.
El señor secretario de Gobernación ha instruido a la secretaría técnica poner a disposición de ustedes todos los elementos técnicos con los que contamos y la experiencia de mejores prácticas, para que esta legislación pueda dotarse de elementos esenciales que permitan que los ciudadanos y las ciudadanas de México, en el ámbito de la justicia para el adolescente pueda tener una nueva visión.
Participo con gusto, sin duda, desde el punto de vista de ver que están aquí todas las organizaciones sociales que durante muchos años han luchado porque este tema se visualice y se logre desde una perspectiva garantista a la altura de nuestra Constitución.
Por eso expreso también mi compromiso hacia ellas para lograr que sus ideas puedan, de alguna u otra manera, verse en la práctica una vez que los legisladores hayan dado ya este marco jurídico.
La implementación del sistema procesal penal acusatorio, es una de las reformas más profundas del sistema de justicia en nuestro país, es una política de Estado que es transversal, que requiere el concurso y el compromiso no sólo de los tres poderes de la unión y de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, sino también a todos los actores relevantes de la sociedad mexicana, organizaciones sociales, universidades, barras y colegios de abogados, periodistas y organizaciones sociales, sabedores que todas ellas de una o de otra manera han dado elementos esenciales en las distintas iniciativas presentadas en este Recinto para su discusión en el ámbito de la justicia para adolescentes, estamos ciertos que serán analizadas y dictaminadas de manera muy adecuada por los señores legisladores y legisladoras.
Hemos avanzado en materia de reformas constitucionales y adecuación del marco jurídico relacionado con el nuevo sistema de justicia penal, en el contexto de un acuerdo nacional de coordinación y cooperación legislativa que se suscribió en el 2014 entre las cámaras del Congreso de la Unión, los congresos locales, la Procuraduría General de la República y el Consejo que representa esta Secretaría Técnica.
Sin embargo, en el marco legal, es necesario ver una visión integral.
Estamos seguros que esta Legislatura tiene entre sus prioridades, como lo ha demostrado permanentemente, el hacer que esta justicia llegue a las manos de los ciudadanos de México.
La Ley Nacional de Justicia para Adolescentes es sin duda un paso más para lograr ese andamiaje legal.
Es un paso en el cual debemos dotarnos de un sistema integral para los menores, desde una visión de la prevención, el procedimiento garantista de acuerdo a los estándares internacionales, la profesionalización y la adecuación de los espacios para la justicia de los adolescentes y asimismo en un marco de una ejecución de la reinserción para los adolescentes en el ámbito de la justicia penal.
Una buena Ley de Justicia para Adolescentes está conjugando las políticas públicas enfocadas al fortalecimiento del tejido social y la cohesión social, aunado a un mayor involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en este tema.
Estas audiencias darán algunas de las ideas fundamentales que estoy cierta que esta Legislatura tomará en cuenta para lograr el objetivo que México requiere en el ámbito de la procuración e impartición de justicia para adolescentes.
El proceso de implementación es importante. Debemos referirnos a que hoy en nuestro país si bien tenemos distintas leyes que se refieren a la justicia para adolescentes, muchas de ellas no cumplen los elementos básicos y esenciales de los principios del sistema acusatorio.
De igual manera no tenemos todavía infraestructura y equipamiento adecuado para esta operación del sistema de justicia penal, y aún más, nos falta todavía la profesionalización y la capacitación del personal que operará el sistema.
Tenemos un reto enorme por delante y yo estoy cierta en este espacio transversal entre los ciudadanos, el Poder Legislativo, y con el apoyo del Poder Ejecutivo, lograremos lo que México ha esperado desde una Reforma del 2005 que aún quiere que sea una realidad en nuestro país.
Señores legisladores:
Nuevamente el reconocimiento del Gobierno de la República por el trabajo que están realizando en pro del Estado de Derecho de nuestro país.
Gracias.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Justicia, el senador Fernando Yunes. Por favor.
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias senadora De la Peña.
Una vez más bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República.
De igual manera a nombre del Presidente de la Mesa Directiva del Senado, el senador Roberto Gil Zuarth, les manda un saludo y espera podernos acompañar probablemente en la clausura, pero manifestando como siempre su compromiso en todo lo que pueda hacer la Mesa Directiva para que esta Legislación salga adelante.
Igualmente bienvenidos a todos los expertos miembros de organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan.
Me siento honrado con su presencia, así como de estar hoy acompañado en este presídium de mujeres tan talentosas y comprometidas con su país, que además me pone nervioso de estar aquí con ustedes, pero muy contento.
Muchas gracias.
Para entender el fenómeno de los adolescentes que cometen delitos, es preciso tener en cuenta los problemas sociales a los que se enfrentan. Y es que en México las situaciones de exclusión, pobreza y desigualdad, debilitan los mecanismos de protección de los núcleos familiares, de las sociedades y de las instituciones, motivando que los adolescentes no cuenten con oportunidades de desarrollo, abandonen la escuela a temprana edad, se involucren en conductas delictivas, caigan en el consumo de drogas o cometan conductas violentas.
La mayoría de los adolescentes mexicanos que cometen delitos son del sexo masculino; tienen de entre 15 a 17 años; presentan un retraso escolar de más de cuatro años o han abandonado la escuela; residen en zonas urbanas marginales; trabajan en actividades informales que no exigen calificación laboral y con el producto de su actividad ayudan al sostenimiento de su familia.
Además, suelen vivir en entornos violentos. Se trata en definitiva de adolescentes que viven en ambientes de desprotección, en los que por lo general varios de sus derechos se encuentran amenazados o vulnerados.
En el año 2005, se implementó una reforma que creó un sistema de justicia penal juvenil garantista de acuerdo con los derechos del niño, denominado Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.
Como consecuencia de dicha reforma, las entidades federativas y la Ciudad de México tenían la obligación de crear leyes e instituciones especializadas que pudieran llevar a cabo el nuevo sistema de forma local.
A través de este nuevo Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, se pretendía que los adolescentes acusados de algún delito tuvieran acceso a un juicio justo en el que se respetaran sus derechos fundamentales.
Sin embargo, años después de su aprobación, existen numerosos retos para la adecuada implementación de un sistema penal de justicia para adolescentes.
Por ello, el 3 de junio del año 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional de los artículos 18 y 73 que facultan al Congreso para expedir una ley nacional sobre justicia para adolescentes.
Tomando en cuenta que no se trata sólo de establecer un proceso con todas las garantías sino también desarrollar un sistema que ofrezca de los adolescentes oportunidades reales de asumir su responsabilidad frente a la comisión de un delito y, desde mi punto de vista, lo más importante, encontrar opciones de vida que les permitan desarrollar todas sus capacidades y potencialidades de una manera positiva y de esta forma lograr una verdadera reinserción social.
Debe destacarse que dentro de los aspectos principales que se busca en esta nueva ley, se encuentran los siguientes:
Expedir una legislación nacional de justicia para adolescentes que contemple de manera específica las hipótesis de las medidas de tratamiento a los adolescentes infractores dependientes del alcohol, de enervantes o de psicotrópicos, enfatizándose que debe brindarse atención como un problema de salud.
Debe distinguirse la facultad legislativa del Congreso de la Unión para dictar la normatividad nacional aplicable a la justicia para adolescentes y la competencia de las autoridades de procuración de justicia, de impartición de justicia y de ejecución de medidas de tratamientos en el ámbito de cada entidad federativa.
El sistema de justicia para adolescentes debe mantener un sentido de integralidad, no sobre la base de hacerlo nacional sino de acotarlo a los principios de respeto a los derechos humanos de los jóvenes en conflicto con la ley penal, de acuerdo a su condición especial de personas en formación.
En cuanto a los principios rectores, la ley deberá atender a que el principio de oralidad, en tanto eje rector de los nuevos procesos penales, deberá desarrollarse para su aplicación con base en la consideración de la particular naturaleza de los adolescentes.
Que el principio de publicidad habrá de apreciarse con las limitaciones que correspondan a la necesaria protección de la integridad e identidad física y psíquica del menor de edad, a fin de salvaguardar el derecho del menor de edad a la privacidad.
Que el principio de contradicción también deberá resguardarse con base en el equilibrio entre el derecho de quien está en la posibilidad jurídica de contradecir al menor de edad y la necesidad de protegerlo de situaciones que le generen condiciones de apremio por sus eventuales repeticiones innecesarias.
Que el principio de concentración o realización de todos los actos necesarios para concluir el juicio procuren efectuarse en la misma audiencia, a fin de proteger los derechos del adolescente, pues el paso del tiempo y prolongación de una situación de angustia se estiman situaciones que deben evitarse.
Que el principio de continuidad corre a favor de que el adolescente no sea sometido a un proceso prolongado en correlación directa con el señalamiento hecho en torno al principio de concentración.
Que el principio de inmediación o participación del juez en la dirección de las audiencias entrañe en el caso de los adolescentes la necesidad de considerar que tienen y utilizan un lenguaje diferente al de los adultos, y por lo cual se precisa del apoyo del personal especializado.
Por otra parte, debemos hacer una reflexión: hoy nuestro país se encuentra a 81 días de la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio y Oral en toda la República para las personas mayores de edad.
Lo anterior nos coloca frente a una situación que puede resultar paradójica, ya que en el caso de los adultos se cuenta con un proceso muy avanzado de expedición de normas y de implementación de dicho sistema.
Sin embargo, no se cuenta con el mismo grado de avance normativo y de implementación, para que en el caso de adolescentes infractores se conozcan y resuelvan los asuntos en que se encuentren señalados como posibles responsables, a través del proceso acusatorio y oral.
Por ello celebro al realización de estas audiencias públicas en la materia. Sin duda complementan el trabajo de dictaminación que las comisiones se encuentran realizando y constituyen un insumo fundamental para atender una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad, que son las niñas, los niños y los adolescentes.
Muchas gracias.
A continuación tiene el uso de la voz la maestra Dora Giusti.
MAESTRA DORA GIUSTI: Muchas gracias, señor senador Yunes, distinguidos miembros del presídium, legisladores y participantes.
Para mí es un honor también estar aquí, estamos muy contentos de participar en este día de labor y discusiones. La señora Isabel Crowley, representante de UNICEF en México les manda muchos saludos por no poder estar aquí debido a compromisos previos.
México está en una etapa histórica con respecto al cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ha traído un nuevo enfoque de derechos y ha permitido traducir los principios de la Convención de los Derechos del Niño a la legislación nacional.
Como parte del esfuerzo de armonización legislativa secundaria ahora existe esta gran oportunidad de crear un marco legal sólido para fortalecer un sistema de justicia especializado para adolescentes en conflicto con la ley, a través de una ley nacional específica.
La ley es una gran oportunidad para armonizar estándares, por ejemplo para armonizar las penas a través de todos los estados, reduciendo también la duración de la privación de libertad y asegurando que todos los estados cumplan con procedimientos, como por ejemplo el procedimiento oral y acusatorio.
También la ley es una oportunidad para promover un enfoque de reeducación, o sea, viendo el sistema de justicia especializado como una oportunidad para rehabilitar, para reeducar.
A este propósito UNICEF reconoce la importancia no sólo de la ley, pero también de estos espacios y felicita a la Comisión de Justicia por abrir este espacio y también reconoce la importancia de la realización de estas audiencias y del diálogo, de la reflexiones que se presentarán a lo largo del día, considerando que el tema de la justicia para adolescentes es un tema de suma importancia, que me permitirá también cerrar el círculo, digamos, de la reforma legislativa con respecto a los derechos de la niñez.
Reconocemos también la importancia de todos los senadores, la presencia de todos los senadores, senadoras, diputados, diputadas, que estarán presentes hoy o que participarán en este proceso de reflexión y discusión para la emisión de esta ley de suma importancia.
Las audiencias tendrán también la oportunidad de escuchar diferentes operadores y operadoras y como se dijo anteriormente, es una oportunidad para reflexionar sobre buenas prácticas.
Hay estados, hay experiencias de más de 10 años que pueden compartirse y que de versas contribuirán a enriquecer la ley y hacer que estas experiencias se trasladen a todos los demás estados.
También UNICEF desea reconocer la participación en estos procesos de la sociedad civil, del mundo académico, de los representantes de CETECH, también de la secretaría ejecutiva del Sistema Integral de Protección, con su Comité Especializado en Justicia Penal de Adolescentes, porque con la consideración de la opinión de todos y de la experiencia de los diferentes actores, enriquecerá este procedimiento.
Deseamos así que la jornada sea positiva, sea enriquecedora y que sea un pasito más hacia el cumplimiento de los derechos y hacia un cambio histórico para la niñez en este país.
Muchas gracias.
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias.
Tiene ahora el uso de la voz la senadora Angélica de la Peña Gómez.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias, Presidente.
Y saludo con afecto a quienes nos acompañan en este presídium: las señoras senadoras y por supuesto a nuestras invitadas que siempre son bienvenidas al Senado, a quien representa SETEC y por supuesto a UNICEF.
Y a todas y a todos ustedes que nos acompañan en este salón.
A quienes representan al Poder Judicial, a las organizaciones no gubernamentales, a defensoras, defensores de derechos humanos de la niñez, a quienes están realmente interesados en que podamos concretar este estado de derechos que plantea la Convención sobre Derechos de la Niñez, que ha sido un parteaguas en la humanidad.
Yo creo que hay que insistir que salvo un solo país en el mundo falta por aprobarlo para que tengamos un tratado internacional realmente universal, es decir, de todo el planeta.
Y la Convención, aunque ya data desde 1989 y obviamente el mundo ha cambiado, estamos en el Siglo XXI, cada proceso que tiene algún estado parte de esta Convención, tiene mucho que decirnos respecto de cómo asegurar este cambio paradigmático de reconocer a niñas y niños menores de 18 años de edad, o en otros países menores de 21, 22 años de edad, como sujetos plenos de derechos significa realmente un gran reto; no es fácil.
En todos los derechos encontramos siempre una supeditación, una especie de apéndice de la niña, el niño con elpater familias, sea el derecho romano, derecho religioso, common law, etcétera.
Entonces necesitamos dar un gran proceso en todo el mundo; es un asunto de la humanidad, les debe la humanidad a las niñas y los niños su reconocimiento como plenos sujetos, sujetas de derechos.
Eso quiere decir reconocer sus derechos: claro, los de provención (sic), pero también los derechos de prevención, los derechos de protección, los derechos de participación.
Es decir, hay que tomar en consideración también la opinión de las niñas y los niños.
Y en este caso, en esta materia, todo lo que hagamos y el resultado de estas audiencias públicas por supuesto van a contribuir a que logremos, como aquí se ha señalado, que el mandato constitucional de la última Reforma al Artículo 73, Fracción 21, Inciso “C”, de tener una sola Ley Nacional, de un solo sistema nacional de justicia penal para adolescentes, pueda funcionar de manera efectiva, de manera eficaz en todo el país porque es nuestra obligación y tenemos que hacerlo en tiempo y forma.
Por eso celebramos que el día de hoy estas audiencias públicas prácticamente llevarán a una especie de cierre de las audiencias en el ámbito público –vaya la insistencia y la reiteración- para que entonces también para cumplir en tiempo y forma nos vayamos las comisiones junto con la Cámara de Diputados, junto con quienes tienen que participar de los ámbitos gubernamentales y de las propias organizaciones al diseño a pasar lápiz a la redacción de la Ley Única Nacional para que podamos resolver lo que aquí se ha mencionado.
La gran diversidad de enfoques que tenemos de la Reforma al 18 Constitucional del 2005, la interpretación indistinta de la propia Convención, particularmente del Artículo 40 de la Convención, y por supuesto a partir de las buenas experiencias que se tienen pero también corregir lo que no se debe hacer.
Y en ese sentido me parece que hoy vamos a escucharles a todas y a todos ustedes para que den su opinión, versa su opinión, docta su opinión comprometida con los derechos de las y los adolescentes que han infringido una ley penal y que hoy estamos obligados, como dice el 18 Constitucional, garantizar que puedan ser reinsertados socialmente.
Hay una gran diferencia de cómo se consigue en el caso de adolescentes, insisto, por ser menores de edad, por la obligación que tenemos en función del interés superior de la niñez, pero sobre todo entendiendo que la obligación ahora sí es y sigue siendo mientras que sean menores de edad, del Estado.
Eso no podemos, de ninguna manera, dejar de insistirlo. Y eso tiene que permear la responsabilidad del Estado y nosotros como parte del Estado hacer una buena ley para que podamos lograr finalmente la concreción de este precepto constitucional, y por supuesto la armonización con la Convención de Derechos de la Niñez.
De tal manera que les felicitamos que nos acompañen. Nos felicitamos y nos congratulamos que ustedes puedan dotarnos de toda su experiencia, porque estamos obligados a hacer una buena ley; una buena ley que cumpla con el propósito del mandato de la Constitución, y cumpla sobre todo para reparar el daño, para recomponerle las cosas a todos esos chicos y chicas que no han tenido la oportunidad de ver concretadas sus alternativas de vida, su desarrollo de su personalidad, el tener posibilidades reales y concretas del desarrollo de todas sus potencialidades, porque eso es lo que lleva finalmente a una niña, a un niño o a un adolescente a cometer una infracción a una ley.
Es responsabilidad de padres, madres, tutores, custodios, pero también es responsabilidad del Estado proveer todo lo necesario para que ese tipo de cuestiones se prevengan y para que podamos darle alternativas de vida a que tengan este reencause al que tienen derecho y que nosotros tenemos que asegurar.
Pareciera que eso no está detrás de esta discusión, que todo es una cuestión que tiene que ver con los principios jurídicos de una ley que tiene que estar involucrando temas relacionados con la justicia penal, pero no; lo que está detrás de esta discusión es eso: la reparación de los daños que han sido objeto todos estos chicos al no ser sujetos plenos de derechos, y eso hay que enmendarlo.
Y eso es, y de eso trata, por cierto, el Interés Superior de la Niñez.
Felicidades a todos ustedes y a nosotros, Presidente, por esta audiencia. Muy bien por la Comisión de Justicia.
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias, senadora de la Peña.
De esta manera, daremos por inaugurados los trabajos de estas audiencias públicas, y pasaríamos a la primer mesa de trabajo que moderará la senadora Martha Elena García Gómez, que está denominada: “Buenas prácticas de la justicia para adolescentes en los diferentes estados de la República”.
Tomamos un minuto solamente para acomodarnos ya con los ponentes e iniciamos.
Muchas gracias.
