Versión estenográfica de la quinta mesa de las audiencias públicas en el Senado de la República sobre el posicionamiento que México llevará a la Sesión Especial de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas.
PRESENTADOR: Señoras y señores, muy buenas tardes y muchísimas gracias por permanecer con nosotros.
Es momento de dar inicio con nuestra quinta audiencia, titulada: Derechos Humanos como Eje Transversal del Proceso Preparatorio hacia UNGASS 2016.
Y bueno, para esta quinta audiencia, contamos con la presencia en el presídium del licenciado Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Contamos con la presencia del maestro Aram Barra, Director de Espolea.
Contamos con la presencia de la maestra Olga Guzmán, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Finalmente, contamos con la presencia del licenciado Gabriel Delgadillo, Secretario Técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, quien será el moderador durante esta audiencia.
Y sin más preámbulos, o cedo el uso de la palabra a nuestro moderador, el licenciado Gabriel Delgadillo.
LICENCIADO GABRIEL DELGADILLO: Muchísimas gracias.
A nombre de la senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, agradezco la invitación que le fue extendida para poder participar y moderar esta mesa.
Y sin más preámbulo, vamos a pedirle al licenciado Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nos brinde su participación.
Por favor.
LICENCIADO LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ: Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes.
Me da mucho gusto compartir la mesa con tan distinguidos panelistas y representantes de la senadora y del defensor de derechos humanos, José Guevara; de la senadora Angélica de la Peña.
Señoras y señores:
Acudimos a este espacio histórico del Senado para participar en un saludable e inusual ejercicio de discusión y deliberación pública que busca aportar elementos para el posicionamiento que tendrá nuestro país ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en un tema de importancia capital, no sólo para México sino para el mundo entero.
En el caso de nuestro país, la necesidad de revisar los esquemas y políticas que han imperado en materia de producción, distribución y consumo de drogas, se ha evidenciado desde hace varios años como una consecuencia de la violencia, la inseguridad, el debilitamiento institucional y de nuestro Estado de Derecho, así como la ruptura en el tejido social que ha afectado varias regiones del país y que incide en la vida de muchas mexicanas y mexicanos, cuestiones que llevan a implícitas violaciones a derechos humanos o generan condiciones propicias para que las mismas se verifiquen.
Desde la dimensión individual del consumo, el carácter y tratamiento que se le da al adicto y consumidor, hasta los problemas de violencia y los ataques a la dignidad humana que se han presentado como consecuencia directa o derivada de las actividades ilícitas de lo que se ha denominado como crimen organizado, todos son aspectos que de un modo u otro implican e inciden en el respeto y vigencia de los derechos humanos.
En los últimos meses nuestro país ha sido testigo de un interesante y enriquecedor debate respecto del cannabis, comúnmente conocida como marihuana, que ha puesto en la escena pública este tema.
No obstante ello, esta es sólo una de las tantas drogas que actualmente existen, por lo que el debate sobre el tema se enriquece pero no se agota el modo alguno con la marihuana.
Es preciso abordar este tema desde todas sus perspectivas, desde todas sus facetas.
Si se ha tomado la decisión de discutirlo y se abre la posibilidad de hacerlo a nivel mundial, busquemos abordarlo de manera integral evitando enfoques o tratamientos parciales.
Es preciso abordar este tema desde todas sus perspectivas, desde todas sus facetas, como decía.
Esta integralidad sólo será posible si se toman los derechos humanos como eje de toda política pública y parámetro de validez de cualquier acción que se emprenda en el ámbito de drogas.
Para tal efecto, estos derechos deben ser vistos bajo los estándares de universalidad, interdependencia y progresividad que les son propios y no de manera parcial o aislada. Las personas, el conjunto de sus derechos, sus realidades y necesidades, así como las condiciones para el mejor desarrollo de sus vidas; deben ser consideradas y atendidas en toda medida que se adopte en este ámbito, no pudiendo quedar subordinadas a consideraciones o intereses de orden político, económico, ideológico o de algún otro tipo.
En términos generales, para tratar este tema desde un enfoque centrado en los derechos fundamentales de las personas, coincido con quienes han señalado en la necesidad de atender los siguientes elementos fundamentales:
A) Las características, propiedades y usos de las sustancias.
B) Las personas que utilizarían o podrían utilizar dichas sustancias
C) El entorno o contexto social y cultural en que se daría esta utilización o uso.
Partir de estos tres puntos deja en claro que el tema de las drogas tiene relación con varios derechos humanos e involucra distintos ámbitos o esferas de actuación de la actuación Estatal. En razón de ello, tiene que abordarse de manera objetiva, procurando en todo momento que exista una armonización entre los distintos derechos que se ven involucrados en este tema; los cuales tienen una dimensión individual, pero también colectiva.
En una enunciación genérica, entran en juego derechos vinculados a la libertad personal, a la no discriminación, a la capacidad que tiene cada persona de decidir sobre el destino y características que quiere dar a su vida, a su desarrollo personal y su cuerpo; así como el derecho a la vida y a la protección de la salud de las personas; los derechos de las niñas, niños y adolescentes; y el respeto a los usos y costumbres de los pueblos indígenas.
Lo anterior, sin desconocer la existencia de deberes Estatales tan importantes como el de brindar y garantizar la seguridad de la población y prevenir conductas que afecten a la colectividad en su conjunto.
El mayor reto de cualquier política pública que se formule y que pretenda ser exitosa, es considerar y armonizar el conjunto de derechos humanos involucrados, bajo los principios –como decía yo– de universalidad, integralidad e interdependencia, que le son propios; como lo he señalado.
Es preciso conciliar las dimensiones individuales y colectivas de los derechos humanos, salvaguardar puntos tan esenciales como la prevención decidida para evitar el consumo en nuestra infancia y adolescencia; así como generar la información, capacidades y proveer los recursos en instancias tales como los sistemas de salud pública, para que las políticas públicas que se definan y los derechos humanos que se aludan en las mismas, puedan ser operativas y realmente tener vigencia.
Tal y como hemos señalado en otros espacios, es fundamental distinguir entre los efectos de las drogas por sí mismas y los efectos que se derivan de las políticas públicas que en materia de drogas se adopten. Los altos índices de violencia y la generación de diversas actividades ilícitas, que con frecuencia se asocia a las actividades reguladas con las drogas, no son una consecuencia irremediablemente vinculada a su consumo.
Sus causas son mucho más complejas y atiende a factores diversos de carácter social, económico, cultural, político, entre otros. Esta cuestión debe ser reconocida por las políticas que se implementen en relación a la misma, pues no sólo se deberán atacar sus manifestaciones externas; sino también sus causas generadoras.
Desde una perspectiva individual, son muchos y múltiples los derechos humanos que entran en juego, por ejemplo de manera potencial, las personas que de manera libre e informada deciden por propia voluntad el consumo de una de estas sustancias. Tendrá el riesgo contingente de volverse adicto a la misma, con lo cual la dimensión voluntaria del consumo se torna en un padecimiento o enfermedad, que tendrá que ser visto como una cuestión de salud pública, en caso de que se actualice este supuesto. Lo cual demandaría tratamientos diferenciados por parte del Estado, en cada caso.
El adicto no debe verse como un delincuente, el control de adicciones debe verse más que bajo esquemas punitivos, como un problema de salud pública y seguridad social que reconoce diferencias entre las drogas y los riesgos al consumirlas.
Su foco de atención deben ser las personas, la cárcel o la estigmatización social no son las respuestas que resolverán el problema del consumo de drogas.
Quienes consumen drogas conforman el grupo de personas más proclives a ver afectados sus derechos humanos por parte de las autoridades, así como a ser sujetos de abusos y vejaciones por parte de quienes distribuyen y comercializan dichas sustancias.
Señoras y señores: La violencia directa o indirectamente vinculada a la aplicación del actual esquema punitivo no puede desvincularse de una serie de efectos adversos que han propiciado violaciones a derechos humanos, o cuando menos han conformado situaciones de vulnerabilidad o riesgo que posibilitan la afectación de los mismos, las cuales van desde los años a la estabilidad y tejido social hasta las desapariciones y homicidios, cuestiones que serían incompatibles con los objetivos que perseguirían dichos esquemas o para los cuales habrían sido diseñados, como lo son el ejercicio y la protección del derecho a la salud y a la seguridad de las personas.
Es preciso actuar más del lado de la prevención que del de la reacción.
Se debe fortalecer tanto en el ámbito local como en el internacional la lucha contra las células financieras de la delincuencia organizada vinculada al tráfico de drogas.
Es fundamental no sólo la lucha contra el lavado de dinero, sino contra el lavado de activos en general, contando con estructuras especializadas que materialicen su aplicación.
La voluntad de los gobiernos para actuar en este ámbito es un indicador real del compromiso que tienen para solucionar el problema.
En el mediano y largo plazo la atención a esas áreas será una de las medidas más poderosas y eficaces contra el crimen organizado, causando efectos positivos contra la corrupción, la impunidad y la desconfianza de la sociedad en las instituciones del Estado.
El trabajo que se haga a este respecto debe buscar incidir no sólo en las estructuras del Estado sino también en la consolidación de una sociedad que sea fuerte ante estos embates y se convierta en contrapeso cuando surjan estas amenazas.
Esto significa que no se puede atacar efectivamente el abuso de drogas sin que se ataque la exclusión social, se construyan comunidades más fuertes y se desmantelen las estructuras, redes y bases de la delincuencia organizada.
En este tema, al igual que en otros tantos aspectos de nuestra agenda nacional, se vuelve a hacer evidente la necesidad de emprender acciones en contra de la impunidad y por la vigencia real de nuestro Estado de derecho.
Del mismo modo, el énfasis que pongamos en la educación y el trabajo con nuestras niñas, niños y adolescentes será la única forma de llevar a cabo una verdadera prevención en la materia, lo cual no se puede llevar a cabo sólo por disposición de ley o como consecuencia de una norma, ya que requiere de un proceso formativo de largo plazo.
Los derechos humanos deben ser en este contexto, repito, el eje que articule, oriente y sirva como parámetro a toda actividad estatal.
Un estado democrático no puede permitir que existan esferas de su actividad que no estén sustentadas en una perspectiva centrada en los derechos humanos o que pudieran propiciar directa o indirectamente violaciones a los mismos.
Muchas gracias por su atención.
LICENCIADO GABRIEL DELGADILLO: Muchísimas gracias. Es el turno de Olga Guzmán Vergara, quien es Directora de Incidencia Nacional e Internacional de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
OLGA GUZMÁN VERGARA: Muchísimas gracias por la invitación a estas audiencias públicas que me parece que en este momento por la coyuntura política nacional e internacional no son sólo oportunas sino son necesarias.
Y, bueno, por supuesto que celebro que organizaciones de la sociedad civil y derechos humanos estemos siendo parte de este proceso en esta discusión. Ojalá que hubiéramos más organizaciones de derechos humanos.
La comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, somos una organización que tenemos más de 25 años trabajando por la defensa y promoción de derechos humanos, y documentamos y acompañamos a víctimas de violaciones graves a derechos humanos, particularmente a víctimas de violaciones como: la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, las víctimas por el desplazamiento interno forzado a causa de la violencia.
Y en el acompañamiento a víctimas de estas graves violaciones a derechos humanos, lo que hemos encontrado es que hay un patrón común y recurrente: y es que las violaciones o la comisión de violaciones a derechos humanos han incrementado alarmantemente a partir de la implementación de una política de seguridad encaminada al combate contra las drogas.
Esta mañana escuchaba cuando comenzaba esta jornada de estas audiencias, que el doctor Mazzitelli preguntaba o decía cuál es la diferencia o cuál es la relación más bien entre las drogas y la violencia.
Y tiene razón en preguntar esto porque no hay una correlación digamos directa entre las drogas y la violencia, sino más bien lo que ha quedado demostrado es que hay sí una relación directa entre los índices de violencia que comenzaron a incrementarse, como ya lo decía alarmantemente desde el 2006 y la implementación de una política de seguridad encaminada al combate de la producción, distribución y uso de drogas.
Entonces, aquí es importante que más que hablar de una política de drogas como tal, en México estamos hablando de una política de seguridad encaminada, como lo comentaba, al combate de la producción, distribución y el uso de drogas.
Ya se ha reconocido en diversos foros, en diversos espacios, que esta política partió de un diagnóstico erróneo y que fue producto de una decisión precipitada de la pasada administración.
Entonces, celebro que tengamos este espacio y esta oportunidad para hablar sobre la contribución y la posición de México en la UNGASS, porque esta sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas nos ofrece una gran oportunidad para hacer una evaluación sobre la política de seguridad implementada en el país, como parte y aquí hay que decir que esta política de seguridad no es más que la contribución nacional al régimen internacional de control y fiscalización de drogas.
Además nos permite o propicia este espacio el analizar a detalle los diagnósticos que nos ofrecen diversas fuentes académicas, organizaciones de la sociedad civil también de derechos humanos y por supuesto los organismos internacionales.
Entonces, es por ello que mi intervención la centraré en los diagnósticos y en los informes de los mecanismos internacionales de derechos humanos, los cuales ya hay diversos que han advertido sobre los costos en los derechos humanos y el fracaso de lo que se ha denominado, lo que se denominó ene l 2006 la guerra contra las drogas.
Entonces, me quiero remitir al reciente informe presentado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, titulado “La situación de los derechos humanos en México”, que fue como muchos de ustedes saben, el pasado 2 de marzo y ese informe da cuenta de que México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años.
Este informe destaca que durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón y el inicio en el 2006 de la llamada Guerra contra el Narcotráfico, las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de más de 100 mil personas, miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país.
Como respuesta al incremento de la violencia han optado por aumentar el rol de las fuerzas armadas. Particularmente hablamos de la SEDENA y de la SEMAR y han aumentado la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, incluyendo una política de confrontación contra el crimen organizado y el despliegue de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales.
Esta situación, como documentó la Comisión Interamericana en su informe, ha desatado aún mayor violencia, así como violaciones graves a los derechos humanos en las que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales.
El informe reconoce que a pesar del cambio de gobierno en diciembre del 2012 y del cambio en el discurso oficial, que básicamente consistió en ya no llamar o ya no utilizar más el concepto de guerra en los pronunciamientos y narrativa institucional, pues no ha habido realmente cambios substanciales en relación a las políticas de seguridad en la práctica y la violencia pues que estas mismas han desencadenado.
La Comisión Interamericana documenta que la violencia está estrechamente relacionada con la presencia de fuerzas militares en las diversas áreas del país de mayor presencia de crimen organizado, narcotráfico y conflictividad.
Esto es una declaración y un diagnóstico muy importante que no puede desestimarse.
El reciente informe publicado de la Comisión Interamericana también coincide con otras observaciones e informes de otros procedimientos especiales de las Naciones Unidas, por ejemplo.
Entonces tenemos, y sólo por nombrar de los más recientes, el informe del Relator de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, quien documentó en su visita a México, en 2013, que el ingente despliegue del ejército en el país para enfrentar a los cárteles de la droga, había resultado en numerosas ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad, así como también de los cárteles a menudo sin ningún tipo de rendición de cuentas.
El relator observó con preocupación que se siguen produciendo incidentes extremadamente violentos en el país, en particular atentados contra el derecho a la vida a un nivel –en sus palabras- intolerables.
Según la información proporcionada al relator Christof Heyns por las autoridades mexicanas, durante la anterior administración federal, de diciembre de 2006 a noviembre de 2012, se cometieron 102 mil 696 homicidios intencionales.
Y el gobierno reconoció que no menos de 70 mil de estas muertes, es decir, casi el 70 por ciento, estaban relacionadas con el tráfico de drogas.
Otro informe importante de la reciente visita, por ejemplo, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien en materia de ejecuciones arbitrarias, homicidios intencionales también fue informado de 151 mil 233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, lo cual en palabras del Alto Comisionado, para un país que no se encuentra en medio de un conflicto reconocido, las cifras calculadas son impactantes.
El Relator Especial sobre la tortura, el señor Juan Méndez, después de su visita a México en 2014, confirmó que desde el despliegue de efectivos militares en 2006 en el marco de la guerra contra el narcotráfico, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos registró un aumento de quejas por tortura y malos tratos desde 2007 y reportó un máximo de 2 mil 20 quejas en 2011, comparadas con un promedio de 320 en los años anteriores a 2007.
Otra de las graves violaciones a derechos humanos que han generado las diversas formas de violencia que se han venido dando en México durante los últimos años, tienen que ver, como lo decía en un inicio, con el desplazamiento interno forzado.
La violencia relacionada con el crimen organizado y narcotráfico también ha conllevado que miles de personas se hayan visto forzadas a desplazarse internamente en México durante los últimos años.
Desafortunadamente no existen cifras oficiales, no ha habido una cuantificación por parte del Estado de este fenómeno.
Desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos hemos podido documentar que alrededor de 287 mil 358 personas se han tenido que desplazarse de manera forzada a causa de la violencia generalizada.
Ante la invisibilidad de este problema por parte de las autoridades mexicanas, la Comisión Interamericana reiteró también en su último informe, su preocupación por la falta de mecanismos de protección a las víctimas del desplazamiento interno forzado.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su visita a México en octubre del año pasado concluyó que parte de la violencia en México puede ser atribuida a los grupos del crimen organizado que, en sus palabras, han hecho miserable la vida de mucha gente en varios de los 32 Estados de la República.
No obstante, en su visita también dio cuenta que muchas desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales han sido llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo la policía y elementos del ejército, ya sea actuando por sus propios intereses o en colusión con grupos del crimen organizado.
El corrosivo y devastador impacto del crimen organizado y las enormes cantidades de dinero que movilizan estos grupos, en palabras del Alto Comisionado, está cooptando y corrompiendo instituciones clave. Y es aquí donde me gustaría profundizar un poco; el cual consiste básicamente en el patrón sistemático y recurrente de la impunidad y la corrupción en las estrategias del combate el narcotráfico; porque si bien es cierto que la estrategia se ha centrado en la detención de integrantes del crimen organizado, no ha habido verdaderos esfuerzos para desmantelar la verdadera red de corrupción que involucra al crimen organizado, pero también agentes del Estado.
Es decir, lo que vemos son las aparatosas detenciones de líderes de cárteles, pero nunca procesos penales en contra de sus aliados y cómplices de la función pública. Entonces, digamos que la cobertura mediática de los arrestos y las detenciones de los líderes sólo son una pequeña parte de la estrategia de manera integral.
La política antidrogas de México ha además propiciado el desarrollo de leyes y figuras que se contraponen con el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a una defensa adecuada y el derecho a que la sanción sea acorde con la gravedad del delito.
Preocupantemente, las autoridades mexicanas han utilizado como indicadores de éxito de esta política las hectáreas de amapola y marihuana erradicadas, los laboratorios de cocaína destruidos, las personas detenidas y la cantidad de drogas incautadas. Este tipo de datos estadísticos pueden impresionar al público y transmitir una sensación de que se está haciendo algo; mejorando así las probabilidades de que los recursos se sigan destinando para estas actividades.
Sin embargo, no indican si estas estrategias se traducen en avances reales hacia la consecución del objetivo principal, que es la reducción en el uso de drogas en el país. Es decir, los indicadores que generalmente se utilizan para medir la efectividad de las políticas internacionales de antidrogas, no corresponden directamente con el problema.
Y lo mismo sucede con la producción de marihuana. Cuando se le hace desaparecer en una zona, rápidamente aparece en otra, ignorando las fronteras nacionales.
Los líderes de los cárteles arrestados, son reemplazados inmediatamente por otros que van ascendiendo en jerarquía. Los cárteles fragmentados son reemplazados por otros y cuando se logra desorganizar las rutas del narcotráfico, éstas también son reemplazadas por otras.
Para poder emprender un debate serio para el diseño de políticas públicas que regulen el uso de drogas, hay que comenzar reconociendo el grande fracaso del modelo prohibicionista y de las políticas de seguridad encaminadas al combate de la producción, distribución y uso de drogas emprendidas en el país.
Entonces, hay que reconocer que el modelo que prioriza la reducción de la oferta, sencillamente no está funcionando y que este modelo por el contrario, está generando conflictos propiciando violaciones a los derechos humanos, minando la democracia y debilitando el Estado de Derecho.
Estas lecciones deberían llevarnos hacia una nueva política de control de drogas, que trate de llegar a las raíces del problema de las drogas y una política que claramente diferencie entre el uso y el abuso de sustancias o el uso problemático, más bien, de sustancias.
Necesitamos nuevos indicadores para evaluar el éxito de las estrategias antidrogas, porque las toneladas de drogas incautadas y las hectáreas de cultivos erradicados, sólo nos dicen –como les decía– que se está haciendo algo, sólo nos dice una actividad, una estrategia que se está emprendiendo; pero realmente no nos indica si estamos afectando el consumo de drogas dentro del país.
Y eso nos lleva a otro problema, que no existe información rigurosa sobre el nivel de consumo en el país. Lo que podemos saber es el consumo más o menos estimado de mecanismos de investigación, como las encuestas; pero es la única forma de acercarnos a una estimación de consumo.
Con una regulación responsable, por ejemplo con espacios de distribución formal de drogas, como la marihuana, por ejemplo, empezaríamos ahora sí a generar información y a tener un estimado real de lo que se consume.
En cuanto a la estrategia de seguridad, debemos fortalecer las instituciones civiles que luchan contra el crimen organizado, el cual también no hay que ignorar que cada vez se diversifica. El uso de las fuerzas militares en vez de las policías, debilita y distorsiona las funciones de ambas.
La reforma y el fortalecimiento de la justicia deben de ir de la mano con la reforma policial, ya que para combatir el narcotráfico se necesita una fuerza y un sistema judicial que funcione.
Para concluir, aplaudimos que México haya solicitado adelantar la sesión especial, bueno, la UNGASS. Ahora hay que aprovechar justamente, como lo mencionaba en un inicio, la coyuntura nacional, la cultura política nacional e internacional. Hay que desmoralizar el debate y hay que hacer una evaluación sin prejuicios utilizando los diagnósticos de los mecanismos internacionales de derechos humanos que se han producido sobre este tema; los cuales además reflejan la realidad de cientos y miles de víctimas de la guerra contra las drogas en el país.
Nos preocupa mucho que la estrategia para desmilitarizar la seguridad pública esté muy lejos de ser una prioridad para el Estado mexicano, a pesar de que diversos mecanismos internacionales de derechos humanos hayan ya recomendado al Estado mexicano hacerlo, como lo es el Comité contra la Tortura, el mismo Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y así podría enumerar mínimo 10 procedimientos especiales de Naciones Unidas que han recomendado al Estado mexicano retirar a las fuerzas militares de la seguridad pública.
Y también muy a pesar de la evidencia, como es el índice de letalidad, en lo que también ha trabajado mucho aquí presente Catalina Pérez-Correa, Rodrigo Gutiérrez; de acuerdo a datos de la misma SEDENA entre el 2007 y 2012 en supuestos eventos y agresiones en contra de personal militar fallecieron 158 elementos militares y 2 mil 959 presuntos agresores civiles. Es decir, por cada elemento militar fallecido murieron 18.7 civiles.
Dichos números evidencian el uso desproporcionado de la fuerza letal.
Otras cifras oficiales indican que los asesinatos por parte de militares han continuado durante el presente sexenio.
La SEDENA informa que en el periodo del 13 de enero del 2007 al 5 de abril de 2014, en el curso de supuestos enfrentamientos murieron 3 mil 967 personas civiles. También reportó que murieron 209 militares del 13 de enero de 2007 al 30 de octubre de 2014. Una proporción de 19 civiles fallecidos por cada elemento militar fallecido.
También de acuerdo a cifras de la PGR, del 1 de diciembre del 2006 al 31 diciembre de 2014, de las 4 mil 55 denuncias de tortura que reportó, mil 273 fueron atribuibles a personal militar.
Entonces, siendo la política de drogas y los derechos humanos prioridades de la política exterior multilateral de México y dada la coyuntura internacional, México debe impulsar la participación de más agencias internacionales de Naciones Unidas en este tema.
Particularmente dados los valiosos informes de los procedimientos especiales de Naciones Unidas en donde se analizan las consecuencias de la política de seguridad de combate a drogas en el goce de los derechos Humanos, México debe promover la creación de un procedimiento especial en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que tenga como mandato vigilar y supervisar el respeto de los derechos humanos en el marco de la implementación de política antidrogas en el mundo.
Como reflexión final, sólo diría que debemos enfocarnos en políticas institucionales de largo plazo y no en medidas paliativas que se fundamenten en un populismo punitivo. Muchas gracias.
LICENCIADO GABRIEL DELGADILLO: Muchísimas gracias, Olga.
Toca el turno del maestro Aram Barra, él es oficial del Programa de Política de Drogas de México Unido contra la Delincuencia.
MAESTRO ARAM BARRA: Gracias y buenas tardes a todos y a todas. En especial, por supuesto, al Senado de la República y a la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, a la senadora Laura Rojas por la invitación a México Unido contra la Delincuencia, y por la organización de un foro muy importante sobre una sesión muy importante que, como dijo Olga hace unos minutos, México llamó a acelerar para el próximo mes cuando en realidad la sesión tocaba hasta el 2019.
En mi participación quiero expresar serias inquietudes que tengo y que tenemos en México Unido con respecto al proceso preparativo, así como al borrador del documento final que se plantea aprobar en la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la llamada UNGASS sobre, como le gusta decirle a Naciones Unidas, el problema mundial de las drogas.
Si bien el Secretario General de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon exhortó a que la UNGASS sea, y cito, un debate abierto y de gran envergadura que considere todas las opciones disponibles y se prometió una discusión inclusiva que tendría en cuenta las perspectivas de los actores involucrados, estados miembros, agencias de Naciones Unidas, círculos académicos y la sociedad civil, la UNGASS ha sido una oportunidad crucial para llevar a cabo una evaluación sincera de qué funciona y qué no funciona en el campo de la fiscalización global de las drogas.
Es una oportunidad para encontrar un nuevo consenso que aborde la realidad del fracaso y las consecuencias negativas de las ´políticas vigentes.
Llama la atención, en ese sentido, que México haya sido uno de esos tres países que pidió se adelantara la sesión, junto con Colombia y Guatemala, en septiembre de 2012 en la Asamblea General, pues no podríamos, dijo México, no podíamos esperar hasta el 2019 para revisar si el modelo prohibicionista era apropiado.
A casi cuatro años de que la Asamblea General aprobó esa sesión especial, adelantar esa revisión, las noticias son bastante pobres y en mi opinión bastante decepcionantes, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional.
El proceso en la UNGASS no ha reconocido la falta de logros obtenidos durante los últimos 50 años por el Sistema para el Control de Drogas. Las sustancias sometidas a control internacional están el día de hoy más disponibles y son más asequibles que nunca en la historia de la humanidad y eso no se ha reconocido ni ene l debate nacional ni en el debate internacional.
El proceso, por otro lado, ha optado por ignorar todos los daños causados por los enfoques actuales y ahorita Olga habló bastante de ellos, la doctora catalina Pérez Correa en la sesión anterior y varias personas lo hemos dicho ya durante varios años: abusos sistemáticos a los derechos humanos y continuación de la aplicación de la pena de muerte por delitos de drogas en muchos países; intensificación de la transmisión del VIH y de la Hepatitis-C; acceso intolerablemente inadecuado a drogas controladas para fines médicos; 187 mil muertes evitables, relacionadas con drogas cada año; violencia, corrupción, asesinatos perpetuados por los mercados delictivos de drogas, estigmatización sistemática de personas que consumen drogas; destrucción de los medios de vida de agricultores de subsistencia, debido a la erradicación forzada de cultivos y miles de millones de dólares en fondos públicos desperdiciados en políticas de drogas que evidentemente no funcionan.
La naturaleza de la problemática no inclusiva y no transparente del proceso preparatorio, la UNGASS se encuentra el día de hoy peligrosamente cercana a representar una grave falla estructural del sistema de las naciones unidas.
Al no abordar una crítica significativa ni plantear ideas o formulaciones nuevas, el documento final de la UNGASS corre el riesgo de convertirse en una costosa y muy costosa reafirmación de acuerdos y de convenciones previas.
Ello representaría un grave fracaso para la Asamblea General y una traición absoluta para los estados miembros, para las agencias de las Naciones Unidas, para la sociedad civil y para el público que hemos exigido mucho más de este proceso.
Quiero detenerme unos minutos en esto y revisar algunos de los principales problemas que desde México Unido contra la Delincuencia vemos en el proceso preparativo de UNGASS a nivel internacional:
El proceso ha estado dominado por las fuerzas del status quo en el aparato de las Naciones Unidas, con sede en Viena, para el control de las drogas.
Los preparativos estuvieron a cargo de la Comisión de Estupefacientes, la CND, que sesionó por última vez hace dos semanas en Viena, y su Secretaría de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –la ONUDC-, también en Viena en lugar de, como se hace con cualquier otra UNGASS, por la propia Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.
Estas instituciones en Viena han tratado activamente de excluir propuestas innovadoras y vanguardistas de los estados miembros de otras agencias de las Naciones Unidas y de la sociedad civil, perpetuando las mismas luchas de poder y la parálisis que han entorpecido el debate del control de drogas en Viena durante décadas.
Además, las negociaciones han tenido lugar mayormente en reuniones informales de carácter cerrado, en lugar de eventos entre periodos de sesiones, como les llama Naciones Unidas, y por lo tanto excluyendo la participación de la sociedad civil y contribuyendo a la falta de transparencia en todo el proceso.
Estos problemas se han visto exacerbados por la autoimpuesta dependencia del consenso para la toma de decisiones en Viena y la presión por parte de muchos estados miembros para ultimar el documento final antes de que éste llegue a la Asamblea General.
En términos políticos, esto último significa que un puñado de países vociferantes y reaccionarios pueden bloquear las formulaciones progresistas, en lugar de recurrir a la votación, como hacen muchos otros ámbitos del sistema de Naciones Unidas, incluyendo la Asamblea General misma.
Para la UNGASS la noción de un consenso global sobre drogas es simplemente insostenible, pues hoy en día en algunos países las personas enfrentan pena de muerte por la tenencia de drogas, mientras que otros países están legalmente regulando los mercados de drogas.
Si bien el consenso puede ser valioso en muchos otros ámbitos, en donde existe una polarización como es el debate de las drogas, puede dar más bien lugar a declaraciones que no captan las genuinas tensiones que existen entre las políticas y que ameritarían una discusión y un debate honesto.
Para concluir, quiero mencionar los principales problemas que encontramos en el documento de UNGASS, con el objetivo de urgir cambios incluso a este nivel tan tarde con lo que buscaríamos se aprobara en el documento final.
Los estados miembro acordaron producir, y cito un párrafo de la Declaración que definió cuál iba a ser el proceso de UNGASS, iban a producir un documento breve, sustantivo, conciso y orientado a la adopción de medidas que propusiera el modo de abordar los desafíos de larga data y los nuevos desafíos en la tarea de hacer frente al problema mundial de las drogas.
Sin embargo, lo que hoy tenemos dista mucho de ese objetivo y voy a plantear 5 problemas:
Primero: Aunque el texto se extiende a más de 10 páginas y excede un centenar de párrafos, casi no incluye resultados, casi no incluye acciones, operativos para abordar los innumerables retos, las tensiones y las contradicciones que existen en cuanto al control internacional de drogas.
Hasta el momento se han rechazado propuestas de que la UNGASS establezca al menos un grupo consultivo de expertos, que emprenda un análisis crítico y que elabore recomendaciones para modernizar el sistema con miras al 2019, que es la próxima Declaración Política del sistema, como se dijo en el panel anterior.
Número 2: En lugar de considerar todas las opciones, como se proponía al principio, el borrador que tenemos el día de hoy simplemente reafirma el enfoque actual y resulta devastador en cuanto a su incapacidad para reconocer los daños antes señalados, los daños que se han dicho todo el día, los daños a los derechos humanos que hemos visto de manera muy cercana en México, causados por las políticas punitivas.
Estos costos se han destacado en repetidas ocasiones, en muchísimos informes presentados por la UNGASS mismo, por partes de la sociedad civil, por parte de agencias de las Naciones Unidas y por Estados miembros mismos.
Sin embargo, el borrador del documento sostiene la existencia de –y cito– “avances tangibles, inmensurables”; sin brindar justificación o explicación alguna sobre cuáles son esos avances o a qué avances se refiere.
Número 3, el borrador actual no constituye un reflejo equilibrado de las aportaciones y de las recomendaciones presentadas ante la UNGASS por parte de las agencias de las Naciones Unidas. Muchas de estas aportaciones instan explícitamente a la eliminación de la criminalización de quienes usan drogas; pero este punto ha sido completamente excluido de los borradores del documento final, que se negoció en Viena hace dos semanas, lo cual demuestra una falta de coherencia en el Sistema de las Naciones Unidas.
Más aún, también se han omitido muchos aportes del grupo de trabajo de la sociedad civil, de ONG’s alrededor del mundo, de Estados miembros, de grupos regionales y especialmente todas aquellas exhortaciones a abolir la pena de muerte para delitos relacionados con drogas.
Número 4, pese al reconocimiento explícito del término reducción de daños por parte de la Asamblea General, y me refiero a una resolución de la Asamblea del año 2001, donde se reconoce por primera vez la utilidad del término de reducción de daños y la importancia que tiene en términos científicos para responder al fenómeno de las drogas; en el documento final que tenemos de UNGASS no se admite la necesidad de contar con una propuesta de reducción de daños.
El término mismo ha sido desaparecido del borrador, lo cual desde la sociedad civil nos parece simplemente ridículo.
Y 5 y último, el borrador del documento final reafirma el llamamiento para lograr –y cito– “una sociedad libre del uso indebido de drogas para el año 2019”. Esta es una meta planteada por la declaración política del 2009 y que de hecho se había propuesto desde la UNGASS de 1998, reunida bajo el lema –y cito– “Un mundo sin drogas: podemos lograrlo”. Por supuesto desde entonces el consumo de drogas se ha incrementado.
Parece ser, es decir, que en 20 años no hemos aprendido absolutamente nada en lo que al control de drogas se refiere.
En general, el documento que se aprobará en dos semanas más en Nueva York, no establece una meta ambiciosa como pensaba ser; sino más bien establece una meta ilusoria y peligrosa, enmarcando y distorsionando las respuestas de políticas en su conjunto, priorizando la meta de eliminación de las drogas, en desmedro de los criterios de salud, del bienestar, de los derechos humanos y de la reducción de daños relacionados con las drogas.
El borrador del documento final es totalmente incoherente con las prioridades identificadas en los objetivos de Desarrollo Sostenible, que acordamos a nivel mundial en septiembre pasado en la Asamblea General, tales como la lucha contra la pobreza, el mejoramiento de la igualdad de género o la reducción de la violencia y la degradación ambiental, costos directos y aceptados por el mismo Sistema de Naciones Unidas en el reporte 2011 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; como consecuencias no intencionadas de la política prohibicionista.
El borrador está completamente desfasado respecto a las realidades en el terreno en muchos de nuestros países, incluida la exitosa implementación de programas para la reducción de daños, una creciente tendencia a eliminar la criminalización del uso de drogas a nivel global, la exploración de modelos de mercados regulados para el cannabis, el reconocimiento de los derechos de poblaciones indígenas, así como los usos sociales, espirituales y terapéuticos de plantas psicoactivas.
La realidad que vemos el día de hoy a nivel global es muy distinta, y esa es que el obsoleto paradigma de fiscalización punitiva en cuanto a control de drogas, está siendo cuestionado, reconsiderado y reformado en todos los rincones del mundo, incluso si en la UNGASS no lo queremos aceptar.
Es por todo lo anterior que el día de hoy yo, y a nombre de México Unido contra la Delincuencia, exhorto a la cancillería mexicana, a la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado de la República y a los otros estados alrededor del mundo a cuestionar el actual borrador del documento final de UNGASS para garantizar que el debate sobre sus contenidos no se limite a lo que vimos hace dos semanas en Viena.
La UNGASS es una oportunidad única para tomar una posición y demostrar liderazgo en cuanto a la reforma de las políticas de drogas se refiere, ya que simplemente no podemos continuar con el mismo enfoque fallido, y en eso México lamentablemente tiene mucho qué decir.
Muchas gracias.
LICENCIADO GABRIEL DELGADILLO: Antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas, vamos a agradecer al licenciado Luis Raúl González Pérez su presencia y el habernos acompañado en esta mesa. Tiene que retirarse porque tiene otra reunión, pero le damos las gracias por habernos acompañado.
Bien, ¿no sé si tengan preguntas?
Micrófono, por favor.
EX DIPUTADO FERNANDO BELAUNZARÁN MÉNDEZ: Extraordinarias las tres. Se va Raúl, pero agradecerle.
La verdad es que aquí atestiguamos que el ombudsman entiende mucho más de política de drogas que el gobierno mexicano y que la cancillería.
Yo lo propondría de canciller. Muy bien estuvo su intervención. Entendió perfectamente este problema, porque en México vivimos una degradación tremenda en derechos humanos por la guerra contra las drogas.
Por supuesto que es un absurdo técnico, un absurdo técnico es decir que el prohibicionismo es un crimen de lesa humanidad, es un absurdo técnico, pero en sus consecuencias no estaríamos tan errados si vemos la cantidad de muertes, destrucción, encarcelamiento, degradación, etcétera.
Los organismos de derechos humanos, bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, han hablado de tortura generalizada.
También el relator de las Naciones Unidas ha hablado de tortura generalizada, ya son tres instancias, quizá por eso ya no lo dejaron volver y ahora le dijeron que este año no lo reciben, a ver si con el otro tienen algún resultado distinto, pero eso habla de la tremenda degradación que tienen los derechos humanos precisamente por la guerra fallida contra las drogas.
Y la pregunta que tenemos que hacerle al gobierno mexicano es: ¿Por qué mantiene lo que no sirve?
¿Por qué tiene que esperar a que la Sesión Especial de las Naciones Unidas se le dé permiso?
Porque si bien el multilateralismo es un valor, y es un valor diplomático y es correcto que se busque por lo menos idealmente, lo cierto es que no podemos nosotros atenernos a un acuerdo por dos razones fundamentales:
Primero, porque no todos los mismos países tienen el apremio que nosotros tenemos; no los otros países tienen el mismo apremio que nosotros tenemos, no tienen los daños a los derechos humanos, no tienen la violencia desbordada, no tienen el Estado penetrado por el crimen, no tienen este grado de descomposición institucional que tenemos en México.
No podemos esperar que otros países estén igual que nosotros para que nosotros podamos cambiar.
Y la segunda, si nosotros estamos esperando al multilateralismo otros países no. Ni Canadá lo está esperando, ya lo dijo Trudeau, el Primer Ministro, ni el multilateralismo va a impedir que en noviembre en Estados Unidos haya elecciones en una decena de estados, entre ellos dos estados que hacen frontera con México, que es Arizona y que es California, y que esos dos estados por supuesto que tendrán un gran impacto en nuestro país y ellos no van a esperar; lo están haciendo.
Otro que no esperó fue Uruguay.
¿Y qué le pasó a Uruguay? No le pasó absolutamente nada por tomar una decisión soberana de acuerdo a sus propias necesidades, y es lo que quisiéramos ver. No que nos digan: “Pues es que no podemos cambiar porque no nos dieron permiso los rusos y los chinos nos vetaron y entonces tenemos que seguir igual, a pesar de que esto sea un verdadero desastre.
Entonces, simplemente decir, así como en las cajetillas de cigarros se pone: “el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud”, hay que decir “el prohibicionismo es nocivo para los derechos humanos” y nosotros tenemos pruebas de sobra.
No sólo la apertura generalizada, el índice de letalidad que hablaba Olga, que es tremendo, nuestro índice de natalidad es muchísimo más grande que lo que era la guerra en Irak, la invasión en Irak, la guerra en Afganistán, etcétera, cualquiera de las guerras, tenemos cinco de índice de letalidad, cuando en otras guerras es .12, es una cosa desproporcionada.
Ojalá lo podamos terminar y que este periodo de sesiones no se acabe sin que haya una reforma, es urgente que haya una reforma, pero no una reformita, porque si sale una reformita luego vienen las elecciones en noviembre en Arizona y en california y vamos a tener que modificar.
Además nuestra propia descomposición interna, este país nos obliga, ser prohibicionista en México es ser masoquista, porque sólo nos ha traído dolor, sufrimiento y ningún objetivo ha conseguido.
Y termino diciendo, miren, en el asunto medicinal, es muy importante que haya producción nacional, que no sólo sea medicinal, también sea terapéutico.
Alguien que usa marihuana terapéutica es Norberto Rivera, lo declaró en un sermón, la usa con alcohol como muchos de sus abuelos y aquí dice: es que nos e debe permitir, porque no sea que otros lo usen para fines lúdicos, oh, terrible. Es como decir que los monaguillos no le vayan a robar a Norberto Rivera su marihuana para que se la vayan a fumar.
Entonces me parece que ya tenemos que dar un paso adelante, nuestra situación sí es grave, sí es apremiante y en lugar de esperar a que el mundo nos arrastre, nosotros debiéramos tomar un avance y qué bueno que lo menciona, cómo se necesita un solo país para que se vete cualquier consenso y eso nos genera inmovilismo, pero estamos obligados a cambiar.
No vamos a tener distintos resultados si seguimos haciendo lo mismo. Ojalá tengamos el valor de hacerlo, porque la negligencia que están teniendo los legisladores me parece muy grave.
La Suprema Corte ya resolvió, la Suprema Corte ya dijo que es un derecho humano y que esta tutelado por el artículo primero constitucional. La labor de los legisladores es ver cómo se hace válido, cómo se puede ejercer ese derecho, no hacerlo es una omisión tremenda.
Por qué no partimos de cumplir la Constitución y así damos un paso al frente en lugar de seguir resistiéndonos por el miedo a las buenas conciencias.
Gracias.
LICENCIADO GABRIEL DELGADILLO: Gracias.
Acá hay otra participación, por favor, dos más.
PREGUNTA: Buenas tardes, felicidades por las ponencias. Eduardo Hernández, Clínica del Tabaco “Sin mota somos más”.
Maestra Guzmán, les voy a hacer una pregunta partiendo de un supuesto, como dicen los abogados, si suponemos sin conceder que legalizamos, como se ha mencionado por aquí en alguna mesa, el consumo de marihuana, abierto, completo, como hemos escuchado a algunos ponentes mencionar.
La primera pregunta para la maestra Guzmán, es: ¿Eso reduce el grado de violencia, la incidencia que tenemos en el país?
Y, la segunda pregunta, en el mismo orden de ideas, para Aram: ¿Podría el Sector Salud acceder a los recursos de SEDENA, o de la SEMAR, que hoy se usan en la guerra contra las drogas, para poder efectivamente llevar ese programa integral de prevención a toda la población vulnerable?, que es la escuela secundaria y conforme va avanzando la edad ya es menos prevención y es más tratamiento pero bueno, prepa y hay todavía una incidencia en cuanto al tema de la primaria.
Porque se habla de los números de muertos y es bien interesante saber que nosotros que venimos del mundo de la adicción al tabaco, conocemos que a México en 2013 le costó la vida a 66 mil mexicanos el consumo de tabaco y en el 2008 el Instituto Nacional de Salud Pública definió que se habían gastado 75 mil 200 millones de pesos en diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las cuatro enfermedades por fumar que causa la muerte, habría que considerar las demás.
Y como final, la doctora Medina Mora dijo en la instalación del Consejo Técnico:
Nuestra modificación de la política pública ve en un sentido pero también tiene un impacto en el otro contexto.
Son las dos preguntas. Muchas gracias.
LICENCIADO GABRIEL DELGADILLO: Allá adelante por favor y al final hay una intervención de los dos ponentes.
SEÑOR JUAN JIMÉNEZ: Buenas tardes.
Miren: ya urge, es bueno que ya haya el uso médico de la marihuana, por no decirle de otra palabra, porque mucha gente dice que hay que decirle cannabis.
Ya urge, ¿no?, que haya laboratorios y que se produzca; inclusive dicen que es para fines para hacer pomadas o lo que sea, pues también hay que usarlas ya.
Hay otras medicinas muchas más potentes y existen otras plantas más potentes y se usan, por qué no la marihuana, ¿no?
Pero lo que sí no me gusta, y he visto tantos casos en mi familia, en otras gentes, que el uso lúdico de la marihuana, vamos, se está mucho mejor si se consume libremente.
Hay muchas gentes, algunos diputados o senadores por ahí, que están buscando que haya un consumo lúdico urgente.
Y para mí que piensan que se va a legalizar y que los narcotraficantes, ese poder económico enorme que tienen, van a salir huyendo del país, se van a ir a China, Cuba, Honduras o a Colombia, y aquí se va a acabar el negocio de las drogas. Es una falsedad total. Se va a legalizar y van a seguir dominando el mercado, ¿eh?
Lo que sí yo veo que ha habido mucha impunidad, y lo relataba la maestra aquí presente, y los felicito por el valor que tienen, de la impunidad para tratar la cuestión de las drogas.
En Guerrero hace apenas una semana hubo 38 muertos y están como no sé cuántos miles de soldados y siguen llegando.
En Tamaulipas ya llegaron como 8 mil y que van a ir no sé cuántos. Y se pasean en las calles y todo eso y ellos mismos le dicen: “es para que vean la presencia policiaca”, y de policías no hay una efectividad, combate para las drogas.
Y si nos ponemos a ver que si las drogas las dejamos, porque es una cosa muy fuerte para el consumo libre, no nos la vamos a acabar así como país, ¿sí?
Aquí no es lo mismo que se legalice la droga, en Europa, que es otro tipo de educación, o en Uruguay, que es otro tipo la gente que hay y no ha pasado nada y aquí sí va a pasar mucho y sigue pasando, ¿eh? Tengamos mucho cuidado con eso.
Lo que sí le voy a decir una cosa; lo mismo el señor este nuevo Rector que no tiene ni oficio político el pobre señor.
Él dice que un espacio que en su tiempo, ahorita no sé, fue un espacio de expresión libre, donde fue gente que los andaban reprimiendo y se expresaban ahí libremente. Ahora quiere que se meta a la legalidad. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la justicia.
Por qué al señor no le falta valor; por qué le falta valor más bien, para que exija a la PGR que haga su trabajo y él mismo que exija que limpien las islas de traficantes de droga.
Mi sobrino me explica que se consume todo tipo de droga ahí y el señor Rector dice “no, eso no. Queremos que se aplique la legalidad en el Auditorio Justo Sierra”, y ya, asunto resuelto.
Y así en muchas escuelas está la droga circulando libremente, hay una impunidad por parte de la autoridad que le corresponde terminar con esos problemas. Para mí es muy fácil, ellos tienen inteligencia, me supongo, como seres humanos que son, para que esta gente limpie las islas de tanto tráfico de drogas.
Eso es todo.
LICENCIADO GABRIEL DELGADILLO: Gracias.
Tenemos una última allá atrás, si me hacen favor de pasarle el micrófono.
PREGUNTA: Muchas gracias. Carmen Lerma, de la Asociación de Periodistas e Investigadores México.
Escuché al doctor Jalife, que dice que a nivel internacional la única forma de combatir realmente a los narcotraficantes es degollando su falta de financiamiento, donde están los paraísos fiscales. Entonces, ahora escuché muy atenta sobre el combate, todo lo que se ha gastado; en México se han gastado miles de millones de pesos y resulta que en donde nunca han metido es en la prevención y en la salud; es donde no le han metido verdaderamente el dinero.
Entonces, decía el doctor Jalife que la única manera realmente, tronando los paraísos fiscales y que a nivel mundial, todos los países estuvieran de acuerdo.
Si se hace esta reunión de la UNGASS pues lo que el viento a Juárez, porque si están divididos y cada quien va a hacer lo que se le dé la gana, de nada va servir ningún combate.
Quisiera que también respondieran los compañeros de derechos humanos si han visto también a los familiares, porque no es lo mismo hablar de que tenemos derecho; sí, claro, claro, todo mundo tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo, pero el problema cuando está un tercero, como es la familia, que tiene que tolerar el relajo que tenga el compañero o los compañeros que se drogan.
Si me pudieran decir qué han visto sobre las familias, se los agradecería.
LICENCIADO GABRIEL DELGADILLO: Gracias.
Aram, si quieres, y cerramos con Olga, por favor.
MAESTRO ARAM BARRA: A ver, empezando por la última intervención, justamente uno de los esfuerzos más grandes que hemos hecho en los últimos años y que ahora está comenzando a avanzar desde Centroamérica, rumbo a UNGASS, es la nueva edición de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad; que viene recorriendo toda América Central y llegará a México el 10 de abril; y de ahí iremos hasta Nueva York, visitando a todas las víctimas, familiares, personas migrantes, etcétera, que han visto vulnerados sus derechos humanos justamente por una política prohibicionista.
Y a mí me parece que es una de las voces más importantes que en efecto, han faltado en los debates internacionales; pero no solamente desde la victimización de la familia donde se consume drogas, sino desde la victimización de la familia y de las personas que consumen drogas a lo largo y ancho de la región, en sus derechos en general, más allá de la familia.
La Caravana llega aquí a México el 10 de abril, tienen un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, donde me parece, harán varios de los mensajes centrales.
Una persona muy importante que lamentablemente ya no nos acompañaré en la Caravana, es la activista del medio ambiente, la señora Cáceres, que fue lamentablemente asesinada hace algunas semanas en Centroamérica.
El segundo punto que tiene que ver con lo que el señor decía aquí al frente, me parece que tocó muchos temas, muchos puntos muy interesantes. El único con el que no estoy de acuerdo y que sí quiero mencionar es el decir: No porque esto no resuelva el problema completo o no porque no seamos Suiza o no seamos Uruguay o no seamos la primera potencial del mundo significa que nos tenemos que quedar de brazos cruzados.
A mí me parece un no argumento, porque bajo ese mismo argumento uno diría, pues simplemente como tenemos corrupción no vale la pena hacer ningún esfuerzo por combatir la corrupción.
Yo creo que sí, en efecto, no somos Suiza, no somos Uruguay, y eso para bien ni para mal. Uruguay tiene una prevalencia de ocho en 10 de consumo de marihuana, cosa que México no tiene.
Suiza tiene una prevalencia de consumo de heroína muchísimo más alta que la de México, y sin embargo están avanzando de otra manera.
Mi única respuesta al argumento es: No porque México no tenga el Estado de derecho más fuerte o no tenga la gobernabilidad que nos gustaría a muchos tener, significa que nos tenemos que quedar de brazos cruzados y no hacer nada, por un lado.
Y, por otro lado, toda política pública, toda política pública no sólo en el tema de drogas o de la salud pública es un proceso perfectible. No es una bala de plata que va a resolver todo. La política de drogas no nos va a resolver, la política educativa, la política social, la política de seguridad. Eso le toca a la política social, a la política de seguridad, a la política educativa.
Y tampoco nos va a resolver el buen parentazgo. Ahí toca a las familias y a los padres de familia tomar su papel en el sistema y ayudarnos a generar y a distribuir mejor información.
LICENCIADO GABRIEL DELGADILLO: Gracias Aram.
OLGA GUZMÁN VERGARA: Muchas gracias por las preguntas que me hicieron por aquí. Me parece que son muy interesantes y muy oportunas.
Yo más que hablar de la legalización de la marihuana, hablaría de la regulación que es básicamente el modelo que se está discutiendo actualmente en los foros promovidos por la Secretaría de Gobernación, y definitivamente me parece muy interesante porque la respuesta de si la regulación de la marihuana va a disminuir la violencia, bueno, pues la respuesta es: no.
Justamente porque, como decíamos en un inicio, el crimen organizado se está diversificando cada vez más. El mercado de drogas ya no es sólo su principal actividad sino claramente hay otras actividades.
Lo que provoca justamente el desplazamiento interno forzado en muchas regiones del país es justamente el cobro de pisos, la extorsión, los secuestros, las violaciones mismas a derechos humanos.
Sin embargo, teniendo en cuenta esa advertencia, sí es importante que analicemos que en este caso la regulación de la marihuana, que es lo que se discute actualmente, sí es un primer paso para poder empezar a construir ahora sí una política de drogas.
Porque yo les decía en un inicio, realmente en México no podemos hablar de una política de drogas, estamos hablando de una política de seguridad encaminada al combate de la producción, distribución y consumo de drogas.
La regulación es un primer paso que tiene que ir acompañada de otras reformas. Esas otras reformas en otros ámbitos, que ya lo mencionaba Aram, que han claramente contribuido al incremento de la violencia.
Para que podamos hablar de una política de drogas y no sólo de una política de seguridad, tenemos que empezar a hablar de los componentes que debe contener esa política de drogas, que debe, como lo mencionaban hace un momento también por allá, debe contener el componente de salud, de información, de educación, de prevención del uso problemático.
Eso es muy importante, porque yo por ahí escucho que: “Es que el consumo de marihuana genera adicción a otras”, pero es que de entrada ahí estamos muy prejuiciados en ese debate. Tenemos que diferenciar entre el uso y el uso problemático.
Los componentes que debe contener la política de drogas también por supuesto debe contemplar la seguridad ciudadana, pero también debe contemplar la reducción de riesgos y daños, el desarrollo, el respeto a los derechos humanos y el respeto a los derechos particularmente también de grupos en situación de vulnerabilidad y estos grupos que han sido los más afectados por esta política de seguridad, como son las juventudes, los pueblos y las comunidades indígenas, las mujeres.
La regulación es un primer paso, como ya lo mencionaba también, para empezar a generar información. Cuando tengamos esa información mucho más clara, ahora sí empecemos a ver qué otras reformas, qué otro marco normativo es necesario justamente para empezar a disminuir esa violencia que nos aqueja o que nos ha afectado tanto a las mexicanas y a los mexicanos.
Me gusta hacer muchos paralelismos y analogías en el tema de política de drogas con otros temas. Pienso, por ejemplo, en el tema de generación e información en las políticas de transversalización de género en Suecia, por ejemplo.
Cuando empezaron a hacer cada vez más fuerte esta implementación de políticas de género, las mujeres empezaron a denunciar más violencia de género, violencia doméstica en sus hogares.
Entonces, el análisis y la reflexión era pero cómo es posible que cuando cada vez estamos siendo más fuertes y estamos implementando más políticas públicas para combatir la discriminación y la violencia de género, estamos recibiendo más denuncias en las procuradurías, en las fiscalías, por violencia.
Es muy natural, las mujeres, al tener más información sobre lo que era la violencia de género, comenzaron a denunciar más. Entonces, cuando tengamos más registros de la prevalencia real del consumo en el país, vamos a poder también generar más políticas públicas que sean realmente acordes al problema.
Entonces, pienso en otro paralelismo muy rápidamente, en donde justamente el prohibicionismo pues claramente no es la solución y pienso en la información, porque una cosa es la información en la educación prejuiciada en los colegios, en las escuelas, en donde las derogas son malas, ah, cuáles son los efectos de las drogas y que no todas las drogas son las mismas.
Cuántas veces escuchamos al marihuano de la calle, en verdad muchas veces nos referimos cuando hay una ignorancia muy fuerte, nos referimos a personas en situación de calle que están bajo los influjos de solventes o de sustancias psicoactivas.
Entonces, no estamos ni siquiera hablando de marihuana, porque los efectos de la marihuana es distinto. Entonces hasta ahí nuestra grado de ignorancia en relación a las sustancias.
Entonces, pienso en el prohibicionismo, por ejemplo, cuando si querían prevenir las infecciones de transmisión sexual, es decir, en el ámbito de la escuela conservadora, qué era la educación, pues mejor jóvenes no tengan sexo, no tengan relaciones sexuales porque eso o van a quedar embarazadas o van a contraer infecciones de transmisión sexual.
Entonces, era el abstencionismo, y realmente eso no resolvía el problema y sigue sin resolver el problema, cuál es la solución y cuáles están siendo las políticas en esa materia.
Bueno, pues informemos a los jóvenes y a las jóvenes cuáles son las consecuencias de tener relaciones sexuales no cuidadas. Entonces la información no tiene que ser sesgada y por eso insisto mucho en que tenemos que desmoralizar el debate y ya lo decía y ha abierto con esta frase el subsecretario Roberto Campa en los foros que ha promovido la SEGOB y es: establezcamos un debate y una discusión sin prejuicios, libre de prejuicios y más bien con información.
Yo creo que eso es lo más importante para una regulación efectiva y responsable en este caso de la marihuana, pero advierto que tiene que estar acompañada por otras reformas como justamente la desmilitarización de la seguridad pública, la eliminación del arraigo, entre otras figuras que han ido en contra de los derechos y las libertades fundamentales.
LICENCIADO GABRIEL DELGADILLO: Muchísimas gracias Olga.
Creo que ha quedado claro que hay un antídoto perfecto para el prohibicionismo y los efectos perniciosos de esta política a nivel internacional y ese antídoto es el lenguaje de los derechos.
Un régimen de derechos y libertades que permita hacer compatible lo que hoy es incompatible.
Y en este caso, particularmente en México, el inicio del nuevo debate es el derecho, el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad y creo que mientras no veamos eso reflejado en los discursos políticos, en las declaraciones internacionales y en la propia declaración que tendrá que salir de las Comisiones que han convocado a esta Audiencia Pública, entonces estaremos en mejores condiciones para poder enfrentar una mejor discusión.
Agradecemos mucho a los participantes en esta mesa.
Muchísimas gracias a ustedes y damos por terminada esta sesión.
PRESENTADOR: Señora y señores:
Les agradecemos su presencia dentro de esta serie de audiencias.
