Senado de la República

Versión estenográfica de la cuarta mesa de las audiencias públicas en el Senado de la República sobre el posicionamiento que México llevará a la Sesión Especial de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas.

PRESENTADOR: Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes.

Sean bienvenidos a la mesa “Desafíos para la impartición de justicia de una nueva estrategia global contra las drogas”.

Para esto contamos con la presencia dentro de nuestro presídium, de la doctora Catalina Pérez Correa González, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Contamos con la presencia del doctor Rogelio Arturo Bárcenas Zubieta, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Agradecemos la presencia del maestro Javier Hernández, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México.

Agradecemos la presencia del magistrado Arturo Eduardo García Salcedo, de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en representación del magistrado presidente, Edgar Elías Azar.

Finalmente, para conformar este honorable presídium, contamos con la presencia de nuestro moderador, el senador Fernando Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República.

Bien, señoras y señores, sin más preámbulos cedo el uso de la palabra a nuestro moderador, el senador Fernando Yunes Márquez.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. Sean bienvenidas, bienvenidos una vez más al Senado de la República.

Quiero aprovechar también para dar la bienvenida y nos acompaña el día de hoy, la senadora Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Muchas gracias, senadora, por acompañarnos también el día de hoy.

Y a todo el público que está con nosotros en estas audiencias.

Sin más preámbulo, porque el programa viene un poco retrasado, pasaríamos de inmediato con la doctora Pérez Correa González, para su primera intervención.

DOCTORA CATALINA PÉREZ-CORREA GONZÁLEZ: Muchas gracias.

Quisiera dar las gracias al Senado por la invitación a este importante foro. Yo soy profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas; y también coordino un grupo de trabajo que se llama el Colectivo de Estudios, Drogas y Derecho, en el cual estudiamos la política de droga a nivel regional, no solamente como un problema local de los países; y entonces tenemos nueve países de América Latina que participan y que recolectamos información. La idea de este grupo es pensar en la política de drogas como problema regional, no solamente problema local.

Y una de las cosas que hemos visto es cómo el consumo de drogas se repite en todos los foros, en todos los ámbitos, que es un asunto de salud pública y sin embrago, lo que vemos es que los consumidores siguen siendo perseguidos penalmente.

De 2006 a 2014, según la Procuraduría, fueron detenidos casi 450 mil personas por delitos contra la salud en las instancias federales; de éstas, 175 mil fueron detenidas por posesión; y 156 mil fueron detenidas por consumo. Esto quiere decir que 73 por ciento de los casos que llevó la Procuraduría en este tiempo, fueron por delitos contra la salud.

Además, de 2012 a 2014, de los estados que nos dieron información, hicimos varias solicitudes a los estados para saber y conocer cómo se están procesando los delitos contra la salud a partir de la aprobación de la ley de narcomenudeo, solamente 19 entidades federativas nos entregaron información; y de ahí vimos 73 mil 992 personas han sido detenidas por delitos contra la salud.

Y la pregunta que mis colegas del Colectivo y yo nos hicimos es, ¿por qué sucede esto, que a pesar de que el consumo es una cuestión de salud pública, siguen siendo perseguidos penalmente los consumidores?

Y una de las cosas que encontramos es que, y esto ya lo decía el senador Gil en la mañana, a pesar de que el consumo en sí no es un delito, todas las conductas en relación al consumo siguen siendo un delito. En el caso de México, la posesión para consumo es un delito, a diferencia de lo que se suele decir; es un delito poseer para consumir, aunque no se sanciona siempre y cuando dicha posesión esté dentro de los umbrales establecidos en la Tabla de Orientación de la Ley General de Salud.

Y se trate además, de las sustancias que están ahí contempladas, por eso por ejemplo, encontramos a personas que están en la cárcel por posesión de ribotril, que es algo que se puede encontrar en las farmacias y nosotros encontramos personas en Islas Marías por posesión de ribotril porque no está dentro de la tabla de la Ley General de Salud.

Pero aún en estos casos que no se sanciona, se detiene a los consumidores, se les lleva a la agencia del ministerio público, y ahí es donde se determina si se ejerce o no la acción penal.

Por eso decimos que siguen siendo criminalizados los consumidores a pesar de que el consumo no es un delito.

Por encima de los umbrales o si se involucra alguna de las sustancias no contempladas se acredita el delito y este delito puede ser con fines de posesión para venta o simple.

El artículo 477 de la Ley General de Salud dice que el delito de posesión se acredita cuando una persona posee alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidad menor a la que resulte por multiplicar mil las previstas en dicha tabla. Y esta es la parte importante, “y cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializar, suministrar aún gratuitamente”.

Lo que hace nuestra ley es castigar la posesión simple, es decir, la posesión que no tiene fines de venta o suministro por el simple hecho de estar por encima de los umbrales de la Ley General de Salud.

Esto también está en la ley: La posesión simple se sanciona con hasta tres años de prisión.

Una pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿Cuál es la conducta que está tratando de prevenir el delito de posesión simple?

Ahí, por cierto, esto es un problema que vemos en toda América Latina, no sólo México. En ninguno de estos países el consumo es un delito pero la posesión en un sentido o en otro siempre es un delito, aunque por ejemplo en el caso de Brasil no se castiga con penas de prisión; en el caso de Colombia hay dosis de aprovisionamiento y hay ahí distintas regulaciones, pero siempre el consumo no es un delito pero la posesión sí es un delito.

Entonces, como resultado, esta regulación a partir de la Ley de Narcomenudeo en México, estos son los datos de 2006 a 2014 de cómo se procesan los delitos contra la salud en las instancias federales.

La línea roja es la posesión. Vemos una caída muy significativa a partir de la aprobación de la Ley de Narcomenudeo.

La línea azul es consumo, y hay una clara disminución de los delitos que se están procesando a nivel federal, pero sin embargo aunque ha habido esta disminución, por ejemplo en el 2010 los delitos contra la salud representan el 41.7 por ciento de los delitos investigados y 2014 bajó este porcentaje al 8 por ciento. Sin embargo, el consumo y la posesión siguen siendo la parte más importante del trabajo que hace la PGR en materia de drogas.

En el 2014, por ejemplo, de un total de 13 mil 595 detenciones, 4 mil 856 fueron por consumo y 4 mil fueron por posesión.

Conjuntamente, la posesión y el consumo representaron el 65.7 por ciento de los delitos de drogas ese año.

Esto es de lo que se hizo a nivel federal y a nivel de consignaciones tenemos un porcentaje similar de lo que representan los delitos de posesión y de consumo.

Por cierto, se dijo hace rato que los datos del CIDE no tienen ningún sustento en instituciones públicas. Toda esta información es información que han dado las procuradurías o los tribunales. Cada una de ellas viene con los folios a través de los cuales se pidieron y lo pueden verificar.

Esto no es información que inventamos, es información que otorgaron las procuradurías locales o la Procuraduría General de la República.

¿En los estados cómo se ve la Ley de Narcomenudeo?

Pedimos a todas las entidades, sólo 19 nos dieron información. Cerca de 76 mil detenidos por delitos contra la salud en sólo tres años que lleva la implementación de la Ley de Narcomenudeo. Y de estos, no todos, más bien casi todos los estados reportan solamente delitos contra la salud sin especificar el tipo de delitos. Solamente 10 estados dieron información sobre las conductas específicas que correspondieron a 13 mil 49 detenidos. De estos el 47 por ciento, como se ve aquí en la gráfica, fueron detenidos por posesión simple y 11 por ciento por posesión para consumo.

Es decir, vemos que en los estados se está replicando lo mismo que vemos a nivel federal.

Es decir, 58 por ciento de las detenciones de drogas que se hicieron en los estados que dieron información entre 2012 y 2014 fueron por delitos de posesión para consumo o posesión simple.

Por cierto, en el Distrito Federal, de acuerdo al tercer informe de gobierno, de agosto de 2014 a julio del 2015 se pusieron a disposición del Ministerio Público 2 mil 662 personas por narcomenudeo y de éstas, mil 463 fueron por posesión simple.

O sea, en el Distrito Federal también vemos esta tendencia a utilizar la posesión simple como la forma en que se detiene, pues no sabemos bien cuántos de ellos son consumidores y cuántos realmente tenían la intención de venta, porque no se le exige al Ministerio Público que demuestre que  había una intención de venta.

De las sustancias implicadas también pedimos información a los estados, de nuevo no todos los estados dieron información, pero de los que sí dieron, el 72.2 por ciento eran delitos relacionados con marihuana, mientras que 22 por ciento eran delitos relacionados con la cocaína; el tercero fue metanfetaminas y un porcentaje mucho menor de otro tipo de sustancias.

En el ámbito local pedimos también información a los tribunales, cómo se comportan, los juicios iniciados a nivel local, de 2010 a 2014 por delitos contra la salud. Aquí podemos ver muy claramente el efecto de la Ley de Narcomenudeo, en el cual si bien a nivel federal está disminuyendo el número de casos que se están llevando, a nivel local están representando cada vez una mayor proporción de los casos.

De los juicios iniciados que otorgaron información en el 2014, 71 por ciento fueron por posesión simple de drogas. Recuerdan esta definición de posesión simple de drogas que es muy problemática, porque es sin la intención de suministro o comercialización y posesión con fines representó el 12.6 por ciento de los casos que se iniciaron a nivel de tribunales.

En el Distrito Federal esta es la información que dio el Tribunal Superior de Justicia, posesión simple habían 3 mil 238 internos, lo que representa el 52 por ciento de la población interna, por delitos contra la salud en el Distrito Federal.

Por cierto las drogas representan el 16 por ciento del total de las personas que están internas en el Distrito Federal, por lo menos en el 2014 así era.

Y luego tenemos el final de esta cadena, son detenidos, procesados y al final tenemos quienes están realmente en la cárcel, sólo 20 entidades nos dieron información de por qué delitos están sus internos.

Encontramos a casi 16 mil personas internas por delitos contra la salud y una minoría de estos estados dieron información que corresponde solamente a 3 mil 700 de estos 15 mil, preguntamos cuáles eran las sustancias y cuáles eran los delitos, de nuevo la posesión simple es el principal delito y la marihuana es la principal sustancia por la cual se ingresa a personas por delitos contra la salud en las entidades federativas.

En los estados que proporcionaron información, si bien el porcentaje de internos es alrededor, a nivel nacional, del 10 por ciento, hay entidades, por ejemplo Baja California, en los que están por delitos contra la salud representan 34 por ciento de la población penitenciaria de este estado; Durango el 18 por ciento; Michoacán el 15 por ciento y Nuevo León el 14 por ciento de las personas que están en las cárceles.

Y claro, esto representa, como ya se había dicho antes, graves riesgos a la salud, en los reclusorios, sobre todo en los locales, no hay servicios médicos, no hay agua potable, hay una falta de higiene en general, no hay agua bebible, eso lo vimos en las encuestas del CIDE y en otro tipo de encuestas que se han hecho; no hay excusados que funcionan: muchas veces carecen de camas.

Y esto además vemos una prevalencia mucho mayor de ciertas enfermedades en los reclusorios, por ejemplo VIH Sida 5 a 7 veces más alto el porcentaje de esta enfermedad de las personas en reclusión; hepatitis B, tuberculosis, sarna, piojos.

El riesgo de muerte es, por ejemplo en el caso del Distrito Federal, el riesgo de homicidio es de 1.5 entre 10 mil habitantes; en el caso de los reclusorios aumenta a 6.1 el porcentaje, perdón, el riesgo de sufrir un homicidio en el Distrito Federal.

Entonces no solamente hay un riesgo de mayores enfermedades sino también de vida.

Y estos riesgos no solamente son para los internos sino también para las familias que visitan a los internos, la conocida población puente, que entra y sale de los reclusorios y que son también arriesgados a este tipo de enfermedades.

En el caso de los centros federales, este es el aumento de delitos contra la salud en centros federales que si bien no se debe a que ha habido un mayor porcentaje de personas internas, tiene que ver con la construcción de los nuevos centros.

Pero podemos ver, de acuerdo con la encuesta del CIDE, el 60 por ciento de las personas que están en los centros federales es por delitos contra la salud.

En el 2014 el órgano desconcentrado reportó 42 por ciento de la población por drogas y de nuevo la posesión es el principal delito de las personas que están por drogas también en los centros federales.

Y para terminar lo más breve posible, es falso, y los datos así lo demuestran que en México no se criminalice y se sancione a los consumidores.

Si bien no todos terminan en la cárcel, los consumidores son detenidos por la policía, son llevados al ministerio público y muchos sí terminan encarcelados, no por el delito de consumo, pero sí por el delito de posesión simple.

Y tenemos que ver que el delito de posesión simple está jugando un papel muy importante en la persecución de este tipo de delitos.

Si nos tomamos en serio esta idea de despenalizar el consumo, y es decir despenalizar a los consumidores, no nada más despenalizar el consumo, debe despenalizarse la posesión.

Y no basta subir los umbrales porque aún serán en ese caso los policías y los ministerios públicos quienes determinen quién es consumidor y quién no es consumidor.

Y aquí creo que hay una parte de responsabilidad en la decisión que se tome por parte del gobierno mexicano y por parte del Congreso, reconocer las deficiencias de los ministerios públicos y reconocer quiénes son nuestras policías.

Estamos hablando de las policías que han cometido graves faltas y graves violaciones de derechos humanos y en manos de estas policías estamos poniendo a los consumidores que recordemos, según el discurso público, merecen una atención de salud pública en algunos casos y en otros casos pues ni siquiera porque no tienen un consumo problemático.

The Economist, se acaba de unir Lancet, que es la revista médica más prestigiosa a nivel mundial para advertir los costos que ha generado la política de drogas basados en la prohibición y parece importante que atendamos ya el llamado que están haciendo estas instituciones para pensar en un enfoque que anteponga la salud de las personas y que disminuya los costos de atender el tema del consumo de drogas.

El enfoque actual ha aumentado la violencia letal, las enfermedades ha mermado los derechos de salud no sólo de los consumidores sino también de otras personas; ha aumentado el número de desplazamientos forzados y parece que es hora, como bien lo dijo el senador Gil esta mañana, de pensar en alternativas más racionales y que convengan a la población.

Muchas gracias.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias doctora Pérez Correa.

A continuación tiene el uso de la voz el doctor Arturo Bárcena Zubieta.

DOCTOR ROGELIO ARTURO BÁRCENA ZUBIETA: Buenas tardes a todos.

Antes que nada quiero agradecer la invitación al Senado para hablar de estos temas.

En mi caso, la perspectiva que quisiera adoptar en esta breve charla es, digamos, el enfoque que adoptó la Suprema Corte de Justicia en una importante decisión que recientemente tomó la Primera Sala; y las razones por las que me toca a mí hablar de este tema, supongo, es porque tuve la oportunidad de participar en el equipo que redactó este precedente, que a final de cuentas aprobó la Primera Sala.

Y la idea es, básicamente, muy brevemente, señalar este pronunciamiento qué impacto puede tener en la impartición de justicia en general; pero específicamente en la política de drogas del Estado Mexicano. Y también hacer una breve reflexión sobre algunas situaciones que se han suscitado a partir del pronunciamiento de la Corte.

En primer lugar, como ustedes saben, en este asunto que les comento, la Corte se encargó de analizar la constitucionalidad de lo que algunos han denominado la política prohibicionista, no en relación a todas las drogas en general, sino específicamente a una droga muy particular, que es la marihuana.

Esto quiero enfatizarlo de manera muy clara, porque creo que el pronunciamiento de la Corte no se refiere a todas las drogas en general; desde luego no se refiere a las drogas duras, sino específicamente a esta droga blanda, que podríamos catalogar a la marihuana; y toda la evidencia científica que se relata en la sentencia está específicamente referida al tema de la marihuana.

Lo que quisiera destacar de esta sentencia de la Suprema Corte, es que de alguna manera considero que cambia las coordenadas en las que se ha discutido públicamente el tema de las drogas. Como todos sabemos, la política prohibicionista ha sido objeto de críticas desde hace bastante tiempo; muchas veces y muchas de ellas centradas en la ineficiencia de la política en el sentido de que es una política que no consigue cumplir con los fines que pretende.

Y creo que la virtud o el aspecto especial de la sentencia de la Corte, consiste en que va a abordar el tema del consumo de la marihuana no tanto en esta clase de una regulación ineficiente; sino en términos de libertades.

La sentencia de la Suprema Corte hace dos cosas, diría yo: una primera, desarrolla lo que se denomina el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que más allá de esta denominación en específico, básicamente lo que significa o lo      que tutela el libre desarrollo de la personalidad es por decirlo de alguna manera, un ámbito residual de libertad que no se encuentra tutelado por otras libertades en específico, como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad religiosa, etcétera.

Entonces, el libre desarrollo de la personalidad tutela todo este aspecto residual de libertades que no encuentran tutela en un derecho en específico.

Sobre este tema, lo que la Corte sostuvo es que el consumo para fines lúdicos de la marihuana es una actividad, es una conducta que encuentra tutela en una libertad fundamental, como es el libre desarrollo de la personalidad.

Esta es una primera cuestión que destacaría de la sentencia, que creo que tiene implicaciones en muchos ámbitos la idea de que la decisión de una persona de hacer el consumo de la marihuana para fines lúdicos, es no sólo una decisión sino también una conducta que está amparada por un derecho fundamental. Una primera cuestión.

Otra cuestión que se desarrolla en la sentencia, una vez establecida esta premisa, es si la regulación, que en este caso no era la regulación penal, no eran las prohibiciones penales; sino las prohibiciones administrativas que prohibían absolutamente el consumo de la marihuana para fines lúdicos, eran normas constitucionales.

Aquí la Corte, digamos, lo que hace es analizar este tema con una herramienta que yo diría que es una herramienta estándar en la gran mayoría de los tribunales constitucionales, como es el principio de proporcionalidad para determinar si esta norma afecta desproporcionadamente o afectaba desproporcionadamente el derecho, que ya se había dicho que tenían las personas a hacer un consumo de la marihuana para fines lúdicos.

No voy a entrar en detalles sobre este aspecto técnico. Sólo diría una cosa que me parece importante destacar respecto del análisis de proporcionalidad que se realizó en la sentencia de la Corte, y es que este análisis de proporcionalidad nos va a permitir o es lo que le permite a la Corte pronunciarse sobre dos temas muy importantes:

Primero, si la droga es una droga que causa daños en terceros, en este caso, repito, con la evidencia científica que se recoge en las sentencias se sostiene que sí, sí hay daños, pero que estos daños no son daños tan relevantes o tan intensos.

Y, en segundo lugar, también se analiza si es una medida que afecta a la propia salud, por decirlo de alguna manera, de la persona.

En este caso, el principio de proporcionalidad lo que permite es hacer un análisis de si vista como una medida paternalista, digamos, en protección de la persona consumidora de drogas, sería una medida paternalista justificada, y lo que sostiene la sentencia es que no lo es.

Estos dos aspectos destacaría de la sentencia: La idea de que el consumo lúdico de la marihuana es una conducta que está amparada por una libertad constitucional, por el libre desarrollo de la personalidad; y número dos, que la regulación que se analizó, que es la regulación de una droga blanda, como es la marihuana, es una regulación que afecta de forma desproporcionada el derecho que está limitando. Estos son los alcances de la decisión.

Dicho esto, solamente quisiera destacar algunas de las cosas que ha suscitado la sentencia y que me parecen muy pertinentes y muy importantes:

Digamos, por el arreglo institucional que existe en México donde la Suprema Corte, por decirlo de alguna manera, constituye el tribunal que tiene la última palabra en relación con la interpretación de la Constitución, y específicamente en relación con el tema de la constitucionalidad de las leyes, digamos que la Corte cumplió su función constitucional al hacer su pronunciamiento.

Sin embargo, a partir de ese pronunciamiento se ha suscitado lo que ocurre en muchas democracias consolidadas, que es la idea de un diálogo con los otros poderes. A partir de eso se han organizado foros, aquí mismo estamos en el Senado de la República discutiendo temas relacionados con la política de drogas del Estado mexicano.

Y creo que esto es un aspecto muy positivo y que es connatural a los estados constitucionales donde a partir de una decisión donde se enjuicia la constitucionalidad de una medida legislativa, posteriormente la Corte no pretende tener, zanjar la discusión sobre el tema de forma definitiva sino que hay espacio para el diálogo entre poderes. Y creo que en este caso lo podemos ver de forma muy clara cómo ha habido este diálogo y está todavía incierto si va a haber una reevaluación de la política o si va a haber unos cambios legislativos, pero creo que esta es una cuestión que yo destacaría y valoraría mucho que ha propiciado el precedente de la Suprema Corte.

Por mi parte en esta primera intervención terminaría con esto.

Muchas gracias.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias, doctor Bárcenas.

A continuación, el magistrado García Salcedo, por favor.

MAGISTRADO EDUARDO GARCÍA SALCEDO: Muy buenas tardes tengan todos. Le agradezco al senador esta oportunidad, al Senado de la República. Trataré de cumplir con los minutos que señalan las normas establecidas.

Yo traigo un mensaje en relación al tema, que dice lo siguiente:

El derecho moderno se desarrolla, se construye, se va modelando y ajustando a la vigorosa dinámica social, a la que se vuelca como una visión reguladora.

Claro, no de cualquier manera, no sólo con acciones aisladas sino con estructuras lógicas y con respuestas racionales, no sólo razonables.

Esto es, no basta la razonabilidad del poder ser sino que se requiere la racionalidad del deber ser.

Es necesario ante ciertos dilemas sociales no sólo preguntarnos sobre qué es bueno y qué es malo para una comunidad, sino sobre todo en cuestiones jurídicas debemos hacer lo correcto pues ningún orden legal se basa en una moral determinada. Tan solo se regulan cosas bajo un ideal comprensivo que impulsa a la humanidad.

El derecho para ser eficaz debe ser proteico, no se dictan normas jurídicas de una vez y para siempre. El derecho asume la realidad y empieza a trabajar con cuidado extremo, con nuestro ser mismos y el deber de ser que trazamos para una mejor vida en común.

A partir de estos razonamientos mínimos es posible mejor comprender la resolución de nuestra Suprema Corte en materia de uso y consumo de cannabis o marihuana, que desde luego abrió posibilidades amplias para el debate serio y encauzado como el que se lleva a cabo en el Senado de la República ahora mismo.

Desde hace décadas nuestra legislación adoptó ya una vía saludable en cuanto a la política criminal de estado, de no criminalizar ni por tanto sancionar penalmente al consumidor de estupefacientes.

En realidad nuestro marco normativo durante la década de los años setenta, cuando aparece en nuestro país por diversas razones internacionales, el crimen organizado en su faceta de narcotráfico, ya de manera virulenta, asumió esta política y los consumidores se mantuvieron fuera de los ámbitos de validez de la ley penal.

Lo mismo sucedió con esa fase primaria de narcotráfico consistente en la siembra y cultivo de la droga por parte de campesinos empobrecidos con los que la ley se resolvió para ser mucho más benigna.

No es novedosa la fórmula legal para distinguir a diversos protagonistas del drama del tráfico de drogas. Nuestro legislador lo tuvo siempre muy claro.

Me valgo ahora de los argumentos que nuestro más alto tribunal se esgrimieron pues son útiles a los propósitos actuales. La experiencia de los últimos 50 años demuestra que la política prohibicionista en materia de drogas ha fracasado, como hizo mención mi antecesor ponente, y que por lo tanto la misma requiere un cambio.

Sin que haya disminuido la prevalencia de las adicciones en el mundo ni en nuestro país, es claro que la política que limita el acceso a las sustancias controladas ha contribuido a incrementar la violencia y la corrupción asociadas a la delincuencia organizada.

Se ha lastimado tanto a las comunidades como a los individuos y ha generado un mercado  negro de millones de dólares afectando con todo ello los derechos humanos y la salud de la población mundial y nacional.

En estas circunstancias urge un debate amplio, incluyente e informado, que lleve a todas las autoridades del Estado Mexicano y a la sociedad a replantearse, a modo de aproximación, el fenómeno del consumo y producción de drogas.

En torno a este tema, la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió a  finales del año pasado, en sendas sentencias de amparo, declarar inválidos por su evidente inconstitucionalidad, diversos artículos de la Ley General de Salud que tajantemente y sin distinciones mayores prohíben absolutamente al realización de diversas conductas relacionadas con la marihuana.

Los ministros seguramente se hicieron la pregunta para responder con la mayor certeza posible a si la negativa de la autoridad administrativa para admitir y emitir una autorización a cuatro individuos, a fin de que siembren, cultiven, cosechen, preparen, posean y transporten el estupefaciente conocido como cannabis y el psicotrópico THC para su uso lúdico y recreativo, es o no violatorio de los derechos humanos.

Desde luego hemos sabido, se ha partido del razonamiento judicial en torno a dichas prohibiciones legales, atacadas de inconstitucionalidad. El derecho de libre desarrollo de la personalidad, como ya también se hizo mención aquí, y la dignidad de las personas como un principio constitucional en que en rigor irradia la fuerza a todos los demás derechos humanos.

La dignidad humana es un concepto irrevocable e inderrotable. Puede concebirse en una primera aproximación a la dignidad de las personas como su auténtica capacidad de auto determinarse, de asumir sus decisiones en sus vidas y proyectos de vida en tanto no se lesionen derechos de terceros.

En esas esferas del desarrollo humano de orden íntimo, personal y privado, nada tiene que hacer el Estado sin riesgo de caer en injerencias inadmisibles y posiciones paternalistas fuera de lugar y fuera de época.

Por tanto, fue necesario conocer y analizar la proporcionalidad de la prohibición legislativa ya comentada. Ahora sabemos que se concluyó de una manera mayoritaria en la sala de que dicha medida de la Ley General de Salud no sólo es innecesaria, pues ya cuenta con medios alternos también idóneos que tienden a limitar ciertas conductas relacionadas con la cannabis, sino que la prohibición así expuesta en el texto legal ante su desmesura es evidente desproporcionada en el sentido estricto, pues en todo caso genera una protección mínima a la salud y el orden público.

Esto es, de cara al derecho a las personas a decidir sobre sí mismas que sufren una intensa intervención por parte del Estado.

Tomemos en cuenta que esas conductas se asocian al consumo personal mismo y han de asumir esa misma naturaleza específica.

Ya se ha establecido que nuestro marco normativo no criminaliza al consumidor de las drogas, pues en esos casos así lo dicta una correcta política criminal y emprendida desde hace décadas.

Por tanto la prohibición legal sanitaria en torno a dicho comportamiento, parecía desproporcionada y fuera de lugar.

No menos es cierto que si no existe la criminalización para el consumidor la prohibición pierde sentido en estricta lógica jurídica con las acciones asociadas directamente con ese consumo personal, como el hecho de que el que siembre, coseche, cultive, prepare, posea y transporte el estupefaciente de cannabis.

La política criminal mexicana en materia de combate al narcotráfico y a las adicciones atiende básicamente el concepto de tráfico, trasiego, entrega y recepción de cualquier manera que se presente, pero no refiere el acto mismo sin propósitos de tráficos de consumir y por tanto realizar acciones previas y posteriores del orden personal en sentido de decisión personalísima de que cada quien puede ejercer en el ejercicio de su libertad.

Pero además de lo que la resolución denominada magnitud del daño en el consumidor, el legislador puede tomar en cuenta, por ejemplo, las posibles formas de uso y abuso, las posibilidades legales y prácticas de combatir el abuso con éxito, las costumbres de la sociedad, el marco de cooperación internacional para el control y la lucha en contra de las drogas y de manera muy relevante la incidencia de la delincuencia organizada que participa en su comercialización.

Así, podemos ubicar nuestra opinión en el sentido de que cerrar la discusión en manera de oposición del libre desarrollo de la personalidad y en la magnitud del daño que genera el consumo de cierta substancia, podría hacernos caer en una simplificación del problema a estas alturas del debate, pues finalmente se resolvió sólo un específico amparo.

Pero ahora debemos seguramente representar el análisis de la política estatal en materia de drogas y no dejar en una pobre posición al Estado mismo para generar la regulación que garantice los derechos humanos de la población a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales aplicables, tal como nos lo mandata el Artículo Primero Constitucional.

A mí me parece que sin embargo esa tarea no es de la Suprema Corte, pues ya se dijo que ese Alto Tribunal no debate, sólo resuelve lo que se le pone a su consideración en cuestiones de estimativas jurídicas.

La resolución de la Primera Sala en este asunto que nos ocupa, responde a una lógica jurídica impecable tras un correcto ejercicio de ponderación entre la prohibición legal para realizar todo tipo der conductas relacionadas con la cannabis o marihuana que no se detuvo a distinguir entre substancias y acciones riesgosas para la salud pública y los derechos y libertades de los individuos cuyo ejercicio y disfrute es el orden personal.

Y corresponde a la esfera privada de cada quien en atención a ese concepto de dignidad humana que encierra la posibilidad de real de auto determinación, siempre, siempre teniendo en cuenta los límites de los derechos de los otros, como se relacionó esa libertad  a un libre desarrollo de la personalidad, por sobre otros intereses de orden general.

Así las cosas, resulta muy importante para un cabal ejercicio de los derechos de las personas, que se intente un marco regulatorio fuerte, ordenado, integral, consensado democráticamente en materias como las que ahora nos ocupan.

Dentro del debate nacional que nuestro país emprende para asumir una posición mexicana moderna y eficaz ante el modelo prohibicionista que priva hasta hoy, y cuyos resultados no han sido apetecibles, seguramente resulta indispensable replantear nuestro marco normativo. Esto para evitar la vulneración de los derechos humanos de los gobernados y darle a todo asunto una perspectiva adecuada a partir de una salud pública integral, así como para ajustar todo el esquema de la prohibición sancionada penalmente, al de la legalización regulada bajo los parámetros generales de la salud pública y la protección de los derechos humanos de los consumidores y de los no consumidores.

Muchas gracias.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, magistrado.

Tiene ahora el uso de la palabra el maestro Javier Hernández.

MAESTRO JAVIER HERNÁNDEZ: Agradezco mucho la invitación que nos ha hecho el Senado, a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Voy a comenzar por mencionar que la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se va a llevar a cabo en tan solo unas cuantas semanas, ha sido un proceso de años de trabajo, de recopilación de datos, de análisis, de opiniones, de acciones alrededor del mundo, de recopilación de lecciones aprendidas, de mejores prácticas; para proponer una nueva estrategia más equilibrada e integral, que permita abordar de forma más eficaz el problema mundial de las drogas.

No me voy a centrar al uso del cannabis, sino en mi exposición quiero referirme, cuando hablo de drogas, a todas las drogas en general.

Es importante enfatizar que este proceso, como el que se está llevando con UNGASS 16, no es un ejercicio nuevo. El Sistema Internacional de Fiscalización de Drogas lleva cerca de cien años analizando y proponiendo diversas estrategias de abordaje al problema mundial de las drogas; que van adaptándose de acuerdo a la evolución del problema mismo. Es un ejercicio constante que se adapta a las tendencias del consumo y el tráfico ilícito de drogas, a la oferta y a la demanda.

El tema que nos respecta el día de hoy: los desafíos para la impartición de la justicia de una nueva estrategia global contra las drogas; con este tema quisiera comenzar por mencionar que si bien el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, ojo, no necesariamente es la marihuana, con fines distintos de los fines médicos, está prohibido en virtud de los tratados de fiscalización internacional de drogas. La gravedad de las sanciones varía considerablemente de un país a otro.

En la primera intervención, la investigadora del CIDE nos hablaba sobre esto, esta gran disparidad que hay entre los países y las sanciones que hay en los diversos sistemas jurídicos; abre un hueco enorme sujeto a interpretación. Es una tendencia común entre todos los países que forman parte del Sistema de Naciones Unidas, en sancionar severamente el tráfico de grandes cantidades de drogas y los delitos violentos relacionados con drogas.

No obstante, entre estos países existen grandes diferencias y criterios para sancionar el consumo y la posesión de drogas. En algunos países, por ejemplo, se sanciona el consumo de drogas con la cárcel; mientras que en otros el consumo no es considerado un delito penal o bien no se sanciona con arreglo a la justicia penal.

Incluso, en otros casos, hay sistemas jurídicos que consideran que la dependencia a las drogas es un factor atenuante cuando se han cometido otros delitos relacionados con las drogas; pudiendo imponer sentencias más indulgentes a una persona drogodependiente de otra que no lo sea. Este es el caso de los tribunales, por ejemplo, de los tribunales de tratamiento de adicciones.

Y, es más, cuando la persona drogodependiente decide por su propia voluntad someterse al tratamiento, las penas suelen ser menores.

En los países donde existen penas más severas para los consumidores, portadores de drogas o narcomenudistas, la cantidad de consumidores encarcelados es mayor que en otros países, y esto trae como consecuencia otros gastos significativos para la comunidad y no pareciera presentar efectos determinantes en la disuasión del consumo de drogas. Esto lo digo con las tendencias internacionales.

Incluso, como ya se habrá comentado en algún otro panel, la reclusión de consumidores presenta no sólo problemas de hacinamiento sino también el incremento del consumo de alcohol y otras drogas mientras se cumplen las condenas; y además una instrucción constante, una educación de pares acerca de una amplia gama de conocimientos, habilidades y consejos criminales entre los internos.

Justo la semana pasada, del 14 al 22 de marzo, fue presentado en el más reciente periodo de la Sesión de la Comisión de Estupefacientes, el informe del Director Ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Este informe que se refiere a las medidas adoptadas para aplicar la declaración política y el plan de acción sobre cooperación internacional a favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas.

Perdón, este es todo un trabalenguas, pero es todo un sistema de fiscalización internacional de drogas que va llevando sus diferentes procesos, y la Comisión de Estupefacientes es la encargada de hacer todos los preparativos para la UNGASS.

En esta última sesión de la Comisión de Estupefacientes se presenta este informe y en las respuestas de los países que participaron en la Consulta de UNDC para este informe se observa que los sistemas de tratamiento para drogodependencias clasificados en tres tipos: farmacológico, psicosocial y servicios de rehabilitación social y postratameinto, son menos frecuentes en los sistemas penitenciarios que en el ámbito comunitario.

Y se observó además una disminución más equilibrada entre los tres tipos de servicios de tratamiento en los servicios basados en la comunidad, en tanto que en los establecimientos penitenciarios la mayoría de los servicios se centraban sólo a la rehabilitación y al postratamiento. Esto es sólo uno de los grandes desafíos.

Es decir, no sólo se utiliza un enfoque punitivo y represivo al consumo y posesión de drogas, sino que al interior de las instituciones penitenciarias es difícil encontrar las capacidades suficientes para proveer un servicio integral y completo del tratamiento.

En este sentido, uno de los primeros desafíos que se comienzan a esbozar es la adopción de un enfoque más integral hacia el problema de las drogas, enfocado más hacia la salud pública, como se han venido destacando en todas las intervenciones que me han precedido, y el incremento de la calidad debida y no sólo a la represión.

Ahora bien, la educación, la prevención, el tratamiento de la drogodependencia, la atención interior, la rehabilitación, la reintegración social, pueden sustituir eficazmente a las sanciones penales impuestas por delitos relacionados con drogas.

Esta visión coincide con los resultados de la Conferencia Internacional previniendo y revirtiendo las consecuencias sociales negativas del mercado ilícito de drogas.

Este fue un esfuerzo conjunto entre el gobierno de la República Mexicana a través de la Cancillería y el UNDC que se hizo en septiembre de 2015.

En esta conferencia se reunieron a los responsables del seguimiento y la negociación dentro de los preparativos hacia la UNGASS 2016, con el objetivo de identificar puntos de encuentro, nuevos retos y políticas alternativas en materia de procuración de justicia y atención a las consecuencias relacionadas con el mercado ilícito de drogas.

Y, entre las conclusiones de esta conferencia, quisiera enumerar, quisiera rescatar algunas de las más importantes:

Es importante poner un especial énfasis en la incorporación de un enfoque integral centrado en la mejora de la calidad de vida de las personas, como había mencionado antes, se deben plantear estrategias que no sólo se encaminen al control de la oferta y la reducción de la demanda de drogas, sino que además tomen en cuenta acciones dirigidas a abordar los daños sociales causados por los mercados ilícitos de las drogas, proponiendo, por ejemplo, las medidas alternativas de justicia para los delitos menores relacionados con las drogas.

El respeto de los derechos humanos debe ser una prioridad de las políticas de drogas, frente a la vulnerabilidad de los eslabones más débiles de la cadena del fenómeno de drogas, el estado debe garantizar el respecto a los derechos de las personas sin importar las diferencias culturales, étnicas, de género, socioeconómicas o de cualquier otro tipo.

Al tiempo de seguir actuando decididamente contra la delincuencia, se debe evitar la criminalización, la estigmatización y marginalización de los más vulnerables, se debe procurar reconstruir y fortalecer el tejido social, la cuestión comunitaria y el sentido de pertenencia, con un enfoque integral de prevención.

Algunos de los desafíos que afrontan muchos sistemas penitenciarios a nivel internacional, son el aumento constante de la población penitenciaria y los altos niveles de hacinamiento, serias deficiencias en las condiciones de reclusión, la falta de cuidados básicos y la transmisión de enfermedades infecciosas entre reclusos, incluyendo el VIH Sida, así como la imposibilidad de proteger la dignidad y los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Resulta por ello necesaria una reflexión sobre el uso de la reclusión para aquellas personas que cometen delitos menores relacionados con drogas.

Otra recomendación que se daba en esta conferencia es que los tribunales de drogas representan una alternativa viable a la aplicación de sanciones penales que ha ofrecido resultados positivos en algunos países.

Otro más, se requieren políticas equilibradas que den la misma importancia a contrarrestar la demanda de drogas ilícitas, que contrarrestar la producción y el tráfico de las mismas, desde un enfoque que gire en torno al individuo y no a la sustancia.

Por otro lado, la aplicación de la pena de muerte para delitos relacionados con drogas fue considerada ya incompatible con el derecho a la vida, reconocido por el artículo sexto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Se debe privilegiar el principio de proporcionalidad de las penas a que hacen referencia las convenciones de Naciones Unidas en materia de drogas.

Aunque la Conferencia Internacional emitió muchas más recomendaciones, hizo hincapié en que para garantizar el pleno acceso al derecho a la salud, resulta fundamental asegurar la disponibilidad y acceso a sustancias controladas con fines médicos para quienes las necesiten.

Y en este sentido es importante recordar que en algunos casos el uso de las sustancias controladas para fines médicos también es necesario para complementar el tratamiento farmacológico de los usuarios de drogas, ya sea en la comunidad o bien dentro de los sistemas carcelarios.

Todas estas recomendaciones fueron ya retomadas por la Comisión de Estupefacientes, ya forman parte de todo el bagaje técnico y discursivo que va a nutrir UNGASS 16.

Y por último nada más quiero cerrar mi intervención mencionando que el enfoque de justicia terapéutica, brindando opciones de tratamiento, de rehabilitación, de reinserción social, generalmente a primodelincuentes con drogodependencias, es, en muchos casos, la forma más barata y más eficaz de prevenir la reincidencia y de contribuir además a la construcción del tejido social.

Hay que tomar en cuenta que detrás de una persona consumidora de drogas o alcohol, existe una familia, una comunidad y una sociedad que sufren a menudo consecuencias nocivas que derivan en muchos casos en la violencia hacia las mujeres y el maltrato infantil, entre otros muchos problemas sociales que pueden ser prevenibles.

Muchas gracias.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias.

Pasaríamos ahora a la ronda de preguntas y respuestas, abriendo la participación a quienes nos acompañan el día de hoy.

Por favor. A ver si nos apoyan con los micrófonos.

PREGUNTA: En su opinión, en la Sesión Especial que se realizará, ¿qué cambios podrían ser los que consideran como más dramáticos posibles de la política existente a la política que podría ser? ¿Qué se puede esperar en caso extremo; no la versión moderada, la transformación mayor?

MAESTRO JAVIER HERNÁNDEZ: Bueno, habiendo revisado toda la documentación previa, toda la documentación que se está compilando para el UNGASS 16, se nota una clara tendencia de un cambio del enfoque punitivo hacia el de salud pública. Para enfrentar el problema mundial de las drogas están cambiando este enfoque hacia salud.

Y éste no es un cambio menor; es un cambio mayor, es trabajar el tema desde la prevención, dándole más importancia a la prevención que a la represión. Entonces yo creo que por ahí iría la respuesta.

DOCTORA CATALINA PÉREZ CORREA GONZÁLEZ: Yo en eso diría, a ver, creo que sí una de las posibilidades que tenemos es que se abran las posibilidades para que cada país tenga poder de decisión sobre la legislación o la forma en la que lidian con el tema de las drogas.

Y ahí el único riesgo que yo veo y que sí me parece muy preocupante es el de los tribunales de tratamiento de adicciones que se mencionaron antes, porque si bien es una forma de evitar la cárcel, también es una forma de volver a criminalizar el consumo y a los consumidores y volver a gastar recursos del Estado en un tema que pues ya vimos cómo se desarrolla ese tema.

En Estados Unidos han servido básicamente para tener una forma alterna de seguir criminalizando a los consumidores y me parecería una pena que en América Latina, al igual que en otros países se adopte este modelo que básicamente es más de lo mismo.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. Por favor.

PREGUNTA: Buenas tardes. Estudiante de la UNAM.

Me parece que para hacer cambios a la política de drogas es necesario modificar radicalmente la Convención de 88 y la Convención de Palermo, especialmente en las partes donde hay un ataque evidente a los derechos humanos.

En este sentido es claro que hay que eliminar las contradicciones que hay entre el sistema de derechos humanos y los márgenes de discrecionalidad que estas convenciones permiten a los estados.

Entonces me parece que si no se toma esto como el núcleo de la novedosa política de drogas sólo se va a quedar en replantear a la salud como una prioridad pero no se va a entrar a la cuestión fundamental que es cambiar las convenciones.

¿Entonces qué posibilidades ven de alguna reforma importante en este sentido, de eliminar las contradicciones de derechos humanos a las citadas convenciones?

DOCTOR ROGELIO ARTURO BÁRCENA ZUBIETA: Efectivamente ese es uno de los temas más importantes que se va a tratar en UNGASS 16.

No creo que se hagan reformas, pero sí pienso que va a haber adecuaciones al plan de acción.

Hay planes de acción que se hacen cada 10 años para trabajar el tema de drogas y es ahí donde se van haciendo las adecuaciones.

Y es muy importante lo que estaba diciendo la doctora, de que ahora los países tienen la libertad también de asumir las convenciones, pero también adaptarlas a sus necesidades.

No contraviniendo las convenciones, pero sí adaptándose, o adaptando los principios a la Legislación.

Entonces, pienso que va a ser un debate intenso esto en UNGASS 16; pero debemos tomar en cuenta que este ha sido un debate y un trabajo de años, en donde hay diferentes posiciones y no es muy posible o no creo muy probable que se hagan enmiendas a las convenciones.

Quizá, por ahí se habla, de la posibilidad de otra convención, posiblemente, pero no sabremos hasta después de que pase UNGASS 16.

DOCTOR ROGELIO ARTURO BÁRCENAS ZUBIETA: Sobre este tema, yo quisiera decir que personalmente no tengo una opinión o un pronóstico si va a ocurrir esta armonización, pero sí me gustaría decir que los tratados internacionales que regulan este tema, digamos la política de drogas del Estado Mexicano, son tratados que desde el punto de vista jerárquico son inferiores a los tratados de derechos humanos que están reconocidos en el derecho mexicano y desde luego de rango jerárquicamente inferior a la Constitución.

Entonces, si se planteara un problema de antinomias entre estas dos fuentes, me parece bastante claro que tiene que ser la norma que se aplique, los derechos fundamentales o los derechos humanos, porque son jerárquicamente superiores a estos tratados internacionales.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias.

Sí, por favor.

PREGUNTA: Yo tengo una pregunta puntual, ¿por qué en un panel sobre el posicionamiento de México ante UNGASS 2016, se insiste mucho –y acertadamente– en derechos humanos, pero se ha obviado la existencia de la Ley General de Atención a Víctimas?

Como que con el recrudecimiento de la violencia en México fuimos a esa discusión sobre los límites que tienen los derechos humanos como paradigma, para atender y reparar los daños de las víctimas de estas políticas. Entonces simplemente quería preguntar por qué no hay una mención a esa legislación mexicana, que creo que tendría que ser parte de una posición de Estado.

DOCTORA CATALINA PÉREZ-CORREA GONZÁLEZ: A ver, ahí me parece que es una pregunta bien difícil, pero como decía el doctor Bárcenas, me parece que es súper importante en ese sentido pensar en los compromisos que tiene el Estado Mexicano y en la jerarquía que tienen las normas mexicanas, anteponiendo los derechos fundamentales y los derechos que están en la Constitución, frente a todas las obligaciones en materia de control de drogas.

Y aquí me parece acertado que traigas a la discusión esa ley y la verdad, honestamente no sé por qué dentro de las discusiones no se ha tomado más en cuenta. Aunque sí se ha hablado como parte de los costos que la política prohibicionista o la política de drogas basada en la prohibición ha generado.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias.

También quisiera hacer el comentario en cuando a Ley General de Víctimas, si bien es cierto no fue incluida dentro de estas Audiencias Públicas y discusiones, y creo que tu comentario viene muy al caso del tema; se está trabajando ya en conjunto con la Cámara de Diputados también las modificaciones que se tienen que hacer a la Ley General de Víctimas que se están haciendo también junto con la Ley General de Desaparición Forzada, que estamos también dictaminando ya en el Senado; así como de tortura, de manera que puedan salir en un paquete estas tres legislaciones tan fundamentales y se está analizando la Ley General de Víctimas desde dos perspectivas:

Uno, darle un piso constitucional, que es una de las fallas que también tiene; y otro, un rediseño a la propia Comisión, que hoy en día es, yo diría que prácticamente no funciona de absolutamente nada, es muy difícil el ejercicio de recursos públicos también para la propia Comisión y se ve reflejado directamente en los familiares de las víctimas, principalmente de desaparecidos, así como otras víctimas de delito, y se está buscando que vayan éstas a la par.

Es por ello que no se incluyó.

¿Alguna otra pregunta?

PREGUNTA: Buenas tardes, Alberto Cerdán.

En la mesa pasada el comisionado Mondragón señaló que él estaba a favor del uso médico de la marihuana y de hecho llamó a los usuarios “usuarios”, cosa rara en él, pero son cinco centímetros que se mueven y se agradecen.

También dio a entender que Nixon estaba equivocado con la guerra contra las drogas y de hecho él puso un ejemplo en esta misma mesa respecto a Reagan, de que estaba bien la prevención.

El Secretario de la Defensa recientemente en una entrevista inusual, señaló que fueron a una guerra que no pidieron.

Y el presidente del Senado, el senador Gil Zuarth, llamó, y lo digo textual: “A poner fin a la guerra contra las drogas, porque no funcionó”, y eso lo dijo hace unos minutos aquí en este mismo foro.

¿No habría ya un consenso político para ir más allá de que sigamos debatiendo el tema?

El mismo senador Gil señaló que ya existían cuatro consensos derivados de todos los foros. Que había más consensos de lo que se creía.

Uno era a favor del uso médico de la cannabis; otro la excarcelación en delitos contra la salud por todas las cifras y datos que ya conocemos.

De hecho él hablaba, si bien elevar el umbral de portación en un principio, en realidad caminar hacia la no criminalización.

Y, cuatro, el consenso de seguir discutiendo el uso lúdico pero con base en evidencias.

¿Esos consensos son suficientes, podrían hacerse más?

¿Qué opina la mesa?

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: ¿Alguien quiere participar?

DOCTORA CATALINA PÉREZ-CORREA GONZÁLEZ: A ver, estoy de acuerdo, y me parece que sí, parecería que hay suficientes consensos, la evidencia es realmente abrumadora. Me parece que es hora de empezar no a discutir sino a poner a prueba distintos proyectos, distintas propuestas, ya ponerlas en práctica, y creo que lo que toca ahora es ver cuáles son las iniciativas que se han presentado y ponerse a trabajar en ponerlas en marcha.

A mí me parece insuficiente decir que el único consenso es la marihuana médica. Me parece que no está tomando en cuenta lo que ya dijo la Corte. No está tomando en cuenta los datos sobre criminalización de consumidores que no solamente pasan por el número de personas que están en la Cárcel sino por la puesta en manos de las policías y de los ministerios públicos de las personas que deciden consumir en esta situación, además de enorme vulnerabilidad para su salud, y en eso yo estoy de acuerdo contigo.

Honestamente, creo que lo que hay ahora son barreras morales que hay que seguir poniendo la información para demostrar lo equivocado que es seguir en esta misma ruta.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Yo haría un comentario.

Coincido plenamente con el senador Gil en el sentido de que ha habido más coincidencias de las que pensamos en un principio.

Si bien es cierto, es un primer paso, y coincido también con las barreras morales y, diría yo, también barreras políticas que a varios miembros del Congreso, no solamente senadores sino también diputados, en muchas ocasiones les impide decir públicamente lo que piensan en torno a la política prohibicionista que ha habido en México.

Sí, estos cuatro puntos que él ya consideró, que no diría yo que son los únicos sino que probablemente sean los más globalizadores o en los que se coincide plenamente, sí se tiene que dar ya el paso para que esto sea una realidad pronto.

Ya ha habido un debate muy importante. El Senado convocó en su momento mesas de trabajo; el propio Gobierno de la República también, así como diversos foros de organizaciones de la sociedad civil también, y creo que es momento también de que legislativamente ya se den esos pasos para ir adelante por lo menos en cuanto al uso médico y lo que se haya hablado en su momento.

En cuanto al uso lúdico, yo si diría que todavía no hay un consenso. Y por lo menos es lo que yo te podría decir por cuanto hace al Senado y por lo que hemos platicado con diversos compañeros de diferentes grupos parlamentarios.

No hay una posición clara ya por grupo parlamentario en cuanto hace al uso lúdico o no de la marihuana. Es cierto que se tiene que tomar en cuenta lo que dijo la Corte, me parece una cuestión fundamental, pero no hay un acuerdo. Eso sí te lo puedo decir desde un punto de vista político, al día de hoy no hay un acuerdo para ello.

Pero en cuanto a las otras cuestiones que ya se han coincidido, me parece necesario que ya se dé el paso adelante, más allá de la serie de discusiones que se han tenido ya desde hace varios meses.

De esta manera, perdón, y obviando el tiempo, les agradeceríamos por su participación, quisiéramos hacer un reconocimiento a nombre del Senado de la República a cada uno de los participantes y sobre todo a quienes han estado con nosotros el día de hoy durante las audiencias.

Le entregamos el presente reconocimiento al maestro Javier Hernández, por su destacada participación. Muchas gracias.

A la doctora Cristina Pérez Correo, también muchísimas gracias por su participación el día de hoy.

Al doctor Rogelio Bárcenas, muchas gracias por su participación.

Y al magistrado Arturo Eduardo García Salcedo, muchísimas gracias.

Y muchas gracias a todos ustedes por su participación.