Sesión ordinaria del 17 de marzo de 2016

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (11:44 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los Senadores.

La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Honorable Asamblea: Conforme al registro de asistencia se han acreditado 78 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre la sesión del jueves 17 de marzo correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda la Secretaría con el siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que se remite iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 13, 51, 53 y 69 de la Ley General de Educación, la cual se encuentra acompañada del correspondiente dictamen, Impacto Presupuestario.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

Les informo que en la mañana del día de hoy la Mesa Directiva recibió una Iniciativa Ciudadana con proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas, identificada de forma popular como Ley 3 de 3 a cargo de ciudadanos mexicanos en términos de lo dispuesto por el artículo 71, fracción IV de la Constitución General de la República.

La Mesa Directiva comprobó la cobertura plena de los requisitos establecidos por el artículo 131 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el proyecto está en condición de iniciar su trámite legislativo.

En consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 132 de la misma ley, se dará cuenta del proyecto al Instituto Nacional Electoral para que dicho órgano verifique que está suscrito por el número equivalente al menos el 0.13 por ciento de la lista nominal de electores.

Una vez que se reciba la respuesta del Instituto Nacional Electoral se estará en condiciones de dictar el turno a las comisiones respectivas, si es el caso.

Honorable Asamblea: Daremos paso a una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios para referirnos al Septuagésimo Octavo Aniversario de la Expropiación Petrolera.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Vede Ecologista de México.

El Senador Gerardo Flores Ramírez: Buenos días. Honorable Asamblea.

Con la venia de la Presidencia.

Este próximo 18 de marzo celebraremos en nuestro país, como ya dijo el Presidente de la Mesa Directiva, el Septuagésimo Octavo Aniversario de la Expropiación Petrolera, decretada por el entonces Presidente Lázaro Cárdenas, se trata un evento en la historia de México, un evento sin duda que cambió el destino de nuestro país, que sentó las bases para una época de desarrollo de nuestra nación, para el desarrollo de una industria nacional, apuntalada por la creación de Petróleos Mexicanos en ese mismo año.

Desde luego que debemos celebrar, debemos recordar este importante acto que le dio un dinamismo a nuestra nación en las décadas que restaron del siglo XX, pero también es muy importante que reconozcamos que el mundo de aquel entonces era muy distinto al mundo que se vive ahora en los inicios del siglo XXI, el mundo cambió, muchas naciones cambiaron, muchas naciones transformaron su industria petrolera y otras industrias.

Los principios bajo los cuales se rige la explotación de los hidrocarburos evolucionaron, lamentablemente nuestro país se quedó atrás, se quedó atorado en una visión que consideraba la inamovilidad de este concepto de tratarse de una industria que debía ser explotada exclusivamente por el Estado, es una visión que, sin duda, pudimos transformar con la pasada Reforma Energética, el debate en torno a la necesidad de introducir ese cambio se dio con amplitud tanto aquí en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados.

Me parece que aun cuando hayamos hecho esa importante transformación, no podemos olvidar los inicios de esta importante industria, qué fue lo que le dio origen en nuestro país a este concepto de una industria nacional, como fue el caso de la expropiación de la industria petrolera, una industria que nació en el estado de San Luis Potosí, con la explotación del primer pozo petrolero en la localidad de Ébano, San Luis Potosí, localidad que por cierto el pasado martes, también en un hecho relacionado con la historia económica de nuestro país y la historia política de nuestro país, se celebró un sorteo de la Lotería Nacional para celebrar los 100 años de la Batalla del Ébano.

Como decía, en esta localidad inicia la historia de la industria petrolera de nuestro país. Hoy en día por supuesto que la industria petrolera ya no se ubica en esa región de forma preponderante. Tenemos nuevas zonas que han sido explotadas, nuevas zonas por explotar, y ésa es la parte importante de la reforma constitucional que se aprobó aquí en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, y en general por el poder reformador de la Constitución, porque con esta nueva situación que vive la industria petrolera internacional, era muy importante permitirle al Estado mexicano no afrontar solo el riesgo de estar involucrado en esta industria.

Hay quienes pretenden señalar que la situación que hoy vive la industria petrolera y lo que está sufriendo Petróleos Mexicanos como consecuencia de la caída de los precios del petróleo, es una muestra de lo equivocada que supuestamente habría estado la reforma constitucional en la materia.

Nada más alejado de la realidad que un argumento como ése, porque justamente lo que busca la reforma constitucional es permitir que el Estado mexicano enfrente el riesgo asociado con esta industria, junto con otros inversionistas y no él solo en perjuicio de los ciudadanos mexicanos que finalmente llevarían el costo de mantener esta situación de un riesgo sin compartir.

Al grupo parlamentario del Partido Verde le da gusto estar en esta tribuna celebrando este importante hecho histórico para nuestra nación.

Reconocemos la importancia de la reforma constitucional que se aprobó y estamos seguros que con ese nuevo marco constitucional y nuevo marco legal, eventualmente México podrá disfrutar de los beneficios de una recuperación de esta industria, que necesariamente se tendrá que dar como cualquier otra industria que sufre los vaivenes de sobre oferta o de exceso de demanda, según sea el caso.

Estamos en una situación efectivamente de exceso de oferta en la que México no es un actor solo, sino está inserto en un concierto internacional, y eventualmente habrá correcciones en este mercado.
Pemex y todo el marco constitucional y legal que hemos dado, estarán listos para que México disfrute o aproveche mejor la recuperación que eventualmente vendrá.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Vengo de la Cámara de Diputados en San Lázaro. Ahí se convocó a una sesión de análisis precisamente de todo lo del 18 de marzo.

Nada más que el análisis es diferente al que hacen aquí, porque lo que se denuncia y lo que reúne a Diputados realmente nacionalistas y progresistas, que los hay, es la decisión de mantener la bandera del nacionalismo energético por encima de todo cambio y de todo lo que se ha hecho en este Congreso y en la Cámara de Diputados.

Ahí se recordó, por ejemplo, cómo la minuta que llegó de Cámara de Senadores, en la que aquí mayoritariamente echaron para atrás la reforma energética y entregaron o dieron la entrada a los intereses extranjeros a dominar la energía nacional.

En la Cámara de Senadores se acordaron y lo mencionaron, como Beltrones, entonces coordinador de los Diputados; vivió un conjunto de personeros y de seguidores de Beltrones, se cambiaron de auditorio para hacer una trampa más y sin haber mandado a las comisiones la minuta de la Cámara de Senadores, sin tener, por tanto, una convocatoria, sin haber hecho un dictamen, todo esto es historia.

Dictaminaron rápidamente y mandaron a los estados, aquí otras violaciones se dieron, por ejemplo, se cambió el contenido de la iniciativa varias veces en el curso de la discusión para hacer una trampa, así violaron las normas, y luego se mandó a los estados, y estaban orgullosísimos de que se aprobó en 5 minutos en Veracruz, en 7 minutos no sé en donde, en 4 minutos en tal, y se aprobó por la mayoría de los estados y se hizo la declaratoria de haber sido aprobadas las reformas a la Constitución.

Todo eso violando la Constitución, el artículo 135 que regula el procedimiento para reformar la Constitución, descaradamente, y ustedes lo saben. Y cuando un poder viola la Constitución, y cuando un poder hacer una supuesta reforma a la Constitución sin haber respetado los pasos que establece el artículo 135, pues es inválida, es nula esa reforma.

Entonces presentamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de amparo que se discutía mucho si procedía, porque hicieron una reforma a la Ley de Amparo que establece en el artículo 5, creo: “el amparo no procede contra reformas constitucionales”; pero, sin embargo, el amparo sí procede contra el procedimiento de la reforma constitucional.

Perfectamente demostradas todas las violaciones la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Suprema Corte de Justicia no aceptó el amparo, no lo atrajo al Pleno, como debió de haber sido por su trascendencia que está en la Constitución, es su obligación de la Corte, y los 11 ministros mejor lo mandaron a que por ahí el día que quisieron cuando menos se notara. Un colegiado dijera: que no, que no procede la reforma, el amparo contra la reforma constitucional violando la Constitución que establece que sí procede contra violaciones al procedimiento.

Así se desnaturalizó la Constitución de la República en este Congreso, por eso estas conmemoraciones son de una brutal hipocresía.

Si vamos a hablar de la gran gesta de Lázaro Cárdenas cuando lo traicionaron, vamos hablar del nacionalismo energético cuando lo enterraron ustedes, por eso es hasta cómico escucharlos, y ya quiero ver porque llegan con discursos escritos, grandes jornadas históricas que ustedes traicionaron, que ustedes destruyeron.

Pero como se decía hace un momento en la Cámara de Diputados en esa reunión, en donde se reclama todo esto, podemos decir que la reforma energética fue un acto de traición a la patria, de traición a la patria porque entregaron al extranjero los recursos energéticos de este país.

Y lo que dijimos se está haciendo todos los días. Las leyes, la Constitución misma y las leyes secundarias establecen el cómo se va a ir destruyendo a Pemex todos los día, cómo se destruye a la CFE todos los días, porque ese es el compromiso de Peña Nieto con los Estados Unidos, de manera que los mexicanos nunca vamos a aceptar eso, nunca.

Fue un acto de traición a la patria irregular, inmoral. Peña Nieto engañó durante todo el año, dijo que no lo iba a hacer y ahí está hecho, engañaron al pueblo de México ayudado por los medios de comunicación y las televisoras.

De manera que no es hoy un 18 más, un día de luto, sino de reconocimiento a las gestas históricas y el planteamiento que quienes somos realmente nacionalistas y respetamos a este país, a convicción de que esto se tiene que revocar tarde o temprano.

Muchas gracias señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Patriota y visionario, Lázaro Cárdenas del Río, el Presidente más querido por el pueblo mexicano, anunció la Expropiación Petrolera el 18 de marzo de 1938. Su decisión despertó de inmediato un fuerte respaldo popular y dio lugar a una transformación histórica.

Con la expropiación, México hizo valer el espíritu y la letra de la Constitución de 1917, y las raíces hondas de esa gesta revolucionaria. Con esas armas, las de la ley y la de la justicia, enfrentó a los grandes intereses de las compañías petroleras inglesas y norteamericanas, a sus gobiernos, a su política de boicot y chantaje a nuestro país, que buscaban quedarse con la riqueza del petróleo para intereses propios.

La decisión de Cárdenas, nacionalista y antiimperialista sigue profundamente gravada en la conciencia nacional. Es la razón de ratificar, a 78 años de distancia, nuestro compromiso en la defensa de la riqueza energética del país.

La expropiación y el surgimiento de Pemex no son una página amarillenta en nuestra historia, son una herencia viva que nos conmina a no claudicar y a ratificar nuestro empeño de rescatar la soberanía nacional gravemente comprometida por las reformas que en lugar de salvar a México lo están hundiendo.

A lo largo de varias décadas Pemex se consolidó como columna vertebral del desarrollo nacional y como una de las petroleras más importantes del planeta, hasta llegar a ser la tercera a escala mundial y la décimo primera como empresa integrada. Pemex se convirtió en una pieza clave, incluso en períodos de tormenta, como la crisis de 1995 cuando la empresa pública permitió al país salir a flote.

La reforma impulsada por este gobierno ha puesto fin a ese papel de la empresa pública, a la pesada carga fiscal que se le impone el gobierno actual ha sumado recortes millonarios, así como decenas de miles de jubilaciones y despidos, justo lo que nos dijo que no iba a ocurrir.

Mientras Arabia Saudita mantiene su estrategia de alta producción que no ha conseguido su objetivo de sacar del mercado a los frackers de Estados Unidos, los grandes yacimientos mexicanos se han ido agotando, sin que se les reemplace. Las reservas de nuestro país han ido disminuyendo a manera de contraste al tiempo que los ingresos petroleros se desploman.

A pesar de la crisis mundial, los responsables de manejar nuestra industria petrolera han actuado, como desde hace menos de tres décadas, de mantener enormes gastos operativos y suntuarios, sin contar con el escandaloso crecimiento de altos cargos en la actual administración: 24 nuevas direcciones; 92 subdirecciones; 392 gerencias y 900 subgerencias, esa burocracia dorada acabó por hundir a la empresa productiva del Estado, y lo digo entre comillas, sin que nadie rinda cuentas.

Ya antes de la reforma Pemex estaba lleno de focos rojos, debido a la corrupción institucionalizada, un modelo de gestión deficiente y un régimen fiscal depredador. Los años que lleva esta administración no ofrecen sino una repetición de todo este esquema, parece que esperaron a este relevo para anunciar el recorte de 162 mil millones de pesos, aunque les faltó anunciar que debe de hacerse una investigación para sancionar las pérdidas millonarias y una deuda galopante y toda la corrupción existente en esa empresa.

Hoy, que deberíamos estar conmemorando una decisión de trascendencia histórica en beneficio del país, debemos en cambio lamentar los efectos de una reforma entreguista y las políticas que la antecedieron.

Aquí se repitió hasta el cansancio, que con la reforma se aumentaría la producción, los ingresos, los beneficios, etcétera. Sin embargo, entre 2013 y 2015 la producción de crudo cayó 10.4 por ciento; la de gas natural 3.3 por ciento; la de petrolíferos 14.8 por ciento; la de petroquímicos 13.5 por ciento. Para 2016 se espera que el recorte presupuestal traiga consigo una caída mayor de la producción.

Nos dijeron que no se vendería ni un tornillo de Pemex, pero hicieron algo peor: quitaron a la empresa pública los campos que contienen las reservas más valiosas y se los entregaron a las empresas privadas sin importar las inversiones que Pemex había hecho previamente.

La reforma fue aprobada cuando los precios internacionales rondaban 86 dólares por barril.

En 2015, el precio promedio disminuyó a 43.39 dólares por barril, y para 2016, se prevé un precio internacional no mayor a 25 dólares, tres veces menos que hace dos años, ¿Mintieron? Tal vez no, pero al menos mostraron una ignorancia monumental de las tendencias del mercado.

Dijeron que la reforma fortalecería nuestra soberanía energética, pero las importaciones de petróleo, aumentaron 22.7 por ciento y las de petroquímicos 44.7 por ciento, no satisfechos con ello, han decidido adelantar la apertura del mercado de gasolinas. El impacto de las pérdidas de Pemex sobre las finanzas públicas es muy grave.

En 2015, México dejó de tener superávit en su balanza comercial, acumulando un déficit por más de 10 mil millones dólares. La crisis de Pemex está comprometiendo las finanzas públicas y el futuro de nuestro país.

La reducción presupuestal, no solucionará el problema de fondo, porque no se trata de aplicar una terapia de shock, sino de revertir el modelo de desmantelamiento y de sometimiento al que ha estado Pemex.

El enorme pasivo seguirá gravitando sobre la empresa y sobre las finanzas públicas. Más de 2.6 billones de pesos deberán ser pagados y los serán por el pueblo de México.

La ocasión en que conmemoramos uno de los momentos más luminosos de nuestra historia, debería de ser de festejo, pero es para desgracia del país, el momento de hacer un corte de caja de uno de los más grandes hierros de este gobierno, sometido a las dogmas neoliberales que han impedido el crecimiento del país y multiplicado la pobreza.

No acudimos a la historia como hace este gobierno para utilizar la figura de Lázaro Cárdenas, para justificar un camino que va en sentido contrario al trazado por el del general.

No hay nostalgia ni una hueca bandera de afán que nos mueve.

Se trata sencillamente de la defensa de nuestra soberanía económica y política como nación.

Se trata de honrar a Cárdenas y al 18 de marzo con acciones que nos conduzcan a la soberanía energética. Lo demás son mentiras de los reformadores que están hundiendo al país y destruyendo nuestras empresas públicas.

Cárdenas y la Expropiación Petrolera, se engrandecen frente a las reformas de las mentiras como la reforma energética que pesará en la historia del actual gobierno y quienes votaron, aprobaron este golpe a la nación.

Es cuanto.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Senador Luis Fernando Salazar Fernández: Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores: Para nosotros los mexicanos el petróleo además de ser fuente de energía y de ingresos económicos es un símbolo de soberanía y de independencia. Por eso la Expropiación Petrolera es un referente histórico de enorme relevancia.

La Expropiación Petrolera significó la consolidación del Estado mexicano, pues con ello, México se hizo de recursos propios y suficientes para emprender su desarrollo económico y social como un país emergente, sólido y de gran potencial.

La decisión expropiatoria, gozó de un amplio apoyo de ciudadanos de todas las edades y de todas las clases sociales. Contadas son las fechas en que con tanta claridad y contundencia se ha puesto de manifiesto el patriotismo y la solidaridad nacional.

La Expropiación Petrolera y el Desarrollo Económico Nacional, basado en la producción y exportación del petróleo, es una larga historia de aciertos y de desaciertos que, finalmente nos ubicó en el escenario global, como un país atado a esquemas jurídicos que ya no correspondían con la modernidad y practicas económico financieras de vanguardia.

Esto se convirtió en un lastre y, debido principalmente a la tardanza con la que llegaron las reformas, se fueron acumulando resultados negativos para Pemex.

Sin embargo, hoy Pemex debe ser una empresa con gestión innovadora y abierta a todas las tecnologías contemporáneas. Y para ello cuenta ya con los instrumentos jurídicos necesarios.

La Expropiación Petrolera remite inevitablemente a la soberanía y al nacionalismo, sin embargo, la aceptación de estas palabras ha cambiado con el tiempo pues nuestra realidad ha cambiado también.

Hoy el nacionalismo y la soberanía en materia energética deben referir a garantizar la seguridad energética de los mexicanos de hoy y de mañana.

¿Cómo ser soberanos si el esquema nacionalista de antaño, que no modificamos durante décadas nos llevó a importar la gasolina?

Una nación puede ser independiente en lo formal y puede considerarse a sí misma soberana, pero si no cuenta con un marco jurídico flexible para el manejo de sus recursos, la independencia estará irremediablemente acotada.

Del suministro confiable de energía depende el desarrollo de la economía y el mantenimiento de la calidad debida de la población.

Por eso, el Estado mexicano hoy en día conserva en todo momento la rectoría sobre los energéticos.
Y rectoría significa dirigir y planear la explotación de los recursos mediante los instrumentos constitucionales y legales con que cuenta.

En 1940 Manuel Gómez Morín dijo “Pemex debe responder a la necesidad nacionales y a los fines que se le presenten con el tiempo y que fueron invocados como su fundamento”.

Por tanto, hoy en 2016 las y los legisladores de Acción Nacional preocupados y ocupados en el bien común de nuestra nación participamos activamente en la creación de un nuevo modelo energético nacional, y continuamos dando seguimiento a su implementación con el objetivo de alcanzar esos fines para nuestro país.

En Acción Nacional hemos entendido que el petróleo por sí mismo no es sinónimo de riqueza, sino que la administración productiva y transparente de éste y de las nuevas energías nos permitirá explotar el gran potencial energético de nuestro país.

Muchas gracias, Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra a la Senadora Erika Ayala Ríos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Erika Ayala Ríos: Con su venia, señor Presidente.

Honorable Asamblea: El 18 de marzo de 1938 el Presidente Lázaro Cárdenas del Río tomó una de las decisiones más trascendentales del Siglo XX.

En nombre de los intereses nacionales, del pueblo mexicano y frente a una coyuntura internacional bastante adversa; firmó el decreto por el que se declaraba la Expropiación Petrolera.

Conmemoramos esta fecha como el día en que el petróleo se convirtió en el símbolo del progreso y de la identidad nacional.

Nuestras instituciones nacionales, el ejercicio de la soberanía y el desarrollo económico no podrían entenderse sin la nacionalización de los hidrocarburos.

A casi 8 décadas de este suceso simbólico reconocemos el invaluable papel que ha jugado Petróleos Mexicanos en la construcción de un país con un mejor desarrollo económico y con mayor justicia social.

La labor de todos sus trabajadores para construir una empresa productiva de eficiencia a nivel internacional es de destacarse.

Desde esta tribuna los senadores del Partido Revolucionario Institucional asumimos el compromiso con los trabajadores de Petróleos Mexicanos.

Sin duda el mayor activo que tiene México en la transformación de su sector energético.

Hoy al igual que hace 78 años nos encontramos en una nueva etapa de definiciones nacionales.

Con el liderazgo del Presidente Enrique Peña Nieto y la convicción democrática del Congreso de la Unión, hemos modernizado al sector energético para lograr que sea competitivo frente a otras potencias mundiales.

Precisamente y gracias al conjunto de reformas que se aprobaron hace apenas un par de años, y que dieron los instrumentos al Estado mexicano, el Gobierno de la República para contribuir a un proyecto energético que garantiza el fortalecimiento de la industria petrolera.

Hoy, no queda duda de que Pemex está en un proceso de modernización, que le permitirá estar a la altura de cualquier empresa transnacional.

Por lo anterior, en los próximos años podremos explotar los grandes yacimientos petrolíferos que se encuentran en aguas profundas, y las que aún sin inexploradas en reservas naturales de gas; sin mencionar que podremos por sí mismos refinar nuestra propia gasolina.

Por otra parte, en fechas recientes, y por primera ocasión en más de 70 años se llevaron a cabo las diferentes licitaciones de la Ronda Uno, lo cual contribuirá al fortalecimiento de la Hacienda pública y generará miles de empleos a los mexicanos.

Es preciso reconocer que cada una de las adjudicaciones realizadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Secretaría de Energía, se han realizado con la máxima transparencia, la legalidad que marca nuestra legislación actual, y con base a principios que las convocatorias públicas internacionales marcan.

En esta soberanía, alcanzamos los grandes acuerdos que hicieron posible romper con la inercia que impedía a Pemex estar a la vanguardia. Gracias a todos los que en ella contribuyeron.

Y gracias a esta reforma, estaremos en condiciones de modernizar nuestra refinería y construir nuevas. Dejaremos de ser un país solamente importador de gasolina.

Ahora, empresas de diferentes países ya han mostrado interés en intervenir y estar y poder estar vinculados con las instalaciones de gasolineras a lo largo y ancho del territorio nacional.

Cabe señalar que esta nueva realidad generará competencia, reducirá los precios del combustible y atraerá mejores sustanciales para todos los consumidores.

Pemex, contribuirá siendo una empresa sólida, transparente y susceptible a la rendición de cuentas, dinámica y capaz de competir con cualquier empresa del mundo.

El nuevo modelo corporativo que se ha dado permitirá cavar y acabar con todos los obstáculos burocráticos que impedían el desarrollo de Pemex.

La modernización del sector energético seguirá, bajo la rectoría del Estado, que se diga bien y que se escuche bien, no nos cansaremos de repetirlos, los mexicanos seremos los únicos dueños de las reservas petroleras y de sus rentas, lo decimos con toda claridad, Pemex no se venderá ni se va a privatizar.

México contará con más recursos para invertir en escuelas, hospitales y carreteras, bajarán los precios de muchos artículos de primera necesidad como los productos del campo.

Los ingresos del petróleo se destinarán a la seguridad social, a becas universitarias, a la investigación científica por mencionar algunas.

Los mercados internacionales están sufriendo cambios, sin embargo, no tenemos la menor duda de que nuestro sector energético y Pemex es una vez más que va a superar esta coyuntura y seguirá por la ruta rectora de una modernización que permitirá tener mejores beneficios a todos los mexicanos.

Compañeras y compañeros legisladores: Contamos con una reforma que enfrenta los desafíos energéticos del Siglo XXI, tal y como lo hizo el Presidente Lázaro Cárdenas un día como hoy que celebramos un aniversario más de la nacionalización del petróleo.

La reforma energética está a la altura de los retos de quienes tienen nuestra industria, con el apoyo de nuestro país y, sobre todo, porque es un proyecto, en el que todos los grupos parlamentarios responsablemente seguiremos apoyando los que hemos estado de acuerdo en ella.

Tenemos una reforma que refrenda el principio de que el petróleo es de los mexicanos, y que su explotación únicamente se hará en beneficio del desarrollo nacional y de la economía familiar.

Ya hemos dado los segundos pasos, la segunda revolución energética pronto dará resultados, estamos en la antesala de ser una potencia en la producción y transformación de los hidrocarburos. El objetivo será construir una industria petrolera de vanguardia, que responda a las exigencias del México del Siglo XXI.

Así, como en los tiempos del Presidente Cárdenas, se enfrentaron importantes desafíos para recuperar nuestros hidrocarburos, hoy el sector energético se está transformando para atraer mayor prosperidad a nuestra nación.

En este día, no solamente rendimos un merecido homenaje a todos los mexicanos que hicieron posible la expropiación petrolera, también refrendamos nuestro compromiso de seguir mejorando para lograr que los recursos energéticos permitan construir un mejor México, con una mayor equidad social que permita transformar a nuestro país.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Les informo que sobre este tema, hemos recibido la inscripción en la agenda la proposición, intervención del Senador Raúl Morón Orozco, misma que se publicará íntegramente en el Diario de los Debates.

Sonido en el escaño del Senador Daniel Ávila.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: (Desde su escaño) Senador Presidente Roberto Gil Zuarth, Senador por el estado libre y soberano de Chiapas, a nombre de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso de la Unión, queremos dar un reconocimiento y felicitar a todo el personal y a todo el equipo de trabajo del Canal del Congreso y, por supuesto, su directora.

Un 18 de marzo de 1998, se iniciaron las primeras transmisiones del Canal de Televisión del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.

El día de mañana, el Canal del Congreso cumple 18 años de existencia, 18 años de estar llevando las discusiones, los debates en comisiones, en los plenos de las 2 cámaras, tanto de Cámara de Diputados como Cámara de Senadores.

Un 10 de marzo de 2010, la Cofetel entregó al Congreso de la Unión el permiso para transmitir en señal abierta a través de la televisión digital terrestre.

En 2014 se inicia la transmisión por internet del Canal del Congreso.

El año pasado, el 5 de agosto de 2015, el Canal del Congreso inicia transmisiones en señal abierta, en la Ciudad de México y en el área conurbada a través del Canal 45.1.

El 9 de noviembre del año pasado se inicia la primera transmisión, la primera etapa de Radio-Congreso.

Un 3 de diciembre de 2015, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se da inicio la transmisión con interpretación simultánea en lengua de señas mexicanas en todas las sesiones del Congreso de la Unión.

De verdad, que yo sí quiero darle este reconocimiento y esta felicitación al Canal del Congreso, como Presidente de esta Comisión Bicameral del Canal.

Y nada más para concluir, señor Presidente, el día de ayer, el Canal del Congreso recibió el Premio Nacional por la difusión de los contenidos legislativos en televisión abierta a cargo del Club de Periodistas de México, Asociación Civil.

Muchas gracias, y que sigan los éxitos.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador.

La Mesa Directiva se une a la felicitación al Canal del Congreso, encabezada por su directora Blanca Lilia Ibarra Cadena.

Agradecemos el esfuerzo que todos los días hacen quienes colaboran en el Canal del Congreso, y los invitamos a seguir con ese esfuerzo para ampliar la presencia del Congreso Mexicano en la sociedad.

Muchas gracias al Presidente de la Comisión Bicameral y, por supuesto, le pedimos que transmita al Canal del Congreso la felicitación de la Mesa Directiva.

Damos la bienvenida a este Pleno a estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, invitamos por el Senador Manuel Bartlett Díaz.

Así como a regidores del municipio de Degollado, Jalisco, invitados por el señor Senador José María Martínez Martínez.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!

(Aplausos)

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la palabra la Senadora Margarita Flores Sánchez, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud.

La Senadora Margarita Flores Sánchez: Muchas gracias, Presidente.

Compañeros y compañeras, Senadores y Senadoras.

El día de hoy, a nombre propio y de los Senadores Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, sometemos a su consideración de este Pleno la presente Iniciativa con proyecto de decreto que se reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud, al tenor de las siguientes consideraciones.

La sordera o anacusia congénita es una discapacidad neurosorial más común en recién nacidos, la cual se presenta en el nacimiento por causas genéticas o ambientales.

Dado que la audición es un sentido vital para la comunicación y ubicación del ser humano en su entorno, la sordera representa un serio obstáculo para el desarrollo pleno de la personalidad.

De este modo, el niño cuya sordera no es detectada a tiempo y que no recibe atención médica durante la temprana infancia, se ve en desventaja en muchos casos imposibles de superar para la correcta adquisición del lenguaje, y en consecuencia se ve desconectado de muchos de los canales de comunicación con el mundo que lo rodea.

Por su parte, las pérdidas auditivas representan una barrera efectiva para la integración de las personas en la sociedad, especialmente en la niñez, dado que la adquisición del proceso cognitivo del lenguaje se da en los primeros años de vida en un período conocido por los especialistas en lingüística como: el “período crítico”, puesto que después de los 5 años es muy difícil adquirir el lenguaje.

De acuerdo con los datos de la Organización Mundial para la Salud, en México se estima que alrededor de 10 millones de personas tienen algún grado de problema auditivo, de las cuales entre 200 y 400 mil personas presentan una sordera total.

Asimismo, se estima que cada año nacen entre 2 mil y 6 mil niños con sordera congénita, esto equivale aproximadamente de 2 a 3 de cada mil nacimientos en México.

Los factores genéticos son la principal causa de la sordera congénita, en donde la mayoría de los casos no presenta signos y síntomas asociados, pero en algunos casos son consecuencia de síndromes relacionados a la sordera congénita, tales como el Síndrome de Kocher, por citar uno de ellos.

Sin embargo, hay factores ambientales causantes de sordera congénita, los cuales se clasifican en prenatales, que son aquellos asociados a las circunstancias de la gestación y el nacimiento, tales como la prematuridad y el bajo peso, o aquellos asociados a la influencia de agentes ambientales que dañan el oído del bebé durante su desarrollo dentro del útero, entre ellos esos agentes medicinales o drogas ingeridos por la madre, ciertos antibióticos, medicamentos en altas dosis, así como infecciones transmitidas durante el embarazo o el parto, como rubeola, herpes o sífilis, así como las malformaciones craneales, y las perinatales asociados e influencias patológica que actúan durante las primeras horas de nacimiento.

Por su parte las pérdidas auditivas se clasifican por su severidad de la siguiente manera.

Cuando a lo largo del rango de frecuencia del habla umbral auditivo está debajo de los 90 decibeles la pérdida se denomina hipoacusia, a partir de un umbral de 90 decibeles la respuesta al sonido son principalmente táctiles y no son de ayuda para identificar la palabra hablada y la pérdida se denomina anacusia o sordera.

El diagnóstico de la pérdida auditiva durante los primeros meses de vida es de suma importancia, ya que los recién nacidos, que son identificados a tiempo y a quienes se les da un seguimiento y un tratamiento oportuno, tienen un mejor desarrollo de habilidades cognitivas de lenguaje y sociales.

La prueba de tamiz auditivo es una prueba sencilla y rápida, que sin causar dolor o molestia al recién nacido permite una valoración de su audición, prueba que se realiza mediante la detección de emisiones autoacústicas que son sonidos generados por el oído interno como respuesta a estímulos sonoros, la falta de respuesta a esos estímulos permite detectar la anacusia.

Es de resaltar que en México se ha logrado grandes avances en el ámbito de salud preventiva del recién nacido, las recientes reformas generales de salud en el 2013, incluyó la aplicación del tamiz neonatal ampliado en todas las instituciones públicas y privadas, y la realización del tamiz auditivo al prematuro dentro de la atención de salud materno infantil.

Sin embargo, aunque el tamiz neonatal ampliado detecta 67 padecimientos de especial gravedad, entre ellos el hipotiroidismo congénito, enfermedades hepáticas, septicemia, cataras, entre muchas otras patologías, no contempla entre las pruebas la revisión de la audición.

Asimismo, si bien es cierto que la ampliación del tamiz auditivo a los recién nacidos prematuros es un adelanto sustancial en el diagnóstico de los padecimientos auditivos, vale la pena señalar que en México alrededor del 30 por ciento de los recién nacidos que presentan anacusia congénita no tienen ningún factor de riesgo prenatal o perinatal, o antecedentes familiares que justifiquen hacer la prueba bajo el marco normativo.

La aplicación de prueba de tamiz auditivos a todos los recién nacidos permitirá que toda niña o niño que nazca con hipoacusia o anacusia puedan ser debidamente atendidos durante sus primeros meses de vida, y así logre desarrollar su lenguaje oral de manera similar al que nace oyendo para estar en posibilidad de lograr su plena inclusión e integración ante la sociedad.

Considerando que el artículo 4° de nuestra Constitución Política establece en su párrafo IV el derecho de toda persona a la protección de salud, y que en relación con el párrafo noveno de este artículo se establece que el Estado deberá velar y cumplir con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, y que las niñas y niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, resulta necesario incluir el tamiz auditivo como parte de las medidas de salud preventivas para todo recién nacido.

Por lo tanto, el objetivo de la presente iniciativa es establecer como una de las acciones de la atención a la salud materno infantil la aplicación del tamiz auditivo neonatal para todos los recién nacidos, lo cual permitirá una detección temprana de problemas asociados a la sordera, facilitando un tratamiento oportuno que les permita la plena inclusión de los menores a la sociedad.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las comisiones unidas de Salud y Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño de la Senadora Luisa María Calderón.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Quiero pedirle a la Senadora Margarita, si me permite sumarme a su propuesta.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Senadora Flores acepta?

Tome nota la Secretaría.

Senadora Blanca.

Senadora Hilda Flores.

Senadora Salazar.

Senadora Ana Gabriela Guevara.

Sonido en el escaño de la Senadora Tagle.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: (Desde su escaño) Para solicitarle a la Senadora Margarita, que me permita adherirme a su iniciativa, además, sin duda reconocer que es un tema muy necesario.

Recientemente tuvimos un foro aquí en el Senado de la República para atender este tema de la salud auditiva. Particularmente para identificarla desde los niños en edades tempranas, les cambia la vida.

Muchas gracias, Senadora, por permitirme sumarme.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Suscriben también la iniciativa la Senadora Erika Ayala, el Senador Antonio Olvera Acevedo, Lucero Saldaña, Mariana Gómez del Campo y Dolores Padierna.

Tome nota la Secretaría de las manos que se están levantando.

Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores, un proyecto de decreto por el que se declara el 21 de marzo como El Día Nacional del Síndrome de Down.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, Senador Presidente.

Me da mucho gusto en este momento estar presentando esta iniciativa de ley firmada por muchos compañeros Senadores de todas las fuerzas políticas en este Senado de la República, con la única finalidad de poder decretar el día 21 de marzo como El Nacional del Síndrome de Down.

Ya existe a nivel mundial este día y ahora queremos que en México el 21 de marzo se convierta en el Día Nacional del Síndrome de Down.

Quiero compartirles que desde hace unos días, gracias a la sensibilidad de nuestro Presidente de este Senado de la República, el Senador Roberto Gil Zuarth, iluminamos el Senado de la República con muchos colores, con una campaña que estamos impulsando entre todos, entre diversas instituciones, entre ellas la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Distrito Federal y el Senado.

Esta campaña cuenta con muchos colores porque nuestros niños y jóvenes con síndrome de Down siempre los buscan cuando dibujan, y pueden ver las pinturas expuestas aquí afuera. Ojalá se puedan dar el tiempo de darse una vuelta, de poder disfrutar de las pinturas de Juan José, de Jorge, de Lupita, en donde plasman lo que piensan, lo que sienten, y pueden ver que son pinturas con muchísima vida, con mucho colorido.

Por eso hoy traigo también esta blusa roja, porque significa vida, amor, corazón. Y podrán ver en parte de las pinturas algo muy similar.

Quiero compartirles también que a este esfuerzo se han sumado la actriz Leticia Calderón, la periodista Katia Dartigues, organizaciones de la sociedad civil, Arturo Kemchs Dávila, fundador de Arte Down México, A.C.; Pía Carrasco Zanini, Directora General de DAUNIS, que son los niños que venden tamales hechos por ellos, también deliciosos, que pudimos degustarlos el día de ayer; el licenciado Javier Quijano Orvañanos, de la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, entre muchas otras organizaciones que se han sumado a este esfuerzo, porque necesitamos concientizar a la población de lo que significa el síndrome de Down, necesitamos concientizar a la población de lo que significa esta discapacidad.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la relación estimada de casos de síndrome de Down es de uno por cada 1000 a 1100 nacimientos. En nuestro país se estima un caso de síndrome de Down por cada 650 recién nacidos, según datos del Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud.

No hay una cifra oficial que con certeza nos permita saber cuántas personas con discapacidad hay en nuestro país y su tipo de discapacidad, porque como ustedes sabrán, hoy desafortunadamente muchas familias por temor o por vergüenza, tienen a sus niños en casa amarrados, tienen a sus niños en casa con cadenas, no los dejan salir por tener alguna discapacidad, y a veces simplemente porque no tienen con quién dejarlos, y para que no se salgan de casa los dejan de esta manera.

Todo esto hace que sea cada vez más difícil que las políticas públicas sean diseñadas acorde a sus necesidades.

No contamos hoy con la información básica, es todavía, pues más difícil que se formulen las condiciones sociales normativas y hasta de infraestructura que les permitan el goce de sus derechos, entre ellos el derecho a la salud, el derecho a la educación, o el derecho también a poder tener un empleo digno.

Es lamentable, y tenemos hoy, pues una gran tarea pendiente para crear condiciones integrales para erradicar la discriminación, la segregación, el maltrato físico y psicológico del que son objeto.

Parametría publicó, en mayo de 2012, una encuesta en la que se indicaba que el 87 por ciento de los mexicanos había escuchado alguna vez hablar sobre el síndrome de Down. El 56 por ciento dijo que conoce a alguna persona con síndrome; el 86 por ciento de los encuestados está de acuerdo con que las personas con este padecimiento sean integradas a la sociedad; el 91 por ciento dijo no tener ningún inconveniente en convivir en la casa o en el trabajo con una persona con dicha condición.

Esta encuesta lo que refleja es lo que en una muestra representativa opinamos los mexicanos sobre las personas con síndrome de Down.

¿Por qué seguimos viendo discriminación y rechazo?, ¿por qué las autoridades se hacen de la vista gorda como si no pasara nada?, ¿por qué las empresas siguen siendo reticentes a abrirse a las personas con discapacidad y no se les da la oportunidad de poder tener un empleo digno como cualquier otro ser humano?

A los Senadores nos preocupan y ocupan varias cosas: primero, que el 31 por ciento de las personas con discapacidad en México no sean derechohabientes de algún sistema de salud. Nos preocupa también que nuestro país cuente únicamente con 87 médicos, ojo, que tienen algún tipo de especialidad o de estudios en materia de síndrome de Down, y que ninguno labore en el sector público.

Ojo, estoy hablando de algún tipo de especialidad o de estudios en materia de síndrome de Down. No estoy diciendo que existan 87 especialistas específicamente encargados del síndrome de Down, de hecho no existe uno solo en nuestro país.

Tenemos cardiólogos, pediatras, terapeutas, genetistas, que atienden, de alguna manera, a nuestros pequeños con síndrome de Down.

Por otra parte, si hablamos de educación pareciera que el panorama tampoco es favorable para nuestros niños con síndrome de Down. Es un avance que exista el Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa de la SEP, que desde 2002 se atiende en promedio a 91 mil 700 personas con algún tipo de discapacidad intelectual; pero hace falta distinguir que no todos los tipos de discapacidad deben atenderse de la misma forma ni se cuenta con la infraestructura indicada.

Y si hablamos de personal calificado, el reto se hace todavía más grande. Quiero hacer una reflexión sobre lo difícil que le resulta encontrar oportunidades de empleo, pareciera que tener algún tipo de discapacidad en México condena a esa persona a vivir marginado de toda oportunidad laboral y de crecimiento. Tenemos que acabar con esto.

Y yo quisiera, insisto, agradecer nuevamente al Presidente del Senado de la República, el Senador Roberto Gil, reconocer también la sensibilidad del Presidente Ministro de la Corte, me parece muy importante que se haya sumado a este esfuerzo con tanta alegría y entusiasmo y con todas las ganas de poder incluir también entre la gente que labora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a personas con alguna discapacidad, darles la oportunidad.

A la Magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal, a doña Carmen Carrión, siempre con mucho entusiasmo e ilusión le entra fuerte a estos temas tan sensibles y que nos duele profundamente cuando no son atendidos. Y a todos los compañeros y las compañeras Senadoras, muy en especial, insisto, a la Asociación DAUNIS, y también a nuestro amigo Kemchs que hizo todo lo necesario para poder contar hoy con la exposición que tenemos aquí afuera.

Y para concluir mi intervención, yo los invito a que potenciemos esta campaña “Diferentes, pero iguales”. Que nos comprometamos a generar conciencia, que nos comprometamos a ver por el bienestar de nuestras niñas y nuestros niños con síndrome de Down.

Y quiero compartirles que estaremos haciendo lo necesario a través de las redes sociales para que la gente se entere de qué significa tener síndrome de Down, que tengan información de lo adorables y encantadores que son nuestros niños y que tenemos que brindarles mejores oportunidades e insistir en tener la legislación correcta y también hacer lo necesario desde este Senado de la República porque urge el nombramiento del titular de Conadis, sabemos que está en un litigio el tema, pero necesitamos y hacemos un llamado al Presidente Peña Nieto, necesitamos que haya titular, no puede estar acéfalo el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y nosotros desde aquí haremos nuestro trabajo en materia de legislación que tenga que ver con la accesibilidad, que tenga que ver también con la movilidad.

Y yo quiero pedirles a todos ustedes, ojalá que nos ayuden a generar conciencia a través de las redes sociales. Les hice llegar sus calcetines, estos calcetines son símbolo de inclusión, son símbolo del color y de la vida que nos proyectan nuestros niños y nuestras niñas con síndrome de Down. Y yo espero que podamos todos sumarnos a esta campaña con el hashtag #diferentesperoiguales, por la inclusión de nuestros niños con discapacidad, concretamente con síndrome de Down.

Y a mí me inspira mucho el hijo de una gran amiga, Tania Galindo, que la conozco desde la universidad, y ha hecho lo necesario e impulsó una campaña en redes sociales con mucha fuerza para ayudar a su hijo que tiene síndrome de Down y también tiene cáncer, #todosunidosconjero, ha sido para mí una inspiración, para entrarle fuerte a este tema y hacer lo necesario para que tengan una mejor calidad de vida.

Es cuánto, Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño de la Senadora Margarita Flores.

La Senadora Margarita Flores Sánchez: (Desde su escaño) Sí Presidente, que si nos permitiría unirnos la Senadora Mariana a participar con ella en esta iniciativa.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Por supuesto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senadora Angélica Araujo, ¿mismo propósito? Tome nota la Secretaría.

Senadora Angélica de la Peña, Dolores Padierna, Lisbeth Hernández Lecona.

Para suscribir el punto de acuerdo, Senador Mayans.

Tome nota la Secretaría de la solicitud.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias a todos.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

Se concede ahora el uso de la tribuna al Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 110 constitucionales.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: ¡Todos contra Trump! Esto está bien, se ve bien, a favor de los latinos y del pueblo de México, que mucho queremos y amamos.

Con su permiso Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores: Con la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, en 1983 el Presidente Miguel de la Madrid Hurtado reconoció por primera vez en el país la existencia de un profundo deterioro institucional a causa de la corrupción.

¿Quién no recuerda el lema en boga, de aquél entonces? “Renovación moral”. Que de inmediato se tradujo en la vox populi como la renovación del morral.

Hoy, después de 32 años, las estadísticas indican que en los hechos la corrupción simplemente se amplió y profundizó lamentablemente, que ésta no dejó de multiplicarse por lo que sigue presente en la vida nacional, sin que existan avances reales, palpables, significativos en su erradicación o disminución de sus índices.

En la sesión de fecha 9 de diciembre de 2015 la Mesa Directiva de este Senado de la República emitió un pronunciamiento sobre el Día Internacional Contra la Corrupción, a través del cual se exhorto a los tres niveles de gobierno a fortalecer los mecanismos de combate a la corrupción, favorecer la transparencia y a reducir la opacidad dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.

También se hizo un llamado a las y los legisladores federales y a los congresos locales a realizar las reformas necesarias en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como elaborar las leyes necesarias para dar vida al Sistema Nacional Anticorrupción.

También se exhorto a la sociedad a romper las cadenas de la corrupción, mediante su denuncia y el fomento de la transparencia en aras de la protección de la democracia y el Estado de derecho de nuestro país.

Para alcanzar estos objetivos, ya hemos sostenido que se requiere hacer mayores esfuerzos legislativos para incluir disposiciones dirigidas a detener y erradicar este cáncer que tiene carcomido nuestro Estado de derecho y, con ello, nuestra convivencia armónica y pacífica como sociedad y como nación.

Sabemos de la trascendencia del conjunto de reformas constitucionales aprobadas por el Poder Legislativo para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, pero también reconocemos que se necesitan reformas adicionales que las contemplen.

Más aún, cuando a la corrupción se le suma la profunda desigualdad social y el clima de inseguridad y de impunidad en el que se encuentre inmerso en nuestros país.

Debido al alarmante nivel de corrupción en la esfera pública, México se colocó como el país más corrupto de América Latina durante el 2013. De acuerdo con el Barómetro Global de Corrupción de Transparencia Internacional.

En 2014, México se ubicó en el lugar 103 de 175 países, por lo que compartió ubicación en la tabla con Bolivia, Moldavia y Niger.

Además que se colocó por debajo de sus principales socios y competidores económicos, 82 posiciones por debajo de Chile, 34 lugares por debajo de Brasil.

En consecuencia, México se ubicó en la última posición de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Este es el lugar 34.

En materia de impunidad, hay que considerar el Índice Global de Impunidad México, el IGI- MEX 2016. Que es resultado de una investigación que recientemente elaboró y dio a conocer a la opinión pública la Universidad de las Américas, Puebla y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, con información oficial obtenida de diversas fuentes, como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi.

Dicha investigación nos indican concretamente que la impunidad es un problema generalizado. Ninguna identidad federativa está exenta y 25 de ellas se clasifican como muy elevados y altos los índices.

Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Publica, Envipe 2013, indican que la cifra negra alcanzó un porcentaje no menor al 92.8 por ciento. La cifra negra son los delitos que no se denuncien, compañeros y compañeras.

Al desglosar cada entidad de las 25 que están en la lista muy elevada y alta impunidad, se revela que existe un problema de gobernanza que rebasó a todas las instancias de gobierno y que no pueden atender este problema de manera aislada. Ante un fenómeno multicausal y atribuible a los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con este diagnóstico, 13 estados están en un grado de impunidad muy alta o elevada, entre ellos: Quintana Roo, el Estado de México, Baja California, Durango, Tamaulipas, Guerrero, Coahuila, Yucatán, Veracruz, Querétaro, Nuevo León y Oaxaca.

Esta realidad nos impone a no postergar más la expedición de la legislación secundaria para dar plena vida al Sistema Nacional Anticorrupción, recién creado.

Y como parte de ella se debe reforma y actualizar la legislación penal en su aspecto punitivo, a fin de sancionar con mayor rigor a quienes estando en el ejercicio del servicio público, incurre en conductas ilícitas.

Nadie puede negar que cuando los ciudadanos que tienen conferida la confianza a nombre del Estado para desempeñar un cargo público y desvía su conducta al ejercerlo para incurrir en algún ilícito, debe considerarse que tal circunstancia constituye un perjuicio grave para la sociedad en su conjunto, porque se afectan bienes jurídicamente tutelados como los son los valores fundamentales de la sociedad, el mejor desarrollo de la administración pública y el correcto funcionamiento de la actividad estatal en todos sus ámbitos legislativos, Ejecutivo y Judicial, bajo un conjunto de principios tales como la probidad, la honradez, el profesionalismo y la legalidad.

Es por ello que pongo y propongo modificar diversas disposiciones de nuestro Código Político, del Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal considerando que.

La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción misma que ratificó nuestro país el 20 de julio de 2004, en el marco de este instrumento jurídico internacional se ha realizado diversas recomendaciones a México a efecto de que en el tema de penalización y aplicación de la ley se considere la posibilidad de establecer procedimientos para destituir a los servidores públicos acusados de corrupción.

Así como la inhabilitación para todos los delitos de corrupción y la inhabilitación para ejercer cargos en empresas de propiedad total o parcial del Estado.

Desde el punto de vista legal la corrupción se manifiesta con un amplia variedad de conductas ilícitas, algunas de ellas se encuentran tipificadas como delitos en el Código Penal Federal, tal es el caso del ejercicio indebido del servicio público, el abuso de autoridad, el uso indebido de atribuciones y facultades, la intimidación, el ejercicio abusivo de funciones, la concusión, el tráfico de influencias, el cohecho, que es lo que la ciudadanía asemeja a corrupción, el peculado, el enriquecimiento ilícito, y también la desaparición forzada de personas.

A consecuencia, con iniciativa que pongo a su elevadísima consideración propongo un conjunto de reformas:

A.- A la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de que.

Primero.- Derogar el segundo párrafo del artículo 108 constitucional con el propósito de sujetar al Presidente de la República al régimen de responsabilidades de los servidores públicos previstos en el título cuarto de nuestra ley fundamental, en virtud de que dicho servidor sólo puede ser acusado durante el tiempo de su encargo por traición a la patria y por los delitos graves del orden común, situación que ya no corresponde a nuestro régimen democrático vigente.

Segundo. De esta manera se propone reformar al artículo 110 constitucional en su primer párrafo para considerar como sujeto de juicio político al Presidente de la República.

B.- Al Código Nacional de Procedimientos Penales para.

Primero.- Reformar el artículo 167 que se consideren como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los cometidos por servidores públicos comprendidos en el título décimo del Código Penal Federal, y contra la administración de justicia comprendido en el título décimo primero del mismo ordenamiento.

También se propone incluir en este precepto a los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos comprendidos en el título segundo de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos.

Lo anterior con el propósito de que dichas conductas delictivas se encuentran plenamente clasificadas como graves conforme al artículo 150, y en consecuencia el ministerio público tenga la posibilidad de ordenar la detención del servidor público o sujeto imputado cuando se actualice el supuesto de caso urgente al existir riesgo fundado de que el servidor público pueda sustraerse o evadir la acción de la justicia.

C.- Al Código Penal Federal con el objeto de reformar el artículo 85, con el objeto de que todo servidor sentenciado por algún delito comprendido en los títulos décimo, y décimo primero no se le concede el beneficio de la libertad preparatoria; además de prever que en estos delitos no proceda la sustitución o conmutación de sanciones previstas en el artículo 70 por ser ilícitos que afectan los valores fundamentales de la sociedad, como ya se advirtió.

Por último, se propone incrementar el quantum no sólo de las penas privativas de la libertad, sino también de la inhabilitación, es decir, el límite mínimo y el máximo de la duración y aplicación de estas sanciones, tratándose de los delitos del título décimo, y décimo primero del Código Penal Federal, además, de incrementarse los montos de las multas aplicables.

Debe considerarse que el establecimiento de sanciones que correspondan a todo acto ilícito que entrañe corrupción en el servicio público debe implicar sanciones con costos superiores al lucro obtenido.

Compañeras y compañeros Senadores: Desde hace más de tres décadas sigue vigente la exigencia social para establecer las sanciones efectivas para prevenir y castigar la corrupción de los servidores públicos, incluido el Presidente de la República, quien hoy en día sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves, pero solo del orden común, esperando que sea de su atención e interés, estas propuestas legislativas, los conmino a que avancemos con estas y otras reformas para erradicar esta enfermedad que tiene al país en un delicado estado de salud como lo es el cáncer de la corrupción.

Pido a la Presidencia de la Mesa Directiva, se inserte el texto íntegro de mis dos iniciativas que hoy presento, en el Diario de los Debates.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: El proyecto de reformas a los artículos 108 y 110 constitucionales se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.

El proyecto que reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal, se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño del Senador Víctor Hermosillo.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Al Senador Mayans, si me permite adherirme.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con mucho gusto, señor Senador.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tome nota la Secretaría.

Senador Juan Fernández, Senador López Brito.

Gracias, Senador.

Damos la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la licenciatura en Derecho del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla; así como a integrantes de la incubadora de legisladores que han sido invitados por el Senador Héctor Larios Córdova.

Bienvenidos al Senado de la República.

(Aplausos)

Senador Mayans, le pregunta la Senadora Calderón si acepta que se incorpore a su iniciativa

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Sí.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tome nota la Secretaría.

Ruego a la Asamblea su atención para rectificar turnos de cuatro iniciativas.

La primera, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1º transitorio del decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, presentada por la Senadora Gómez González y Gil Zuarth.

La segunda, proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1º transitorio del decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre del 2012, presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

La tercera, proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema de Justicia para Adolescentes Infractores, presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

La cuarta, proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, presentada por Senadores de diversos grupos parlamentarios.

Las cuatro iniciativas se turnarán a las siguientes Comisiones Unidas de Justicia; Derechos Humanos; Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y Estudios Legislativos, de tal suerte que tengan el mismo trámite.

En otro apartado de nuestra agenda, tenemos dictámenes de primera lectura.

Dé cuenta la Secretaría con ellos, por favor.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy cuenta, Presidente.

Tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Asimismo, tenemos tres dictámenes de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero del artículo 55 del Código Civil Federal.

Otro, por el que se declara el 19 de noviembre de cada año, “Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil”.

Otro, por el que se adiciona la fracción XLII al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Son todos los dictámenes para primera lectura, Senador Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas, en materia de presupuesto para proyectos de asociación.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.

Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Hacienda, se concede el uso de la palabra al Senador Francisco Yunes Zorrilla, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias, Senador Presidente. Con su permiso.

Saludando con mucho aprecio y mucho respeto a las señoras Senadoras y a los señores Senadores, a nombre de las Senadoras y los Senadores que integramos la Comisión de Hacienda y Crédito Público, pongo a consideración de este Pleno, un dictamen que modifica 21 artículos de la Ley de Asociaciones Público Privadas, un dictamen, que tiene por objeto el de agilizar la construcción de estos contratos y de agilizar el procedimiento presupuestal.

Modificaciones a esta ley, que buscan como objetivo, generar condiciones de transparencia en la aplicación de los contratos.

Es importante, es pertinente, desde nuestra perspectiva, como preámbulo de la discusión y del debate de este dictamen, determinar que no es una ley nueva, que son modificaciones, artículos específicos, que la discusión en la Comisión de Hacienda no consideró la naturaleza de esta figura contractual.

No es materia de este dictamen el definir si las asociaciones público privadas son deuda o no son deuda.

Hay un debate importante en materia de lo que señala sobre este respecto la Ley General de Deuda Pública, y hay también quienes sostenemos que al implicar obligaciones y compromisos fiscales a futuro, que comprometen recursos públicos, pudiesen considerarse en esa acepción.

En este sentido, la iniciativa que recibió como Cámara de origen, la Cámara de Diputados, y la minuta que recibimos en la Cámara de Senadores, pretende darle mayor viabilidad a los proyectos de las asociaciones público privadas.

En este sentido se consideró y se analizó la modificación de su artículo 14 con el objetivo de reconocer, por el origen de sus recursos, el tipo de asociación público privada que puede significar un proyecto.

Hay proyectos que son puros y que tienen su origen en puros recursos presupuestales, y es aquí donde la modificación al artículo 14 cumple con un sentido importante, porque sujeta a esta valoración la anuencia y coordinación de trabajos de 3 pasos y 3 instancias relevantes.

En este sentido, de manera explícita se aclara la participación de las dependencias del ramo que le dan materia al proyecto en el ánimo de tener que emitir un dictamen de viabilidad en ese sentido, en su alcance, en su composición financiera y particularmente en los beneficios sociales que podría generar.

Para los proyectos que no incorporan de manera pura los recursos presupuestales solamente, sino otras figuras, además de la participación privada, sólo deben limitarse, no sólo a la viabilidad del dictamen, que ya comenté, expresan las dependencias, tampoco al registro en la cuenta de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y además a la valoración que la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, pudiesen señalar, sino únicamente en los 2 primeros pasos.

También este dictamen que estamos presentando, y esta modificación, prevé la posibilidad de generar, en el momento de presupuestación en la Cámara de Diputados, una estimación de monto máximo anual para proyectos de asociaciones público privadas.

Esto genera un cambio importante con respecto al funcionamiento vigente que rige este tipo de instrumentos de política pública presupuestal, y en este sentido logra que haya flexibilidad y que se puedan, a lo largo del año fiscal, incorporar proyectos que puedan contar con la anuencia, tanto de la Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento, como también por las dependencias que pudiesen estar de manera puntual generando condiciones de participación privada en el desarrollo de algunas inversiones.

Esta es una diferencia relevante que queda salvaguardada en condiciones de transparencia, y que de manera puntual involucra a la Comisión de Presupuesta de la Cámara de Diputados.

Y en este sentido, al aprobar la Cámara de Diputados, en su proceso de presupuestación, una estimación del monto máximo anual para proyectos de asociación público privadas, permite que no sólo puedan instrumentarse en ese ejercicio fiscal las que hubiesen, de manera expresa, sino aprobadas por la Cámara de Diputados, sino que se da la posibilidad de que se puedan incorporar a lo largo de ese ejercicio nuevas, siempre y cuando, no trasgredan este monto máximo.

Otra de las modificaciones relevantes que se consideran en este dictamen y que está a su consideración, es lo que tiene que ver con las propuestas no solicitadas. Y hoy se genera, de manera explícita, una mayor publicitación de aquellos rubros en los que los particulares pudiesen, en coordinación con los ámbitos públicos, poder atender.

Obliga a las dependencias involucradas a definir, a explícitamente hacer público a través del Diario Oficial de la Federación, o a través de sus páginas de Internet oficiales, cuáles pudiesen ser los temas, los alcances y los propósitos sujetos a poder considerarse como figura de asociación pública privada, así como también para las propuestas no solicitadas estas dependencias tendrían que hacer pública su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo.

Hay en términos de autorización de recursos las propuestas ya mencionadas bajo el camino que acabo de mencionar, y también este dictamen y este conjunto de modificaciones en los 21 artículos modificados, genera de manera puntual avances significativos en el ámbito de los contratos y de su intervención, para que pueda haber, de manera muy clara, condiciones de decisión o determinación anticipada a los acuerdos contractuales que pudiesen haber sido considerados.

Por esto, y particularmente en momentos en donde las presiones presupuestales son evidentes y la demanda social por realización de infraestructura, por atención de servicios vinculados a su realidad requieren de recursos, creemos muy pertinente poder respaldar, con el voto aprobatorio, este conjunto de modificaciones que harán de las asociaciones público privadas un vehículo de desarrollo sujeto a principios de transparencia, de responsabilidad y de rendición de cuentas.

Por estas razones, de manera muy respetuosa, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, del Senado de la República, votamos a favor en el sentido de la minuta, y solicitamos respetuosamente su acompañamiento esta tarde.

Quisiera concluir reconociendo el trabajo siempre comprometido de las Senadoras y de los Senadores integrantes de ambas comisiones, y de manera particular el acompañamiento siempre profesional y comprometido del Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, el Senador Alejandro Encinas.

Muchas gracias por su atención.

Está a su disposición este dictamen.

Gracias, Senador Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Para fundar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, se concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, Senador Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores.

Como bien lo ha señalado el Senador José Yunes, Presidente de la Comisión de Hacienda de este Senado, tras un debate que hemos tenido sobre este tema, no ahora, sino a lo largo de varios años desde la creación de la propia ley que genera la posibilidad de establecer contratos de asociación público privada en nuestro país, hemos venido debatiendo sobre la naturaleza, los alcances y lo que ha significado la generación de esta figura en lo que es tanto el desempeño de la función pública como el desarrollo de la infraestructura en el país, y lamentablemente el fortalecimiento de muchas empresas en demérito de lo que son el erario público y los asuntos del interés público.

Por supuesto que entorno a esas experiencias de contrato de asociación público privada existen diversas experiencias, experiencia que han sido exitosas y que han tenido resultados favorables al interés público, incrementando la infraestructura y el patrimonio público de distintas entidades.

Yo pongo como ejemplo la primera asociación de carácter público privada que desarrollamos en el gobierno de la Ciudad de México, cuando en una asociación entre el gobierno federal, la Universidad Nacional Autónoma de México, un grupo financiero, el Grupo Inbursa y el gobierno del Distrito Federal, construimos la Plaza Juárez enfrente de La Alameda Central de nuestro país, donde se ubicó el actual edificio de la Cancillería del gobierno mexicano, y en ese contrato se establecieron un conjunto de acciones que permitieron el ganar-ganar a los distintos participantes.

En primer lugar, la Ciudad ganó al momento de recuperar predios que aún se encontraban ocupados por los escombros del sismo de 1985, y en un arreglo como empresas como Rayman, a cambio de quien tenía la propiedad de eso predios en una negociación cónica se permitió concluir la actual Torre Mayor. Al mismo tiempo los terrenos ocupados, propiedad ya de la ciudad, se entregaron al gobierno federal para la construcción del edifico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México logró que a cambio de estos predios que beneficiaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se le transfiriera lo que actualmente constituye el Centro Cultural Tlatelolco, ahí en la Plaza de las Tres Culturas, donde actualmente está el Memorial del 68 de nuestro país.

Creo que ésta ha sido una de las experiencias más exitosas. Basta ver el desarrollo tan importante que en torno a la oficina de la Cancillería se generó con no solamente el Tribunal de lo Familiar del Distrito Federal, el Museo de la Tolerancia, distintas inversiones de carácter privado.

Lamentablemente a lo largo de estos años esta figura no solamente se ha distorsionado y ha incurrido en el abuso en demérito del patrimonio y de los bienes y el erario público de nuestro país, ya que este tipo de asociaciones ha representado hasta ahora una subordinación del interés público al interés privado, y al mismo tiempo se mantiene una enorme opacidad en el desarrollo de este tipo de contratos.

Muchos de quienes instrumentan este tipo de asociaciones, lo conciben no como un instrumento para fortalecer los bienes públicos y el interés público, sino como continuidad del proceso de privatización, y de esta forma se han venido delegando al sector privado funciones sustantivas que corresponden al ámbito de gobierno en materia de educación, de salud, de seguridad pública, entre otros factores, a lo que se adiciona lamentablemente la existencia de intermediarios financieros que han incrementado de manera significativa el costo del desarrollo de infraestructura.

Así se han generado carreteras, hospitales, escuelas, prisiones; se han edificado construcciones de gobierno, pero lamentablemente hay evidencias sumamente negativas a las cuales quiero referirme.

Voy a poner unos ejemplos muy concretos. Uno de ellos es la construcción del Hospital de Especialidades en el municipio de Zumpango, en el Estado de México. Un hospital para atender fundamentalmente quemaduras por la naturaleza de las actividades económicas en el manejo de pólvora que se realiza en esta región del Estado de México, y que se construyó para atender 28 especialidades a 48 pacientes de manera simultánea, y que cuenta con 124 camas censables. En contraparte, este hospital se construyó en el 2009.

En el 2006 el Gobierno del Distrito Federal construyó un Hospital de Especialidades con mayor capacidad en la prestación de servicios, que es el Hospital Enrique Cabrera, en la Delegación Álvaro Obregón, que cuenta con una capacidad de 120 camas censables y 74 no censables, en donde la diferencia de los costos de construcción es realmente ofensiva para nuestro país.

En el caso específico del Hospital de Especialidades en Álvaro Obregón, el costo total de la obra, del equipamiento y de la instalación misma, representó un costo total de 350 millones de pesos, mientras que los términos de la concesión a través de una asociación pública privada para la construcción del Hospital de Especialidades de Zumpango representará al término de la concesión un total de 7 mil 38 millones de pesos, es decir, con el costo del Hospital de Especialidades de Zumpango pudieron haberse construido 20 hospitales similares al de especialidades en la Delegación Álvaro Obregón.

Esto se reproduce en todo tipo de infraestructura. Pongo un segundo y último ejemplo, que es la construcción del Circuito Exterior Mexiquense, aunque valdría la pena echarle una buena revisada a los términos en que se construyó este edificio del Senado de la República.

Por ejemplo, en febrero del 2003, siendo gobernador Arturo Montiel Rojas, otorgó una concesión a la empresa OHL para construir 155 kilómetros del Circuito Exterior Mexiquense, con un costo inicial de 24 mil 921 millones de pesos, concesión que estaría otorgando una rentabilidad anual del 10 por ciento a la empresa.

Sin embargo, a la fecha el contrato original ha sufrido seis modificaciones que han permitido no solamente hasta el año 2051 la concesión, sino incrementar en 50 por ciento en términos reales las ganancias de la empresa OHL.

Esto ha llevado no solamente a la modificación de las tarifas de manera sistemática, sino incluso a prácticas de enorme opacidad, donde, por ejemplo, no solamente no se han construido los 155 kilómetros del Circuito Exterior Mexiquense, sino solamente 110 kilómetros, y se ha acreditado de acuerdo a los convenios de modificación, una inversión de 23 mil 300 millones de pesos, de acuerdo a la empresa, cuando la empresa que audita estas obras, señala que solamente se han invertido 18 mil 600 millones de pesos. Esto al mismo tiempo, no solamente es una opacidad, sino que no hay claridad en el desarrollo de estas empresas, sino que con tantas modificaciones el incremento en términos reales, del costo de esta obra, superará el 35 por ciento sin considerar las ganancias en su extensión hasta el año 2051.

Yo por eso insisto, uno de los temas fundamentales es garantizar la transparencia en el establecimiento de estos convenios, que no pueden ser en agravio de los bienes y el patrimonio público, deben fortalecer la infraestructura, el equipamiento y todo lo que es el desarrollo de nuestro país, y con las modificaciones que hoy se presentan se profundiza la opacidad.

Pongo, por ejemplo, el artículo 24 que se reforma en este dictamen, donde se elude la responsabilidad para que se presente en el Presupuesto de Egresos de la Federación por parte del Ejecutivo los contratos de asociación pública privada que se van a desarrollar y no se van a presentar ni van a ser aprobados por la Cámara de Diputados, lo que conculca la facultad de fiscalización tanto de la Cámara de Diputados como de la Auditoría Superior de la Federación dejando en manos de la Secretaría de Hacienda un gran margen de discrecionalidad y de opacidad en el tema.

Y en segundo lugar, yo veo un problema, resulta, ayer con el Senador Cordero y hoy con el Senador Cervantes, visos de inconstitucionalidad en la reforma al artículo 12 de la actual ley al incorporar dentro de las dependencias que pueden establecer contratos de asociación públicas privadas a los órganos reguladores coordinados en materia energética. Cuando los órganos reguladores solamente pueden dictar normas y no pueden asumir labores de carácter ejecutivo.

Me decía el Senador Cordero que era, por ejemplo, para que pudieran contratar la prestación de servicios de limpieza en las oficinas de los órganos reguladores. Bueno, para eso existe la contratación de empresas, ese mismo Senado contrata a Fonatur para prestar los servicios de limpieza sin necesidad de llegar a un contrato de asociación público privada, o que era para construir un edificio propio de, una asociación para construir su propia infraestructura, con eso basta realizar un contrato con cualquier empresa una licitación pública.

El problema es que el margen que abre esta reforma, a que los órganos reguladores puedan establecer contratos de asociación en las materias en las cuales sólo puede regular, ellos mismos otorguen concesiones y otorguen contratos.

Este es un tema que estamos revisando y con toda seguridad cuestionaremos ante la Corte.

La votación de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, fue mayoritaria, efectivamente 2 a 1, como se habló con el Senador Yunes con quien siempre tenemos una relación muy franca, abierta, de trabajo, reconociendo nuestras diferencias, y espero que este tema, y que tanta controversia ha generado, si no lo resolvemos aquí, pues lo resolveremos en la Corte.

Por su atención, muchísimas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199 del Reglamento, tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, para presentar su voto particular.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Las asociaciones público privadas son contratos de prestación de servicios celebrados entre entidades gubernamentales y privadas.

La reforma a la Ley de Asociaciones Público Privadas, propuesta por Enrique Peña Nieto, aprobada por la Cámara de Diputados y que hoy discute el Senado, tiene como propósito flexibilizar el procedimiento de aprobación de los proyectos de asociaciones público privadas, particularmente aquellos propuestos directamente por las empresas atraídas y motivadas por la oportunidad de hacer negocios rentables y seguros con cargo al presupuesto público.

Esta minuta tiene también el objetivo de diluir o eludir mecanismos del control parlamentario. Además, esta iniciativa permite de manera explícita la celebración de asociaciones público privadas por parte de los órganos reguladores del sector energético, lo cual es muy grave. Al facilitarse la aprobación de las asociaciones público privadas se va a contrapelo de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, como Gran Bretaña, por ejemplo, tierra natal de estos contratos.

Allá se está cuestionando severamente la efectividad de este tipo de asociaciones en relación a su costo beneficio, a la transparencia de su otorgamiento, en su administración, a las dificultades para que los contratistas respeten los términos pactados y se desempeñen con honestidad.

La minuta no aborda y menos aún resuelve el gran problema de la debilidad institucional que da alrededor de las asociaciones público privadas. Este instrumento de APP´s se caracteriza por su alta fragmentación y la falta de controles.

Esta iniciativa no hace nada para asegurar que no habrá corrupción, que no habrá conflictos de interés en el otorgamiento de contratos. No contiene nada para asegurar que los contratos que se entreguen, otorguen beneficios tangibles, claros, medibles y significativos para la sociedad y para el Estado.

Las dependencias que celebran y operan las APP´s durante el ciclo de vida de proyectos, no están sujetas a controles independientes que los revisen, por ejemplo, la calidad de los servicios a la que se comprometan, o que al finalizar el contrato las obras o servicios pasen a la propiedad del Estado, de tal suerte que la infraestructura termina privatizándose mediante este mecanismo de APP´s.

La minuta presenta muchos problemas, mencionaré tres muy graves:

Uno. Se relajan o flexibilizan los procedimientos de análisis y aprobación de las APP´s.

Esta minuta aligera los requisitos para la contratación de estos instrumentos. Los proyectos que involucran recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación; también los proyectos que involucran recursos federales, aunque no estén incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación o los que impliquen los pagos en efectivo.

La decisión de terminar si las APP´s son viables se deja en manos de las propias dependencias, no son valoradas por técnicos independientes, como se hace en otros países. Esta iniciativa modifica los elementos valorativos de las APP´s, entre otros, la instrucción de analizar otras opciones.

Se elimina la obligación de incluir sistemáticamente el análisis de costo-beneficio, la rentabilidad social, la pertinencia del plazo, las alternativas de los proyectos y la necesidad de este financiamiento.

El dictamen pretende que el análisis de la conveniencia elaborado bajo las líneas de la Secretaría de Hacienda se convierta en un instrumento a considerar, no indispensable para la decisión de viabilidad de la propuesta.

La minuta o este dictamen diluye los procedimientos previstos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, bastará que la dependencia decida que un proyecto es viable para solicitar y obtener su registro en la cartera de inversión.

Un retroceso que aquí pretende presentarse como avance, es que la minuta acumula el gasto programable destinado a las APP´s en un monto máximo anual, sin embargo ello extiende un velo de opacidad porque los contratos ya no serán tratados de manera individualizada, se revuelven todos en un solo monto anual, mientras que ahora está desglosado proyecto por proyecto, su monto, su plazo, su tasa de interés y su impacto en las finanzas públicas, ahora se revuelve todo en un monto máximo anual, lo que hará más difícil de fiscalizar o hará más difícil su fiscalización. Facilita las posibilidades de endeudamiento, esconde otros compromisos adquiridos por el sector público, son negocios privados que tendrán un etiquetado asegurado en su pago en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin que necesariamente haya una forma de corroborar que los contratos se están cumpliendo con eficiencia por el sector privado.

Además, el dictamen elimina la obligación de reportar los convenios modificatorios, y todos sabemos que ahí está el verdadero saqueo a los recursos públicos, que son recursos adicionales que implican los convenios modificatorios y que estos no se informen, ni se describan, esto presenta una enorme discrecionalidad y evidentemente se presta a la corrupción.

El dictamen modifica el contenido de las propuestas de asociaciones público privadas presentadas por particulares para hacerlo compatible con el análisis de viabilidad que deben hacer las dependencias, ello tiene un triple efecto.

Por un lado convierte el expediente que presenta un particular, en un pre dictamen.

Segundo. Delega al particular el análisis de viabilidad de la conveniencia de llevar a cabo el proyecto, presentándose un claro y evidente conflicto de intereses y para colmo permite que el particular ofrezca, presente a las dependencias elementos para que se rechace cualquier otra figura de financiamiento que no sea las APP´s, cuestión que se debería dictaminar por el Estado, no por los particulares.

Otro grave problema es que se eluden los controles parlamentarios. El dictamen le quita efectividad al control parlamentario sobre el endeudamiento derivado de los contratos APP´s.

El efecto de esta iniciativa brinda la posibilidad de incluir nuevos contratos en cualquier momento del ejercicio fiscal corriente. Esto tiene como objetivo eludir el conocimiento y el visto bueno del Pleno de la Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El dictamen empobrece las facultades del Congreso, pues la inclusión de nuevos proyectos en el ejercicio fiscal corriente o falta de pronunciamiento de la Comisión Parlamentaria, la aprobación; entonces, la aprobación se obtiene mediante una afirmativa ficta. Basta que transcurran los 30 días siguientes a su recepción y no se convoque a la Comisión de la Cámara de diputados, o no haya, no se incluya el tema en el orden del día, o simplemente no haya quórum, pues entonces se dan por aprobadas todas las APP´s.

Por si fuera poco, se permite modificar el alcance de los contratos ya autorizados y en curso de desarrollo con convenios modificatorios.

Estas cuestiones implican modificaciones por la vía de los hechos, al Presupuesto de Egresos de la Federación, por organismos que no son competentes para ello. Solo la Cámara de Diputados puede autorizar el presupuesto, no los particulares.

Esto propicia también que se dificulte o impida una adecuada rendición de cuentas y produce opacidad en el ejercicio de los recursos públicos.

De hecho resulta contrario al 126 constitucional que establece: que no podrá hacerse pago alguno del Presupuesto de Egresos de la Federación, que no esté contenido en el Presupuesto mismo. También se debilitan otros controles parlamentarios, elimina la obligación de la Secretaría de Hacienda de incluir en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, la evaluación del impacto financiero de cada proyecto durante su ciclo de vida, afectando las obligaciones de transparencia presupuestaria, de mejor planeación financiera e impide conocer el costo total de cada uno de los proyectos.

Otro de los graves problemas es que además del empobrecimiento de los controles parlamentarios, esto genera un endeudamiento factico, un endeudamiento paralelo, una deuda contingente que no está autorizando el Congreso de la Unión.

Otro tema es que se faculta a los reguladores energéticos a usar APP´s. Se faculta explícitamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía para celebrar estas APP´s.

¿Con qué finalidad? pues que las facultades legales de estos órganos que son reguladores y quiero recordarlas, es hacer visitas de verificación, inspección o supervisión en el ámbito de su competencia.

A la CRE o a la CNH le toca vigilar el cumplimiento de la ley de los permisos que otorguen regular los contratos o convenios relativos a las actividades reguladas, contratar, aquí viene el caso, contratar servicios de consultoría, estudios e investigaciones que sean necesarias para sus actividades, especialmente las de supervisión y administración de permisos, contratos y asignaciones.

Con esta iniciativa se deriva el riego de que los contratos APP´s, se van a contratar APP´s para subrogar las actividades regulatorias, o sea, se va a delegar en empresas privadas las tareas de verificación, de vigilancia, de supervisión que corresponden al Estado de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la Ley de la CRE y la Ley de la Comisión Nacional de Órganos Reguladores. Eso no le toca a privados.

Pero debiendo ser realizadas por órganos reguladores, las descargarían en particulares dándose el pleno conflicto de interés. Se están privatizando los servicios de regulación, esto es verdaderamente el colmo.

Lo que es inadmisible por todos lados, especialmente si se trata del sector estratégico que, además genera rentas económicas muy importantes.

Termino

De todo lo antes expuesto nosotros concluimos que el objetivo de esta reforma a la Ley de las Asociaciones Público Privadas consiste en ampliar, profundizar, facilitar y acelerar la suplantación del Estado por actores privados en la provisión de servicios públicos, en otras palabras en privatizar las pocas actividades que ya la ley y la Constitución reservan para el Estado.

El PRD se opone no sólo a estas reformas, sino a toda la Ley de Asociaciones Público Privadas por ser un instrumento perverso de endeudamiento público paralelo de privatización y de dilución del Estado, originalmente se utilizó esta figura de APP’s como un esquema contractual de largo plazo para encarar o más bien para encargarle al sector privado un financiamiento de construcción de infraestructura pública, así se hicieron los Pidiregas, por ejemplo, o las carreteras en el sexenio de Carlos Salinas, que lo conocemos muy bien por su fracaso y por los cuantiosos recursos públicos empleados en el rescate carretero, cuya deuda todavía estamos pagando a este momento.

Y esas experiencias negativas se traen ahora a legalizar en esta Ley de Asociaciones Público Privadas, con el tiempo los intereses privados fueron penetrando toda la administración pública mediante las asociaciones público privadas a nivel federal, estatal, municipal.

En otra intervención voy a dar cuenta de al menos cien asociaciones público privadas que no cumplieron sus objetivos, que están incurriendo en corrupción y que se les está pagando muy puntualmente.

Los promotores de esta iniciativa quieren que prácticamente cualquier actividad a cargo del Estado sea productiva o social pueda ser contratada por privados; esta iniciativa lleva al extremo de proponer que se utilicen APP’s para delegar en los privados la regulación económica del sector energético con el enorme riesgo de perder el poco control que le dejó al estado la reforma energética.

Las APP’s son un esquema de contratación externa, son el outsourcing de las actividades del Estado, son una versión actualizada de los Pidiregas, se quiere que invadan todas las actividades económicas, sociales que corresponden al Estado, pero sin controles. Hoy quieren usar APP’s para darle la vuelta a la prohibición de otorgar concesiones o contratos en áreas reservadas al Estado, descargado delegar responsabilidades del Estado a actores privados para privatizar la infraestructura pública, para realizar lucrativos negocios tanto por parte de funcionarios banales y corruptos que se prestan al saqueo de los recursos públicos como por parte de empresas ávidas de enriquecimiento a costa de los ingresos públicos.

No conocemos una sola APP que arroje beneficios a México o beneficios tangibles para la sociedad. El origen y la naturaleza de este instrumento, así como los resultados concretos de múltiples experiencias encienden focos rojos y señales de alerta que desaconseja su utilización.

Por eso, el voto del PRD será unánimemente en contra.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo para fijar la posición de su grupo parlamentario.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Vamos desde luego a votar en contra de la reforma, pero habría que ir más allá, habría que votar en contra de la ley y de su existencia.

Ese instrumento que fue aprobado en 2011, promovido por el presidente Calderón, entonces, estableció ese mecanismo con una serie de planteamientos de su bondad, el sistema permitiría apoyar al Estado en el desarrollo de sus actividades y el impulso de la infraestructura, etcétera, ayudaría a descargar el riesgo en los particulares, en las empresas particulares y, desde luego, beneficiaría a los pobres, porque tendría un resultado de justicia social.

Ya desde entonces en 2011, cuando lo aprobó la mancuerna PAN-PRI, desde entonces ya consolidada, ya desde entonces había muchísimos análisis y críticas. No se tomaron en cuenta.

Y estos argumentos que les recuerdo, son ni más ni menos el Banco Mundial.

Para poder entender lo que significa esa Ley de Asociación Público Privada, necesitamos conocer su origen. El origen es el Banco Mundial, es una recomendación del Banco Mundial. Y el Banco Mundial inició este proceso en un momento de sobrecapitalización de los fondos, de los bancos, etcétera, verdad, que no tuvieran salida.

Entonces lanzaron sobre servicios y los presupuestos públicos. Ya desde entonces se podía saber cuál era el significado y cuál era el resultado a final de cuentas de estas asociaciones público privadas, que son básicamente empresas transnacionales promovidas con créditos abiertos del Banco Mundial.

Por eso el análisis que hace aquí la Senadora Padierna es una profundización más del desmantelamiento, incluso, de esa ley que no debería de existir, porque es una ley que tiene por objeto el que las empresas transnacionales, grandes sectores, fondos, etcétera, obtengan ganancias aseguradas.

Entonces es un mecanismo perverso que ha significado otra vez un saqueo de las economías del mundo en desarrollo o del mundo subdesarrollado.

Desde luego, América Latina está infestada de contratos de este tipo.

No hay ninguna posibilidad de que pierdan, porque están aseguradas por el presupuesto público, son préstamos del Banco Mundial perfectamente asegurados.

A final de cuentas, a final de cuentas quien paga cualquier riesgo o el mal desempeño de estos contratos es el Estado respectivo. En todo el mundo subdesarrollado, es un mecanismo de saqueo, y nadie lo toma así, nadie lo estudia, como si fuera algo normal, de que se asociaran privados en el desarrollo de los servicios de un país.

Por ejemplo en Canadá, en Canadá donde se empezó a aplicar este mecanismo, teníamos estudios desde entonces, un condado necesitaba más recursos para mejorar su sistema de salud, un hospital, y se asocia con una empresa norteamericana, que aporta el capital.

Esa empresa norteamericana, su cabeza en Estados Unidos, tenía para entonces, estoy hablando del 2011, tenía contratos en todo el mundo y administraba 3, 4 mil hospitales, con una infraestructura de abogados, economistas, ¿y qué paso entonces con el sistema que cayó en este mecanismo? Pues el presidente municipal, como podríamos decir de este condado, se fue, era electo, pero la empresa se quedó, y la empresa llegó a desarrollar el servicio de salud de Canadá, de esta entidad canadiense.

¿Qué hacen? Llegan, corren empleados, porque ellos van a la ganancia, quitan empleados, bajan los servicios, decae la calidad del servicio de salud canadiense, pero además no se puede hacer nada, porque está garantizado por el Estado, y porque además esas empresas tienen abogados que en todo el mundo imponen lo que se les da la gana y un condado canadiense pues no puede competir con estos monstruos que son los que se van haciendo, ¿de qué? de los servicios públicos del desarrollo, dicen infraestructura. En todo están metidos, porque es un mandato del Banco Mundial y no esos gobiernos neoliberales, nuestros gobiernos neoliberales por llamarles de alguna manera son obedientes al Banco Mundial.

Entonces todo lo que puedan ir manejando de esa manera lo han hecho. Claro que no tenemos ninguna información. Y aquí lo decían, ¿qué ha pasado con esa inversión?

Se apoderan de servicios públicos, se apoderan de infraestructuras, y van haciendo a un lado la inversión pública, y el impulso del Banco Mundial, a nivel mundial, ha generado una extracción de capital hacia los fondos de pensiones y los fondos generales que sigue empobreciendo a los países.

Es decir, es un atraco más, es un atraco, es un atraco a México ¿verdad? porque se apoderan de los servicios públicos, y tienen la garantía del Estado.

No hay ninguna mejoría en el riego ¡Eh! No, el riesgo lo sigue teniendo el Estado, los siguen teniendo las naciones, y entran en estas inversiones, que se ha convertido en una gran fuente de ingresos de eso que son ahora, los fondos de inversión, se venden, inclusive.

Cuando se firma un contrato, aquí en México, público privado, después ya no sabemos en dónde está, ¿Quién está? Lo venden, se venden las acciones, entran en un río de dinero que mantiene una estructura financiera mundial. Y ¿Quiénes pierden? Los estados.

¿Por qué la Secretaría de Hacienda no informa qué ha pasado con estas inversiones? Pues, porque están protegidas, porque están bajo el control del Banco Mundial.

Aquí se analizó la reforma que están metiendo, que es todavía peor ¿No? para hacer todavía más flexible la autorización, porque es autorización del presupuesto ¡Eh!

Todos esos contratos son: echarle el guante al presupuesto nacional, el presupuesto, en todo lo que ustedes quieran.

El tercer párrafo del artículo 14 de las Asociaciones Públicas Privadas, dice, aquí se incluye información para que se sepan cómo están los efectos, porque son efectos del presupuesto.

Si ustedes le pican a esto, se van a encontrar, es la información que da Hacienda. ¡Nada, no hay información alguna!

¿Cuánto del presupuesto están succionando? ¡Miles de millones, ya!

Y el Banco Mundial está creciendo, en esta desesperación por convertir todo lo público en privado, creciendo y creciendo el porcentaje de inversión en todos estos países de estos grandes fondos, va creciendo, ahorita, creo que es el 30 por ciento ya de lo que corresponde a los estados invertir, lo tienen ellos, sin ningún peligro.

Ojalá pudiera haber algún estudio que diera Hacienda ¿verdad? y no estas pamplinas, que a lo que nos llevan es a tener menos información, porque se están apoderando del presupuesto público de México.

Entonces, hay que ir al fondo para saber de qué se trata, se trata de una instrucción del Banco Mundial. Y aquí los gobiernos son obedientes al Banco Mundial, además de la corrupción que entra en estos acuerdos.

Yo oí de un proyecto muy positivo, por aquí, pero luego de otro muy negativo ¿No?

¡Ese es el bueno!

El otro es una perla que yo no había visto en el estercolero. Pero el otro de los hospitales es claro, pero ahí, ahí lo que ocurre es que el Estado garantiza ese robo: 7 mil millones un hospital que iba a costar 300, porque están asegurados. Es casual, es el esquema, es el esquema del Banco Mundial.

Yo les recomiendo, para que se vayan enterando, porque luego ni siquiera escuchan, ni oyen, ni se define nada, ni saben qué están aprobando, no tienen la menor idea los que están aquí, los que van a llegar a votar al rato.

Bueno, existe un estudio, que les recomiendo, está en internet ¡Eh! Es decir, el menor esfuerzo que hagan, se van a enterar del saqueo hacia México ¿verdad? se llama, estas asociaciones, como una estructura de extracción financiera y que va incrementando la concentración del recursos en las grandes economías, en detrimento de las nuestras, es un proceso neocolonial nuevo, moderno, este está hecho por la Universidad de Manchester, la Universidad de Manchester Inglesa en la Escuela de Negocios, y ahí describe lo que está pasando en el mundo.

Del 2011, cuando se aprobó esto por el PRI y el PAN, en el Congreso, ahora, bueno, han perfeccionado, y si algo estorbaba, lo van a quitar ahora con esto que describen aquí al hacer el análisis. ¡Véanlo! Es un atraco, ni siquiera invierten. Viene de aquí toda una serie de ejemplos a nivel mundial.

¿Cómo lo invierten? Presta una parte el Banco Mundial; otra la garantiza el Estado, y todo eso ¿qué genera? Genera flujo de recursos de los enfermos de un país, de los usuarios de servicios de diferentes tipos, y son ríos de dinero que se van a los fondos en una estructura financiera que aquí se analiza, verdaderamente escandalosa.

Ellos manejan el dinero de los que utilizan ese famoso hospital de Zumpango, están pagando todos los días, gente pobre pagándole a esta estructura de fondos internacionales.

Véanlo, entérense, sería bueno, se trata del robo al presupuesto nacional, garantizado por los gobiernos neoliberales, apoyado por la Secretaría de Hacienda, cuál es la cantidad ya de recursos de los que se están apoderando del propio presupuesto nacional, y ahora les quitan nuevas maneras de poder encontrar y poder saber cuánto se está yendo de esos pobres pacientes de Zumpango, de esos pobres que tienen que circular en los viaductos estos que suben sus cuotas siempre, cuánto dinero se llevan, miles de millones del presupuesto nacional solapado por el gobierno de Peña Nieto y el Secretario de Hacienda.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra al Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por diez minutos, para fijar la posición de su grupo parlamentario.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con su permiso Senador Presidente.

Compañeras, compañeros Senadores, buenas tardes.

En su carácter de garante de las condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la sociedad, el Estado tiene la obligación de proporcionar servicios públicos fundamentales como: salud, educación, comunicaciones, transporte y, en general, cualquier otra de infraestructura.

Sin embargo, los recursos de los que dispone el Estado son limitados, de tal suerte que es frecuente que requiera mecanismos de inversión diversificados.

El esquema de asociaciones público privadas representan una alternativa para que la obra y la prestación de servicios públicos no se vean limitados por la insuficiencia de recursos, esto se logra mediante contratos de largo plazo que, al mismo tiempo que permite la participación privada y la generación de empleo, satisfacen las necesidades básica de la población.

El presente dictamen tiene como finalidad reformar la Ley de Asociaciones Público Privadas a fin de incorporar nuevas disposiciones para hacer más ágil y eficiente la programación del presupuesto destinado a este tipo de asociaciones.

Cabe mencionar que si bien se propone flexibilizar las reglas para la celebración de asociaciones público privadas, esto no implica la discrecionalidad de recursos, pues su ejercicio quedará sujeto en todo momento a dos mecanismos de control.

En primer lugar, se establece un monto máximo de recursos que podrán ser destinados a proyectos de asociación público privada, los cuales dependerán del presupuesto que apruebe la Cámara de Diputados para cada ejercicio fiscal.

En segundo lugar, todos los proyectos de asociación público privada deberán cumplir con reglas estrictas en materia de transparencia y rendición de cuentas, incluyendo su incorporación a los informes trimestrales que reporta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión, con ello quedará garantizada la sostenibilidad y viabilidad de los proyectos, sin poner en riesgo las finanzas públicas, pues en lugar de acudir al endeudamiento, los particulares acompañarán al gobierno en el esfuerzo de promover y ejecutar la obra pública.

Compañeras y compañeros Senadores: Por mandato constitucional la rectoría del desarrollo nacional corresponde al Estado, para lo cual el gobierno planea, conduce y coordina las actividades económicas, pero nuestra Constitución también mandata la concurrencia de los sectores social y privado en el desarrollo económico social.

Sin duda alguna, las reformas que se someten a nuestra consideración el día de hoy coinciden plenamente con estos mandatos, pues servirán para hacer más accesibles los esquemas de asociaciones públicos privadas para la realización de obras en beneficio de todos los mexicanos.

Es cuanto, Senador Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, señor Presidente, con su venia.

Compañeros, compañeras.

Estamos ante propuestas de modificación a una ley que no ha funcionado, desde el 2012 existe la Ley de Asociaciones Públicos y Privadas, y tenemos en cuatro años apenas cuatro proyectos, más los del 2016, para llegar a diez.

En teoría estos cambios que hoy se plantean, deberían responder a por qué no se han tomado como una opción, por qué no han funcionado las asociaciones público privadas al amparo de esta ley.

Creo que hay un mal diagnóstico y creo que las propuestas que hoy se hacen, no van a funcionar porque no hay un diagnóstico claro de por qué esto no está funcionando, y no está funcionando principalmente porque es un problema de transparencia, y a un problema de transparencia se quiere resolver con mayor discrecionalidad.

Las APP’s surgen en 1992, en Inglaterra, donde ese país viene con una tendencia baja de inversión pública, y parte de un supuesto que debe probarse y que está sujeto a los incentivos que se establezcan en cada contrato.

El supuesto es que el sector privado es un mejor gestor que el sector público, y lo que hace no es otra cosa más que un modelo de innovación financiera para abrir la puerta al sector privado en la gestión de servicios públicos, aprovechando aparentemente esta mejor capacidad de gestión.

El tiempo ha demostrado que este supuesto es incorrecto y que depende, y siempre dependerá, de cómo se establezcan esos contratos.

¿Por qué no funcionan las APP’s en México? ¿Por qué sólo hay diez proyectos?

Creo que la principal razón es que la ley no distingue las distintas modalidades de asociaciones público privadas que existen, para las cuales deberían requerirse distintos modelos de evaluación, de transparencia, distintos requisitos para ser aprobadas.

Hay que identificar los distintos modelos, como los contratos de prestación de servicios de largo plazo, las coinversiones, las concesiones, entre otros esquemas.

La modificación que hoy se debería proponer, si se quiere detonar la inversión privada a través de estos instrumentos, pues debería consistir en que la ley reconociera estas modalidades y no la distinción que se está planteando a partir de las fuentes de recursos, que nos parece incorrecto, porque realmente lo único que va a provocar esto es que algunos proyectos pasen por un nivel de transparencia y fiscalización mayor que otros, cuando el problema claro de las APP’s es la transparencia.

No sólo hay diez proyectos de APP’s en el país, hay otros más a nivel local, y también en las dependencias federales que no están registradas o no están sujetas al presupuesto público federal.

¿De dónde viene el desprestigio de las APP’s?

De la discrecionalidad con que se han contratado y de la falta de transparencia de las mismas. Entonces este modelo que pudiera ser útil, termina siendo pervertido por la corrupción.

No hay competencia cuando se contrata este tipo de servicios. Normalmente hay un solo proyecto. No hay APP’s porque el costo del proyecto siempre será un obstáculo para que una empresa haga o no, se involucre o no en estos proyectos.

En otros países se tiene establecido, por ejemplo en Chile, que el sector privado puede elaborar proyectos, se los propone al gobierno, y si el gobierno acepta ir por ese proyecto, se hace una licitación, y si aquella empresa que presentó el proyecto originalmente no gana, puede recuperar el costo de la elaboración del proyecto, de tal manera que no hay un costo hundido en la elaboración de proyectos, y por esto no hay proyectos.

¿Qué proponen estos cambios para resolver eso?

Que la propia dependencia evalúe el proyecto, lo cual es un claro conflicto de interés y que no necesariamente va a mejorar la transparencia de estos servicios.

¿Por qué no funcionan las APP’s?

Porque no hay transparencia en la gestión de riesgos, porque finalmente como no hay a nivel estatal una regulación clara, hay cierta protección de la incertidumbre que genera la obligación multianual, tratándose de cubrir con costos en caso de que se pierda esta garantía, y eso genera los sobre costos que vemos y la corrupción en muchos de estos proyectos.

Tenemos algunas propuestas que vamos a presentar como reservas, tratando de que esto pudiera mejorar.

Esta ley, ahí coincido con el Senador Bartlett, pues hoy deberíamos desaparecerla por una sencilla razón, porque al aprobarse la Ley de Disciplina Financiera, en los términos que se hizo, mata el corazón de la definición de una asociación público privada.

La asociación público privada, en la gran ventaja que tiene, es que no constituía deuda pública porque era un contrato de prestación de servicios que tiene otro tipo de registro en el gasto que no afecta la evaluación de deuda de los gobiernos; pero al haber convertido en la Ley de Disciplina Financiera, en la fracción 29 del artículo 2, a las obligaciones de las asociaciones público privadas como deuda, pues no tiene sentido una ley de APP´s, porque a partir de esa ley, y todos los que aprobaron esa ley, pues es una modalidad distinta de deuda que ya no vale la pena tener, pues una ley con los costos que genera esta gestión del sector privado.

Simplemente se tiene una modalidad de deuda adicional, no tiene mucho sentido ya tener una ley de APP´s, mataron la definición de APP´s, le cambiaron por completo su naturaleza.

Quienes dicen que las APP´s son deudas. Sí, ahora son deuda gracias a la Ley de Disciplina Financiera.

Lo que está mal en todo esto es, en el fondo, que el gobierno está renunciando a su papel de promotor de la actividad económica. Ningún país puede crecer sino hay una inversión pública sustantiva.

En este año, 2016, vamos a llegar al nivel de inversión pública medida como porcentaje del PIB de apenas 3 por ciento. Eso es lo que invertía nuestro país en los años veinte, en 1920; es la cifra de inversión pública más baja. Se está claudicando en el papel del Estado promotor de la actividad económica.

Cegados por esta idea, de que con este tipo de instrumentos va a llegar la inversión y con eso vamos a tener crecimiento económico eso no ha pasado en ningún país del mundo. Y veamos el nuevo menú de posibilidades de inversiones a la que apuesta el gobierno federal, veamos cómo hasta ahora no dan resultados.

Las fibras, que es un esquema de inversión privada vía mercado de valores, ahí se espera que en este año llegue a 140 mil millones de pesos. Los famosos certificados de participación que están desde 2009 apenas y hay 85 mil millones de pesos. Las APP´s del 2012 a la fecha no suman, y suponiendo que se van a cerrar los proyectos de este año, apenas y llegaría a una inversión de 13 mil millones de pesos.

La famosa Fibra-E en el sector energético esperan invertir 120 mil millones de pesos; es decir, entre todos, desde 2009, 2011, 2015, entre todos estos instrumentos, que según esto va a ser el menú para atraer inversión privada y que detone el crecimiento económico, no suma más de 3 puntos del PIB.

Es decir, el sector privado no va a sustituir la labor de la inversión pública, y el fondo del asunto es éste, además de que estas modificaciones lo único que hacen en el fondo es darle mayor discrecionalidad otra vez a la Secretaría de Hacienda para que tenga una nueva modalidad de deuda. Lo único que ha a hacer es seguir aumentando los riesgos y no va a detonar estos proyectos para el país.

No se puede resolver un problema de transparencia con mayor discrecionalidad, y no podemos permitir que se siga con esta visión donde el Estado se retira en su obligación de ser promotor de la actividad económica.

Si queremos romper la tendencia de bajo crecimiento, que es en esta administración por cierto más bajo todavía que el promedio de los últimos 30 años, el país debería de estar invirtiendo por lo menos 30 por ciento del PIB si queremos tener tasas de crecimiento anual por encima del 5 por ciento, estamos muy lejos.
Países como China, que nos sorprende su tasa de crecimiento, es que invierten el 48 por ciento del PIB, la India 30 por ciento, Corea del Sur 35 por ciento, Alemania 30 por ciento, México entre la pública y la privada apenas está en 22 por ciento.

Es decir, estamos todavía muy lejos y la tendencia va en sentido contrario. El crecimiento en el gasto público es en gasto corriente, la inversión no crece y no tenemos crecimiento.

La alternativa que se plantea es abrir el menú de posibilidades para el sector privado, que ya vimos que en un promedio de cinco años de vida de estos instrumentos no suman ni siquiera tres puntos del PIB.

Y la solución que hoy se plantea para las APP´s que es un instrumento que funciona en todo el mundo, hoy es mayor discrecionalidad, es un voto de confianza para que el Secretario de Hacienda pueda determinar qué proyectos van y cuáles no van.

Y al mismo tiempo, hace un par de días destruyeron por completo la naturaleza de las APP´s, al convertir las obligaciones contratadas en APP´s en deuda pública. Esta ley si hoy la derogamos no pasaría absolutamente nada, porque la Ley de Disciplina Financiera, hay una nueva modalidad de deuda pública, lo cual destruye la definición originaria de una asociación público privada.

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para exponer sus argumentos.

Tiene usted el uso de la palabra señor Senador Lavalle.

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias. Con su permiso, Presidente.

Vengo a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a hablar en favor del contenido de este dictamen porque consideramos que es una buena herramienta para el desarrollo económico del país.

Los esquemas de coparticipación público privada bien implementados han sido exitosos en muchos países, y en México nos han brindado la oportunidad de potencializar las inversiones en bienes y servicios de interés público.

Estos esquemas pretenden satisfacer necesidades colectivas, con la participación conjunta de empresarios y el sector público, lo cual convierte al sector privado en un proveedor de servicios de administración pública con la obligación directa de construir la infraestructura necesaria para la prestación de servicios en los casos que así se requiera.

Asociarse con el sector privado es una buena alternativa para explotar el potencial económico de México, bajo una legislación que regula el financiamiento en la ejecución de proyectos para la prestación de servicios.

Tanto la OCDE como el Banco Mundial recomiendan la participación de los capitales privados en la generación de la infraestructura pública que provee a servicios indispensables a la población como un factor importante en la superación del subdesarrollo.

Otro elemento importante que valdría la pena resaltar resulta al desincentivar a las APP´s, es que el sector privado profundiza en la investigación y en la búsqueda de soluciones a problemas de interés público.

Con las modificaciones que estaremos votando el día de hoy, la competitividad obligará a las grandes empresas a invertir más en este aspecto, con la certeza de que sus esfuerzos resultarán atractivos para futuras necesidades o inversiones con factores de riesgo más factibles y convenientes para ambas partes.

La Ley de Asociaciones Público Privadas fue promulgada en el sexenio anterior, de hecho en el 2012, algunos de los otros legisladores ya lo mencionaron, para regular los entonces denominados Proyectos de Prestación de Servicios, o PPS, con lo que hoy se contempla en este dictamen, se amplían las oportunidades de explotar esa figura y mejorar las condiciones de negociación con el sector privado.

Como bien comentaba hace un momento y señaló el Presidente de esta comisión, el Senador Yunes, ésta no es una ley nueva, se están modificando 20 artículos, es una ley federal que por cierto cabe destacar que alguno de los ejemplos que por ejemplo daba el Senador Encinas, con el caso de Zumpango, son asociaciones público privadas estatales, provenientes y pertenecientes a leyes y legislaciones estatales, en un momento dado, una vez que se aprueben las mejoras, porque es lo que representan estos 20 cambios, las mejoras a esta Ley Federal, habría que ver si podemos exhortar a los estados, para efectos de no solamente normalizar, sino mejorar mejores condiciones en las legislaciones estatales para garantizar que den mejores resultados los modelos de asociaciones público privadas de carácter estatal.

Una aclaración de lo que mencionaba también otro Senador que me antecedió, las APP´s no necesariamente son deuda, sí están contempladas en la Ley de Disciplina Financiera, pero son una obligación, que si bien no directamente se ve reflejada como deuda pública, sí contabiliza para los sistemas de alerta de los estados y municipios, en consecuencia sí van a contar para efectos de manejar y sobre todo ver reflejado el estado de salud de las finanzas públicas de los estados y municipios de manera integral incorporando todos estos conceptos.

Yo les comentaría que considero que hay seis temas de especial relevancia que debemos señalar en estas 20 modificaciones.

Primero. El dinamismo y la generación de mayores incentivos a la inversión para disminuir las barreras y los tiempos en los cuales se pueden llevar a cabo estas asociaciones público privadas.

Se establece un techo presupuestal para realizar este tipo de asociaciones que será vigilado y fiscalizado por la Cámara de Diputados, en cumplimiento con las atribuciones constitucionales en la materia.

De hecho aquí se manejan dos tipos, las que conocíamos normalmente a partir de la reforma del 2012, que venían incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, pero ahorita se está autorizando un techo adicional para efecto de que las barreras y los tiempos bajo los cuales las APP´s no solicitadas previas al Presupuesto de Egresos pudieran, siempre y cuando cuenten con la aprobación de todos los entes involucrados y el escrutinio y el análisis de viabilidad que también se está incorporando en esta nueva minuta, puedan ser susceptibles de ser aprobadas en un menor plazo.

Los nuevos proyectos de APP que con componente presupuestario serán revisadas por la Colegisladora, realizando un análisis más detallado sobre su viabilidad.

Aquí hay que recordar, bueno de hecho el segundo elemento que me parece importante es el tema de transparencia. Me parece que una de las áreas de oportunidad más importantes que tenía la ley existente desde el 2012, es que no nos daba un esquema adecuado de transparencia y de rendición de cuentas y, sobre todo para que la ciudadanía conozcamos de manera periódica, ¿Cuáles son los APP´s?

¿Qué resultados está dando?

¿Cómo están participando?

Y sobre todo, bajo qué primicias y estándares de viabilidad homogéneas se están llevando a cabo en los diferentes aspectos o instituciones públicas en los cuales se desarrollen.

Estas APP´s que no estén solicitadas también corrigiendo, me parece uno de los puntos que señalaba una de las personas que me antecedió, es que van a estar al contrario, van a estar más supervisadas y más fiscalizadas que las convencionales, porque una a una tendrán que ser revisadas y, en su caso, aprobadas por la Comisión de Gasto y Financiamiento, por el escrutinio del Ejecutivo Federal, por el escrutinio de la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Presupuesto y, ahora a través de los instrumentos de transparencia, todos los ciudadanos conoceremos con un reporte detallado que la Secretaría de Hacienda de manera trimestral informará al Congreso y nos dará a conocer a todos los mexicanos.

Entrando más al tiempo de transparencia, la Secretaría de Hacienda, con estos reportes trimestrales, explicará también a través de un formato con datos abiertos el análisis de viabilidad con el cual deben de contar estos proyectos para efecto de ser aprobados.

Y aquí entro al tema del análisis de viabilidad, una de las principales medidas que se establecen con esta reforma es la responsabilidad que le daremos ahora a la Secretaría de Hacienda, para llevar el registro y publicidad de los proyectos donde se incluirá el análisis de conveniencia o viabilidad de esto. Me parece que es el tercer elemento que debemos de rescatar de manera muy importante.

4. La armonización con otras reformas como la energética, hace rato también se señalaba que pareciera un error el incorporar a la nueva figura que creamos en la reforma energética que son los organismos reguladores coordinados.

Aquí hay que recordar dos cosas, primero que nada, sería falso que un Organismo Regulador Coordinado fuera empezar a explotar hidrocarburos o hacer actividades de exploración. Ellos son los que regulan el mercado.

El incorporar a la CRE y al CNH en este modelo es simple y sencillamente normalizar y homogenizar la nueva nomenclatura con estas instituciones que creamos en la reforma enérgica. Hay que recordar que estos eran organismos descentralizados y organismos desconcentrados.

Hoy creamos la nueva figura de organismos reguladores coordinados y estamos simple y sencillamente subiéndolos a esta ley donde sí se contemplaba, y definitivamente estaría totalmente exenta la posible participación directa en actividades de exploración y producción. Eso es totalmente falso y no hay manera de que eso se lleve a cabo, porque además es una prohibición específica de la reforma energética.

5. Me parece que de manera integral a través de los cuatro puntos anteriores, estamos fortaleciendo los mecanismos de autorización, no solamente con los análisis de viabilidad, no solamente con la parte de transparencia, sino por el escrutinio al cual van a ser sometidos uno a uno todos los proyectos no solicitados.

Y por último, el número 6. Me parece que se genera una mejor interacción y transparencia entre el Congreso y el Ejecutivo Federal. Con ese tipo de modificación lo que estamos logrando es que de manera trimestral el Congreso y los Diputados conozcan de manera detallada cualquier actividad en esta materia que quisiera impulsar a solicitud de la iniciativa privada el gobierno federal.

De esta manera, pues ya no será a través del PEF anual, sino de manera trimestral con un reporte detallado que es precisamente lo que requiere en uno de los artículos y modificaciones que se están haciendo en esta minuta.

Es por eso que Acción Nacional, la relación y la participación pública del sector privado, es importante y trascedente para involucrar a todos los actores en el desarrollo del país como se ha repercutido en diversas ocasiones.

El gobierno requiere del esfuerzo conjunto de la industria, las inversiones y la ciudadanía, para consolidar los proyectos que México necesita para mejorar la vida y el entorno de todas y todos los mexicanos.

De este modo, Acción Nacional votará a favor del dictamen y en favor de generar mayor inversión para el desarrollo de México.

Muchas gracias, muchas gracias Senador.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, a usted.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Manuel Cavazos Lerma, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exponer sus motivos en relación a la minuta que se está discutiendo el día de hoy.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchas gracias, Senador Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores: Este posicionamiento incluye cuatro puntos.

Primero, haremos algunas precisiones sobre lo que aquí se ha dicho.

Segundo, hablaremos de cuál es el objetivo general y el objetivo específico de estas modificaciones a la Ley de Contrato de Asociación Público Privadas.

Tercero, ¿qué se va a hacer para lograr estos objetivos generales y específicos?

Y, cuarto, ¿cuáles son las ventajas que ofrecen estas modificaciones de esta iniciativa y que nos permiten votar a favor de la misma?

Primero, algunas precisiones.

Esta es una ley federal, no es una ley local.

Segundo, no es una nueva ley, son modificaciones a la ley ya existente.

Tercero, en doctrina jurídica las funciones no son delegables, los bienes, las obras y los servicios sí se pueden delegar, esta ley sólo habla de obras, bienes y servicios, pero no de funciones; las funciones, repito son indelegables.

Cuarto, esta es una ley que complementa, enriquece y engrandece el gasto público, no lo elimina, no lo erradica, no lo desaparece.

Quinto, el Estado aumenta su papel de promotor del crecimiento vía las inversiones, y no abdica de esta función que por su naturaleza es indelegable.
Otra precisión.

La economía es la ciencia de la escasez, la economía existe porque las necesidades son mayores que los recursos, por lo tanto, si aumentamos los recursos disponibles, aumentamos el potencial para satisfacer necesidades; si aumentamos los recursos públicos, aumentamos la capacidad del Estado para satisfacer necesidades públicas.

Esta ley permite aumentar esos recursos para satisfacer más necesidades públicas.

Ese es el objetivo general de la Ley de APP’s.

Y el objetivo específico de estas modificaciones es hacer más ágiles, más eficaces, más eficientes las reglas, los mecanismos y los procedimientos presupuestarios para que las aprobaciones de propuestas de APP’s sean más numerosas, más transparentes, más rentables socialmente y más en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo.

Este es el punto dos, ¿cuál es la naturaleza general y la naturaleza específica de los objetivos de estas modificaciones?

Punto tres. Para lograr estos objetivos específicos, estos cambios en análisis buscan, primero: Agilizar los procesos de preparación y autorización de los proyectos APP´s, así como su gestión presupuestaria.

Segundo. Definir los procesos de autorizaciones que resulten necesarios para atender y para estructurar proyectos de APP’s.

Tercero. Establecer reglas más claras para los contratos y para su ejecución.

Para lograr estos objetivos la iniciativa propone:

Primero, qué tipo de autorización se necesita para cada tipo de asociación público privada.

Y aquí se establecen tres tipos:

Primero, aquellos proyectos que se financian con recursos presupuestarios.

Segundo, aquellos que se financian con recursos federales no presupuestarios.

Y, tercero, aquellos que se financian con recursos privados, es decir, son autofinanciables.

Cada tipo tiene requisitos de tramitación diferentes.

Para el primer tipo, el que utiliza recursos presupuestarios se requiere:

Primero, un dictamen de viabilidad de la entidad o dependencia encargada.

Segundo, obtener el registro en la cartera de inversiones de Hacienda.

Y, tercero, la autorización por la comisión intersecretarial de gasto público, financiamiento y desincorporación.

Para el tipo dos, que requieren recursos federales no presupuestarios sólo se requieren dos requisitos:

El dictamen de viabilidad y el registro en la Cartera de Inversiones de Hacienda.

Para el tipo tres, que son las autofinanciables, sólo se requiere un requisito, el dictamen de viabilidad por parte de la entidad o dependencia encargada.

Segundo punto. Para ser viables estos objetivos, que la Cámara de Diputados, a propuesta de la Secretaría de Hacienda, apruebe un techo presupuestal para los nuevos proyectos, así como para los que han sido aprobados en ejercicios anteriores.

Tercero. Esta modificación hace más ágil el proceso de autorizar proyectos APP´s, porque antes sólo se podrían autorizar en el presupuesto y los que no quedaban autorizados tenían que esperarse hasta el otro presupuesto.

Ahora se pueden aprobar todo el año, sujeto al monto autorizado, no se sustituye la función indelegable de la Cámara de Diputados de aprobar el presupuesto.

Además, los presupuestos que se aprueben en el curso del año, tendrán que ser informados en el informe trimestral que rinde el Ejecutivo al Congreso de la Unión.

Cuarto. En materia de propuestas no solicitadas. Es decir, una entidad o dependencia dice: Necesito esta obra, este servicio. Y presentan propuestas. Pero alguien dice: Tengo una propuesta mejor. Y esa es una propuesta no solicitada.

Éstas también deben de aparecer públicamente en el Diario Oficial, en la página de internet de la Secretaría y en el informe trimestral.

De manera que esta ley aumenta la transparencia y hace más eficaces y más eficientes las APP´s.

Quinto instrumento. Para hacer realidad estos objetivos, esta reforma otorga certidumbre a dependencias y entidades y también a los particulares sobre las propuestas que reciben las entidades y dependencias.

Sexto instrumento. Se aclara que los contratos de APP´s, deben indicar los efectos de la recesión y de la terminación anticipada de los contratos cuando no se ajustan al interés público, al interés social, al interés nacional, y además, enriquece la figura de la intervención, para indicar que la entidad o dependencia responsable será acreedora de todos los ingresos del proyecto, mientras dure esta intervención.

Y séptimo. Se otorga la transparencia en el otorgamiento de las APP´s, porque se publica la información en el Portal de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda. Y todo esto se informa en los informes trimestrales que rinde al Congreso el Titular del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda.

Cuarto punto. ¿Cuáles son los beneficios o ventajas de estas modificaciones que nos hacen estar a favor del proyecto?

Primero. Permite autorizar durante todo el ejercicio fiscal proyectos de Asociaciones Públicos Privadas de carácter presupuestario.

Segundo. Brinda mayor certeza jurídica a los inversionistas y al Estado mexicano.

Tercero. Fortalece los procesos de transparencia y rendición de cuentas.

Cuarto. Establece reglas más claras a los contratos y a su ejecución.

Quinto. Plantea que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación deberá indicar el monto máximo del gasto programable para los proyectos APP´s y agregar el listado autorizado por la Comisión Intersecretarial.

Sexto. En los montos máximos se deben contemplar los compromisos de pagos requeridos, tanto por los nuevos proyectos como por los proyectos anteriores.

Séptimo. Coadyuvará a mejorar la eficacia, la eficiencia, la congruencia y la calidad del gasto público.

Si el fin de la política, si el fin del Estado es aumentar el bienestar de la población, estas modificaciones permiten aumentar la inversión, permiten aumentar el empleo, permiten aumentar el crecimiento, permiten aumentar el ingreso disponible de las familias, permiten proporcionar más y mejores servicios públicos y permiten, por tanto, mayor bienestar.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador.

Para la discusión en lo general, han solicitado el uso de la palabra:

La Senadora Martha Tagle Martínez.

La Senadora Dolores Padierna Luna.

El Senador Marco Antonio Olvera Acevedo.

El Senador Mario Delgado Carrillo.

En ese sentido, tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Tagle Martínez, hasta por 5 minutos.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, Presidente.

Mi posicionamiento, en este momento, es en contra del presente dictamen, en virtud de que desafortunadamente, como suele suceder en la política mexicana y a cargo de algunos políticos, las buenas intenciones siempre terminan desvirtuándose.

Cuando en el 2012 se aprobó la Ley de Asociaciones Público Privadas, fue con la intención de generar mecanismos de financiamiento que precisamente no tuvieran como fin privatizar servicios públicos y el desarrollo de diferente obra pública. Era una medida intermedia entre generar y desarrollar obra a través de los recursos públicos, y privatizar ese tipo de servicios públicos. La medida intermedia eran las asociaciones público privadas.

Desafortunadamente, a 5 años de que ha entrado en vigor esta nueva modalidad de asociaciones público privadas, hay que decir que se han desvirtuado completamente, y se han convertido en un mecanismo para que los gobernadores, entre otras cosas, puedan generar por esta vía una bolsa, una bolsa de recursos para sus campañas, y si no, veamos el caso de Puebla, que es uno de los más ejemplares.

También ésta ha servido, este tipo de asociaciones público privadas, ha servido para hacer obras monumentales de no interés público, pero que sí pueden permitir a los políticos seguirse promoviendo en busca de otros cargos.

Y desafortunadamente, esta reforma que se planteó hoy acá, no tiene, como se ha venido a decir en múltiples ocasiones por quienes me han antecedido, el interés de limitar este tipo de perversiones de las asociaciones público privadas; no tiene como fin transparentar los recursos, sino flexibilizar la posibilidad de que precisamente sea ahora el Secretario de Hacienda “Todo Poderoso”, para decir a quién apoya políticamente.

Sí, eso es lo que se está aprobado el día de hoy, que haya mayores facilidades para que a través de estas reformas se pueda seguir haciendo algo que es realmente lamentable, que es hacer de lo público un negocio privado, y eso es lo que está sucediendo con las asociaciones público privadas, hacer del bien público un negocio privado a costa, además, de endeudar a la ciudadanía, porque se ha negado una y otra vez que no constituye deuda pública, y hace 2 días, justamente, en la definición de obligaciones de la Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios, se estableció ahí: “Que dentro de las obligaciones que pueden constituir deuda pública, se encuentran las asociaciones público privadas”.

Entonces, no pretendamos engañarnos entre nosotros. Las organizaciones especialistas en el tema han manifestado que esta reforma no puede aprobarse porque pervierten el proceso presupuestario.

Es decir, ya las modificaciones que se tengan que hacer en los montos y a quienes van dirigidos, no pasará por la Cámara de Diputados sino por la oficina del Secretario de Hacienda.

Promueven el desvío de los recursos públicos, pues, les digo, se generan contratos a modo de los gobernadores, y si no también revisemos el tema de las foto-multas, que en cada estado están generando contratos a modo de los gobernadores, justamente para desviar el uso de recursos públicos, y ocultan el déficit de la cuenta pública.

Esas son algunas de las observaciones que organizaciones como México Evalúa, están haciendo a este dictamen, y espero que así como en otros temas, también escuchen lo que dice la sociedad civil organizada.

Es cuanto.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos.

Tiene usted el uso de la palabra, distinguida Senadora.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Pues, los promotores de estas figuras, aquí han dicho que las APP´s facilitan la prestación de servicios que no pueden prestar los gobiernos; si no pueden hay que quitarlos y poner a algunos que sí puedan, que los riesgos de las inversiones se transfieren al sector privado, les voy a demostrar que no en un montón de ejemplos.

Que los servicios que presta el sector privado son de mejor calidad.

La Auditoria Superior de la Federación demuestra lo contrario.

Que las inversiones de este tipo no se contabilizan como deuda pública.

La propia Auditoria Superior de la Federación, la propia Secretaría de Hacienda y la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes dicen que es deuda pública y están pidiendo la suministración de esos pagos, dicen que se reduce el gasto público y que se tiene que demostrar que como ya no hay dinero para inversión tienen que entrarle los privados, en eso sí tienen mucha razón.

La tasa de inversión, la caída de inversión pública, ha sido una constante en toda la época neoliberal, viene a un ritmo, tan sólo en el último estudio de 1993 a 2014 se ha venido reduciendo en un 1.5 por ciento promedio anual, y esta caída de inversión es deliberada para justamente hacer los negocios con el sector público, y el sector público no viene a invertir para no sacar nada, no son varones de la caridad, vienen a invertir para sacar la más alta rentabilidad que se pueda, esa es la naturaleza del capital privado, no estoy criticando eso, esa es su naturaleza de la empresa, lo que no es correcto, lo que no es aceptable es que el Estado renuncie, decline a sus facultades, a sus funciones y las delegue al sector privado, y lo cierto es que las asociaciones público privadas son un mecanismo de financiamiento que no ha beneficiado a la población.

Quiero poner algunos ejemplos.

En enero de 2013, en el municipio de Rosarito, se firmó un contrato con la empresa CUC Light por más de 102 millones de pesos para el reemplazo de 6 mil 92 luminarias, con una asociación público privada.

Ese monto se pagaría en 15 años, pero ya con intereses rebasa los 300 millones de pesos, es decir, cada luminaria sale en 50 mil pesos, pero para colmo, a casi un año de la firma del contrato, sólo se habían instalado 500 luminarias, menos del 10 por ciento, y ya estaba totalmente pagada.

Incluso Silvano Abarca, el nuevo presidente municipal, dijo que iba a defender a Rosarito del saqueo del gobierno anterior, se refería al anterior presidente municipal que cometió, en efecto, a través de esta APP un enorme fraude al municipio de Rosarito.

En el caso de tres hospitales regionales de alta especialidad federal: el Bajío, el Bicentenario, el Tamaulipas y el de Ixtapaluca, cuatro ejemplos en el Estado de México, y uno estatal en Zumpango, Estado de México, se demuestra que el monto de los contratos, el costo de la obra con equipamiento y el costo de la obra, hecho por el gobierno, hubiera tenido, si el gobierno contrata un crédito con Cetes, hubiera tenido un crédito a diez años y hubiera hecho estos hospitales el gobierno, el costo excedente sería menor al que se hace a través de los privados.

El costo excedente bajo el esquema de asociaciones público privadas suma más de 12 mil millones de pesos equivalente a otros 12 hospitales de alta especialidad, y para colmo dos de estos hospitales federales terminados no se concluyeron a tiempo y el arranque de prestación de servicios médicos ha sido lentísimo.

El hospital de El Bajío se inauguró en marzo de 2007, y en agosto de 2010 apenas alcanzaba el 35 por ciento de las metas pactadas en el convenio de asociación público privada.

Ese es un ejemplo.

Otro más, la propuesta que hizo Carlos Slim a través de una figura de asociación público privada que se llama Ideal, que requerirá una inversión de 7 mil millones de pesos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes garantizó a Ideal ya le dio, todavía no se aprueba la ley, pero ya le dio 36.5 millones de pesos, más IVA, por los diversos estudios técnicos que está realizando Ideal, y esta obra no fue solicitada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para construir y operar por 30 años la autopista Las Varas-Puerto Vallarta, la cual se encuentra ya en proceso de licitación, y el próximo 14 de abril darán el fallo. Es una autopista de 90 kilómetros y el fallo se dará el 14 de abril para los trabajos de construcción que iniciarán el 23 de agosto.

Este es un caso muy especial que ya contiene los cambios que se hacen a esta ley, porque ahora los particulares pueden decirle al gobierno qué hacer, ya no el gobierno mediante el Plan Nacional de Desarrollo, ya no es el plan estratégico que tengan las Secretarías, no, ahora son los particulares que quieren hacer un negocio, van y se lo proponen al gobierno, y el gobierno se los acepta.

Otro ejemplo es el puente fronterizo en el aeropuerto de Tijuana-San Diego. El esquema de asociación público privada para hacer este puente fronterizo en el aeropuerto de Tijuana, que conecta con San Diego, es un nuevo sistema que busca implementar y construir nuevas garitas entre México y Estados Unidos. Así lo aseguró el Presidente de The Border Group, Mario López. El nuevo cruce es con un nuevo financiamiento de asociaciones público privadas.
El acueducto Monterrey 6, es una construcción de 372 kilómetros de longitud, cinco estaciones de bombeo que inician en San Luis Potosí, cruzan por Veracruz y Tamaulipas, hasta llegar a Linares, Nuevo León. Tuvo un costo de 47 mil millones de pesos mediante un esquema de asociaciones público privadas.

En el informe de la cuenta pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación encontró múltiples irregularidades en la APP que llevaría a cabo este proyecto. Los funcionarios omitieron realizar las gestiones para hacer pública la información de este proyecto. No hay seguimiento del impacto en las finanzas públicas, no hay evaluación del costo-beneficio, entre otras irregularidades que encuentra la Auditoría.

La Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública 2013 detectó proyectos que implican compromisos financieros por 25 años para el Estado, en al menos doce hospitales regionales de alta especialidad.

Estos proyectos no se reconocen como deuda pública a pesar de serlo; que no se revelan en la cuenta pública al no registrarse como un pasivo de la Secretaría de Salud.

La Auditoria Superior de la Federación recomienda en estos doce casos, que se reconozcan financiera y contablemente las obligaciones que se han contraído con estas asociaciones público privadas, porque representan deuda pública.

El Hospital General Doctor Gonzalo Castañeda Escobar es un proyecto de asociación público privada para la demolición, construcción, equipamiento, mantenimiento y prestación de servicios de atención médica.

La Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2014 encontró que el ISSSTE no realizó el análisis ni la evaluación para verificar que este modelo financiero cumpliera con los requisitos de la licitación. Además determinó que la contraprestación de 7 mil 550 millones de pesos, difiere en 523 millones con la pactada.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anualmente incorporará al Presupuesto de Egresos de la Federación, el monto para pagar al privado bajo el rubro de gasto corriente, hecho que es un financiamiento.

Todo esto lo dice la Auditoría Superior de la Federación, no Dolores Padierna.

Dice la Auditoría que se está registrando como gasto corriente a pesar de ser un financiamiento, pero que no se registra así para que no se reconozca como deuda. Entonces este proyecto pide que sea cancelado, y creo que se canceló en noviembre de 2015, pero se erogaron recursos que fueron al caño de la corrupción.

La construcción de ocho Ceferesos, ocho cárceles para proveer además de alimentación, laboratorios médicos y jardinería.

El Tercer Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Guillermo Andrés Aguirre, comentó que estos contratos elevan el gasto público. Hubo un incremento en el costo de 350 pesos promedio por interno al día, a 650 pesos promedio por interno al día, o sea, más del doble.

Los contratos no se conocen, argumentando que es un caso de seguridad nacional, pero el diagnóstico arrojó múltiples irregularidades y deficiencias por parte del inversionista privado.

La remodelación del Auditorio Metropolitano y el Museo Internacional Barroco en Puebla. En la Cuenta Pública 2013, la Auditoría Superior de la Federación determinó daños por 22.3 millones de pesos por obra no ejecutada. Pidió aclarar el proyecto de prestación de servicios de este museo porque encontró daños a la Hacienda pública, aclarar al menos 9.6 millones de pesos que no formaban parte del proyecto inicial y valorar si es conveniente un proyecto público privado, y la Auditoría solicitó, remata diciendo que no se requiere una asociación público privada para el desarrollo de esta obra.

Otra más, compromisos carreteros hay un tomo completo en la Auditoría Superior de la Federación. Déjenme dar algunos ejemplos:

El tramo carretero Querétaro a Irapuato, la Auditoría Superior sugiere que la Secretaría de Transportes considere todas estas carreteras como deuda pública.

Léanlo en el tomo Secretaría de Comunicaciones y Transportes, todas las observaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación en todas las cuentas públicas, esta es la de 2013, vienen todas las observaciones y cómo todas son asociaciones público privadas y todas generan deuda pública.

Ello por los Senadores que vienen aquí a decir que son obligaciones de pago, pero que no son deuda pública, cómo se explica eso. En las carreteras federales de cuota las APP´s, en la Cuenta Pública 2013, dice la Auditoría Superior de la Federación que las que fueron hechas mediante asociaciones público privadas son un mecanismo de financiamiento de largo plazo que instrumenta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyos compromisos de pago no se trasparentan, no aparecen ni en los registros de la propia dependencia, por ende no están contabilizados ni como deuda pública, ni como otra cosa, son negocios que se pagan con recursos públicos a los privados.

Y dice la Auditoría Superior de la Federación que no está en ningún registro. Este mecanismo oculto, opaco no permite distinguir cuánto dinero de los pagos hechos a particulares corresponden a gastos de inversión, que sería la obra pública, y cuánto dinero sería a gasto corriente, que sería la prestación de servicios, esto lo dice la Auditoría Superior de la Federación.

Propiciándose todo ello en total opacidad, el tipo de concepto de gasto, el monto real de los pasivos, que están comprometidos con cargo al Erario Público. En la Cuenta Pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación hace una serie de consideraciones a las asociaciones público privadas que no se identifican una serie de ejes que son irregulares, que no hay justificación suficiente de la factibilidad de los beneficios de este modelo de contratación con otras formas de financiamiento, que no hay mecanismos de transparencia que permitan determinar los precios ofertados por maquinaria, mano de obra o equipo, que no se puede valorar si son precios de mercado o no, que no hay claridad en la desagregación de los elementos que integran los proyectos, que no se conoce el costo total de los proyectos, etcétera.

Miren, tengo aquí hojas y más hojas, ejemplos y ejemplos de muchas APP´s. Terminaré diciendo, las asociaciones público privadas no privatizan empresas, organismos o entidades públicas a veces; pero sí privatizan directamente los servicios públicos que corresponden al Estado.

Las dependencias públicas sirven de aval o de garante de inversiones privadas, son instrumentos concentradores de la riqueza y generadores de pobreza, su principal objetivo consiste en enriquecer al sector privado encargándole realizar tareas que corresponden al Estado, pero todo esto es con cargo al pueblo de México.

Para un privado no es negocio brindar servicios públicos, pero sí es negocio tener un contrato con el aval del gobierno para prestar dichos servicios por cuenta y orden del gobierno, es decir, del pueblo de México.

Las APP´s representan voluminosos sobrecostos, no ahorran dinero público, todo lo contrario, el sector público termina pagando más, y está demostrado en la Auditoría Superior de la Federación, por cada una de las asociaciones público privadas que se han firmado. Los resultados de estas asociaciones son negativos porque sólo buscan la rentabilidad, la ganancia máxima de los privados, pero eso es ajeno al servicio público, que es uno de los fundamento de la existencia del Estado.

Las APP´s se implementan en otras partes del mundo y se está demostrando que sólo responden a intereses de las multinacionales. Así se degradan los servicios públicos, se privatizan las actividades del Estado y el bienestar social es sólo una mera teoría, un discurso engañoso, representan deuda contingente.

Las APP´s son un mecanismo de financiamiento que no causan una presión inmediata, pero sí se coloca en la deuda contingente, y detrás de estos contratos está la voluntad de acomodar al sector privado, al presupuesto público con otro instrumento más de los muchos que ya hay, que son sólo negocios lucrativos que suplantan al Estado.

Les recomiendo varias lecturas, a John Saxe-Fernández, muchos autores hacen un análisis científico, técnico, financiero de estos instrumentos, no tienen nada de positivo para funciones públicas, es solamente negocios privados al amparo del poder público.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Esta Presidencia saluda la presencia de un grupo de alumnos de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Benemérita Universidad de Guadalajara, quienes acuden a esta sesión para observar el contenido del debate.

Son ustedes bienvenidos.

(Aplausos)

A continuación tiene el uso de la palabra el Senador Marco Antonio Olvera Acevedo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para exponer sus argumentos en favor de la minuta que se discute.

El Senador Marco Antonio Olvera Acevedo: Con su permiso, señor Presidente.

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras.

Sin duda el Senador Manuel Cavazos, hizo una precisa exposición de porqué votar a favor de este dictamen.

Tiene por objeto fundamental fortalecer el marco jurídico para la participación privada. Aquí el tema ha sido, por un lado reconocer la necesidad de recursos que tienen los gobiernos, y por otro lado el abuso.

Comparto, y creo que eso es parte de lo que tenemos que revisar y por eso reconocer que las asociaciones público privadas permiten estas inversiones a largo plazo, y bueno el propósito es tener los recursos para poder realizar obras de infraestructura que en condiciones normales no se puede hacer y no cuenta con los recursos el gobierno para llevarlas a cabo.

Es importante también señalar que es una alternativa que responde a esa demanda y a esa astringencia de recursos de los gobiernos.

Por eso tenemos que pensar en que este modelo tiene que utilizarse de manera positiva, y parte del trabajo que tenemos que realizar es acotar, es establecer un marco jurídico que nos permita que este tipo de proyectos se realicen con transparencia y con eficacia. No estamos impulsando un modelo para hacer las cosas mal, ni para estimular la corrupción.

Por eso la Secretaría de Hacienda tiene la obligación de presentar, de publicar en su portal de transparencia, la información y el análisis de viabilidad de todos los proyectos de esta naturaleza.

También el momento de la presentación del Presupuesto de Egresos debe de incluir los montos máximos, no se trata de dejar todo libre. Y también la Comisión Intersecretarial de Gasto Público y Financiamiento debe de participar en esto.

Se plantea la creación de un capítulo específico en el Presupuesto de Egresos, relacionados con los compromisos que ya existen, y también se abona a la transparencia de los gastos relacionados con este tipo de proyectos.

Un elemento que abona es que la Secretaría de Hacienda debe de presentar su informe trimestral ante el Congreso de la Unión. Aquí es donde tenemos que tener presente la necesidad de vigilar y de darle seguimiento a este tipo de proyectos, pero darle seguimiento.

También hay que revisar la viabilidad económica de los proyectos, no se trata de abrir la puerta para que cualquier interesado invierta o nos maneje esa bondad de invertir en un proyecto de esta naturaleza.

No se trata de quitarle al Estado su responsabilidad, se trata de acercarle recursos que no tiene para cumplir con obras de cierta naturaleza y de cierta envergadura. Pero no es la intención quitarle la responsabilidad en su función como gobierno o como Estado.

Tenemos que reconocer que hay una astringencia de recursos, ojalá y tuviéramos recursos de sobra y entonces no tendríamos la necesidad de recurrir a este tipo de modelos.

Se establece en la aprobación también de los proyectos y para ello se plantea que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, analice los proyectos que han sido dictaminados en sentido favorable por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público y Financiamiento.

Tenemos que reconocer que en las modificaciones planteadas es un esfuerzo que estamos realizando desde aquí, y es una alternativa más; es una alternativa para impulsar obras de infraestructura y servicios que el gobierno no puede hacer por sus propios medios.

Se busca perfeccionar y acotar la aplicación y el papel de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público y Financiamiento. Se establece el capítulo de Presupuesto de Egresos en la Cámara de Diputados; asimismo, los informes.

Se busca mejorar este instrumento, ese es el propósito para que haya una mejor operación que se facilite la operación, pero además que haya una transparencia y eficacia en los objetivos que se persiguen.

El tema fundamental es que estamos buscando la manera de acercar recursos al Estado para que pueda enfrentar retos y pueda desarrollar obras de infraestructura que su desarrollo requiere.

Comparto la preocupación que tienen, quienes me han antecedido en el uso de la palabra, en lo que se refiere al abuso y a la corrupción. Estoy totalmente de acuerdo y no vamos a estimular eso, tenemos que evitarlo, por supuesto, es parte de lo que tenemos que hacer aquí.

Entonces, debemos de perfeccionar estos modelos, pero finalmente tenemos que reconocer que estas reformas nos llevan a perfeccionar y a impulsar la trasparencia y la eficacia de las asociaciones público privadas.

Por esas razones, nosotros los Senadores y Senadoras del Partido Revolucionario Institucional, votaremos a favor del presente dictamen.

Con ello queremos contribuir a simplificar y transparentar los esquemas de inversión de este modelo. Ese es el objeto.
Por eso les invito a que votemos a favor de este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador.

A continuación tiene el uso de la palabra el Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para exponer sus argumentos en contra.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Compañeros, Compañeras.

Yo creo que no podemos generalizar.

Esto es simplemente un instrumento de inversión y el problema aquí son los abusos que se han dado utilizando esta figura. Es decir, la deuda es mala o es buena, o sea, no podríamos generalizar diciendo que la deuda es mala; es que uso hagamos de ella.

Hay casos de éxito de asociaciones público privado, ya mencionaba uno aquí Alejandro Encinas. Yo quisiera recordar otro en la Ciudad de México, como la Ciudad de México no tenía los recursos suficientes para hacer una obra, por ejemplo, como el reencarpetamiento de todo el Circuito Interior con concreto hidráulico.

Siempre las decisiones de inversión de los gobiernos tienen una visión de corto plazo. Lo que permiten este tipo de contratos es hacer una evaluación en el largo plazo.

Si la Ciudad de México hubiera hecho una evaluación de corto plazo, por ejemplo, la obra del Circuito con concreto hidráulico, no hubiera sido posible. Hubiera tenido que decidir si hacía cinco kilómetros con concreto hidráulico o hacia los más de veinte kilómetros con pavimento.

A partir de los montos que tenía para invertir en cada año, pues está obra se hubiera tardado aproximadamente ocho años en hacerse con concreto hidráulico.

Se hizo en un año, usando un contrato de prestación de servicios que además incluyo el mantenimiento con luminarias, con áreas verdes del Circuito y ha estado el tiempo en que se construyó en un tiempo record, y se tuvo condiciones muy buenas durante el tiempo que duró el contrato.

Es un contrato que se hizo con trasparencia donde hubo competencia, donde hubo un desglose de costos y que trajo claramente beneficios que hubiéramos tenido que esperar varios años, los trajo al presente.

El problema es esto, es la corrupción.

El problema de esto, es la falta de transparencia.

El problema de esto, es que no hay una legislación nacional que ponga orden a lo que está pasando en distintos estados, entonces, parece más bien que es un instrumento para la corrupción. Solamente en México se puede plantear, por ejemplo hacer un museo, como lo planteaba, como puso el ejemplo, la Senadora Dolores Padierna, un museo viene una APP, se desvirtúa por completo la figura para esconder grandes negocios.

Ahora, el problema de esta ley, el problema de las modificaciones que estamos haciendo hoy, es que no abonan para corregir eso; es que un problema claramente de transparencia se quiere resolver con mayor discrecionalidad, debería de ser todo lo contrario.

El desglose que plantea aquí de las asociaciones público privadas a nivel federal o con el presupuesto público no sirve de nada, es un mecanismo para darle la vuelta a la calificación de los proyectos, el desglose debería ser con las distintas opciones que se tienen de hacer este tipo de asociaciones como prestación de servicios a largo plazo, coinversiones donde incluye activos del gobierno, en fin, las distintas modalidades y hacerlas más claras y específicas para obligar a la transparencia.

Las reglas que existen en la Ciudad de México, por ejemplo, son muy superiores a lo que se establece esta ley.

Entonces, no va en un sentido que vaya a beneficiar este tipo de figuras, otra vez, es una vía burda de la Secretaría de Hacienda para tener un techo adicional de endeudamiento, y eso es lo que ya no podemos permitir, porque incluso pasa por la posibilidad de que estos instrumentos de inversión pudieran, sí, eventualmente ayudar al desarrollo de infraestructura, a acelerar, sobre todo acelerar el desarrollo de infraestructura.

De por sí, la Secretaría de Hacienda ya se queda con los remanentes del Banco de México, toma lo que quiere de parte de Pemex, tiene un ritmo de endeudamiento de 10 puntos del PIB en tres años, lo cual es una cosa que no se había visto.

Es decir, la deuda que ha tomado Peña en tres años, equivale al saldo histórico que teníamos hasta 2008.

Luego, amplía el concepto de déficit público, es decir, esta definición que se tenía de déficit tradicional y déficit ampliado, ahora la viola para tener un montón de déficit adicional.

Y, ahora, pues viene con esto, que es un techo adicional de deuda. Entonces, eso es lo que deberíamos no permitir.

No se puede aprobar un monto general, y que Hacienda decida, tiene que estar sujeta a la aprobación y al escrutinio proyecto por proyecto, fue la misma propuesta que hicimos en el caso de la deuda de los estados, que se dejaran de aprobar montos para que se aprobaran proyectos, para que los congresos estatales evalúen proyectos para que el congreso general evalúe proyectos y no darle un cheque en blanco al Secretario de Hacienda y que él decida, con la evaluación de la dependencia si es conveniente o no la asociación público privada.

Una cosa que estamos pidiendo también en las reservas es, que presenten un análisis, ¿por qué se está recurriendo a esta modalidad de financiamiento para esa inversión?

O sea, sí tendría que demostrarse que una asociación pública privada en determinado proyecto va a traer ventajas al interés público; si no se logra documentar eso, entonces, no tendría por qué hacerse, y eso abona a la transparencia, tendría también que haber, en todo caso, siempre en el proceso de licitación tendría que haber competencia, es decir, no podrían hacerse asignaciones, porque entonces es imposible demostrar que es la mejor opción para el interés público.

El Hospital de Zumpango, que planteaba aquí el Senador Encinas, si quisiéramos darle el beneficio de la duda, no sabemos si es caro o barato los servicios que están dando, ¿por qué? Porque no se puede comparar contra nada, no hay otro proyecto que digamos.

Entonces, sí nos conviene esta opción, y además, como se engloba el concepto en un servicio, no se pueden desglosar costos, no sabemos cuánto corresponde al abono que se hace de la inversión original, el activo físico, por ejemplo, en este caso la construcción del hospital, que esa inversión en el activo, tiene que irse pagando en 20 años. No sabemos cuánto corresponde al costo financiero de esa inversión en el activo físico, y no sabemos cuánto corresponde a la prestación de los servicios.

Entonces, este englobamiento pues se aprovecha para la corrupción, pero no es en sí que la APP pues sea un mal instrumento, es cómo se utiliza, para qué se utiliza, y los abusos que se hacen de la misma.

Es una propuesta que estamos haciendo.

También, todos los proyectos aquí, hay que modificar lo que se quiere aprobar hoy. No puede haber excepciones por el origen del financiamiento. Todos los proyectos tienen que pasar por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, financiamiento y desincorporación para que sean aprobados todos los proyectos por la Cámara de Diputados. No se vale que por el origen del financiamiento unos pasen y otros no, porque al final del día todos se van a constituir como una obligación.

Y la otra, había dicho yo, que pues esta ley pierde todo su sentido porque cambian la naturaleza de una Asociación Público Privada; una Asociación Público Privada, obliga a la reorganización del gasto corriente, la evaluación de los mismos se hace a partir del presupuesto que se tiene del gasto corriente para la prestación de determinados servicios.

Si esto se vuelve deuda pública, esa evaluación se pierde, ya no tiene sentido. Y es el gran error que se comete en la Ley de Disciplina Financiera, donde en el artículo 2, dentro de las definiciones, se plantea que obligaciones son los compromisos de pago a cargo de los entes públicos derivados de los financiamientos y de las Asociaciones Público Privadas, cuando el artículo 73 también que modificaron, define o reconoce dos especies de deuda pública, las obligaciones y los empréstitos. Entonces la definición que hacemos de obligaciones, bueno, que hicieron en la Ley de Disciplina Financiera es la de las Asociaciones Público Privadas.

Hay un cambio en la naturaleza de esta figura. Me parece un grave error, y lo que hoy, la verdadera reforma de las Asociaciones Público Privadas ya la dieron en la Ley de Disciplina Financiera. Esto va a ser opcional. Esto le ayuda nada más al Secretario de Hacienda a tener una bolsa extra para decidir proyectos, pues que va a determinar de manera absolutamente discrecional, porque la evaluación la hacen las dependencias.

Entonces, pues no creo que esto vaya a ayudar a generar mayor inversión. Creo que simplemente se utiliza para darle, pues mayor poder de control político al Secretario de Hacienda y para taparle el ojo al macho del verdadero problema, que es la retirada, pensada, diseñada y ejecutada por parte de este gobierno, de retirar al Estado como promotor del desarrollo económico. Es esta idea, de que el sector público debe encargarse de la inversión, y que solamente hay que ampliar el menú de posibilidades para que, incluso, pueda ofrecer servicios públicos. Eso no va a pasar, no ha pasado en ningún lugar del mundo.

Hasta el momento el distinto menú, los menús que se tienen de apertura al sector privado, de inversión pública, no son suficientes. Ya dije aquí los datos de las fibras, de los certificados de participación, de las distintas modalidades, que no suman ni siquiera tres puntos del PIB en un promedio de vida de cinco años.

Entonces eso no va a pasar. Es una ilusión, es una creencia que tiene el grupo económico que gobierna, pero en el fondo está renunciado a la obligación de promover el desarrollo económico, el desarrollo económico, la tasa de crecimiento en este país sigue siendo el gran huérfano de la política económica. Nadie se hace responsable del crecimiento económico, y esto no va a ayudar a ello.

Por eso, creo que hay que votar en contra, porque no es un ejercicio serio de análisis de por qué no funciona esta figura y qué tendríamos que hacer para que sí funcionara y efectivamente ayudara a mejorar la calidad de vida de nuestro país.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: A continuación, tiene el uso de la palabra el Senador Víctor Hermosillo y Celada, para exponer sus argumentos, en favor de la presente minuta.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Muchas gracias. Con el permiso de la Directiva.

Yo he oído aquí muchas cosas que me llaman la atención, sofismas, asociaciones, etcétera, que no todos es blanco y negro.

Primero, el gobierno no construye. Construye la empresa privada, el gobierno contrata a los empresarios para que construyan de una manera u otra, en este país un gobierno de izquierda, uno de derecha, uno del centro, contrata para que construyan, él no construye.

Segundo, para ver una trampa se necesitan dos, el que da contrato y el que lo toma, y los moches y todo eso, pues ya sabemos cómo se hace en nuestro país, desde hace mucho tiempo y de todos los gobiernos, para ser equitativo.

Tercero, la situación de las IP, sí es más caro, es cierto que es más caro, porque nuestro gobierno no tiene dinero. Por equis circunstancia estamos en esta situación.

Nunca un gobierno va a otro. Aquí también, en la Ciudad de México, que también ha tenido la izquierda, no hay dinero, entonces se tiene que recurrir a otro tipo de mecanismos.

Si hubiera honradez, honradez, entonces se hace la obra con este tipo de sistema de IP, y lo que nos va a costar más caro, pues, va a ser el financiamiento, porque una constructora, del costo total de la obra, quiere una pequeña utilidad, o grande, o como la quieran, pero es una pequeña utilidad.

En este caso, la iniciativa privada no nada más va a querer su utilidad de eso, está financiando toda la obra. Entonces, va a querer también una parte para su dinero que, definitivamente no tiene ningún problema. Eso, en cualquier lado del mundo, hay precisamente empresas para construir, no son nada bienhechoras.

Aquí se sataniza mucho a la empresa privada. Bueno, a ver, yo quiero que alguno de ustedes construya gratis, y entonces, lo voy a felicitar. ¡Eh!

Entonces, de todos modos va a costar más. Pero hay una cosa ¡Eh! Bien escogidas las obras, sí puede haber desarrollo, que dicen que no hay desarrollo, porque va a haber empleo, más caro, porque el gobierno no tiene dinero, pero va a haber empleo, el empleo que van a dar las empresas para precisamente hacer estas obras.

Y la otra cosa muy importante es que se deben escoger muy bien las obras para que sean obras que den beneficio, infraestructura, no elefantes blancos, no obras de oropel.

El gobierno necesita producir infraestructura para que haya más progreso, y las obras también dan mucho trabajo.

Entonces, de esa manera, pues, aunque nos va a salir más caro, problema nuestro, de nuestra ineficiencia, ineptitud, y por otro lado, de nuestra desvergüenza también de hacer trampas, nos va a costar más.

Ahora, otra cosa. Aquí se expresa de que se va a vigilar, etcétera. Miren, les voy a poner 2 ejemplos:

Este edificio, yo no he visto un análisis de lo que costó este edificio, y es nuestra casa ¡Eh!

Andamos queriendo vigilar afuera, y la nuestra no la vigilamos. Aquí este edificio, yo les aseguro que, aquí costó muchísimo más de lo que debía de haber costado. No ha habido un análisis.

Entonces, vamos a analizar lo de fuera. ¡No lo vamos a hacer, hombre, ni los Diputados, ni los Senadores!

Otra cosa que está pasando, que queremos mucha claridad. Hace tiempo estamos pidiendo que se haga la Comisión del Aeropuerto, y es la obra mayor, y no la hemos instalado.

Entonces ¿Qué tanto interés tenemos en las obras que hace el gobierno?

Les aseguro que esa obra va a costar 3 veces lo que dijeron, desde ahorita se los digo ¡Eh! Porque se van a tardar muchos años y van a desperdiciar 2 aeropuertos que funcionan, porque funcionan.

Y, por ejemplo, digo, yo no soy partidario de López Obrador, pero eso de que: Oye ¿por qué no usan la base Santa Lucía? Que vamos a situaciones de práctica, pues ahí está bajando el avión presidencial, yo no he visto que se vaya a estrellar contra un avión comercial.

Entonces, señores, si queremos, sí, yo voy a votar en favor.

Y les digo una cosa, por más leyes que hagamos, si se quiere hacer picardías, se logran, en un país como el nuestro, que hasta ahorita no pone en la cárcel a una serie de bandidos que todo mundo los conoce, y que los defendemos aquí y en el extranjero.

Entonces, señores, lo que tenemos que hacer es hacer las cosas mejor, esta ley nos puede ayudar, y sobre todo con honradez, porque aquí ha habido obras fraudulentas en el Distrito Federal, pero fraudulentas ¡Eh! Y ha habido obras del federal, también fraudulentas y de todos lados.

El caso es que aquí ya, señores, por el bien de México, pues portémonos mejor ¿verdad? para que precisamente un día no nos emplumen a todos los que estamos aquí.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, señor Senador.

A continuación tiene el uso de la palabra el Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, para exponer sus argumentos en favor del presente dictamen.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: Muchas gracias, señor Presidente.

Muy buenas tardes a todos.

Hemos escuchado en esta tribuna historias de terror, de dispendio, de proyectos fallidos, y me parece que vale la pena aclarar, para que todos votemos con la tranquilidad de que estamos haciendo algo bueno para México, para el financiamiento infraestructura y también para la dotación de servicios que tanta necesidad tiene nuestro país.

Lo primero que se menciona es que los proyectos APP´s son asignados discrecionalmente y en total opacidad, y no hay nada más falso que esto.

El artículo 14 de esta ley, que hay que decirlo, la ley existe, no estamos impulsando una nueva ley, son modificaciones, son mejoras a una ley existente.

Bueno, esta ley que existe, en su artículo 14, exige, entre otras cosas, viabilidad técnica del proyecto, viabilidad jurídica del proyecto, viabilidad económica y financiera del proyecto, dictamen de impacto ambiental, rentabilidad social del proyecto, y la conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un esquema de APP´s en el que se incluya un análisis respecto de otras opciones.

O sea que cuando se propone financiar un proyecto APP´s ya pasó una serie de requisitos técnicos que hacen que esto no pueda ser ni opaco ni discrecional.

Si un proyecto se determina que se va a financiar vía APP es porque es lo más conveniente comparado con recursos presupuestales u otro método de financiamiento.

Después de esto, una vez que se integra un proyecto, que cumpla con todos los requisitos del artículo 14, este proyecto lo lleva la entidad interesada a la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento, donde participan cerca de 9 secretarios de Estado, no nada más el Secretario de Hacienda, sino muchos otros, y ahí se analiza exhaustivamente cada uno de estos proyectos en sus propios méritos.

Una vez que es aprobado en la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento se integra al proyecto de Egresos de la Federación para someterse a consideración del Congreso.

Una vez autorizado en la Cámara de Diputados estos proyectos, se realiza un proceso competitivo para asignar el proyecto, esto no se les asigna a los amigos, no se le asigna a los cuates, hay un proceso competitivo para decidir quién puede realizar este proyecto en las mejores condiciones posibles para el país. De esta manera es absolutamente falso que los proyectos APP se asignen discrecionalmente a los amigos y sean un espacio de opacidad.

Segundo. Se ha mencionado que se está dando un cheque en blanco al Secretario de Hacienda para ejecutar proyectos, esto es absolutamente falso, el proceso, son las entidades, son las dependencias de gobierno u órganos constitucionales autónomos los que presentan los proyectos APP, no es el Secretario de Hacienda.

Y van de nuevo a una comisión intersecretarial gasto financiamiento donde concurren todas las dependencias que tienen que ver con la construcción de infraestructura y provisión de servicios en este país.

Y tercero, se va a enviar a aquellos que pasen por la Comisión Gasto Financiamiento con las modificaciones que estamos a haciendo a aquellos proyectos que no hayan sido integrados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se van a enviar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que sean opinados y la comisión y los señores Diputados determinen la viabilidad y la conveniencia de llevar a cabo este proyecto.

De manera que no es un cheque en blanco, la Cámara de Diputados tiene absolutamente todas las facultades para decir si consideran que un proyecto no es viable y sí es una mala idea.

De manera que la última llave está en la Cámara de Diputados y no en el Secretario de Hacienda.

Algo que no se ha mencionado de lo que estamos aprobando en este momento, se va a determinar un techo máximo para invertir en estos proyectos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Al final de cuentas quien tiene la llave de ese techo máximo no es la Secretaría de Hacienda, son nuestros compañeros de la Colegisladora los que decidirán si el monto es suficiente, mucho, poco, regular, es decisión de ellos determinar el monto de los APP´s. De manera que no veo también por qué haya que tener tanto recelo a la Secretaría de Hacienda en todo esto.

Tercero. Se menciona que es una deuda disfrazada, en ningún momento se está tratando de darle la vuelta a esto, se está diciendo que los proyectos APP representan una obligación para el Estado mexicano y como tal tienen que ser publicados trimestralmente y tienen que reportarse.
Y en el dictamen que aprobamos hace tan sólo unos días para calcular el techo de endeudamiento de una entidad federativa, se tienen que considerar estas obligaciones que forman parte de los APP´s.

De manera que no le estamos dando la vuelta a nadie, va a ser absolutamente transparente y todo mundo va a saber cuánto se debe por empréstitos bancarios, cuánto se debe de deuda de corto plazo, cuánto de deuda de largo plazo, cuánto se le debe a proveedores y cuántas obligaciones de pago futuras implican los proyectos APP´s, de manera que aquí nadie se puede dar por engañado.

Cuarto. Se menciona que todos los proyectos son un desastre, y se mencionaron aquí una serie de proyectos.

Bueno, debemos mencionar que muchos de estos proyectos que no han funcionado bien, fue porque no existía la ley que estamos modificando el día de hoy.

Por eso la importancia de la publicación de la Ley de APP’s en el año 2012, y precisamente por eso, porque hubo proyectos que tuvieron muy poco control, es que se aprobó la Ley de APP’s que hoy estamos perfeccionando.

De manera que yo pido a mis compañeros del Partido Acción Nacional que tengamos la absoluta tranquilidad de conciencia de que estamos aprobando un buen esquema de provisión de servicios y de financiamiento de infraestructura para nuestro país, que tanta falta nos hace y en el cual estamos absolutamente convencidos de votarla a favor.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, señor Senador.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Suficientemente discutido en lo general, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: En virtud de que está suficientemente discutido, se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

Informo a la Asamblea, en este sentido, que han quedado reservados los siguientes artículos:

Por parte de la Senadora Dolores Padierna Luna, los artículos 12, 14, 21, 23, 24, 27 y 29.

Por parte del Senador Mario Delgado Carrillo, los artículos 14, 17, 23, 24, 26, 27 y 29.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si hay alguna otra reserva.

En virtud de que no hay más artículos reservados y de que las propuestas ya fueron ampliamente expuestas en la discusión en lo general, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si las reservas a los artículos anunciados, se puedan desahogar en este momento.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que las reservas a los artículos anunciados por el Presidente, se puedan despachar de inmediato.

Quienes estén porque se autoricen estas reservas y que se puedan despachar de inmediato, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se autoricen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

Los textos de las propuestas están disponibles en el monitor de sus escaños.

Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la Senadora Dolores Padierna a los artículos 12, 14, 21, 23, 24, 27 y 29.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas que presentó la Senadora Padierna, a los artículos 12, 14, 21, 23, 24, 27 y 29.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Ahora consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas expuestas por el Senador Mario Delgado, a los artículos 14, 17, 23, 24, 26, 27 y 29.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas que presentó el Senador Delgado Carrillo, y que ya describió la Presidencia.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

En virtud de lo anterior, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento, para informar del resultado de la votación del proyecto en lo general y en lo particular, en los términos del dictamen.

Y por tanto ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.

(Se abre el registro electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, le informo el resultado de la votación: 61 votos a favor, 19 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas.

Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.

Informo a la Asamblea que tenemos ahora la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para la simplificación del juicio.

A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

En este sentido, se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Yunes Márquez, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 186 del Reglamento, y hasta por 10 minutos.

Tiene usted del uso de la palabra señor Senador Presidente de la Comisión de Justicia.

El Senador Fernando Yunes Márquez: Con su venia, Presidente.

Compañeras, compañeros: Acudo a esta tribuna a presentar un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, presentada por diversas Senadoras y Senadores de distintos grupos parlamentarios.

Este proyecto de dictamen es un proyecto ciudadano realizado en colaboración con legisladores, diversas asociaciones de abogados, autoridades administrativas, universidades y el propio Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Si bien han existido importantes avances en la celeridad de este procedimiento, se estima necesario adoptar medidas adicionales que permitan consolidar la simplificación del juicio contencioso administrativo.

En este sentido, la finalidad de esta propuesta es reducir aproximadamente en un 50 por ciento el tiempo de tramitación de dicho procedimiento por medio de la utilización de la tecnología, simplificando trámites y eliminando pasos innecesarios dentro del juicio, garantizando de esta manera el principio de tutela judicial efectiva, beneficiando directamente a los ciudadanos que acuden a este procedimiento.

En este contexto de la iniciativa, se destacan los siguientes aspectos:

La notificación electrónica universal y el boletín jurisdiccional.

La distinción entre medidas cautelares y de suspensión.

La ampliación de procedencia de la vía sumaria.

La flexibilización del ejercicio de la facultad de atracción de la Sala Superior, así como la homologación y reducción de los plazos.

La mejora al desahogo de la prueba pericial.

La eliminación de trámites innecesarios, como acuerdo del cierre de instrucción.

La precisión de los efectos tanto de las sentencias y plazos de cumplimentación, como de la queja improcedente.

La imposición de multas por promociones notoriamente improcedentes.

Y, por último, la reducción de requisitos para el juicio en línea.

En este orden de ideas y sobre la notificación electrónica universal se plantea modificar la presente ley, estableciendo como supuesto general que la notificación de las actuaciones de las partes en este juicio se realice a través del boletín jurisdiccional, mediante un aviso previo enviado a la cuenta de correo electrónico que señalen las partes. Esta obligación recaerá para ellas, como para la autoridad jurisdiccional, lo que agilizará el procedimiento contencioso administrativo.

Asimismo se hace patente la necesidad de establecer como una obligación a cargo de la parte actora, señalar en su demanda una dirección de correo electrónico, a fin de recibir el aviso correspondiente, con el apercibimiento que de no cumplir con dicha carga las actuaciones le serán notificadas por este boletín jurisdiccional, sin que medie el aviso respectivo.

De igual manera se establece la obligación de las autoridades de registrar su dirección de correo electrónico institucional, así como el domicilio oficial de las unidades administrativas encargadas de la defensa jurídica, entre otros aspectos.

Por otra parte y por cuestiones de técnica legislativa, formal y material, la iniciativa distingue que las medidas cautelares positivas están encaminadas a evitar que el litigio quede sin materia o se cause un daño irreparable al actor, mientras que la suspensión tenga como propósito mantener la situación de hecho existente en el estado en que se encuentra.

Otro de los aspectos que presenta la iniciativa es la necesidad de incrementar la cuantía de los asuntos que puedan ser resueltos por el Magistrado Instructor y distinguir de otros que por un monto menor deban pertenecer a una jurisdicción menor.

Con base en ello y dado que la facultad de atracción puede darse respecto de los juicios tramitados en la vía sumaria, se considera conveniente que la resolución de los mismos pueda quedar a cargo del Magistrado Instructor, o bien de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuando se ejerza la facultad de atracción o se actualice la competencia específica.

Por otra parte, en la lógica de mejorar la celeridad de los juicios de la jurisdicción administrativa, la iniciativa busca reducir los plazos del procedimiento.

En primer lugar para la presentación de la demanda y la contestación de la misma, de 45 a 30 días hábiles.

Para presentar la ampliación de la demanda y su contestación, de 20 a 10 días hábiles.

Para que el tercero interesado pueda apersonarse a juicio, de 45 a 30 días hábiles, así como también la reducción del plazo para la interposición del recurso de reclamación, de 15 a 10 días hábiles.

Compañeras y compañeros: Es importante decirle a esta soberanía que este dictamen fue aprobado por unanimidad en las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos. Reformar y adicionar de esta manera la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo será un avance importante en la impartición de justicia, propia de un verdadero Estado constitucional.

Con estas adiciones y reformas lograremos que los juicios de la materia se lleven a cabo con verdadera eficacia, rapidez y transparencia.

Es por ello, que los invito a votar a favor del presente dictamen y en la evolución de nuestro Sistema Jurídico Mexicano, generando la garantía de una verdadera tutela jurídica efectiva para todos los mexicanos.

Es cuánto, Presidente.

El Presidente Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199 numeral 1, fracción II del Reglamento, se autoriza el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña, con la finalidad de exponer posicionamiento a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Tiene usted el uso de la palabra distinguida Senadora.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.

Señoras Senadoras, señores Senadores: Este dictamen que tuvo como promoventes a distintas Senadoras y Senadores de todos los grupos parlamentarios. Es muy importante porque voy a enunciar algunas cuestiones que parece que son trascendentales.

La primera, refiere a notificaciones electrónicas en el juicio tradicional y la incorporación del aviso electrónico, como el mensaje que se tendrá que enviar a la dirección de correo electrónico señalado por las partes a fin de darles a conocer que será realizada una notificación por boletín judicial.

2. Medidas cautelares encaminadas a evitar que el litigio quede sin materia o se cause un daño irreparable al actor.

3. Vía sumaria y facultad de atracción a fin de que el valor del negocio de los asuntos atraídos por la Sala Superior, se determine por el pleno jurisdiccional.

4. Reducción y homologación de los plazos en la vía ordinaria porque de acuerdo a la experiencia judicial del propio tribunal. Esta reducción servirá para abatir el rezago de asuntos en proceso y combatir la tardanza que por mala fe provocan algunos operadores jurídicos en detrimentos de sus representados.

5. Referida la prueba pericial estableciendo la obligación a los peritos para que rindan su dictamen con fundamentación y motivación adecuadas, en la que expongan claramente razones y sustentos en que apoyan su juicio, a fin de evitar que su razonamiento jurídico en base y exclusivamente a las respuestas manifestadas por los peritos de las partes.

6. Cierre de instrucción para que se lleve a cabo por ministerio de ley, y no por el acto procesal de la emisión de un acuerdo.

7. Efectos de la sentencia que se precisa que el tribunal tendrá un mes para cumplir las sentencias por la vía sumaria y cuatro meses para acatar las resoluciones por vía ordinaria.

8. Referido a la jurisprudencia y de manera particular, lo que tiene que ver con la contradicción de sentencias interlocutorias o definitivas, cualquiera de los magistrados del tribunal o las partes en los juicios en las que tales tesis se sustentaron, podrán denunciar tal situación ante el presidente del Tribunal para que esta le haga del conocimiento al Pleno. El cual con un quórum mínimo de siete magistrados y no de 10, como se encuentra regulado actualmente, se decida; por lo tanto, por mayoría la que debe prevalecer constituyendo jurisprudencia.

Respecto a las multas. Magistrados podrán imponer multas en caso de que algunas de las partes representantes legales o autorizados legales, delegados, testigos, peritos, y cualquier otra persona dentro del juicio, no se conduzcan dentro del marco ético de la función de la abogacía en los escritos, promociones, oficios, comparecencias o diligencias, en que intervengan y que en ningún momento utilicen lenguaje inapropiado para referirse a sus contraparte o a personas desde el ámbito jurisdiccional.

Y, finalmente, es importante señalar que respecto a los juicios en línea, se incorpora dentro del Sistema de Justicia en línea el uso de la firma electrónica avanzada de las personas morales, lo que implica que será la misma persona moral, la que se encuentre vinculada a ésta y no a su representante legal.

Finalmente también tengo que mencionar que toma en cuenta preceptos relacionados con dos tratados importantes para su armonización: el que tiene que ver con la Convención de Palermo y con la Convención de Medida.

De tal manera que es pertinente que este Pleno lo apruebe en sus términos.

Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora.

Ahora tiene el uso de la palabra el Senador Enrique Burgos García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exponer sus argumentos en favor de la presente minuta.

Tiene usted el uso de la palabra, distinguido Senador.

El Senador Enrique Burgos García: Con su anuencia, señor Presidente.

Muchas gracias.

Con coincidencias con lo expresado por el Presidente de la Comisión de Justicia, del señor Senador Yunes y con lo expuesto por la Senadora Angélica de la Peña.

Convenimos en que una de las funciones más importantes del Estado mexicano, consiste en salvaguardar un adecuado profesional, objetivo, efectivo y eficiente Sistema de Impartición de Justicia.

En tal sentido es imprescindible que toda persona tenga la posibilidad de acudir a un órgano jurisdiccional, imparcial por supuesto para reclamar la protección de sus derechos.

Los cambios propuestos implican la adopción de medidas adicionales que permitan consolidar la simplificación del Juicio Contencioso Administrativo, y garantizar con ello el principio de tutela judicial efectiva para que la solución de conflictos se lleve a cabo en plazos muy razonables.

Para ponderar el alcance del dictamen cabe mencionar que el Juicio Contencioso Administrativo procede contra las alusiones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En este orden de ideas es de suma importancia que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo disponga oportunidades procesales adecuadas, así como claridad en sus preceptos y conceptos.

Lo anterior con el fin de que cada vez sea más sencillo, rápido y efectivo ese procedimiento.

Como se refirió en la presentación del dictamen, las reformas planteadas buscan dar respuesta al constante incremento de la competencia material que ha adquirido el ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa durante los últimos años.

Además atiende al mandato constitucional y convencional, como lo refirió la Senadora de la Peña, en el ámbito administrativo y fiscal; asimismo se aportan a diversas medidas que han implementado este tipo de procedimientos.

Entre tales medidas se encuentra la implementación del Juicio Contencioso Administrativo en Línea, distinto del tradicional en la vía sumaria en la simplificación y en las notificaciones practicadas por el referido tribunal, la cual forma parte de la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo de diciembre del 2010.

En relación a las innovaciones y beneficios contenidos en el presente dictamen destaca que se lleva a cabo la simplificación del sistema de notificaciones y el otorgamiento de medidas cautelares, por supuesto, medidas cautelares muy positivas.
Se incrementa la cuantía de los asuntos que pueden ser resueltos por el magistrado instructor a fin de distinguir de otros por un monto menor que deber pertenecer por supuesto a una jurisdicción menor.

Otro aspecto a subrayar, es que la interposición de la demanda en la vía incorrecta no debe provocar una nulidad de improcedencia o sobreseimiento del juicio, con la condición de que la misma haya sido presentada dentro del plazo de los 30 días hábiles.

Estos son algunos de muchos avances contenidos en el dictamen, y por ello es importante aprobar el contenido de este dictamen en comento.

Es de significada importancia que en nuestro país existan las condiciones idóneas para que sea posible una justicia pronta, moderna, expedita y es ahí donde radica el valor del asunto a discusión.

Si bien es cierto que hay grandes avances en relación a la celebridad del procedimiento contencioso administrativo, también lo es que resulta indispensable adoptar medidas adicionales encaminadas a consolidar su simplificación y garantizar con ello el principio de tutela judicial efectiva.

Hay un innegable impacto social en favor del justiciable, el dictamen fue resultado de las aportaciones no solamente de entidades gubernamentales, también del sector privado de la Academia de Organizaciones de Profesionales.

A través de la reforma propuesta se brinda certeza a la población mexicana y con ello se moderniza el procedimiento contencioso administrativo.

Por ello, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional reiteramos nuestro voto a favor del dictamen.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Está a discusión en lo general, y en virtud de que no hay otros oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar en su momento del resultado de la votación.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora Hilda Flores Escalera: Presidente, le informo el resultado de la votación, 74 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.

Tenemos ahora la discusión de un dictamen de la Comisión de Educación en torno a la Ley para erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las Escuelas Públicas del estado de Morelos.

Dicho dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día para su conocimiento.

En consecuencia está a discusión.

En este sentido, ha solicitado el uso de la palabra el señor Senador Fidel Demédicis Hidalgo, y tiene el uso de la palabra para exponer sus motivos con relación al presente dictamen.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Gracias, Presidente.

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras.

La Comisión de Educación ha tenido a bien aprobar por unanimidad este punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Morelos para que respete la Ley para erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en el estado.

En el año del 2011, el congreso local elaboró una ley para garantizar la gratuidad de la educación en esta entidad federativa.

Se asignaron 3 salarios mínimos vigentes por cada estudiante del sistema básico, es decir, desde preescolar hasta secundaria. Este recurso es para pagar el mantenimiento de las escuelas y la compra del material didáctico de los maestros.

Desde el año 2013, un porcentaje de un 60 por ciento de las escuelas, no le fue pagado este recurso.

En el año 2014, ese porcentaje se repitió en el año 2015. Un 90 por ciento no se le pagó el recurso; y en el año 2016, ni siquiera apareció en el Presupuesto de Egresos del estado de Morelos.

Todos sabemos que la infraestructura de las escuelas se deteriora por la falta de mantenimiento.

Y el congreso local, en el año ya citado, impulsa como una medida para mantener las escuelas que este recurso se otorgue, además lo hace con la intención de que la deserción en nuestra entidad federativa, el estado de Morelos, se reduzca, ya que una parte muy importante de los estudiantes de la escuela abandonan sus estudios por el pago de las cuotas escolares.

Con este ánimo, y poniendo por encima el interés superior del niño, la Comisión de Educación, por unanimidad, votó este punto de acuerdo.

Con estos argumentos, compañeros Senadores; compañeras Senadoras, les pedimos el respaldo para que los niños de Morelos puedan gozar de manera cabal de este recurso que les otorga la ley que hemos mencionado.

Conocemos de su sensibilidad y del compromiso que hay con los niños del país, y sé que este punto de acuerdo lo vamos a votar por unanimidad.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: A continuación, y para referirse al mismo dictamen, tiene el uso de la palabra la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en favor del mismo.

Tiene usted el uso de la palabra, distinguida Senadora.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Senador Presidente. Con su permiso.

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores.

La preparación académica es el camino para el desarrollo de toda nación, así lo ha concebido el Presidente Enrique Peña Nieto.

Paulatinamente se está logrando que los niños y jóvenes cuenten con una educación de calidad para que puedan ser profesionistas, que contribuyan a la transformación de México, para que estas generaciones sigan moviendo a México.

El futuro de nuestro país depende, en gran medida, del fomento de la educación a través de las instituciones públicas y privadas que se dedican a transmitir, de forma metodológica, los conocimientos generados a lo largo de la historia de la humanidad en diversas ramas de la ciencia.

Es por ello que resulta necesario fortalecer los distintos niveles educativos y, sobre todo, que se vinculen con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo con la intención de generar capital humano altamente capacitado que aporte elementos que permitan alcanzar la innovación nacional. Sin embargo, el cambio de materia educativa nos corresponde a todos.

Cada nivel de gobierno debe estar involucrado y debe de participar activamente en la implementación de la reforma educativa.

En este sentido es que los invito a votar a favor del presente dictamen, porque se considera fundamental erradicar la obligatoriedad de las cuotas escolares en el estado de Morelos mediante el destino de recursos suficientes para garantizar que las escuelas solventes sus gastos de operación y compra de insumos necesarios para atender de forma óptima las necesidades de las escuelas.

Con estas medidas y con la vigilancia adecuada de la asignación y ejercicio de los recursos para las escuelas, estoy segura que creceremos como país, que se podrá erradicar la pobreza extrema y las familias mexicanas contarán con el sustento que les permita desarrollarse plenamente y que se conserve como base fundamental de nuestra sociedad la educación para nuestras niñas y niños.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, Senadora Hernández Lecona.

Consulto a la Asamblea si alguna Senadora o Senador desea hacer uso de la palabra en torno a este dictamen.

De no ser así, en virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a la Secretaría.

Aprobado el acuerdo en los términos.

Informo a la Asamblea que la Mesa Directiva recibió una comunicación de la Junta de Coordinación Política en relación con el dictamen de la Comisión de Justicia, sobre las ternas de candidatos a Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solicito, por tanto, a la Secretaría dé lectura a ese documento.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Doy lectura, señor Presidente.

En cumplimiento a lo que marca el numeral seis del resolutivo primero de acuerdo de la Mesa Directiva por el que se determina el procedimiento para el análisis y dictamen de las propuestas de candidatos a Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aprobado el 11 de febrero del año en curso, me dirijo a usted para manifestar.

Uno.- Una vez que la Comisión de Justicia emitió el dictamen por el que se pronuncia sobre la elegibilidad de las y los candidatos para ocupar el cargo de Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Y dos.- Una vez que la Mesa Directiva del Senado acudió a esta Junta de Coordinación Política para determinar conjuntamente la modalidad de la deliberación que deberá aplicarse al dictamen referido, la Junta de Coordinación Política se pronuncia porque la discusión y votación del dictamen emitido por la Comisión de Justicia se realice en los términos dispuestos por el Reglamento del Senado de la República, y el acuerdo aprobado el 11 de febrero del que ya se hizo mención, y en su caso, se realice el procedimiento de elección que establecen los artículos 99 constitucional y 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación bajo el procedimiento descrito por el artículo 101 del Reglamento del Senado.

Manifiesto a usted lo anterior para los efectos correspondientes. Firma el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Senador Emilio Gamboa Patrón.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

Informo a la Asamblea que la Comisión de Justicia remitió el dictamen que se desprende del análisis de las ternas de candidatas y candidatos a Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación enviadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dictamen se emite en cumplimiento al acuerdo del pasado día 11 de febrero por el que se determina el procedimiento para el análisis de las propuestas de candidatos.

Como parte de ese procedimiento, la Comisión de Justicia recibió las ternas formuladas por la Suprema Corte para elaborar un dictamen referido al cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de los candidatos propuestos, el dictamen está a disposición de ustedes, señoras y señores Senadores, en el monitor en sus escaños.

Solicito a la Secretaría consulte la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorpore a la agenda el día de hoy.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el dictamen de la Comisión de Justicia se incorpore a la agenda de este día.

Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

Por tanto, solicito a la Secretaría dé lectura a la parte resolutiva del dictamen correspondiente.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Doy lectura a la parte resolutiva del dictamen.

Primero.- Los aspirantes de las cinco ternas propuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante el Senado de la República para efectos de lo dispuesto por los artículos 99 de la Constitución General de la República; y 185, 192 y 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reúne los requisitos constitucionales y legales que se requieren para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Segundo.- Ordénese la publicación de este dictamen en la Gaceta del Senado de la República.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

Pasamos a la votación nominal del dictamen. Después de ello realizaremos la votación por cédula para llevar a cabo la elección de Magistrados para las Salas del Tribunal Electoral.

Abrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del dictamen.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico, se emitieron 76 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

Está aprobado el dictamen de la Comisión de Justicia, referido al cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de los candidatos propuestos.

En consecuencia y a fin de cumplir con lo dispuesto por los artículos 99 constitucional, 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 101 del Reglamento del Senado, procederemos a la elección por cédula de los Magistrados Electorales.

Informo a la Asamblea que por acuerdo de la Mesa Directiva, realizaremos una sola votación para las cinco Salas.

Para tal efecto se les entregará un sobre rotulado con su nombre y una cédula, para que manifiesten su elección, misma que deberán depositar en la urna que se encuentra al pie de este presídium.

Terminada la votación se hará el escrutinio correspondiente y se dará a conocer el resultado.

En consecuencia solicito al personal de apoyo proceda a la distribución de las cédulas de votación, y hecho lo anterior, también se proceda por parte de la Secretaría, a pasar lista de asistencia de los señores y señoras Senadoras, a fin de que pasen a depositar sus cédulas en la urna correspondiente.

(Se cumple)

Para conocimiento de la Asamblea, les hago notar que recibieron una cédula en la que están plasmadas las cinco ternas recibidas por parte de la Comisión de Justicia.

Deberán marcar la elección que determinen, de manera que elijan un candidato por cada una de las ternas.

Reitero, deberán marcar la elección que determinen las y los Senadores de manera que elijan a un candidato por cada una de las ternas del listado que les ha sido entregado.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se solicita a los Senadores pasen a depositar su voto al momento de escuchar su nombre.

(Votación y escrutinio)

Señor Presidente, se da cuenta del resultado de la votación: Se emitieron un total de 80 votos.

En la primera terna, el candidato Gabriela Eugenia del Valle Pérez con un total de 80 votos, en pro.

En la segunda terna, la candidata Claudia Valle Aguilasocho, obtuvo 79 votos a favor.

Y el candidato Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman, un voto.

En la tercera terna, el candidato Enrique Figueroa Ávila, un total de 80 votos a favor.

En la cuarta terna, la candidata María Guadalupe Silva Rojas, con un total de 79 votos a favor.

Y un voto a favor de Laura Patricia Rojas Zamudio.

En la quinta terna, el candidato Alejandro David Avante Juárez, con un total de 80 votos a favor.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, se declara que son electos como Magistrados de la Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los ciudadanos:

Gabriela Eugenia del Valle Pérez, para la Sala Regional Guadalajara, Jalisco, Primera Circunscripción.

Claudia Valle Aguilasocho, para la Sala Regional Monterrey, Nuevo León, Segunda Circunscripción.

El ciudadano Enrique Figueroa Ávila, Sala Regional Xalapa, Veracruz, Tercera Circunscripción.

La ciudadana María Guadalupe Silva Rojas, Sala Regional del Distrito Federal, Cuarta Circunscripción.

Y Alejandro David Avante Juárez, Sala Regional Toluca, Estado de México, Quinta Circunscripción.

Comuníquese estos resultados al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Al Ministro Presidente de la Suprema corte de Justicia de la Nación.

Y al Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Informo a la Asamblea que los Magistrados recién electos se encuentran en el salón contiguo, solicito a los Senadores Fernando Yunes Márquez, Ivonne Álvarez García, Angélica de la Peña Gómez, Jorge Aréchiga Ávila y Jesús Casillas Romero los inviten a pasar a este recinto a efecto de desahogar el acto de protesta.

(La Comisión cumple)

La Secretaria Senadora Gabriela Guevara Espinoza: Se solicita a los presentes ponerse pie para el acto de protesta.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ciudadanas y ciudadanos Gabriela Eugenia del Valle Pérez, Claudia Valle Aguilasocho, Enrique Figueroa Ávila, María Guadalupe Silva Rojas y Alejandro David Avante Juárez:

¿Protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Magistrado Electoral de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se les ha conferido, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

Los CC. Magistrados: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: “Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande”.

Felicidades, señores y señoras Magistrados.

(Aplausos)

A nombre del Senado de la República, les deseamos éxito en su nueva encomienda.

Solicito a la Comisión designada, acompañe a las y los señores magistrados, cuando deseen retirarse del salón de sesiones.

(La Comisión cumple)

Se recibió un acuerdo suscritos por las integrantes de la Junta de Coordinación Política que propone modificación a la integración de Comisiones.

Solicito a la Secretaría, consulte a la Asamblea, en votación económica, si se integra a la agenda del día de hoy.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, se incorpore a los asuntos de hoy para su despacho.

Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente, incorporarlo a la agenda.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Dé lectura a los puntos resolutivos, por favor.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura.

Primero.- Que el Senador Raúl Cervantes Andrade, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se da de alta como Secretario de la Comisión de Energía.

Segundo.- Que el Senador Salvador Vega Casillas, del grupo parlamentario de Acción Nacional deja de ser Secretario de la Comisión de Energía para ser Presidente de la misma.

Es cuanto, Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a su consideración.

Al no haber oradores inscritos, consulte la secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Compañeros Senadores, a petición del Senador Mario Delgado Carrillo, esta Presidencia emite atenta excitativa a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, para que presenten el dictamen que corresponda al proyecto de decreto que adiciona el artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, presentada el 3 de octubre de 2013.

Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo martes 29 de marzo, a las once horas.

Se levantó la sesión a las 17:07 horas.

Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Sesión ordinaria del 17 de marzo de 2016

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