Sesión ordinaria del 15 de marzo de 2016

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: (11:46 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los Senadores.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Honorable Asamblea: Conforme al registro de asistencia se han acreditado 76 Senadores y Senadoras ciudadanos.

En consecuencia, hay quórum señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Se abre la sesión del martes 15 de marzo correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Manuel Bartlett Díaz, por la que informa que a partir de ayer 14 de marzo, el Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano es vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: La Asamblea ha sido enterada. Comuníquese a las Secretarías Generales del Senado.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibió de la Cámara de Diputados un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: También de la Cámara de Diputados se recibió un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso a Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las comisiones para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera.

Informo a la Asamblea que la Mesa Directiva suscribió un acuerdo en relación con el Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez, del cual solicito a la Secretaría dé lectura sólo a su parte resolutiva.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura, señor Presidente.

Único.- Se designa al Senador Félix Benjamín Hernández Ruiz como Secretario del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Está a la consideración de la Asamblea.

Al no haber oradores en este tema, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Aprobado el acuerdo por el que se designa al Senador Félix Benjamín Hernández Ruiz como Secretario del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez.

Comuníquese.

Dé cuenta la Secretaría con la documentación que nos remite la Comisión de Administración del Senado.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Para los efectos del artículo 66 inciso g) y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración del Senado el proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de marzo del 2016.

Doy cuenta.

Presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Honorable Cámara de Senadores para el mes de marzo del 2016. (Leyó. Insértese)

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

Está a la consideración de la Asamblea el proyecto de presupuesto.

Por no haber quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el proyecto de presupuesto para el mes de marzo del 2016.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

Aprobado el presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de marzo del año en curso.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso, también se recibió de la Comisión de Administración el Informe del presupuesto ejercido al mes de enero del 2016.

Doy cuenta.

Presupuesto ejercido por la Honorable Cámara de Senadores al mes de enero de 2016. (Leyó. Insértese)

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

En el apartado de iniciativa, tiene el uso de la tribuna el señor Senador René Juárez Cisneros, para presentar a nombre propio y de los Senadores Emilio Gamboa Patrón y Enrique Burgos García, y con el aval de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, un proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de la Economía Social y Solidaria.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador René Juárez Cisneros: Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores: Hago uso de esta tribuna para presentar, a nombre propio y de los Senadores Emilio Gamboa, Carlos Alberto Puente, Enrique Burgos, Miguel Romo, Anabel Acosta Islas, Lizbeth Hernández, Roberto Albores, Ricardo Barroso, y de mis compañeras Senadoras y Senadores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México.

La iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por respeto al tiempo en el desahogo de los asuntos de esta sesión, haré una presentación breve de los objetivos que persigue esta iniciativa.

Refiero que esta iniciativa es parte de un paquete que pretendemos constituya un sistema que le dé soporte al reclamo de los jóvenes de este país, que serán para los próximos 40 años, de acuerdo a las proyecciones de población, alrededor de 30 millones de entre 15 y 29 años de edad.

Como todos sabemos, el 26 por ciento de la población, es decir, un poco más de 31 millones de mexicanos son jóvenes de entre 15 y 29 años.

Un reto y desafío de los jóvenes es encontrar trabajo, un trabajo digno que les permita construir un escenario de éxito, un escenario para poder vivir con dignidad, para desplegar sus capacidades y para poder tener la posibilidad de un sueño mejor en sus vidas. Sin embargo, cuando la realidad los enfrenta, o ellos van al encuentro de la realidad, se dan cuenta que es sumamente frustrante el no encontrar esta posibilidad de un trabajo digno y bien remunerado.

Quienes tienen la fortuna y tienen el privilegio de encontrar una chamba, la gran mayoría lo hacen en la informalidad, mal pagados y sin seguridad social. El 70 por ciento de los jóvenes de este país que logran tener un trabajo no saben que es la seguridad social, es verdaderamente lamentable.

Quisiera expresar cuál es el propósito fundamental de esta iniciativa, que reitero, viene a conformar un paquete, que como ustedes recuerdan, hace algunos meses se presentó una reforma constitucional precisamente al artículo 4, después un planteamiento con una iniciativa para la aprobación en su momento, de la Ley de Desarrollo Integral de los Jóvenes, y de ahí se vienen desprendiendo una serie de iniciativas, como la que hoy trato de exponer a todos ustedes.

Requerimos de manera urgente que el gobierno federal cuente con una sólida base institucional y un marco jurídico acorde a los requerimientos de los jóvenes para poner en la práctica políticas públicas que impulsen el crecimiento y el desarrollo del sector social de la economía, a fin de promover su desarrollo integral.

Es por lo anterior, que proponemos la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4, 24 y 46 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el siguiente propósito.

Primero. Que el Instituto Nacional de la Economía Social coadyuve a la implementación de la política nacional para el desarrollo integral de los jóvenes, mediante acciones que apoyen preferentemente los proyectos productivos de grupos integrados mayoritariamente o totalmente por jóvenes.

Segundo. Que el Consejo Consultivo de Fomento de la Economía Social tenga como función proponer acciones ejecutivas para promover el desarrollo integral de los jóvenes a través del apoyo a proyectos productivos.

Tercero. Que los programas gubernamentales para fomentar la economía social y solidaria, establezcan acciones ejecutivas específicas para impulsar y apoyar con recursos públicos los proyectos productivos de los organismos del sector, conocidos también como empresas sociales, conformadas mayoritariamente o exclusivamente por jóvenes.

Señor Presidente, para finalizar sólo le solicito la inscripción del texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates, y espero, con una gran convicción, que este tipo de planteamientos que parecieran de poco interés se tomen en cuenta ahora que estamos a tiempo, que aún podemos responder a la aspiración legítima de más de 30 millones de jóvenes que encuentran sólo frustración, desencanto, desesperanza, cuando enfrentan la realidad y ven que aun cuando hacen un esfuerzo por formarse de manera académica, profesionalmente, en los hechos encuentran las puertas cerradas para poder tener un trabajo digno.

Espero que estemos a tiempo aún, que podamos canalizar la inconformidad de los jóvenes de manera adecuada, razonable, de manera ordenada y en paz. Estoy convencido que más de 8 millones de jóvenes que viven en condiciones de pobreza están sumamente atentos a lo que podamos nosotros plantear como Senado de la República para constituirles al menos una ilusión, contribuir a su sueño de una vida digna y de un futuro provisorio.

Es cuánto.

Muchas gracias, compañeras y compañeros Senadores.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Segunda.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario.

Sí, Senador Neyra.

Sonido en el escaño del Senador Armando Neyra.

El Senador Armando Neyra Chávez: (Desde su escaño) Señor Senador Juárez, sumarnos a su iniciativa.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: ¿Lo admite, Senador Juárez?

Sí lo admite.

Senador Casillas también. Está todo el grupo sumado a esto.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto que reforma el artículo 116 constitucional.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador Fernando Yunes Márquez: Con su venia, señor Presidente.

Compañeras Senadoras y compañeros Senadores: La iniciativa que hoy vengo a presentar es de especial relevancia dado que tiene por objeto el fortalecimiento de la autonomía de los tribunales electorales locales.

En primer lugar, se propone regular que los conflictos laborales de estos tribunales se resuelvan de manera interna sin que sea necesaria la intervención del Poder Judicial de cada estado.

Y en segundo lugar, dotar de una autonomía presupuestaria a los tribunales electorales locales.

No podemos hablar de una verdadera autonomía de estos cuando se depende económica y financieramente de alguien más.

Como ustedes saben, el 10 de febrero de 2014, se publicó la reforma constitucional en materia político electoral que, entre otros objetivos, planteaba dotar de autonomía técnica e independencia a los tribunales electorales locales.

Por lo que se refiere a los conflictos laborales es necesario precisar que a nivel federal nuestra Constitución establece que los conflictos y diferencias laborales de los servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Instituto Nacional Electoral serán resueltos de forma definitiva e inatacable por el propio tribunal.

En solamente 11 estados se faculta a los tribunales electorales locales para que estos diriman conflictos laborales que se susciten tanto en tribunales electorales, como en los organismos públicos locales electorales.

En tanto que las entidades restantes no cuentan con ningún juicio o procedimiento para dirimir conflictos laborales en su normatividad electoral, dejando esta facultad al Poder Judicial de cada estado violentando el objetivo de la reforma político electoral que era precisamente otorgarle autonomía a los órganos jurisdiccionales electorales de cada entidad federativa.

Por lo anterior, y con la finalidad de homologar y armonizar el marco jurídico en materia laboral electoral, propongo adicionar un numeral VIII al artículo 116 constitucional que faculta a los tribunales electorales de los estados para resolver en forma definitiva e inatacable los conflictos y diferencias laborales entre sus servidores, así como los existentes entre los organismos públicos locales electorales y sus servidores públicos.

Por otra parte, y en cuanto al segundo de los aspectos de la presente propuesta, es importante señalar que la reforma en materia político electoral dejó pendiente un tema fundamental para otorgar una verdadera autonomía a los órganos electorales locales, la autonomía presupuestaria.

Es del conocimiento de todos, el control que se tiene por partidos y gobernadores en los procesos electorales a nivel local.

Los tribunales electorales se han sujetado a las consignas e intereses políticos y personales de los grupos del poder, edificando así instancias jurisdiccionales obsoletas que en ningún momento garantizan la aplicación de la justicia electoral ni la existencia de un verdadero sistema de medios de impugnación.

En la práctica, los magistrados electorales tienen que negociar con los actores político locales para obtener presupuestos que les permitan tener recursos mínimos para desarrollar su función, situación que es completamente inaceptable porque debilita los equilibrios democráticos al generar dependencia de la autoridad jurisdiccional electoral hacia el poder político, lo cual provoca desconfianza en las resoluciones de los tribunales en litigios muy controvertidos.

Si bien, un paso importante de la mencionada reforma político electoral fue quitarle a los congresos la facultad para integrar los tribunales electorales, lo cierto es que para complementar esta autonomía es indispensable que estos tribunales no dependan de manera alguna del resultado de los acuerdos políticos del momento, sino de una disposición constitucional que determine con toda precisión las bases sobre las cuales deben otorgarse estos recursos.

Recordemos que la autonomía de los órganos electorales en México se ha visto impulsada por una necesidad política histórica de depositar en una autoridad independiente de los partidos políticos y del gobierno, el desarrollo de las elecciones, así como la necesidad de implementar medidas que fortalezcan la credibilidad de los órganos encargados de sancionar las controversias que surjan con motivo de las elecciones en el territorio nacional.

Es necesario que el Congreso de la Unión retome la importancia de la función jurisdiccional electoral para la consolidación de nuestro sistema constitucional democrático.

En nuestro país algunos órganos jurisdiccionales locales cuentan con escasos recursos económicos, lo que les obstaculiza realizar sus funciones mínimas.

Existen casos de tribunales que no cuentan ni siquiera con oficinas adecuadas para realizar sus funciones, siendo evidente que la falta de certeza financiera impide el desarrollo e inhibe la planeación a mediano y largo plazo en las instituciones democráticas, teniendo como consecuencia un funcionamiento deficiente.

Estamos convencidos que la autonomía presupuestaria de los tribunales electorales garantizará la eficiencia de la justicia electoral, tal y como sucede a nivel federal.

Es por ello que la presente iniciativa propone adicionar un párrafo al numeral 5 del artículo 116 de nuestra Constitución, para que las legislaturas de los estados garanticen la autonomía presupuestaria de los órganos jurisdiccionales y se les asigne un presupuesto anual que no podrá ser reducido respecto del presupuesto asignado en el año inmediato anterior.

Para ello deberán implementar la normatividad financiera necesaria para hacer que el presupuesto de dichos órganos sea suficiente para el cumplimiento total de sus funciones.

En este sentido es necesario que los congresos locales realicen las adecuaciones constitucionales y legales necesarias para que la falta de recursos económicos y materiales no sea un impedimento para el correcto ejercicio y garantía de los derechos político-electorales de los ciudadanos, y la reforma constitucional en la materia pueda tener plena vigencia y cumplimiento.

Compañeras y compañeros: Los invito a sumarse a la presente iniciativa que estoy seguro contribuirá a contar con tribunales electorales locales más eficientes, que cumplan efectivamente con los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad, logrando así el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas.

Es cuanto, Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Hay seis Senadores pidiendo la palabra. Entendemos que es para sumarse a ésta.

Tome nota, por favor, la Secretaría de Servicios Parlamentarios, de todas y de todos los Senadores que se suman a la iniciativa del señor Senador Fernando Yunes Márquez.

Se tomó nota. Muchas gracias.

Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley Federal de Derechos.

Tiene usted el uso de la palabra, distinguida Senadora.

La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Gracias, Senador Presidente.

Honorable Asamblea: Presento esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley Federal de Derechos, relativa al tema migratorio.

Hoy el Instituto Nacional de Migración sufre una de las mayores crisis. La asignación de recursos para el instituto en el vigente ejercicio fiscal, no satisface las necesidades de operación en un contexto en el que la migración es un factor de interés nacional actual muy crucial, por lo que es menester reconsiderar esta asignación presupuestaria para el beneficio del migrante y del instituto como ente operativo.

El Presupuesto de Egresos del año 2015 al año 2016 tuvo un decremento de 76.30 por ciento. La dependencia en la actualidad carece de suficiencia en sus activos monetarios.

Como se observó en el análisis de status financiero realizado por el Instituto Politécnico Nacional, denota la falta de dichos recursos para una eficiente operación en cada uno de sus programas, entre los que se encuentran Oficiales de Protección Infantil, Repatriación, Grupos Beta y Programa Paisano, los cuales son fundamentales para la seguridad nacional, además de la protección de las personas migrantes.

Es fundamental el incremento de recursos destinados al instituto, ya que esta institución es vital en la seguridad de nuestro país y la seguridad humana.

2015, según datos de la Secretaría de Gobernación, los Grupos Beta del Instituto Nacional de Migración rescataron un total de 3,438 migrantes, además de que fueron orientados 193,633. Recibieron primeros auxilios 427 que habían sido heridos, además de que se localizaron 46 migrantes que habían sido reportados como extraviados.

Esto nos habla de un gran esfuerzo que realiza el Instituto Nacional de Migración con los Grupos Beta en coordinación con las demás autoridades.

Además de un fenómeno grave que vive nuestro país en el tema de migración de niñas y niños y adolescentes migrantes hay aún más con los no acompañados.

Durante el año de 2013 el instituto rescató a 9,900 menores muchos de estos rescatados fueron realizados vía aérea; esto con las limitaciones presupuestales con los que cuenta el Instituto de Migración.

Para el año 2015 el Instituto Nacional de Migración informó que fueron rescatados 11,893 menores no acompañados o cargo de traficantes de personas.

Mientras tanto autoridades de Estados Unidos informaron que en 2014 el número de menores que cruzaron solos la frontera creció un 77 por ciento.

Estos números se vuelven aún más graves cuando los menores sufren trabajos forzosos, violaciones, pornografía infantil, abusos, maltratos físicos y verbales y otras condiciones de riesgo.

Esto hace fundamentar el trabajo que realizan los Oficiales de Protección Infantil OPIS, el cual se ha encargado de entrevistar al niño, niña o adolescente con un objeto de identificar su identidad, su país de nacionalidad o residencia, su situación migratoria, el paradero de sus familiares o sus necesidades particulares de protección en atención médica o psicológica.

En razón de lo anterior el Estado mexicano no puede ser indiferente ante esta necesidad y deber tomar cartas en el asunto para evitar que el Instituto Nacional de Migración colapse, y se debe dotar de recursos suficientes para el desempeño de sus actividades.

Resultaría fácil, pero no es inviable solicitar el incremento del presupuesto del instituto a través del PEF, pero como todos sabemos este recurso no sólo alcanza para todo el aparato de gobierno, sino que debe eficientar su uso, y es por ello que la propuesta que hoy realizo no consiste en quitar un peso a otro ente de gobierno para dárselo al instituto, sino de un mínimo y viable incremento al pago de derechos por la prestación de servicios migratorios en aeropuertos, a pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el territorio nacional, y es que se incremente de 66 pesos a 132 pesos.

Por lo anterior expuesto, se propone reformar el primer párrafo del artículo 12 de la Ley Federal de Derechos para que quede de la siguiente forma:

Por la prestación de servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el territorio nacional se cobrará la cuota de 132.18 pesos.

Es cuanto, Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora.

Túrnese a la Cámara de Diputados.

En el orden está registrado una iniciativa del señor Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proyecto de decreto que adiciona la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Código Penal Federal.

En virtud de que no se encuentra presente, esta iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios legislativos, Primera.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la carrera de derecho del Tecnológico de Monterrey, Campus Hidalgo, invitados por el Senador Juan Carlos Romero Hicks, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta Asamblea.

Sean ustedes bienvenidos.

(Aplausos)

Asimismo, damos la más cordial bienvenida a estudiantes del sexto de preparatoria del Instituto Tlalpan, Campus San Juan de Dios, invitados por el Senador Roberto Gil Zuarth, agradecemos su visita a este Senado de la República, y son ustedes bienvenidos.

(Aplausos)

En otro apartado de nuestra agenda tenemos dictámenes para primera lectura, por tanto, solicito a la Secretaría dé cuenta con ellos.

La Secretaría Senadora Gabriela Guevara Espinoza: Doy cuenta señor Presidente.

Tenemos dos dictámenes de Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y Estudios Legislativos.

Uno, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV, y se adiciona una fracción V, recorriéndose la actual y la subsecuente en su orden, todas del artículo 33 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Y otro, por el que se adicionan diversas fracciones del artículo 4º y se adicional el 25 Bis a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Son todos los dictámenes para primera lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta y con fundamento en lo que está expuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, estos dictámenes quedan de primera lectura.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y se reforman diversas disposiciones en la materia.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.

Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Si se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Se omite la lectura.

En este sentido tiene el uso de la palabra el señor Senador Francisco Yunes Zorrilla, en su carácter de Presidente de la Comisión de Hacienda.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

Presentará el dictamen a nombre de las Comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento y hasta por diez minutos.

El Senador Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias, Senador Presidente.

A nombre de las Senadores y los Senadores integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado; y de Estudios Legislativos, Primera.

Ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea, éste proyecto de decreto que expide una nueva ley en materia de disciplina financiera para regular los empréstitos en estados y municipios, que modifica artículos de la Ley de Coordinación Fiscal, también de la Ley General de Deuda y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Las Senadoras y los Senadores recordarán, la importancia y lo sensible de este tema. Es un tema que en los últimos años ha generado un aumento progresivo del volumen de deuda, de estados y de municipios.

Que si bien es cierto, al día de hoy todavía no refleja un problema macroeconómico en las finanzas públicas nacionales, si lo es para algunos estados, y si debe atenderse para lograr equilibrarse y que está ruta y ritmo de crecimiento pueda modificarse.

La Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios; es una ley reglamentaria a las modificaciones constitucionales que ya fueron aprobadas por la colegisladora y por esta Cámara de Senadores.

Leyes que permiten generar condiciones de mayor certidumbre, de mayor transparencia y que generan además disposiciones específicas a observar, para poder controlar la dimensión del gasto, para dar claridad al destino de estos recursos y para poderlos vincular a la creación de activos y a la inversión productiva en los estados y en los municipios.

Esta nueva ley regula circunstancias fundamentales para generar orden en el manejo de estos recursos.

Hay definiciones específicas a través de generar un registro general de deuda único para todas las obligaciones, para todos los pasivos que estarán involucrando en el tiempo recursos presupuestales de los estados y de los municipios.

De manera puntual, limita el acompañamiento del gobierno federal en la garantía o el aval de futuros endeudamientos bajo la figura de la deuda estatal garantizada.

La deuda estatal garantizada: son todos aquellas erogaciones que no tienen definido ni etiquetado un destino presupuestal específico y que de alguna forma pueden generar condiciones de apoyo.

Los ingresos de libre disposición que también es una definición de la ley, son estas erogaciones que no tienen un destino particular y que si logran agregar los recursos y los ingresos propios de los estados y de los municipios, más las participaciones congregadas en el rubro 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación, más la proporción de los fondos vinculados a la estabilización de los ingresos presupuestarios para las entidades federativas.

Con este conjunto de disposiciones se genera certidumbre de manera puntual en este esquema.

Este conjunto de disposiciones, Senadoras y Senadores, genera un sistema de alertas que logrará medir el nivel de endeudamiento de los entes públicos que tengan obligaciones registradas, permitiendo identificar aquellas que cuentan con un endeudamiento elevado de aquellos que han tenido un manejo mesurado en el uso de los empréstitos.

El sistema de Sistema de Alertas, definirá un tema de financiamiento neto, autorizado a los entes públicos para los ejercicios fiscales subsecuentes.

En materia de transparencia y de rendición de cuentas, la minuta establece: que todo ente público tendrá la obligación de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único de deuda.

Otra aportación de la legislación que estamos proponiendo aprobar con el voto de todos ustedes, tiene que ver también con la definición puntual de lo que debe entenderse por inversión productiva. La Constitución siempre ha señalado que los recursos provenientes de deuda o de empréstito deben tener por fuerza, sólo como destino la inversión productiva, pero era un tema vago que con esta nueva legislación, de manera concreta, se hace explícito en su definición.

La inversión productiva son aquellos recursos que generan beneficios a la población y que pueden manifestarse a través de tres rubros que tienen que ver con la generación de infraestructura, que tiene que ver con la provisión de servicios, particularmente vinculados a educación y a salud y seguridad pública.

La minuta recibida por la Cámara de Diputados, observó en el análisis de reflexión de las Cámaras y de las Comisiones Unidas, perdón, de esta Cámara, algunas modificaciones. Estas modificaciones, en primer término implicó modificar la Ley de Disciplina Financiera para generar las referencias al Distrito Federal sustituyendo lo correspondiente por la Ciudad de México.

En segundo término, se propone modificar el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera, a fin de que las solicitudes de financiamiento que otorguen las instituciones financieras a través del proceso competitivo también señalen las condiciones de disposición y oportunidad de entrega de recursos.

En tercer término, se propone modificar el artículo 46 de la Ley de Disciplina Financiera para implementar el porcentaje del techo de financiamiento neto autorizado para los entes públicos que cuentan con un endeudamiento sostenible, pasando del 10 al 15 por ciento.

Una cuarta propuesta de modificación tiene que ver con el artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal, eliminando la limitante de afectación, de participaciones para las entidades federativas y los municipios en caso de que las obligaciones respaldadas con participaciones excedan el 100 por ciento de los ingresos de libre disposición que ya fueron expresados en esta presentación.

Por último, también se propone adicionar un nuevo párrafo al artículo transitorio décimo cuarto, a fin de establecer que los estados y municipios deberán estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones para acceder a la deuda pública estatal.

Estas son las quintas modificaciones que aprobamos las comisiones unidas al texto enviado por la Cámara de Diputados como minuta.

Yo quiero reconocer aquí el trabajo profesional y serio de las Senadoras y Senadores integrantes de estas dos comisiones.

Particularmente saludar el trabajo de quienes integran la Comisión de Estudios Legislativos, dignamente presidida por el Senador Gracia, a quien desde aquí saludamos con mucho afecto.

Reconocer el compromiso de las Senadoras y de los Senadores para encontrar salida a un tema que de no atenderse, podría generar fuertes y graves desequilibrios, no sólo en las finanzas públicas de algunos estados como ya suceden, sino de las propias estabilidad macroeconómica del país, sin distingo de origen partidario, las Senadoras y Senadores integrantes de estas comisiones le cumplieron a México actuando de manera reflexiva con mucha seriedad y con mucha responsabilidad.

Finalmente quiero, también reconocer el arduo trabajo, por más de 3 años de quienes vienen acompañando técnicamente los trabajos de las Senadoras y particularmente, la Comisión de Hacienda.

Saludamos a la Secretaría Técnica y al grupo de asesores y, de manera muy especial, quiero destacar la participación, el compromiso y la aportación del maestro David Fonseca, quien sin lugar a dudas, permitió encontrar luces a un tema que conoce particularmente bien.

En términos generales, este es el dictamen que está a discusión en este momento, a consideración de las Senadoras y Senadores y a quienes de manera muy sentida y con mucha humildad, les pedimos acompañar con su voto aprobatorio.

Muchas gracias por la atención.

Es todo lo que tendría que decir en términos de la presentación, Senador Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador, Presidente de esta Comisión.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la carrera de Derecho de la Universidad Central Hispana de Cuautla, Morelos, invitados por la Senadora Lisbeth Hernández Lecona.

Agradecemos su visita al Senado de la República, sean ustedes bienvenidos.

(Aplausos)

A continuación tiene el uso de la palabra, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199 del Reglamento, el señor Senador Mario Delgado Carrillo, para presentar un voto particular.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador Mario Martín Delgado Carrillo: Muchas gracias, Presidente.

Con su venia.

A ver, presentamos un voto particular porque, parece difícil o no estar de acuerdo con una ley que promueva la disciplina financiera en las entidades federativas y los municipios.

Pero me parece que la idea general de lo que se está planteando, lo dijimos desde la reforma constitucional, es equivocada.

¿Por qué estamos aquí?

¿Por qué tenemos que hacer una ley? Por el desorden que hay en estados y municipios, y sobre todo, por el abuso que ha habido de la deuda pública.

Tenemos casos de escándalos en estados y en municipios, de todos los partidos políticos, por casos de abuso del endeudamiento público. Vamos a ver qué solución estamos planteando.

¿Cuándo empieza a incrementarse, de manera exagerada el endeudamiento en estados y municipios? A partir de 2008, cuando la crisis, aquel famoso “catarrito”, pues, se convirtió en una pulmonía donde los estados y municipios, pues, quedaron expuestos a una gran vulnerabilidad de esta insuficiencia que se ha venido agravando de recursos públicos, de ingresos, para sostener sus gastos.

En aquella ocasión se abrió la puerta al endeudamiento. En lugar de enfrentar esta situación de falta de recursos, de claros desequilibrios financieros en estados y municipios, donde hay gastos muy por encima de los ingresos que reciben, de una gran dependencia de estados y municipios por parte de las transferencias de la Federación, se optó por el endeudamiento, y empieza a crecer la deuda de estados y municipios, que no ha parado hasta nuestros días, y es una salida falsa que tienen los estados ante esta insuficiencia de recursos.

¿De dónde vienen los abusos? Los abusos vienen, fundamentalmente, de la falta de transparencia.

Los contratos de deuda pública no son públicos. No se puede saber ¿por qué se contrata la deuda con un banco y no con otro?

¿Por qué se negocia una tasa de interés y no otra?

¿Qué comisiones se cobran por la contratación de ese crédito?

O ¿Qué condiciones se están pactando para el mismo?

O ¿Si se están comprometiendo, por ejemplo, participaciones federales o recursos que se tendrán en el futuro, se están comprometiendo en un crédito?

Entonces, la solución que deberíamos de haber planteado, desde la reforma constitucional, era que hubiera una mayor transparencia y acotar aquellos espacios de discrecionalidad.

La estrategia que se siguió fue la contraria, fue flexibilizar el concepto de deuda. El artículo 73 constitucional siempre fue una camisa de fuerza para evitar el abuso por parte del gobierno, de la deuda.

Sin embargo, la nueva redacción de la constitución, el 73 permite que se puedan hacer refinanciamientos, permite documentar deuda de fideicomisos. Y en el 117 constitucional, donde se regula estados y municipios, todavía es peor, porque se legaliza, se lleva a la constitución el mayor instrumento de abuso que han tenido los estados, que es el famoso endeudamiento de corto plazo, que hasta la aprobación de la reforma constitucional, era ilegal, claramente ilegal, y era la estrategia que seguían los estados de simulación para endeudarse en el corto plazo y después pedir como refinanciamiento que se transformara esa deuda, se regularizara esa deuda y en ella, pues, había una gran cantidad de abusos.

Por eso esta ley va a ser insuficiente para poder detener los excesos que se están cometiendo con la deuda.

Se optó mejor por un control político. Estamos con esta reforma, pues, generando la Secretaría de Hacienda más poderosa de toda la historia, porque los gobernadores, su principal interés no va a ser generar mayores ingresos y ser más transparentes y eficaces en el gasto público, y elaborar proyectos de inversión, de infraestructura que puedan ser financiados con deuda.

La tarea más importante que van a tener, es tener una buena relación con el Secretario de Hacienda, porque él es el que le va a autorizar las garantías del gobierno federal en la contratación de su financiamiento. Son incentivos perversos, y para muestra basta el botón de la Ciudad de México.

Es el modelo que se sigue, un modelo basado en el control político para la autorización de deuda que ahora se va a replicar en todo el país.

¿Qué estamos proponiendo en esta ley?

Cambiar algunos conceptos fundamentales que podrían acotar este modelo que desde la Constitución me parece que es equivocado; por ejemplo, la deuda de corto plazo.

La deuda de corto plazo debemos acotar aún más el uso que puede tener, acotar la definición de inversión pública productiva que no quede tan flexible como se tiene hasta la fecha, increíble no se toca esa definición que se ha interpretado en cada estado como ellos quieran, para lo que mejor les cuadre y les sirva, para que no se pueda destinar gasto corriente, que no se pueda utilizar esta farsa del corto plazo para financiar insuficiencias en el gasto corriente que luego se pasa a ser deuda de largo plazo.

Que el refinanciamiento de corto plazo no pueda ser utilizado para un refinanciamiento, una reestructura, es una mala práctica recurrente, como ya lo hemos descrito aquí.

Y la otra es, no basta decir con que la deuda de corto plazo se pague tres meses antes, o que no se pueda contratar antes del cambio de gobierno, pues los abusos no están ahí, están claramente en los años electorales, entonces, no debería permitirse que haya deuda de corto plazo en los años electorales, porque se inicia esta simulación y después se pasa al siguiente ejercicio y nada más se va al Congreso estatal a regularizarse.

Otra propuesta que estamos haciendo, no se puede seguir con esta dinámica de que los gobernadores vayan a sus congresos estatales a pedir la autorización de un monto, porque eso es falta de transparencia, tienen que ir, tienen que solicitar el financiamiento de proyectos, tienen que plantearle a sus congresos que quieren hacer un hospital, quieren hacer un puente, quieren hacer una carretera, y tienen su análisis costo-beneficio, y para eso se pide el financiamiento.-

No ir a pedir 1,000, 2 mil, 3 mil millones de pesos que después quién sabe qué destino tengan y, además, en la contratación de esos montos también se dan garantías que comprometen ingresos de los siguientes diez, quince, veinte, años, entonces, hay que autorizar proyectos, no montos, también estamos planteando algunos mecanismos para mejorar el ejercicio de la deuda, por ejemplo.

Se propone que quede prohibido crear fideicomisos para contratar deudas sin la respectiva utilización del congreso local, no se les puede a estos fideicomisos aplicar el secreto bancario, bursátil o cualquier otro previsto en la legislación mexicana.

¿Qué estamos haciendo en el 117 Constitucional? Lo contrario, se permite la autorización de deuda a través de fideicomisos, cuando es un mecanismo claramente utilizado para evadir la rendición de cuentas, pero, además, siempre es necesario un fideicomiso para comprometer las participaciones federales futuras o para comprometer ingresos locales futuros, es una manera de darle la vuelta al Congreso y comprometer recursos de las siguientes generaciones.

Entonces, esto tendría que pasar también por los congresos para obligar a una mayor transparencia, y, por supuesto, que estos fideicomisos no estén protegidos por el secreto bancario, el secreto bursátil, son fideicomisos privados que no están sujetos al escrutinio público, también estamos pidiendo se incluya, vamos a presentar reservas, además de este voto, incentivos para que los municipios no se endeuden irresponsablemente.

La Secretaría de Hacienda debe crear y administrar un sistema de cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad hacendaria de acuerdo con el grado de cumplimiento, estados y municipios tendrán derecho a mejores condiciones para otorgamiento de subsidios, apoyos y estímulos por parte de la Federación, es decir, ponerle reglas al Secretario de Hacienda de cuándo va a autorizar la garantía federal para ciertos estado y ciertos no.

Porque si lo dejamos abierto el único criterio que va a establecer es el criterio político. Pongamos algunas reglas que haya incentivos para que los estados y los municipios quieran recaudar más, quieran gastar mejor, que el gasto público tenga mayor impacto, que sea más transparente, y que los proyectos que se estén planteando para financiar con deuda tengan más sentido; no que le digamos al Secretario de Hacienda que autorice la garantía libremente como le dé la gana, entonces, acotarle, amarrarle un poco, ponerle reglas, cuando menos, al Secretario de Hacienda en cómo va a dar estas garantías.

La otra, darle al municipio y al estado la posibilidad de dar por terminado el convenio de esta disciplina fiscal que aquí parece que seguimos con la ilusión de que el Congreso va a autorizar determinados proyectos para ser financiados, estos compendios de disciplina financiera, cambio de la garantía federal en la deuda, aquí y en China significa o recortar gasto o aumentar impuestos, y eso es lo que se va a imponer con esos convenios a los estados y municipios.

Imagínense ahora cómo hablamos de federalismo fiscal ¿se acabó el federalismo fiscal? estamos entregando a los presidentes municipales y a los gobernadores en su poder de actuación para que estén prácticamente sometidos por la voluntad de Hacienda.

En materia de transparencia, a ver, cuándo se contrata a un crédito nunca se dan explicaciones, porqué se contrata a una tasa y no a otra. Se está planteando que las ofertas sean públicas, sobre todo aquellas que no resulten ganadoras.

Las reglas dicen: “Bueno sí que sea oferta pública o que haya por lo menos tres y que se escoja la mejor”. Bueno pues que sean públicas las que no se ganaron, nada más para tener la certeza de que efectivamente se está eligiendo la mejor opción y tengamos una vigilancia más estrecha.

También se establece una deuda que está fuera del alcance del famoso registro público que dará más transparencia, pues es la deuda de corto plazo, pues otra vez es lo mismo, se deja fuera del escrutinio el mecanismo de simulación que luego se convierte en deuda regular, pues tiene que estar como parte del registro, tiene que ser público, qué garantías, qué tasas, qué plazos, qué condiciones, si no, no va a cambiar lo que está pasando.

También cuando se procede a la cancelación de una obligación o financiamiento, se deberán de publicar las razones por las cuales no se dispuso de este financiamiento y se pide a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que esté obligada a conciliar la información completa y precisa en el registro único de todos los empréstitos, obligaciones y financiamientos celebrados con instituciones financieras o el mercado de valores.

También estamos pidiendo que aumente el número de ofertas para financiamiento, a un mínimo de tres, cuando la solicitud de crédito sea mayor a 10 millones de UDIS. Desglosar las tasas, es elemental, es un dato fundamental que tiene que ser público. La tasa efectiva de todos los empréstitos, obligaciones y financiamientos por cada concepto.

También, que la Comisión Federal de Competencia nos haga un estudio, nos ayude con un estudio para revisar la competencia económica del mercado de financiamiento de deuda y en su caso dar recomendaciones. Creo que también tenemos que distribuir las responsabilidades.

En aquellos casos donde haya un abuso y haya aún en condiciones que son claramente de insolvencias, haya un banco que esté dispuesto a dar el crédito, apostando a que va a llegar el gobierno a salvar ese crédito, hay que decirle que no al banco, el banco tiene que asumir la pérdida, en caso de que otorgue un crédito cuando claramente esté este estado o este municipio sin capacidad de pago, el banco tiene que hacerse responsable, si no estamos en esta conducta perversa donde el banco sabe que no lo van a dejar sin pago por más condiciones de insolvencia que esté un estado, que siempre va a llegar alguien a salvarlo, no, tiene que hacerse responsable y tiene que perder el crédito, tiene que hacerse responsable de eso.

Con estas medidas que estamos planteando ¿qué queremos? Cambiar la lógica de esta ley.

Creemos que la fortaleza de las finanzas públicas debe construirse de abajo hacia arriba, debe ser una ley que incentive a que los estados se preocupen por mejorar su perfil financiero, por recaudar más, por gastar de manera más eficaz y transparente y por generar proyectos de infraestructura social que puedan ser financiadas con deuda y que salgan a un mercado competitivo de financiamiento por mejores condiciones para sus estados.

Optar por el control político me parece que no va a ser la solución y lo que podríamos esperar como un freno a los abusos que se han cometido en los últimos años no va a ser suficiente, y vamos a tener muy rápido la prueba de ello, porque este año se parece mucho al 2008 donde hay una simulación por parte del gobierno, de que sí se va a cumplir la expectativa de crecimiento y sí se va a cumplir la expectativa de ingresos y sí se va a cumplir la expectativa de participaciones federales.

Los indicadores nos muestran que eso no va a pasar, y como en el 2008, tal vez hasta septiembre-octubre el gobierno lo reconozca y ya va a ser muy tarde para que los estados puedan hacer un ajuste en sus finanzas y nuevamente se les ofrecerá la falsa puerta del endeudamiento. Este es un año donde tendremos nuevamente un brinco en la deuda de estados y municipios, nada más que ahora sí todo legalito y todo bajo el amparo de la Constitución.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral uno, fracción II del Reglamento, serán en el orden creciente y por el tiempo de 10 minutos, por supuesto con la debida tolerancia en aquellos casos en donde no se pueda sintetizar.

Y en ese sentido, tiene el uso de la palabra el señor Senador Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Buena intervención del Senador Delgado.

El Congreso de la Unión, en el mes de diciembre de 2014, aprobó la reforma constitucional en materia de endeudamiento de estados y municipios, y votamos nosotros en contra. Votaremos nuevamente en contra en esta ley secundaria por razones muy similares.

La Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios que deriva de la reforma constitucional presenta los siguientes inconvenientes.

Se trata de una reforma que no toma en cuenta la desigualdad presupuestal entre la Federación y los estados, ni las responsabilidades crecientes de las entidades federativas que impactan a la hacienda pública local.

De los recursos fiscales que recibe la Hacienda Pública Nacional, en el marco del Sistema de Coordinación Fiscal, aproximadamente el 80 por ciento de los recursos se destina a la Federación, y sólo el 20 a los estados y los municipios. Existe una distribución desigual de recursos que anula el federalismo mexicano.

La reforma legal es para intervenir en las finanzas de los estados, y no sólo en materia de deuda porque al aplicar el mecanismo de deuda garantizada la Secretaría de Hacienda revisa, para autorizar la deuda de cada estado, la totalidad en las finanzas locales.

Es una reforma que reduce las competencias de los congresos locales a favor de la Secretaría de Hacienda. Es un pretexto porque se generaliza un problema focalizado en 7 estados, que son: Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, solamente ellos tienen problemas graves de la deuda.

Es una reforma antifederalista porque se incrementan las atribuciones del Congreso de la Unión y de la Auditoría Superior de la Federación en detrimento de los congresos locales y de las entidades de fiscalización de los estados.

Lo estoy comentando aquí en el Senado, que es el defensor de los estados, la ley es para establecer las bases de endeudamiento de los estados, Ciudad de México y municipios, esa ley señala modalidades, límites y condiciones para el endeudamiento local y municipal, los que son definidos no en el marco de la Constitución o de la ley, sino por convenios administrativos entre los estados y la Secretaría de Hacienda, según las circunstancias de cada caso.

En los estados no podrán disponer con soberanía de sus recursos propios porque la ley sí indica en qué deben gastar, fundamentalmente en cubrir las deudas y, posteriormente, en atender los programas prioritarios y sociales, se parece al Banco Mundial.

Es decir, se privilegia el pago a los acreedores financieros sobre las necesidades sociales de las poblaciones de los estados y los municipios.

El Congreso de la Unión seguirá aprobando el endeudamiento de la Ciudad de México, existirá una comisión bicameral que analizará las estrategias de ajuste y para fortalecer las finanzas de los estados, lo que faculta al Congreso de la Unión para intervenir en la autonomía de los estados y municipios, otra interferencia.

Existirá un registro público para la deuda de estados, Ciudad de México y municipios, pero no habrá un registro para la deuda de la Federación.

Existe para los estados, municipios y Ciudad de México la prohibición para contraer deuda destinada a sufragar el gasto corriente, y no existe la prohibición correlativa y expresa para la Federación que nos tiene endeudados hasta la coronilla, eso sí, no existe.

La Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar recursos de los estados y municipios cuando los recursos provengan de empréstitos que cuenten con la garantía de la Federación. Los empréstitos federales los aprueba el Congreso de la Unión por mayoría, mientras que los empréstitos locales, para aprobar por los congresos por mayoría de dos tercios; es decir, la Federación no tiene límites por mayoría y los congresos locales tendrán que aprobar con una mayoría de dos tercios.

Se establecen limitaciones para la contratación de deuda de corto plazo para estados y municipios, y no para la Federación.

Es una reforma que suprime el poder de las entidades federativas para planear soberanamente su desarrollo y dirigirlo hacia la preservación y garantía del interés general.

En caso de incumplimiento de los convenios entre la Secretaría de Hacienda y los estados, los estados y municipios deberán pagar el costo asociado a la garantía de la deuda.

Se elimina el secreto bancario, financiero y bursátil porque la Secretaría de Hacienda podrá conocer el manejo de las cuentas y con ello la administración total de las finanzas de estados y municipios.

El gran problema de endeudamiento en el país es federal y no estatal y municipal. El endeudamiento federal es el más grande de la historia de México, y sin ningún pudor vienen aquí a poner límites a los estados, que son muy relativos como veremos.

El origen del desorden en la deuda focalizada en algunos estados y municipios de la República, obedece a la inexistencia del principio de división de Poderes al interior de los estados.

Los Congresos locales y las Auditorías Superiores de los estados están controladas, cooptadas y compradas por los ejecutivos locales.

Los ejecutivos en estados y municipios con problema de deuda, han hecho uso de instrumentos financieros, bursátiles, mecanismos de inversión, fideicomisos, asociaciones público-privadas, con el argumento de que no se trata de deuda pública. Aquí estuvieron defendiendo a Moreno Valle en la sesión anterior, diciendo que no era deuda pública lo que es deuda pública. Todo ello con el propósito de eludir la fiscalización de los congresos locales y de la sociedad en su conjunto, diría yo.

Esos instrumentos son deuda pública por el solo hecho de pagarse con el presupuesto público.

Los Congresos locales, como están subordinados a los gobernadores, han sido cómplices y omisos en el ejercicio de sus competencias de control hacia el ejecutivo local, lo que ocurre también en la Federación vía Fibras y toda clase de financiamientos que ocultan, los bonos educativos y demás instrumentos que se crean para eludir la fiscalización del gobierno federal, y la miopía de la Auditoría Superior.

Pero también este Congreso no canta mal en relación con los congresos locales. Cuando decimos que los congresos locales están controlados por los ejecutivos, pues qué decir de este Congreso Federal, de este Senado de la República que está controlado por Peña Nieto.

Ya en la siguiente intervención nos iremos todavía más a fondo en este tema.

Votaremos en contra de esta ley por ser antifederalista, por reducir la soberanía de los congresos locales y por simular que se trata de problemas de deuda, cuando el problema de fondo es constitucional y democrático porque los congresos locales controlados por los gobernadores, no realizan adecuadamente sus facultades de control y de fiscalización de las cuentas públicas.

En lugar de esta ley se debería fortalecer a los congresos locales y a los ayuntamientos; establecer que si el congreso local correspondiente no aprueba una cuenta pública, el gobernador o el alcalde deben ser destituidos de su cargo.

En materia de sanciones es ridículo, y repito, vamos a tener una segunda intervención en lo general en contra.

Todo este asunto de la focalización ya lo discutimos cuando analizamos la reforma constitucional, y-les recuerdo, y dijimos que no es general, sino se aprovecha el asunto del escándalo de ciertos estados para hacer un control absoluto y total del financiamiento de los estados en todo lo que puede significar.

Y ya establecimos que además esos siete estados que han tenido repercusión internacional, lo sabemos, y electoral actualmente, es corrupción.

Ya analizamos, y aquí Delgado decía bien que había que establecer cuál de los bancos va a ofrecer y cuáles son las tasas, pero así no es porque son los compinches.

Ya hicimos la lista de las deudas en los bancos y vemos que son los mismos. Son los bancos de Hank y los que están controlados por el hankismo. Entonces es una cuestión que se les olvide analizar qué banco va a prestar, porque son bancos privados, porque es corrupción y ya lo hemos señalado varias veces.

Aquí hay una brutal corrupción en el país con la colusión del gobierno federal y la Secretaría de Hacienda.

No hay sanciones. Hay sanciones administrativas ahí regularzonas, sanciones cuando son delitos, no debe haber sanciones administrativas, son delitos, delitos que sacrifican a sus poblaciones en general, delitos enormes para convertirse, estos gobernadores delincuentes en compradores del voto, en compradores de congresos locales, en compradores de todo lo que se pueda comprar que en México ya casi es todo.

De manera que las sanciones finalmente, las sanciones no existen, debería de haberlas, y graves.

Me llama la atención, finalmente, señor Presidente y termino, me llama la atención que esta ley secundaria se retiró, y se retiró porque, decía que el Partido Acción Nacional había pedido que se retirara, y que se había retirado por una serie de inconveniencias y análisis que se presentaron por organizaciones sociales y ONG’s importantes, como Fundar y el Imco, ¿verdad?, que las tenemos aquí, y ahora, sin ningún cambio, ya la dejaron pasar, ¿qué pasó?

¿Por qué la retiraron?, si estaban analizando, aquí tenemos un pequeño resumen, lo sacó la prensa, no es secreto. Se retiró porque el Partido Acción Nacional consideró que había que revisar esas cosas, esas críticas de dos instituciones muy acreditadas, y de repente, ya, hubo una aquiescencia, y vámonos, ahí va, sin ninguna corrección; yo esperaba que hubiera una discusión sobre lo que dice de Fundar y el Imco, nada.

Por eso digo que se parece mucho ese senado a la crítica que hacemos de los congresos locales.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: A usted, señor Senador.

Desde su escaño ha solicitado, y para hechos ha solicitado el uso de la palabra, desde su escaño el Senador Víctor Hermosillo y Celada, y entendemos que la dinámica de este debate, no hay réplica tiene usted el uso de la palabra, sonido en el escaño del Senador Víctor Hermosillo.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada (Desde su escaño): Muchas gracias, nada más para una aclaración, el Senador Bartlett, con todo respeto, mencionó al estado Baja California, y el Estado de Baja California no es de los más endrogados.

Debo decirle que así está Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, pero Baja California no, quizás con el tiempo, pero ahorita no es de los más endrogados, que es un estado que sus participaciones todas casi se van en educación.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, se toma.

Tiene ahora el uso de la palabra el señor Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para efecto de posicionar a nombre de su grupo sobre este tema que está a discusión.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador Luis Armando Melgar Bravo: Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros legisladores, antes que nada una disculpa, estoy ligeramente afónico, ronco, y voy a ser muy breve.

Las finanzas públicas no escapan de la volatilidad de la economía mundial, por lo cual resulta necesario implementar medidas apropiadas para garantizar que los gobiernos se conduzcan bajo criterios y reglas que aseguren una gestión responsable y equilibrada de sus respectivas haciendas.

El año pasado el Constituyente Permanente se dio a la tarea de aprobar una reforma que estableció las bases constitucionales para la expedición de la legislación en materia de responsabilidad hacendaria, que tiene por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en todos los órdenes de gobierno a fin de coadyuvar, de generar condiciones favorables para el crecimiento económico y del empleo.

Es por ello que el componente principal de la minuta que nos ocupa el día de hoy es la expedición de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios.

Esta ley establece criterios de responsabilidad, programación y evaluación para la expedición de los instrumentos fiscales y presupuestarios.

Instrumentos que son bajo los cuales se rigen los gobiernos locales como también incluye su Ley de Ingresos y Presupuesto en cada uno de sus ejercicios fiscales.

Se obligará a que el gasto público cuente con un balance presupuestario sostenible, permitiendo excepcionalmente y bajo condiciones especiales la deuda pública.

También se contemplan limitaciones al rubro de servicios personales y mandatos para destinar los ingresos excedentes de las haciendas en las entidades federativas.

En materia de deuda, se establecen reglas estrictas para evitar que los entes públicos locales, contraten financiamientos u obligaciones que atenten contra las finanzas, mediante la participación activa de los congresos.

De esta forma, se va a garantizar la adquisición de deuda únicamente en casos de necesidad extrema y bajo las mejores condiciones de mercado, ya no más se van a permitir practicas irresponsables bajo de ningún gobierno, ninguna entidad federativa.

Como mecanismo del control novedoso, se establece un sistema de alertas que permitirá que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, evalúe la deuda de los gobiernos locales, clasificando a los entes públicos por su nivel de endeudamiento.

Derivado de esta clasificación, los gobiernos locales podrán acceder a techos de financiamiento diferenciados. Con lo cual se garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En el mismo sentido, se crea un Registro Público Único en el que se inscribirán y transparentaran la totalidad de los financiamientos y obligaciones a cargo de los entes públicos locales.

Finalmente, se establece un esquema de transparencia y rendición de cuentas, sujetando a los entes públicos locales, a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como sanciones por el incumplimiento de las disposiciones de este nuevo modelo de disciplina financiera.

Por todo lo anterior, votar a favor de esta iniciativa, es votar a favor de una iniciativa moderna, responsable de transparencia. Sin lugar a dudas, que redituará en un mayor control de recursos públicos en el ámbito local y con el debido respeto a toda la ciudadanía en el uso y en el manejo de los recursos públicos.

Por su atención, muchísimas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, Senador.

Muchas gracias.

A continuación, tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para posicionar a nombre de su partido.

Tiene usted el uso de la palabra, distinguida Senadora.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, Presidente.

La Ley de Disciplina Financiera, esta iniciativa que regula la deuda en las entidades federativas y municipios, tiene como propósito ordenar el endeudamiento de los gobiernos estatales y municipales que, en algunos casos, ha sido desproporcionado con propósitos no claros ni transparentes.

Este propósito, a pesar de significar una limitación al federalismo, debe considerarse una medida necesaria, porque existen el riesgo que el gobierno federal tenga que asumir esas deudas en el futuro y acabaría pagándolas el pueblo de México.

Resulta preocupante el nivel de la deuda alcanzada en el sector público nacional, y es mucho más significativa que la deuda de los gobiernos estatales y municipales. Por eso deberíamos de poner reglas también para el gobierno federal, en el tono semejante que se están poniendo para los gobiernos estatales y municipales, sólo baste señalar, que al 31 de enero de 2016, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público fue de 8 billones 905 mil millones de pesos, equivalentes al 49 por ciento del Producto Interno Bruto.

En contraste, la deuda registrada en las entidades federativas y los municipios al cierre de 2015, fue de 536 mil millones de pesos, el 3 por ciento del Producto Interno Bruto y el 6 por ciento de lo que representa la deuda federal.

Por otra parte, en la deuda del sector público que reporta la Secretaría de Hacienda, se llama: “Saldo de requerimientos financieros del sector público”.

Ahí no están incluidas todos los conceptos de deuda federal, no están las obligaciones que necesariamente se tendrán que pagar en el futuro, que limitan la disponibilidad de recursos dentro de las que destacan los pasivos por pensiones que, de acuerdo a varios analistas, supera el 100 por ciento del Producto Interno Bruto.

En 2015, destinó el 23.4 por ciento de los ingresos presupuestarios al pago de pensiones y al costo financiero de la deuda, y su comportamiento es creciente.

En el 2010, fue de 20.2 por ciento, ahora es de 23.4 por ciento. En conclusión, se debe de afirmar que es adecuada la preocupación de la deuda subnacional que da origen y motivo a esta iniciativa de Ley de Disciplina Financiera, pero no debe obviarse la necesidad de hacer cambios parecidos o semejantes para controlar también la deuda federal, más aún en un escenario de bajo crecimiento económico, caída de los ingresos petroleros y debilidad estructural de las finanzas públicas.

El gobierno federal, al garantizar la deuda de algún estado, asume con ello un pasivo contingente, lo que significa que se compromete a pagar en caso de que las entidades no paguen.

Este otorgamiento de garantías por parte del gobierno federal, se sujeta a un conjunto de reglas; primero, se celebra un convenio entre la entidad federativa y la Secretaría de Hacienda, en el cual se establece un límite de endeudamiento; también objetivos para ir disminuyendo el déficit presupuestario, hacer esfuerzos de austeridad en el gasto y, finalmente, aumentar ingresos propios.

Todo esto viene en el artículo 37 de esta iniciativa.

Se limita la garantía de aun endeudamiento de 3.5 por ciento del PIB estatal o al 100 por ciento de los ingresos propios de libre disponibilidad. Es decir, sumar las participaciones federales más los ingresos propios. Eso está en el artículo 35.

Las entidades federativas a su vez, le garantizan o le autorizan al gobierno federal sus propias participaciones que le correspondan.

Cuando una entidad solicite garantías al gobierno federal para contratar deuda y su nivel de deuda sea elevado, el convenio correspondiente deberá ser analizado por la Comisión Bicameral del Congreso de la Unión, quien podrá emitir observaciones.

Se faculta a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar que las garantías que otorgue el gobierno federal en todo momento, y el gobierno federal, no podrá otorgar garantías por deudas contratadas entre el 1º de enero del 2015 a la fecha de la entrada en vigor de esta ley que hoy se aprobará, a menos que sea para refinanciamiento, reestructuración de la deuda contratada antes del 1º de enero del 2015. En esto haremos una reserva en lo particular que lo han pedido varios organismos de la sociedad civil y nos parece incorrectas sus observaciones.

Pero en síntesis, la ley no establece explícitamente que el gobierno federal pueda asumir deuda de las entidades federativas y municipios, sólo podrían hacerlo cuando el gobierno federal haya otorgado garantías y la deuda no sea pagada por algún gobierno estatal o municipal, y esta iniciativa acota y reglamenta las condiciones en las que un gobierno federal puede otorgar garantías.

La obligación de las entidades federativas y de los municipios, de incluir un estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores, se convierte en una obligación a partir de que se emita esta ley.

Esta adición es muy importante, ya que se reconoce explícitamente este importante rubro de gasto que es un compromiso de las finanzas públicas de una manera similar a los conceptos de deuda, lo cual es definitivamente correcto para poder cumplir con los trabajadores, que es un derecho y tener un mayor control de estos recursos, que deberían quedar perfectamente establecidos y reglamentados en la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria.

En el artículo 9, se limita la posibilidad de tener financiamientos a que las entidades tengan un balance fiscal negativo, pero solamente debido a una caída del PIB nacional o a situaciones de un desastre natural en determinada entidad o bien, cuando se tenga necesidad de un gasto hasta un 2 por ciento mayor al del año anterior que se deriva de un balance presupuestal de ejercicios anteriores.

Estas restricciones limitan seriamente la posibilidad de contratar financiamiento.

En el artículo 10, se limita el crecimiento de gastos en servicios personales al valor que resulte menor entre el 3 por ciento o la nueva estimación del Producto Interno Bruto, respecto del año anterior.

Se le pone límite al crecimiento de gasto en servicios personal, lo cual es definitivamente correcto.

Sin embargo, no es establecen mecanismos que permitan evaluar si el monto de referencia, es decir, si el gasto en servicios personales del año anterior, es adecuado o no, debería de justificarse la plantilla de personal que tienen los gobiernos estatales y poder forzar a disminuir el gasto corriente de varios estados y de varios municipios.

En el capítulo V, se establece el sistema de alertas, que consiste en clasificar a las entidades federativas, dependiendo de su nivel de endeudamiento. Las entidades de bajo endeudamiento estable, estas entidades se les permitirá contratar deuda hasta un 15 por ciento de la que ya tienen.

El endeudamiento en observación, serán las entidades que puedan contratar deuda hasta por un 5 por ciento de la existente; y las entidades de endeudamiento elevado no podrán contratar nada de deuda. Todo esto se considera correcto, aunque en un esquema rígido, porque no toma en cuenta las situación específica de cada entidad, y debiera distinguirse el estado que guardan las finanzas y los ingresos, estado por estado, municipio por municipio.

Se establece la constitución de un Fondo para la Atención de Desastres, y la reconducción de infraestructura, una especie de Fonden estatal. Suena bien la propuesta, pero habría que ver si su implementación no va a pesar mucho en las finanzas, o que la Federación quiera deslindarse del Fonden que ha sido muy importante ante desastres naturales.

Es importante tener en cuenta también que la aprobación de la deuda pública de las entidades federativas y municipios es responsabilidad de los congresos locales, y aunque haya una ley federal pudiera no aplicarse en los estados. Esta ley está supeditada a que los estados firmen convenios con la Federación, cuando necesiten que la Federación les garantice los financiamientos que soliciten.

Finalmente diría, que en el artículo 33, esta iniciativa establece unos requisitos adicionales a los financiamientos de la Ciudad de México, que no se estipulan para el resto de las entidades federativas.

Se establece, por ejemplo, que para la Ciudad de México se sujetarán a producir incrementos en los ingresos públicos, esto lo dice el artículo 33, inciso a), fracción II, que colocado así, especialmente para la Ciudad de México, es porque se hizo desde diciembre, antes de que se aplicara la reforma política del Distrito Federal.

Ahorita, esta redacción, comparada con la que viene para el caso de las demás entidades federativas, que dice, no se estipula una frase idéntica, se establece” Que sólo podrán contraer obligaciones o financiamientos cuando se destinen a inversiones públicas productivas, o a refinanciamientos de la deuda, o a restructuras de la deuda”. Esto viene en el artículo 22. Esto, aparentemente es equivalente a lo que establece el artículo 33 para el caso de la Ciudad de México, pero pareciera discriminatorio para la ciudad.

Antes de que tuviera autonomía administrativa y política, se justificaría, pero después de la reforma política al D.F., ya no se puede justificar esta diferenciación.

Nosotros proponemos que se modifique la redacción para que diga: “Producir un incremento en los ingresos públicos que se destinen a inversiones productivas o refinanciamientos o reestructuras”.

En cuanto a refinanciamientos y reestructuras, también debe de haber una auditoría en cada entidad para saber si la deuda realmente fue aplicada a gastos de inversión, y no a gasto corriente, como ocurre en muchas entidades.

Es cuanto.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora.

Tiene a continuación…

La Senadora Dolores Padierna Luna: Nada más.

Nuestro voto será favorable, el voto del PRD será a favor de esta iniciativa, aunque sabemos que la misma arroja más pendientes a nivel federal y también a nivel estatal.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, Senadora.

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, Presidente.

Con su permiso.

Este posicionamiento, a nombre del grupo parlamentario del PAN, ha sido preparado por el Senador Ernesto Cordero, que por razones de justificación no puede estar en este momento aquí.

Ha sido largo el camino, el que hemos recorrido hasta el día de hoy, en que finalmente estaremos votando la legislación secundaria en materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Haciendo un poco de historia y un breve recuento de las motivaciones que Acción Nacional tuvimos para incluir esta ley como un irrenunciable, dentro de nuestra agenda legislativa, podemos remontarnos a 2011 y 2012, cuando por primera vez en los informes anuales del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, se consideró al endeudamiento de estados y municipios como un riesgo a atender, por la magnitud y el ritmo acelerado de su crecimiento.

Cito textualmente: “En los últimos años se ha observado un incremento significativo en la exposición de la banca múltiple a los gobiernos de los estados y municipios al aumentar 125 por ciento entre los años 2007 y 2011”.

Asimismo, esta tendencia ha venido acompañada de un nivel creciente de endeudamiento de estas entidades, así del apalancamiento de entidades, medido como el cociente de la deuda total entre el monto de participación federal, alcanzó un nivel de 79 por ciento al cierre de 2011.

Pero fueron realmente los casos particulares, como el de Humberto Moreira, en Coahuila, donde la deuda se disparó de 323 millones de pesos en 2005 a 36 mil millones de pesos en 2011, los que encendieron las señales de alarma tanto en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como en el sistema financiero mexicano.

No solamente se había heredado una deuda monumental a ésta y varias generaciones de coahuilenses, también habían cometido una serie de delitos para su contratación, los cuales incluso fueron objeto de denuncias penales por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Pero aún, fue darse cuenta que aunque con otras características, igualmente irresponsable, la contratación de deuda para financiar excesos y ocurrencias de gobernantes en turno de los estados y municipios se había vuelto una práctica recurrente en el marco legal mexicano, al respecto era, por pedirlo menos, insuficiente.

No existían elementos en la legislación que regularan, exigieran cuentas y mucho menos castigaran este tipo de prácticas, y fue en ese mismo 2012 que los Senadores y Senadoras del PAN comenzamos a trabajar una iniciativa de Reforma Constitucional en materia de disciplina financiera, que entre otras cosas pusiera orden, transparencia, límites y responsabilidades a la contratación de deuda pública de estados y municipios.

Finalmente encontramos aliados de esta misma preocupación en otras bancadas y en la propia Secretaría de Hacienda, y después de muchas idas y venidas de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores que enriquecieron la iniciativa, esta Reforma Constitucional entró en vigor el 27 de mayo del 2015.

Pero el trabajo no estaba terminado, era imprescindible hacer que la ley funcionara y para ello se requería que el marco legal estuviera completo, quedaba entonces un último paso para dar y éste, estoy seguro, lo daremos el día de hoy cuando se concrete la aprobación de la legislación secundaria en materia de disciplina financiera de las entidades federativas.

Pero cuáles son las características y, sobre todo, las virtudes de esta legislación secundaria.

Primero. Se establece con absoluta claridad reglas de disciplina financiera, estas reglas contienen reglas de balance, reglas presupuestarias y reglas de ejercicio que en su conjunto van a contribuir a mejorar substancialmente el manejo financiero de las entidades federativas y municipios.

Pues entre otras cosas consideran medidas como el balance presupuestario sostenible, limitan el ejercicio del gasto fuera de presupuesto, prevén fideicomisos para atender desastres naturales, incorporan la obligación de realizar estudios de factibilidad para los proyectos de inversión e impacto presupuestario y estipulan la amortización de deuda como uno de los destinos de los ingresos excedentes, al mismo tiempo que consideran ajustes en áreas no prioritarias en caso de que los ingresos del ente público sean menores a los presupuestados.

Segundo. Específicamente en el tema de contratación de deuda y obligaciones esta nueva legislación incorpora definiciones claras de qué se considera como deuda pública, obligaciones e inversión pública productiva, de esta manera el destino de los recursos obtenidos mediante el endeudamiento público queda acotado a la realización de inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructura.

Además, quedan establecidos mecanismos para mejorar las condiciones de los créditos contratados mediante la celebración de procesos competitivos entre instituciones financieras, optando siempre por aquella alternativa que habiendo cumplido con todos los requisitos haya ofrecido la menor tasa efectiva.

En este mismo sentido se crea un nuevo apartado especial para incluir la contratación de deuda pública por parte de la Ciudad de México, trasladando lo que hasta hoy estaba considerado dentro de la Ley de Ingresos.

Tercero. El documento que hoy estaremos votando pone énfasis en la prevención, pues incorpora un novedoso sistema de alertas a través del cual se dará seguimiento permanente, trimestral, a indicadores relevantes que permitirán ubicar a cada entidad y a cada municipio dentro de un nivel de endeudamiento categorizado como sostenible o coloquialmente en verde, elevado o en semáforo rojo, o en observación en amarillo, cuyos resultados serán publicados de manera trimestral por la Secretaría de Hacienda y serán vinculantes para establecer el techo de financiamiento neto permitido para cada entidad federativa.

Es decir, dependiendo de la categorización tendrá un techo de financiamiento obligatorio. Asimismo, el monto de la deuda que apruebe el congreso local no podrá en ningún momento ser superior a este techo.

Las entidades y entes que se encuentren en niveles de endeudamiento elevado deben firmar un convenio con la Federación en el que se establezca puntualmente las obligaciones de responsabilidad hacendaria.

Cuarto. De manera similar como funciona en el Distrito Federal, los estados y municipios contarán con el aval de la Federación a través de la deuda estatal garantizada, esta deuda estatal garantizada, en su conjunto de todos los estados, no podrá ser mayor a tres y medio puntos del PIB, que se podrá respaldar de manera gradual hasta el 100 por ciento de los ingresos disponibles de cada ente público. Seguirá contratando fideicomisos como fuente de pago de participaciones.

Es decir, la deuda que el gobierno federal garantice tiene que estar legalmente aprobada por los congresos, tiene que tener en garantía los flujos de las participaciones y estar constituido sin fideicomiso, que se ahí se tome para pagar este pasivo.

En el caso de los municipios, estos deberán suscribir conjuntamente con sus estados, el convenio con la Federación.

En este mismo sentido me gustaría destacar la participación del Congreso de la Unión que tendrá a través de una comisión bicameral de cuatro Senadores y cuatro Diputados de las comisiones de Hacienda, Crédito Público y Presupuesto, quienes darán seguimiento puntual a los estados y municipios que sean señalados por tener un endeudamiento elevado, es decir, están en semáforo rojo, pudiendo solicitar información y emitir observaciones sobre las estrategias de ajuste de los convenios.

Cinco. Se creará el Registro Público Único que estará a cargo de la Secretaría de Hacienda y en los que deberán inscribirse todos los financiamientos y obligaciones, ya sean estas asociaciones público-privadas, arrendamientos, factoraje, deuda de fideicomisos, cortos plazos e instrumentos derivados, garantías, flujos de pensiones, entre otros.

Posteriormente todo lo que se haya inscrito en el Registro Público será cotejado con la información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y cuando existan discrepancias, éstas serán publicadas de igual forma en dicho registro.

Para poder inscribir alguna operación en el registro único será necesario incluir acreedores, monto contratado, tasa efectiva, plazo y recurso otorgado como fuente de pago o garantía.

Por último, esta legislación reglamentaria establece sanciones que incluyen las estipuladas dentro de la Ley Federal de Responsabilidades o Administrativas de los Servidores Públicos. El pago de indemnizaciones vía crédito fiscales por el monto correspondiente del daño causado a las haciendas públicas y las sanciones penales correspondientes.

Ciertamente quedan pendientes reformas por hacer a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice toda operación que sea susceptible o que sea solicitada, cuente con la garantía federal.

Y también, sin duda, avanzar en una sólida reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, pero estoy seguro que hoy avanzamos con una reforma que mejorará sustancialmente la situación del manejo financiero de las entidades federativas y de los municipios de todo el país.

Con la legislación que hoy se someterá a votación de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, no habrá espacios para nuevos moreirazos, que actuando con ilegalidad, hipotequen el futuro de los ciudadanos.

Casos similares podrán ser detectados a tiempo, y las únicas salidas posibles a aquellos que incurran en un nivel de endeudamiento elevado será ajustarse el cinturón y tomar austeras medidas de disciplina financiera.

Desde el día que el PAN presentó la primera iniciativa en 2013, al cierre del año pasado el endeudamiento de estados y municipios en México pasó de 434 mil millones de pesos a 536 mil millones de pesos. Es decir, nos hemos tardado más de 100 mil millones de pesos en completar esta legislación. Que no pase un día más, pues cada día que pasa les cuesta más a los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, porque creemos decididamente que las finanzas públicas sanas son parte fundamental para el desarrollo económico y bienestar de la gente, los Senadores que formamos parte del grupo parlamentario del PAN, votaremos a favor.

Es cuánto señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Manuel Cavazos Lerma, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador Cavazos Lerma.

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Con su venia Senador Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores: Hace 24 siglos el más grande filósofo de todos los tiempos nos dijo: “que el objetivo de la política es el bien, el bien estar, que es un requisito para el bien ser”.

Pero el bien estar requiere ingreso para las familias; el ingreso de las familias requiere empleo; el empleo requiere crecimiento económico; el crecimiento económico necesita estabilidad económica; la estabilidad económica demanda estabilidad financiera; la estabilidad financiera de todos los órganos del Estado mexicano, de todas las entidades y dependencias, de todos los órdenes de gobierno, y éste es el propósito de la ley que hoy nos ocupa, la Ley de Disciplina Financiera.

Una ley nueva que se emite, más las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, a la Ley de General de Deuda Pública y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lograr disciplina financiera en estados y municipios, o mejor dicho, en entidades federativas y municipios, y para lograrlo establece reglas y criterios a los que se tienen que ajustar los endeudamientos futuros de las entidades federativas y de los municipios.

Esas reglas incluyen transparencia y rendición de cuentas para que la gente sepa qué se contrata, para qué se contrata, quién contrata, en qué se gasta, para qué se gasta, quién se beneficia, cuáles son los costos y beneficios de ese endeudamiento.

Por ello, establece también un sistema único de registro de deuda para poder hacer comparables las deudas y los conceptos de deuda de las entidades federativas y de los municipios. Y establece un sistema de alertas, qué estamos y municipios están en el nivel de deuda sostenible, que es un nivel aceptable; qué estados y municipios están en estado de observación, es decir, se prende el foco amarillo. Y un tercer nivel, aquellos que tienen endeudamiento elevado, ahí el foco es rojo.

Estos tres niveles nos permiten tener una idea más clara, de cómo está el endeudamiento local, no subnacional, como aquí se dice, es el endeudamiento local, el endeudamiento de estados, o mejor dicho entidades federativas y municipios para saber si el endeudamiento es elevado y está en foco rojo, si el endeudamiento es en observación y está en foco amarillo o es una deuda sostenible y está en luz verde.

Pero, además, llena un vacío que existía en las leyes secundarias. La Constitución habla de inversión productiva, la deuda debe dedicarse a inversión productiva. Ahora se define con precisión qué es la inversión productiva, y establece, primero, que esa aquella que trae beneficio social, de manera que implica estudios de costo beneficio social, no privado.

Pero, además, tiene que dedicarse a tres renglones básicos. Primero, producción de construcción de bienes del dominio público; segundo, equipamiento de esta construcción; y tercero, la contratación de bienes para proveer servicios que son bienes públicos, servicios públicos.

De manera que hay reglas y criterios que indican el camino a seguir y el camino a evaluar si la deuda contratada es de beneficio social o no cumple con este requisito.

¿Pero qué pasa con aquellos estados que ya están en foco rojo?, ¿qué pasa con aquellos que ya tienen un endeudamiento elevado? La ley les ofrece una salida y les dice: Puedes hacer una reestructuración con el apoyo, con el aval de la Federación a través de un convenio de coordinación que te permita reestructurar la deuda en términos de mercado, en términos más cómodos, a precios y condiciones más accesibles.

De manera que estamos a favor de esta, de la aprobación de esta minuta, y concretamente quiero señalar 12 beneficios que nos permiten documentar este optimismo.

Primero. La regulación de la contratación de deuda pública de las entidades federativas y municipios dará estabilidad a las finanzas públicas, al sistema financiero, a la economía y al crecimiento económico, para que haya empleo, ingreso para las familias y mayor bienestar.

Segundo.- Establece las bases para el manejo de los recursos, que ahora se hará bajo los criterios de racionalidad, austeridad, transparencia, control, supervisión, seguimiento y rendición de cuentas.

Tercero. Sólo se podrán contraer obligaciones o financiamientos cuando se destinen a inversiones productivas, que son aquéllas que generan beneficio social y que se destinan específicamente a la construcción, equipamiento o provisión de bienes públicos o servicios públicos.

Cuarto. El gasto para servicios personales debe tener límites. Las obligaciones y empréstitos contratados, deberán tener un interés colectivo, un interés nacional.

Quinto. Esta minuta plantea que la contratación de deuda pública se haga con apego a los principios ya señalados, entre los que destaco eficiencia, impacto, transparencia y rendición de cuentas.

Sexto. Los estados y municipios buscarán mejores condiciones de mercado para las operaciones de financiamiento público, y tendrán para ello el apoyo del gobierno federal para lograr este propósito.

Séptimo. La fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas en la contratación de deuda pública de las entidades federativas y municipios, será obligatoria.

Octavo. Se crea un Registro Público Único de Deuda donde se inscribirán los empréstitos locales.

Noveno. Se crea un sistema de alertas sobre el manejo de deuda pública, para un mayor control del financiamiento de los estados, o mejor dicho, entidades federativas y municipios.

Décimo. Se fijan sanciones a los servidores públicos que incurran en un manejo irresponsable de los recursos y de la deuda pública.

Decimoprimero. Se permitirá conocer en qué se gasta, para qué se gasta y quién gasta el dinero que piden prestado los Gobiernos locales.

Decimosegundo. Se establecen reglas y criterios para armonizar y hacer comparable la deuda pública de todas las entidades y de todos los municipios del país.

Todo ello significa estabilidad financiera. La estabilidad financiera significa estabilidad económica. La estabilidad económica significa crecimiento económico. El crecimiento económico significa empleo. El empleo significa incremento en el ingreso disponible de las familias. Y todo esto significa bienestar nacional.

Por eso estamos a favor.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199, numeral I, fracción III del Reglamento, informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores, el señor Senador Manuel Bartlett Díaz, el Senador Luis Fernando Salazar Fernández, el Senador Mario Delgado Carrillo, el Senador Jorge Aréchiga Ávila, el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, la Senadora Martha Tagle Martínez, la Senadora María del Rocío Pineda Gochi.

Al culminar la lista de oradores preguntaré si el asunto está debidamente discutido.

El Senador me está solicitando la palabra para hacer un voto particular. No lo hizo en el momento procesal oportuno. Sin embargo le vamos a permitir que haga uso de la palabra cuando finalice esta lista de oradores.

También para la lista de oradores, la Senadora Dolores Padierna. Se toma nota.

Tiene el uso de la palabra el señor Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos, con la tolerancia correspondiente.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Hubiera sido más fácil que esos doce puntos grandilocuentemente presentados a esta Asamblea, se le aplicaran al gobierno federal, porque ahí está el problema.

Cada uno de esos puntos son violados por el gobierno federal, por el gobierno de Peña Nieto, pero ya vimos que el consenso aquí está ya establecido sin tomar en consideración los planteamientos que hicieron las ONG, que se quedarán para mejor ocasión.

Ya expusimos puntualmente por qué estamos en contra de esta reforma anti federalista, anti-soberanía de los estados, y desde luego, simulatoria.

En la sesión anterior se discutió el tema de Puebla, y voy a usar el tema de Puebla para exponer asuntos ya de carácter político, como lo anuncié en la primera intervención.

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias ha hecho una evaluación del desempeño sobre el tercer año de sesiones de la legislatura del congreso del estado de Puebla.

Y ahí analiza, en el anexo dos, el problema que significa el estado de Puebla y la visión que tiene esa ley, y no lo resuelve, porque según aquí se ha dicho y lo tienen las leyes del estado de Puebla, ¿verdad?

Quién define que es deuda pública es el propio gobierno a través del congreso del estado. Y quién vigila que esa deuda se mantenga en los límites, es el propio gobernador del estado a través de su secretario de Hacienda, y si además hay algo que requiera una auditoría, también lo hará el señor gobernador del estado de Puebla, y lo voy a explicar.

Analiza y no tiene caso volver otra vez, que es la ley en la que se basan para este endeudamiento cínico que va de 21 mil millones a 60 y tantos mil millones que supera a los que aquí han señalado como escandalosas, porque es una deuda, y no es, y no es, y aquí lo dice el instituto con un análisis cuidadoso, es una deuda disfrazada, es una deuda disfrazada de estos mecanismos que se han utilizado últimamente para defraudar no solamente al congreso del estado, a la Secretaría de Hacienda que es parte de estos mecanismos, sino para defraudar a la nación mexicana.

Cómo es posible que un individuo, un individuo por sus ambiciones personales amase enormes fortunas que blanquea y convierte en hoteles, inversiones, etcétera para poner al estado de Puebla a pagar durante 30 años una deuda inconmensurable que él ha decidido por sí mismo.

¿Cuál es problema a final de cuentas?, y con eso terminaba yo mi presentación en cuanto al posicionamiento.

El problema que tenemos en la deuda pública, es un problema de democracia, es un problema político esencialmente, y aquí lo vienen a resolver con una serie de planteamientos que ni siquiera son suficientes, que ni siquiera son suficientes por todas las vueltas que le dan.

Yo esperaba, dije, que el Partido Acción Nacional se retirara de esto porque había algunos puntos que tenía que aclarar, pero no es así.

Este centro de estudios analiza al congreso del estado de Puebla, es un documento con un gran cuidado, es un centro de estudios, y analiza cómo opera el congreso del estado de Puebla, estudio técnico, que dice: “no es posible afirmar que los legisladores realizaron un escrupuloso estudio, etcétera, etcétera”

Y resulta que, se ha dado en el Congreso del estado de Puebla, dice este estudio, se ha dado una gran homogenización de todos los partidos, todos son iguales, ¿verdad?, ahí está una alianza, una alianza, por un lado entre el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano; esa alianza está situada en el congreso.

Pero hay otra alianza que es la del PRI, que está enfrente, y era de esperarse, dice el estudio, que hubiera un enfrentamiento ideológico entre las dos alianzas. La alianza de Moreno Valle y la alianza del PRI, por otro lado, pues no, estudia año con año, año con año estudia este tema y se sorprende de la homogeneidad en todo el ejercicio de los tres años.

Y dice, aunque se consideró que la elevada cohesión podría indicar falta de independencia del legislativo, o hubo otros muy inteligentes que dijeron, no, es que hay una capacidad de negociar todo para llegar a un consenso maravilloso durante tres años; y ese consenso que explican, pues lo pone un poco en sospecha con una gran ingenuidad, el Centro de Estudios Espinoza Yglesias.

Y dice, bueno, podría ser que este congreso no tiene ninguna independencia que depende de Moreno Valle y del gobernador, dice, no, cómo. Este congreso tiene una capacidad de análisis, una calidad absoluta de sus planteamientos y de sus debates, que bueno; por otro lado el Centro de Estudios, dice: que no hay debates, que no hay ningún debate, que no dieron información sobre los supuestos debates, sino que se logra frente a esa alianza de esos tres partidos y la alianza del PRI, se hace homogénea.

Pero ¿Qué es lo que dicen? Bueno, es que tiene una gran capacidad. Yo creo que si es cierto, tienen una gran capacidad de convencimiento, porque precisamente la corrupción que está en la base de todos estos problemas, a todos los convierte en asociados.

No es el congreso de Puebla el único, eh, podemos revisar lo que está sucediendo a los congresos estatales, y vamos a encontrar mucha similitudes, pero este estudio es muy bueno, aunque sea un poco ingenuo de aceptar que es posible que en el congreso de Puebla, haya una gran calidad de convencimiento, pero todos sabemos que el convencimiento es corrupción, dinero.

El congreso del estado de Puebla está al servicio; al servicio de este gobernador manirroto, que va a poner en riesgo a generaciones de poblanos, a generaciones durante 30 años, a pagar su capricho para comprar la candidatura, la Presidencia de la República, del Partido Acción Nacional, o a lo mejor de alguna alianza, como estas maravillosas que logran una gran capacidad de comunión ideológica que todavía no acabamos de entender.

Ese es el problema; el problema que existe en este país es la corrupción generalizada, congresos que tienen Diputados de todos los partidos, comprados. Congresos que operan así como dice este estudio que se los recomiendo, así operan, todo lo aprueban, porque además estudia.

¿Cuántas iniciativas han provenido, han salido de los Diputados? Ninguna.

Y en cambio las del gobernador, una gran celebridad, aquí lo dice, y no es un centro que tenga una tendencia ideológica, es un centro de estudios.

Hay una gran capacidad de que todos ideológicamente se unifiquen en favor de la maravillosa inteligencia formidable del gobernador de Puebla para que someta al estado un pago durante 30 años, y que además yo se los explicaba, cosa que no ve el congreso del estado.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Senador Bartlett, me permite.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Ya mero termino.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Me permite que su compañera Layda Sansores, desea hacerle una pregunta.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Mi compañera Layda Sansores, todo lo que pida, claro.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Adelante.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Senador, estoy muy interesada en todo lo que está diciendo, pero como usted hablo hace rato en la intervención anterior del problema de la deuda federal que aquí se elude.

Quisiera que se subrayara, en base a lo que dijo el Senador Cavazos, que pues es uno de los beneficios, es que vamos a tener un sistema de semáforos con amarillo alerta oportuno, a rojo tema de preocupación, y pues en lo que va de esta administración, la deuda del sector público, ya aumentó 10 por ciento del PIB.

¿Cuál considera usted que debe ser el color ahora de la deuda de Peña Nieto?

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Entiendo que acepta la pregunta, verdad.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Claro que sí.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Adelante, continúe.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Bueno, esa es la gran preocupación.

Por eso al iniciar mi exposición en lo general, decía yo: que esos 12 puntos maravillosos con los que terminó esta perorata a favor de la ley. Se la aplicaran a Peña Nieto, compañero, porque es que el orden financiero nos da un orden social, y el orden social nos da un orden político, y el orden político nos lleva al nirvana, al cielo.

Aplíquensela a Peña Nieto, que nos está hundiendo en una deuda brutal.

Tiene usted la razón, Senadora, gracias por la pregunta.

Tal vez los doce puntos los podemos tomar y se los aplicamos a esos faros, esa luz roja, pero ya hay que ponerle la luz roja a Peña Nieto.

Gracias, Senadora.

Continúo, señor Presidente.

El problema es ese. Quién cree que haya una gran unificación ideológica en el congreso del estado de Puebla, cuando hay izquierda, semiizquierda, izquierda dulcificada, derecha morenizada y toda esa calidad de ideólogos y de representantes del pueblo, todos caen en la misma posición. Nadie cree eso.

Pero además, como decíamos, esa unidad de todos en estos principios, verdad, en estos programas todos del gobernador y ninguno de los Diputados. Eso va a la corrupción, porque como señalamos, cuando discutimos la reforma constitucional, si vemos esos estados que son focos rojos, tienen su deuda en los bancos afines, son bancos que financian los negocios turbios del gobierno federal, los mismos. Entonces son clientes de los mismos bancos.

Por eso digo yo, esa es la corrupción, la absoluta corrupción, la corrupción que hace pedazos al país y hace que se aprueben esas deudas, hace que se ponga a pueblos enteros a pagar lo que unos déspotas sin ninguna limitación.

Dice este estudio que es un requisito fundamental, un requisito fundamental en todo lo que es deuda pública y financiamiento el equilibrio de poderes. Esto trae las tesis, si no trae equilibrio de poderes no hay ninguna posibilidad de que haya una deuda democrática, un financiamiento democrático. El equilibrio de poderes no existe, el equilibrio de poderes no existe por la corrupción económica y política, ideológica, esa que vivimos en este país. Así es.

Ponemos el caso de Puebla, porque podríamos poner otros, yo creo que aquí, verdad, podemos sacar pues todos los demás.

Y no me quiero meter mucho en el problema de España y la liberación de un distinguido ex gobernador, pero podríamos meternos también con este lado, con Sonora, con Sonora que dio origen a una controversia constitucional que estableció que todo lo que había hecho el gobernador de Sonora estaba mal.

Entonces están equilibrados.

Peor entonces, ese equilibrio hace que pues que haya empate, haya empate porque los de aquí se empatan con los de acá.

Ese es el gran problema de la deuda.

Ese es el gran problema del país.

Ese es el gran problema de los sistemas electorales comprados, el dinero es el que compra votos, el dinero es el que compra autoridades, el dinero es el que compra resultados, resultados de autoridades electorales. Ese es el problema.

Y si teníamos la menor duda, pues para qué criticamos al estado de Puebla, si aquí en este Senado tenemos el mismo caso. Aquí todos, todos de repente se uniforman, todos piensan igual. Aquí la izquierda, la derecha y el PRI ahora se funden en una visión ideal, en una visión que nos va a llevar a una visión, como diría unos de los 12 puntos con que concluyó el que me antecedió en la palabra, eso nos da estabilidad, nos da tranquilidad, nos da pobreza, nos da desvergüenza, nos da violaciones en todos los ámbitos, nos da violaciones en el sistema bancario y nos da violaciones electorales brutales.

Si aquí estamos así, todos unidos en contra de los estados cuando representamos a los estados, pues por qué pedirles que sean un poco más rescatados los poblanos. Todos están en el “morenovallismo”.

Ese que le va a costar a Puebla 30 años de pobreza, porque al señor se le dio la gana, porque está engatusado con la candidatura de la Presidencia que quiere comprar, pero habrá otros que también vayan a comprar. Ese es el problema, la corrupción infinita que existe en ese país.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador.

Tiene ahora la palabra el señor Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del Partido Acción Nacional, para exponer sus motivos en favor del presente dictamen.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador Luis Fernando Salazar Fernández: Gracias, Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores: El día de hoy vengo a esta tribuna para señalar los motivos por los cuales mi voto será a favor del presente dictamen, que tiene por objeto expedir una Ley en materia de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios.

Para ello, considero pertinente hacer referencia al significado de la palabra “Disciplina”, cuyo origen etimológico se relaciona con la acción de aprender y con el concepto de una enseñanza que se recibe por parte de otro, me refiero a ello, porque queda claro que este dictamen no es sino el resultado de la enseñanza y la lección que nos ha dejado padecer tantos ejemplos de gobiernos que han sido absolutamente irresponsables en el manejo de sus finanzas.

Mi estado Coahuila es un ejemplo que ilustran la urgente necesidad de contar con una ley que ponga un límite al endeudamiento irresponsable, y que establezca lineamientos para la contratación del crédito público de entidades federativas y municipios, porque si algo nos ha enseñado los casos como la desafortunada administración de Humberto Moreira, en Coahuila, es que para quienes se han sentido protegidos por una red de corrupción, de impunidad y de complicidades, comprometer el futuro de generaciones enteras al endeudar de la noche a la mañana a todo un estado; incrementar el nivel de deuda en más de 10 mil por ciento, con un monto equivalente a 36 mil millones de pesos. Eso se dice fácil.

Lo que también nos han enseñado casos como éste, es que, para quienes no ha sido fácil, es para los ciudadanos, para las miles de personas de coahuilenses que sí han tenido que pagar la consecuencias de una deuda irresponsable que ha comprometido el futuro de todo un estado.

No ha sido fácil para quienes nacen debiendo más de 12 mil 183 pesos de deuda; para quienes a diario deben de pagar mayores impuestos, sin que ello se traduzca en mejores servicios, en proyectos de infraestructura que produzcan empleo o en el desarrollo del lugar en el que nacieron.

Para quienes están conscientes que los recursos que le retiene el Estado y que son producto de su trabajo, no serán destinados a tener mayor seguridad o contar con mayor inversión para educación de sus hijos, sino para cubrir deuda, esa deuda que se heredó con un costoso servicio y manejo financiero de la misma.

El caso de Coahuila es un caso lamentable. Cuando el gobernador Rubén Moreira asumió el cargo en el año 2011, los coahuilenses debíamos 36 mil millones de pesos.

Han transcurrido 4 años de este gobierno, hemos pagado más de 17 mil 200 millones por concepto de intereses y manejo de deuda, y hoy en Coahuila, los coahuilenses seguimos debiendo 36 mil millones de pesos.

Cada año en Coahuila pagamos más de 4 mil 200 millones de pesos de intereses, esto supera el presupuesto de Saltillo, la capital, Torreón y Monclova, donde habita más del 50 por ciento de la población del estado.

Y muchos compañeros y compañeras me pueden llamar “Monotemático”, pero por supuesto que soy “Monotemático”, cuando la deuda ha sido el gran detonador de problemas del estado de Coahuila.

Por esta deuda se redujo el presupuesto de salud en un 62 por ciento.

Por esta deuda, los coahuilenses, nos es más caro nacer, morir, contraer matrimonio, divorciase, poner un puesto de tacos. Es más caro en Coahuila que en cualquier otro lugar del país.

Esta deuda nos trajo las licencias de conducir más caras.

Esta deuda nos trajo la tenencia vehicular más cara del país.

Por ello, mi voto es a favor de este dictamen para que exista una ley que contribuya a darle una mejor vida a una reforma constitucional que nosotros impulsamos como primer paso para poner orden a las finanzas de nuestros gobiernos locales.

De una ley que asegure, que tanto las entidades federativas como los municipios se conduzcan bajo criterios y reglas que aseguren gestión responsable, equilibrada y sostenible de las haciendas locales.

Que establezca, entre otras cosas, reglas claras para la contratación y registro de deuda pública.

Que garanticen que los recursos se destinen a proyectos productivos y a la inversión en beneficio de la población.

A pesar de coincidir en que existen algunas cuestiones del dictamen que pudieran reforzarse, mi voto no puede dejar de ser a favor de que en esta materia existan mecanismos de prevención, de transparencia y de rendición de cuentas.

Es a favor de establecer la obligación de inscribir y publicar en un registro único la totalidad de las obligaciones de pago, que exista una comisión bicameral que pueda dar un seguimiento puntual y un sistema de alertas que permita advertir el nivel de endeudamiento de estados y municipios.

Para ello, también hay que decirlo, esta ley debe de significar el compromiso por parte de las autoridades para garantizar su aplicación con efectividad, pues si algo hemos aprendido es que de nada sirve contar con mecanismos de prevención o sanción si como hasta ahora no existe la voluntad de aplicarlos a cabalidad.

En conclusión, mi voto es a favor de este dictamen por la urgencia de contar con una ley que contribuya a la situación que viven los coahuilenses y muchos mexicanos que viven en estados gobernados bajo la irresponsabilidad, que no se siga convirtiendo en un factor común a muchos otros mexicanos que viven en entidades y municipios alrededor del territorio nacional en estas condiciones.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Tiene ahora el uso de la palabra, para hablar en contra del dictamen, el Senador Mario Delgado Carrillo.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Con su venia, señor Presidente.

Yo creo que esta ley debería llamarse ley para flexibilizar la contratación de deuda de estados y municipios.

Les voy a contar una triste historia de las muchas que tenemos de abusos de deuda pública.

El estado de Colima, que es uno de los últimos casos de escándalo que tenemos, nada más para demostrarle que el caso de Colima podría repetirse, si se aprueba esta ley hoy, el día de mañana sin ningún problema.

Un caso muy parecido al de Tabasco, y a otros estados, a Sonora también.

En junio de 2003 el congreso del estado de Colima modifica su legislación para hacer una definición a modo de deuda de corto plazo, donde dice que las deudas de corto plazo tendrán que pagarse en el mismo ejercicio fiscal, pero pueden reconocer obligaciones financieras en operaciones de deuda pública cuando se destinen a inversión pública productiva, es decir, puedes contratar deuda de corto plazo, pero si la destinas a inversión pública productiva, entonces, puedes refinanciarla y la mandas a largo plazo.

Por ejemplo, qué dijeron en Colima, que el gasto en cadenas productivas y pago a proveedores se convirtieron en inversión pública productiva, se mandaron a 25 años, eso fue en 2013.

Fitch Ratings, sistemas de alertas, información, decía que la calidad crediticia del estado se estaba deteriorando, tenía un gasto operacional creciente y un pago no fondeado de pensiones y jubilaciones.

Llegó 2015, se vuelve a alertar sobre la situación del estado de Colima, todo va muy bien, hay la elección de junio, y explota la bomba en julio, pues resulta que ya había un elefante debajo de la alfombra que era imposible de ocultar.

Incumple el estado con el pago de dos créditos que hay en default por un monto de 343 millones de pesos, un crédito de 200 millones con BBVA; y 143 con HSBC.

¿Qué hace el gobierno del estado? Contrata un crédito para pagar estos dos créditos con interacciones, pero si debía 343 millones, por qué no pedir 638 millones de pesos.

Y qué se incluyó adicional, por qué de 343 a 638, pues el costo del incumplimiento y el costo del refinanciamiento, y una reserva extra por ahí, total que fueron 638 millones de pesos.

Después en septiembre, un mes después, el 21 de septiembre a días de que terminara el congreso, la legislatura, se pide una contratación de deuda de 1,728 millones de pesos, se dicen para dos cosas: para reestructurar el crédito por 638 millones de pesos y mil 090 millones de pesos para el financiamiento de inversión pública productiva.

A ver, septiembre, el gobierno terminaba el primero de diciembre. Inversión pública productiva a tres meses de terminar el gobierno, cuando se supone que inversión pública productiva es para infraestructura y demás, y en una perspectiva histórica se estaba duplicando la deuda del estado, que a esa fecha era un monto menor al que se estaba autorizando, casi se duplica la deuda histórica.

¿Con esta legislación qué sería diferente? Nada ¿por qué? Porque hay un gran error en este diseño.

El artículo 73 constitucional y el 117 no existía la palabra reestructura, ni refinanciamiento.

¿A qué obligaba eso? A que todas las reestructuras y todos los refinanciamientos, siempre tuvieran un costo menor ¿por qué? Porque no había la posibilidad de que un refinanciamiento le terminara costando más a los contribuyentes.

¿Había refinanciamientos? Claro que había refinanciamientos, por ejemplo el gobierno de la ciudad hizo un refinanciamiento de toda su deuda histórica en agosto de 2007 y tuvo un costo menor, entonces pudo ser un gran refinanciamiento de una deuda histórica ¿por qué? Porque se demostró que no te endeudabas más, sino al contrario, aprovechabas las condiciones favorables del mercado para desendeudarte, tu reestructura significaba siempre, o refinanciamiento significaba siempre, desendeudamiento.

Al permitir endeudarse por reestructura o refinanciamiento, y además incluir en la deuda, los gastos y costos relacionados con esta contratación, se pierde esa restricción que se tiene.

¿Qué pasaría ahora, si mañana entrara en vigor? Pues que va a continuar este mecanismo de simulación, donde el endeudamiento de corto plazo, ahora que está incluso a nivel constitucional, se utiliza para meter ahí el gasto corriente o los balances que se tienen no cubiertos, se disfraza de inversión pública productiva porque todo es inversión pública productiva, aún en esta nueva definición, pudiera entrar gasto corriente porque se destina a inversiones sociales o al funcionamiento por ejemplo de los servicios de salud, o el pago de cadenas productivas, como lo consideró el estado de Colima, y se registra como deuda pública a corto plazo, hasta que se vuelve tan grande que entonces sí se hace un refinanciamiento y se pasa a deuda de largo plazo. Entonces va a continuar la simulación, no va a ser una solución.

Hay un contrasentido también muy grande. Abre la posibilidad esta ley de que las obligaciones que se generen de las asociaciones público-privadas, que es contratación de servicios, puedan ser registrados como deuda.

Ésta es una broma de muy mal gusto ¿por qué? Porque las asociaciones público-privadas lo que hacían era, o el concepto fundamental, es que el estado se asocia con un privado y le contrata un servicio ¿para qué? Para que no sea deuda, y ahora en esta ley permite que las obligaciones de los servicios contratados en asociaciones público-privadas puedan registrarse como deuda, pues entonces llamémosle deuda, no servicio, no contratación de servicios, no hay tal, no hay asociaciones público-privadas, eso es un cuento entonces, es deuda pública, y además los proyectos financiados a través de APP, van a ser mucho más baratos financiados a través de deuda, porque se ahorraría todo el costo del servicio que está dando el privado.

Otra cosa, se permite con esta ley, que los fideicomisos contraten deuda, le abren otra posibilidad a los estados para que registren deuda.

Por ejemplo, el Metro hizo un fideicomiso para poner los dos pesos adicionales, y utilizar ese fideicomiso para contratar deuda a largo plazo sin cargo al erario, ¿finalmente qué es? Es deuda, entonces ¿por qué no se prohíbe la creación de estos fideicomisos o que los autoricen los congresos de los estados para que no haya sorpresas?

Por eso digo, insisto, que esta ley, sin duda, que le hace falta al país mayor control, mayor vigilancia, transparencia, mayor disciplina financiera.

Pero el tema fundamental de esta ley, donde está el gran desorden, es en el tema de la deuda. Y el modelo de deuda que se está proponiendo es una flexibilización mayor, y esto no es casualidad, ¿por qué se está planteando esto?

Porque Hacienda se quiere desentender del problema fundamental, no que no quiere ver es que ya estados y municipios tienen un tres de gasto insostenible que no es posible financiar con las participaciones federales, ni con las aportaciones, ni con todas las transferencias que hace el gobierno federal.

Y se va agravar este año, porque por más que lo sostenga Hacienda, que se va a cumplir la meta de crecimiento y se va a cumplir con el monto proyectado de participaciones solamente ellos se lo creen. Y vamos a tener un reconocimiento de estos ajustes, que no crece el PIB y que no se van a cumplir las metas de participaciones hasta septiembre-octubre, obligando a los estados a endeudarse ahora que ya tienen un menú más amplio de posibilidades para contratar deuda.

Lo que estamos haciendo es posponer el tema fundamental de que ya no alcanzan los ingresos que reciben los estados para financiar el tren de gasto que tiene, y que esta ley debería de ser utilizada para cambiar los incentivos, para que los gobiernos de los estados estuvieran preocupados y les interesara recaudar, salir a cobrar los impuestos que tienen disponibles y que no lo hacen.

Tener un mejor gasto más transparente, más eficaz, que tampoco lo hacen, se van al despilfarro. Tener proyectos de inversión que sí generen un impacto en la calidad de vida de la población que gobiernan.

Los proyectos ahora se hacen más bien por qué empresario lo va a tener y si se puede plantear esto a largo plazo e incrementar su costo. Y el incentivo fundamental aquí va a ser, pues tener una buena relación con el Secretario de Hacienda, no importa si gastas bien, si gastas mal, si recaudas o no recaudas, si es buen proyecto o no es buen proyecto, es cuál es tu relación política con el Secretario de Hacienda para que te dé la garantía a tu crédito.

Adiós al federalismo fiscal, no existe más.

Si hay un poder en serio de sometimiento a los estados, a los municipios es el económico, nada genera más dependencia y nada distorsiona más la relación entre el gobierno federal y estados y municipios. Quienes hemos estado el gobierno locales lo sabemos, y estamos empoderando, como nunca antes, a la Secretaría de Hacienda, que va a ser, va a tener un control me parece excesivo del financiamiento de las entidades federativas.

No es una ley que nos vaya a servir para generar los incentivos que necesitamos en este país, no es una ley que vaya a generar un fortalecimiento de las finanzas públicas de abajo hacia arriba. Es una ley que simplemente amplía el menú de posibilidades de endeudamiento como una falsa salida a esta insolvencia que tenemos ya en nuestro sistema de coordinación fiscal.

Y no puede ser de otra manera. ¿Cómo le vamos a pedir a los gobernadores, a los presidentes municipales que no se endeuden, que no sean irresponsables, cuando el ejemplo lo está dando el propio Presidente de la República?

El nivel de endeudamiento que ha tenido en esta administración rebasa lo que teníamos como deuda histórica acumulada hasta el 2008, ya lo dijeron por aquí, más de 10 puntos del PIB. Estamos en un gobierno que se endeuda irresponsablemente, por eso prevalece esta visión en esta ley, porque para ellos comprometer el futuro de las futuras generaciones no les importa, porque no están dispuestos a revisar su gasto, porque no están dispuestos a apretarse el cinturón, como lo hacen las familias mexicanas.

No es una ley que vaya a tener los resultados aquí esperamos, como se ha dicho, creo que se va a quedar a la mitad del camino y lo vamos a ver muy pronto en este mismo año.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Tiene ahora el uso de la palabra el señor Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para exponer sus argumentos en favor del presente dictamen.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con su permiso, Senador Presidente.

Compañeras, compañeros Senadores, buenas tardes.

Administrar las finanzas públicas no es un asunto menor, pues más allá de lo que se trata de los recursos necesarios para que los entes públicos satisfagan las necesidades de la población. Se trata de un dinero que no pertenece a gobierno alguno, sino que es de todos los mexicanos.

Por ello el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha establecido un compromiso firme con la transparencia y rendición de cuentas, y los Senadores que integramos el grupo parlamentario del Partido Verde, avalamos y hacemos nuestro ese compromiso.

La minuta que nos ocupa el día de hoy, tiene como principal finalidad que el dinero de los ciudadanos confiado a los gobiernos locales, sea debidamente planeado desde su recaudación hasta su gasto, con un componente importante de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.

Esto cobra la mayor de las relevancias, pues México no es un país rico y los limitados recursos con que cuenta el gobierno, deben ser optimizados para la creación de empleo, escuelas, obra, infraestructura y, en general, la prestación de los servicios públicos que la población requiere.

Por ello la Ley de Disciplina Financiera sujetará a los gobiernos locales a estrictas reglas de responsabilidad hacendaria, evitando el endeudamiento y haciendo de las facultades hacendarias un ejercicio eficaz.

Un aspecto a destacar es la sinergia que existirá entre diversos entes públicos, y prueba de ello es que esta nueva ley deriva de un mandato del Constituyente Permanente, en donde se encuentra plasmada la voluntad del Estado mexicano como Federación.

Si bien, el objetivo fundamental de esta ley expedida por el Congreso de la Unión, será la fiscalización de los recursos públicos de los gobiernos locales.

La intervención del gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y los congresos locales, será fundamental para lograr el equilibrio de las finanzas públicas.

No se debe perder de vista que una Hacienda pública sana y con reglas claras y transparentes, constituye presupuestos básicos para la existencia de condiciones económicas favorables para el empleo, la productividad y, en general, el bienestar de nuestros bolsillos.

En resumen, mediante esta nueva legislación se logrará que los gobiernos locales queden sujetos a reglas homogéneas de disciplina financiera, garantizando así la sostenibilidad de las finanzas públicas en todo el país.

Compañeros Senadores.

Ha llegado la hora de hacer del federalismo mexicano un verdadero sistema de transparencia y rendición de cuentas.

Los invito a asumir con seriedad nuestra responsabilidad como legisladores, votando a favor del presente dictamen que, sin duda alguna, contribuirá al ejercicio eficiente de los recursos públicos de los gobiernos locales.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Senador Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador.

A continuación tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para exponer sus argumentos en favor del presente dictamen.

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, Presidente. Con su permiso.

El dictamen que hoy estamos discutiendo y posiblemente estaremos aprobando, representa para nosotros y para México la última parte, desde mi punto de vista, de uno de los productos legislativos más trascendentes y más urgentes que tenemos actualmente.

Yo soy uno de los Senadores que al Senador Salazar le digo “monotemático”, pero lo entiendo y lo comparto.

Sí me parece que es un tema indignante no solamente para cualquier habitante del estado de Coahuila, sino para cualquier mexicano, y por eso la urgencia de esta ley en la cual debemos legislar para poner orden y para poner reglas claras que nos permitan tener certidumbre a todos los mexicanos sobre lo que está pasando no con el dinero de hoy, sino con el de mañana.

La Ley de Disciplina Financiera, las modificaciones realizadas a diversas leyes que se incluyen en este dictamen, marcan un antes y un después en uno de los problemas nacionales con mayor impacto negativo de los últimos años: el endeudamiento ilimitado e irresponsable de algunas entidades.

Para los Senadores de Acción Nacional, que por cierto este tema ha sido impulsado por todos y cada uno de los legisladores de Acción Nacional, obedeciendo a esta urgencia a la cual me refería, significa la obtención de uno de los principales objetivos que nos propusimos antes de llegar a este Senado casualmente: legislar para impedir que los mexicanos paguen un solo peso de cualquier financiamiento que haya sido adquirido irresponsablemente y que no esté dirigido y reflejado para su beneficio y la mejora en su entorno y su vida diaria, y así como el sentido de responsabilidad que tenemos con las próximas generaciones, como les decía hace un momento.

Tanto la minuta que recibimos de la Colegisladora como este dictamen que hoy discutimos, tiene la virtud de considerar el financiamiento del que se hacen los estados y municipios, como un medio importante para el desarrollo de la infraestructura y obra pública.

Y es por ello que con esta legislación no se priva a las entidades de realizar planeación y ejecución de inversiones productivas a base de crédito, que como estado soberano les corresponde, solamente que ahora deberán realizarlo bajo esquemas viables de pago y transparencia y en concordancia con los historiales crediticios que presentan al momento de contratar el crédito.

Entre otras cosas, lo que logramos con esta nueva ley es establecer límites de endeudamiento proporcionales a la capacidad de pago de cada estado, así como señalar lineamientos claros para poder contar un financiamiento y se crea un sistema de información y semaforización a través de los cuales puedan conocerse a detalle los movimientos y los estados financieros de las entidades y municipios en materia de deuda.

Las deudas irresponsables y no reguladas en contra de la salud de las finanzas públicas de los estados y, sobre todo, del buen uso y del dinero y las contribuciones de los ciudadanos que en algunas entidades los gobiernos han endeudado a los hijos y nietos de quienes aún no los tienen, y lo peor de todo, es que se desconoce el destino de una buena parte de estos recursos.

Los últimos tres años el endeudamiento de las entidades se incrementó 17.7 por ciento, y del total de los créditos contratados más del 50 por ciento ha sido comprometido con la banca comercial que opera en nuestro país, y que a su vez es acreedora de alrededor de 300 mil millones de pesos a la fecha.

Acción Nacional, como bien lo dijo el Senador Héctor Larios votará a favor de este dictamen porque atiende una problemática que, como ya lo señalaba fue prioridad para nuestro partido y nuestro grupo parlamentario.

Estamos a favor porque México necesita un instrumento como éste, para frenar la irresponsabilidad, el dispendio y el derroche de recursos públicos.

Esta nueva ley es un mandato tradicionalmente a los instrumentos y disposiciones jurídicas que establece, envía un doble mensaje, desde mi punto de vista, a nuestro país.

El primero, es a los ciudadanos, a quienes les muestra el compromiso que tiene este Senado con la salvaguarda de los recursos públicos y el saneamiento de las finanzas públicas nacionales.

Y, el segundo, a los poderes públicos de los tres órdenes de gobierno, a los que invitamos a comprometerse con responsabilidad en el manejo de los recursos ciudadanos a comprometer que el dinero público no es de los gobernantes, sino de todos los ciudadanos, y que por eso mismo su administración exige total cuidado, transparencia y responsabilidad.

La circunstancia económica nacional exige en estos momentos de los ejecutivos locales, asumir la disciplina financiera bajo la perspectiva de que todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, hemos alcanzado los acuerdos necesarios para frenar el endeudamiento irresponsable y desmedido. Para cambiar la realidad financiera de los estados y municipios y así respaldar esta nueva legislación.

Por último, me gustaría solamente detallar lo que me parece los cambios más significativos que le hicimos a la minuta que nos vino de los Diputados, que de por sí, venía bastante bien redactada, pero parecieron importantes para efecto de generar mejores condiciones en el contenido.

Primero, en el tema del concurso de las tasas, consideramos que no solamente el valor económico o la tasa más barata necesariamente comprende el universo de los criterios que debemos de considerar para poder garantizar las mejores condiciones cuando se lleva a cabo este endeudamiento, si bien la tasa es la que determinará al final del día cuál es el mejor instrumento para poder acceder a este tipo de concurso pues será necesario cumplir con otros criterios como son de oportunidad y disposición en la entrega de los recursos.

Por otra parte, el artículo 46, cuando hablamos de las semaforización, pues hablamos de los tres niveles bajo los cuales los estados estarán catalogados a efecto de poder o no acceder a un nivel de financiamiento o adicional de crédito.

Cuando está en semáforo rojo, como bien comentaban nuestros compañeros, pues este derecho será cero; cuando esté en semáforo amarillo, estará en un 5 por ciento, pero requeríamos ser realmente generar un incentivo para que todos y cada uno de los estados de nuestro país, pues, tengan este incentivo para estar en semáforo verde, para estar en un estado correcto y sano de finanzas públicas.

Es por ello que este techo se elevó del 10 al 15 por ciento, y quiero aclarar que esta medida en ningún sentido pudiera significar que estamos duplicando los niveles de endeudamiento, los niveles de endeudamiento están especificados en esta ley en un 3.5 por ciento y donde hoy están alrededor en la realidad en un 3.1; entonces, no vamos a llegar a un 6.6, eso me parece que es un tema que valía la pena aclarar.

Por otra parte, en materia de transparencia, y me parece muy importante que cumplan también todos los estados antes de poder acceder a los beneficios de esta ley, que cumplan con todo lo que se debieron de haber ya cumplido y comprometido en los transitorios en materia de transparencia, en materia de informar el estado real que guardan sus deudas al congreso y a la Secretaría de Hacienda.

Por último, ultimas dos aclaraciones, las APP, por ahí alguno de los compañeros Senadores lo comentaban, a ver, debe ser reportada y debe de ser transparentada, pero no son una deuda, son una obligación, y sí cuenta para el tema de los semáforos, en consecuencia, pues el manejo correcto debe de ser responsable y deber ser adecuado al nivel de endeudamiento y al tipo de finanzas públicas y al estado que guarda en éstas, en cada uno de los estados.

Por otra, toda la deuda, ahora será para inversión pública, por ahí comentaban también pues que se van a endeudar para gasto corriente, y es exactamente lo contrario lo que queremos conseguir con ésta. Que la deuda, así como debe de ser responsable, debe ser destinada a inversiones que nos generen beneficios a todos los ciudadanos.

Consecuencia, los Senadores de Acción Nacional, estamos conscientes de que toda ley, por supuesto, que es mejorable y es perfectible, pero los términos en los cuales se encuentra actualmente, está redactada, nos parece que son, no solamente urgentes, sino van a ser sumamente benéficos para nuestro país y para todos los mexicanos.

Por su atención muchas gracias.

Gracias, Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador.

A continuación tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Tagle Martínez, para exponer sus argumentos en favor del dictamen.

Tiene usted el uso de la palabra.

La Senadora Martha Tagle Martínez: Gracias, Presidente.

Pues si nos encontramos hoy aquí ante la discusión de un dictamen de la minuta que viene de Cámara de Diputados, a razón de una reforma constitucional que fue aprobada y publicada el pasado 25 de mayo del 2015 en el Diario Oficial de la Federación. Y es una ley que se requiere por lo que ya se ha expresado acá.

El tema de la deuda en estados y municipios, es un tema realmente preocupante para las finanzas públicas de nuestro país y, no solamente, o sea también la deuda nacional contraída por este gobierno de la República que además cabe recalcar que, precisamente en esta ley, no se contiende ningún mecanismo para controlar la deuda nacional. Solamente nos dirigimos a controlar deuda de estados y municipios.

Y hay que poner el punto en lo que es importante: la deuda subnacional en 2013, equivalía a 169 mil 909 millones de pesos y el monto a diciembre es de 418 mil millones de pesos.

Y nada más para tener una comparación, las participaciones federales en total han pasado a 490 mil millones de pesos; es decir, está deuda subnacional está prácticamente cerca de lo que implican todas las participaciones federales para estados y municipios.

Y mucho se ha tocado aquí del tema de Coahuila que, sin duda fue el que detonó de manera importante, la necesidad de una ley de esta naturaleza.

Pero déjenme decirles que no solamente es el tema de Coahuila, desafortunadamente, el asunto de la deuda publica en estados y municipios la tienen muchos estados, y tan sólo las obligaciones financieras de Quintana Roo, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León, representan más del 200 por ciento de sus participaciones y las obligaciones financieras de Sonora, Veracruz y Baja California, representan entre el 100 y el 200 por ciento de sus ingresos por participaciones.

Con esto debemos advertir este es un problema que no solamente se presenta en un solo estado ni a un gobierno de un solo partido, sino que varios estados y municipios están contratando de manera indiscriminada este tipo de deuda.

Por eso es importante, si avanzar con esta Ley de Disciplina Financiera para entidades federativas y municipios, que tiene como propósito establecer los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, que regirán a las entidades federativas y los municipios, así como a sus respectivos entes públicos para un manejos sostenible de sus finanzas públicas.

Es una ley que busca asegurar un manejo sostenible de las finanzas públicas de las entidades federativas y los municipios. Presenta los principios generales en materia presupuestaria de endeudamiento, transparencia, monitoreo y rendición de cuentas.

Acuerda que la contratación de financiamientos y obligaciones este destinada a inversión pública productiva o su refinanciamiento o restructuración.

Reconoce los esquemas de Asociaciones Público Privadas, como una opción que pueda destinarse a la contratación de servicios, siempre y cuando el componente de pago incluye inversión pública productiva realizada.

Y aquí es muy importante recalcar, que este tema queda abierto a una ley que todavía no se dictamina que, precisamente buscará regular las Asociaciones Público Privadas y que, sin duda es hoy en día un nuevo mecanismo de contratación de deuda, como lo hemos visto en el caso de Puebla.

En esta ley se incluye la obligación de los entes público-locales, de contratar financiamiento y obligaciones bajo las mejores condiciones de mercado.

Porque lo que ha estado sucediendo es, que en cada estado se han establecido diferentes condiciones de contratación de deuda, lo que ha implicado que las tasas sobre las cuales se adquiere esta deuda, simple y sencillamente son de manera diferente para cada estado y en cada municipio y las deudas se contraen generalmente por muchos años y a tasas muy gravosas para la ciudadanía.

Además se establece la obligación de los entes públicos de registrar la totalidad de los financiamientos y obligaciones que contraten, con lo que se crea el Registro Público Único que contendrá información completa al respecto, incluyendo los cortos plazos, arrendamientos financieros, factorajes, garantías y créditos de largo plazo, entre otros.

En las reformas que se introducen a la minuta de la Cámara de Diputados por las comisiones dictaminadoras, están las modificaciones a la solicitud de financiamiento de entes públicos, por las cuales se adiciona que las solicitudes de financiamiento de estados y municipios a las instituciones financieras, debe precisar y ser igual en condiciones de disposición, oportunidad y de entrega de recursos.

También se adiciona la aplicación de techos de endeudamiento, una vez determinado el sistema de alerta, se permite que los entes públicos que se ubiquen en la clasificación de bajo endeudamiento sostenible, puedan elevar su techo de endeudamiento del 10 al 15 por ciento de ingresos de libre disposición.

Y uno de los temas que es también importante señalar y, sin embargo, es una crítica que todavía debemos de considerar con respecto al régimen que se tiene en la Ciudad de México, es que se incluye sí, efectivamente, la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México, pero todavía hay un capítulo específico para tratar de manera diferenciada la deuda que se habrá de contraer por parte de la Ciudad de México, correspondiéndole al gobierno federal y al Congreso de la Unión la posibilidad de otorgar garantía sobre esa deuda.

Y también es importante mencionar que, como ya se ha dicho aquí, también hay observaciones por parte de la sociedad civil en el sentido de que esta ley puede ser un buen avance, pero todavía tiene varios temas que sería importante reconsiderar en el momento de las reservas para poder modificarlo.

Por una parte, en materia de sanciones, como se estableció desde la reforma constitucional, las sanciones de quienes adquieran deuda de manera irregular, simple y sencillamente se dirigen a las leyes estatales de responsabilidades de los funcionarios públicos.

Y es justo ahí, donde en los estados estaremos viendo que no se castiga a quienes contraten de manera irregular deuda que tendremos que pagar todos los ciudadanos.

Por otra parte, al establecer, dentro de las definiciones que, en las obligaciones entra lo mismo la deuda pública que los fideicomisos, se abre la posibilidad, si no se redacta de manera correcta como está sucediendo en el actual dictamen que, precisamente, todos aquellos mecanismos que no son deuda pública, sobre los cuales ya hay reglas claras para contraer la deuda y tienen que ser aprobados por el Congreso y una serie de medidas, los otros mecanismos de contraer obligaciones, puedan pasar por esto que no tiene ningún límite para contraerse como son los fideicomisos y las sesiones público privadas y los proyectos o prestación de servicio, puedan entrar también en esta garantía a pesar de lo que se dice en el propio dictamen.

Por otra parte, hay toda una discusión sobre el tema de, ¿cuál es precisamente, el tema de la deuda contraída? En la deuda contraída sí se va a financiar por parte de esta nueva ley.

Y el gran problema que existe con esta deuda, es que efectivamente, no importa la manera en la que se contrajo; no importa si de manera irregular los congresos locales contrajeron deuda y avalaron la contracción de deuda por parte de los gobernadores o por parte de los municipios. Esta deuda será avalada por parte del gobierno federal y pasará a formar parte de la deuda garantizada.

Eso es uno de los temas que sin duda genera mayor molestia entre la sociedad civil y organizada, porque precisamente los escándalos que hay en materia de deuda, justo a través de las solicitudes de información de la ciudadanía, que son los que han hecho públicos lo que está sucediendo con la deuda, serán simple y sencillamente avalados, porque ya pasaron, aparentemente por los requisitos que se establecen en las leyes locales.

También, y me parece que es una de las observaciones que debería hacer atendible por parte del dictamen, es que en el artículo 55 de esta ley, se establece que la Secretaría podría solicitar a la instituciones financieras, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información correspondiente a las obligaciones y financiamientos de los entes públicos. Lo establece como una posibilidad, no como una obligación. La propuesta concreta, es que se convierta en una obligación en el sentido de decir que la Secretaría deberá solicitar a las instituciones por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la información correspondiente a las obligaciones y financiamientos de los entes públicos.

Y también, por otra parte, en el artículo 56 en materia del Registro Público Único, se solicita por parte de las organizaciones de la sociedad civil, que se incluyan también en este registro público, que se establezca el saldo, el destino, la tabla de amortización, comisiones, gastos asociados a los financiamientos.

Y aunque, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se argumenta que esto ya está siendo operado, me parece que hacerlo específico en este artículo no estaría de sobra, por lo cual es una de las observaciones que deben de ser consideradas.

En ese sentido, y volviendo a insistir, que aunque no es una ley que pueda realmente dejar satisfechos a todos, es una ley necesaria, es una ley que se requiere para poner control de ahora en adelante a la contratación de deudas en estados y municipios, y simple y sencillamente no podemos ya calificar lo que ha sucedido, pero a partir de ahora estar poniéndole mayor control a la deuda estatal y municipal.

Es cuánto.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exponer sus argumentos en favor del presente dictamen.

Adelante, Senadora María del Rocío Pineda Gochi, tiene usted el uso de la palabra.

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: Con su permiso, señor Presidente.

Durante la pasada y la presente legislatura hemos aprobado una serie de leyes y reformas legales que dotan a nuestro país de un nuevo ordenamiento jurídico integral, que rompe viejos paradigmas y una serie de vicios que imposibilitan un funcionamiento armónico de diversas instituciones del país, y por ende, un crecimiento y desarrollo sostenido.

Bajo este nuevo enfoque, hoy tenemos diversas leyes en materia de acceso a la información, de combate frontal a la corrupción, en materia hacendaria y fiscal, y una reforma constitucional que sienta las bases jurídicas para legislar sobre la Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.

Como es de su conocimiento, el estado que guardan las finanzas públicas en estos ámbitos de gobierno, ha sido uno de los temas más polémicos y debatidos durante los últimos años.

La diversidad de los municipios y la creciente necesidad de proveer de bienes y servicios públicos a una población en crecimiento, y el papel cada vez más relevante que juegan estos niveles de gobierno, desencadenaron un fenómeno generalizado de endeudamientos financiero.

Más allá de la complejidad de la administración de las finanzas públicas, con sus principios, criterios y fórmulas técnicas para la asignación del presupuesto, las dependencias financieras de los recursos de la Federación y la forma en que se reparten las potestades tributarias y los recursos, ha agravado esta tendencia creciente.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el saldo de la deuda de estados y municipios llegó a su nivel máximo, de más de 536 mil millones de pesos, en 2015, monto superior en 5.2 por ciento respecto al de 509 mil millones de pesos, al cierre de 2014.

Si bien el endeudamiento total sólo representa el 3.1 del PIB estatal, porcentaje que se ha mantenido en esos niveles durante los últimos años, y estos niveles están por debajo del promedio de los países de la OCDE, es necesario frenar esta problemática, porque la garantía de las contrataciones de los créditos son los ingresos de las participaciones federales y comprometen la prestación de servicios públicos, y en ocasiones el patrimonio estatal y municipal.

Por tal razón, es fundamental tener este nuevo ordenamiento jurídico, que después de una serie de debates y análisis, asegura un manejo sostenible de las finanzas públicas bajo principios generales en materia financiera y presupuestaria de endeudamiento, transparencia, monitoreo y rendición de cuentas del uso de los ingresos y del ejercicio del gasto, reconociendo la diferencia en el manejo de sus finanzas públicas y en el grado de desarrollo institucional de dichos órdenes de gobierno.

En este sentido se establece que los entes públicos de las entidades federativas y los municipios, deberán cumplir con las reglas de disciplina financiera, acorde con la normatividad contable que les corresponda.

Por ello, se incorporan las definiciones aplicables en el marco de la nueva ley, destacando el concepto de inversión pública productiva, la cual se define como toda erogación, por la cual se genere directa o indirectamente un beneficio social, y cuya finalidad sea la construcción, mejoramiento, rehabilitación y reposición de bienes de dominio público.

La adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de dominio público, o la adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico.

Aunado a lo anterior, y por economía de tiempo, sólo destaco las siguientes medidas que beneficiará esta ley.

Los estados y municipios sólo podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, también sólo se podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a los ingresos excedentes, siempre y cuando cuenten con la autorización de la Secretaría de Finanzas o su equivalente.

Como una manera de estandarizar las medidas de evaluación de los proyectos a nivel local, cuando estos rebasen un monto de más de 10 millones de UDIS, deberán contar con un análisis de costo-beneficio.

También sólo se podrán hacer pagos por los conceptos efectivamente devengados, siempre que se hubieren registrado y contabilizado en el Presupuesto de Egresos autorizados.

Incluye también la medida de que la asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos, no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal, adicionalmente la Secretaría de Finanzas deberá llevar un registro y control de las erogaciones realizadas bajo este capítulo.

En materia de subsidios se deberá identificar a la población el objetivo, el propósito o destino principal y la temporalidad de su otorgamiento, y se deberá hacer pública esta información.

Como mencionamos anteriormente, esta nueva ley tiene una alineación integral y transversal con diversas leyes, como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y controles de parte de las autoridades de la materia.

Con esta nueva ley, no cabe duda, que su enfoque administrativo y transparente de los sistemas financieros de estados y municipios nos conducirá por un camino eficiente del uso y manejo de los recursos públicos, potenciando sus efectos redistributivos en la sociedad en general.

Por eso los convoco a que votemos por esta ley porque nuestro compromiso debe ser por un país transparente y eficiente, y por un bien para todos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

Pongámosle nombre y apellido al problema para que pueda entenderse.

Los estados con mayor endeudamiento, como proporción de los ingresos que es un indicador de mucho riesgo, son evidentemente: Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Veracruz, Baja California, entre muchos más.

La Secretaría de Hacienda Pública, esta tabla, está en su página de Internet, y menciona datos que es necesario analizar aquí para que se entienda que esta Ley de Disciplina Financiera, que regula, reglamenta las posibilidades de endeudamiento de las entidades y municipios, es muy importante que se apruebe.

Según los datos de la Secretaría de Hacienda, Coahuila tiene ya comprometidos 261.5 por ciento sus participaciones federales, y un 103.5 por ciento el total de sus ingresos, o sea, que está todo comprometido, todo es deuda.

En Quintana Roo, es la más grave, tiene comprometidas 269.5 por ciento sus participaciones federales, y tiene un 97.2 por ciento de sus ingresos totales comprometidos.

El tema de Nuevo León, 220 por ciento de participaciones ya están comprometidas, el gobierno federal las ha garantizado y ya están comprometidas, y el 93.8 por ciento de sus ingresos totales ya están comprometidos, y sigue Chihuahua, Sonora, Veracruz, etcétera.

Los datos de deudas estatales corresponden al año 2014, para Quintana Roo, por ejemplo, porque aún no publican los datos de 2015.

Al pago de la deuda, Quintana Roo destinó 2 mil 276 millones, casi lo mismo que el gasto de capital. El pago de deuda representó 8.4 por ciento del gasto total y 13 por ciento del gasto corriente, pero en ese año 2014 contrató nueva deuda por 3 mil 411 millones, lo que muestra que no se usó para inversión, sino también para gasto corriente, lo cual viola la Ley General de Deuda, y representa un problema porque significa que tiene que pedir prestado para cubrir sus gastos corrientes, y eso implicará que para no seguir endeudándose tendrá que reducir su gasto corriente hasta que termine de pagar su deuda.

Preocupa porque cada año que pasa se van más recursos destinados al pago de deuda y cada vez menos para la población. El principal problema estriba en que nada de esto es transparente.

Quiero dar algunos datos, por ejemplo, Nuevo León está peor, en 2014 pagó 3 mil 751 millones al pago de deuda, y aunque sólo representó al 4.4 por ciento del gasto total y el 5.6 por ciento de su gasto corriente, ese año el gobierno de Nuevo León contrató 9 mil 268 millones más de deuda, pero sólo invirtió mil 462 millones, de lo que se infiere que la mayor parte de todo este dinero fue usado en gasto corriente y esto limita seriamente la disponibilidad de recursos para financiar el gasto y el progreso de los estados.

Si no se quiere seguir endeudando, va a haber recorte al gasto corriente, va a haber recorte a los programas y el problema principal es que no es transparente el destino de la deuda y eso es lo que trata de transparentar esta Ley de Disciplina Financiera, pero esta Ley de Disciplina Financiera al aprobarse, deja fuera de contratación de deuda a Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Veracruz, Baja California, Nayarit, Zacatecas, Distrito Federal, Michoacán, Durango, Colima, Jalisco, Tamaulipas, esos estados son de alto endeudamiento y por lo tanto, de acuerdo a esta ley, no pueden contratar más deuda.

Los que sí puede contratar hasta el 15 por ciento de deuda serían Tlaxcala, Guerrero, Querétaro, Campeche, Yucatán, Guanajuato, Tabasco, San Luis Potosí, entre otros. Y hay en término medio los que pueden contratar 5 por ciento de deuda, del total de sus ingresos. Esto es lo que estamos pretendiendo que se regule en la ley.

La Secretaría de Hacienda también publica a qué plazo y a qué tasa de interés fueron contratadas las deudas estado por estado, y si uno ve, por ejemplo Quintana Roo, los datos son que Quintana Roo destina 10.7 por ciento de su ingreso total anual, es la que más destina al pago de la deuda. Le sigue Nuevo León, que destina 9.2 por ciento, luego Coahuila, 8.7 por ciento, Chihuahua, 7.3 por ciento, Sonora 5.5 por ciento, Baja California 5 por ciento, Zacatecas 4.9 por ciento.

Los que no destinan prácticamente nada al pago de la deuda, porque no deben, Tlaxcala, Guerrero, Querétaro, Campeche, Yucatán, San Luis Potosí, Tabasco, Puebla, Aguascalientes. Son datos 2014.

En 2015 y 2016 han pasado cosas muy graves, porque esta ley debió haberse aprobado desde el presupuesto anterior, para que en el 2016 no volvieran a cometerse los errores de sobre endeudar algunas entidades y se volvieron a sobre endeudar las entidades.

Termino con dos asuntos muy rápidos.

El Centro Espinosa Yglesias, la organización Fundar, el Imco y México Evalúa, entregaron a todos los Senadores una carta, donde hacen una serie de reflexiones muy importantes, pero entre otras, es necesarísimo hacer caso de lo que están solicitando, y yo lo quiero proponer como adición en una fracción en el tercer párrafo del artículo 34.

Coincidimos con la observación de estas organizaciones de la sociedad civil, respecto a que este dictamen permite que el gobierno federal otorgue garantías para refinanciar deudas estatales sin que se asegure que los financiamientos previamente adquiridos al 1° de enero de 2015, a los que se contraten en el futuro, cumplan con lo que marca la Constitución y las leyes aplicables, muy en especial la Ley General de Deuda Pública.

De no asegurarse el cumplimiento de estos requerimientos se pudiera estar legalizando actos ilegales, por ello consideramos pertinente que se establezca un candado para que antes de tramitar una posible garantía se acredite la legalidad de la deuda; es decir, que toda la deuda fue aplicada en gastos de inversión, en proyectos productivos que generen ingresos para su propio pago o para refinanciamiento, etcétera.

Por eso proponemos que en el caso de que se solicite una garantía para refinanciar o reestructurar deudas adquiridas con anterioridad, el estado o municipio que solicite deberá respaldar su solicitud con el resultado de una auditoría que verifique que la contratación de dicha deuda se haya realizado cumpliendo con las disposiciones constitucionales y legales aplicables.

Aquí sólo puse el ejemplo de Nuevo León, de Quintana Roo, pero tenemos el estudio de las 32 entidades federativas como, salvo el Distrito Federal que está sobrerregulado, que el propio Congreso de la Unión es quien autoriza cada rubro, cada proyecto, el resto de las entidades, indistintamente ocupan dinero de la deuda para gasto corriente, para gastos que no, en los cuales no está permitido, de acuerdo a la Constitución y la ley, usar deuda pública.

Y por último, el tema del Distrito Federal, Ciudad de México. Ya se hizo la reforma política. La Ciudad de México goza ahora de autonomía política y administrativa, por lo tanto no puede tener un capítulo específico porque eso es discriminatorio de la capital de la República, debe de usarse los mimos términos y valoraciones para el Distrito Federal que para el resto de las entidades, o para la Ciudad de México que para el resto de las entidades.

Por eso, en el artículo 33, fracción II, inciso a), estamos proponiendo que en lugar de decir: “producir directamente un incremento a sus ingresos públicos”, que en el caso del DF, es en todos los casos así, se diga: “destinarse a inversiones productivas, refinanciamientos o reestructuras, como lo señala, para el resto de las entidades federativas”.

Es cuánto.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene, a continuación, el uso de la palabra el Senador Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Con el permiso de la Mesa Directiva.

Trataré de ser breve.

Esta ley va en contra del respeto de los estados y de los municipios. Las elecciones ya las controla la Federación, la policía quiere controlar la también, y con esta ley van a controlar, pues las finanzas de los estados.

Entonces, ¿dónde quedó la soberanía de los estados, dónde quedó el pacto federal?

Esto definitivamente es muy delicado, independientemente de que se hable de artículos y de cosas de ese tipo y otro, esto va en contra del federalismo, en contra de los estados y municipios.

Hay datos muy importantes. En estos 3 años el gobierno federal se ha endeudado, ha endeudado a cada individuo, a cada ciudadano con 16 mil pesos.

Si dividimos los 500 mil millones de pesos que los estados deben entre todos los habitantes, nada más son 4 mil 160 pesos por cada ciudadano. El más endrogado es Coahuila con 12 mil 183 pesos por cada ciudadano.

La Federación quiere controlar a los estados, pero no se controla a sí misma, ese es un gran problema.

Ahora, vamos a ver qué estados están endeudados: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo y Sonora.

Aquí yo siempre escucho de que ¡Ay, Sonora! Bueno, por un estado del PAN hay 10 del PRI, entonces hay que poner en orden a todos los que están mal.

Si Sonora tiene problemas y el antiguo gobernador tiene situaciones de delito, pues hay que ajusticiarlo; pero también hay que ajusticiar a Moreira, ese es un descaro total de este gobierno que ha sido alcahuete y ha ido hasta España precisamente a defender a una persona que a vista de todos los habitantes de México es una persona que no merece el más mínimo respeto y protección.

Lo mismo está pasando en Veracruz con Duarte, y no se hace nada.

¿Quién nos dice que esta ley va a ser una ley que va a hacer que el gobierno pueda controlar más, y va a ser discrecional como lo ha sido hasta ahorita?

O sea, “para los que están de mi lado los ayudo, y a los otros no”.

¿Qué ha pasado? ¿Por qué se han endrogado más los estados?

Porque desde el problema de Moreira, que ya hace tiempo sucedió, no pasó nada. Entonces los demás dicen: “A mí tampoco me va a pasar nada”. Y esta situación es contagiosa. Por eso estamos como estamos.

Pero el peor ejemplo lo da el gobierno federal, todas sus situaciones, el presupuesto cero, el presupuesto equilibrado, todo eso lo ha roto.

Que el gobierno se está endeudando para cosas productivas, por favor. Está pagando situaciones no nada más de gasto corriente, está pagando situaciones creadas por tiempo, por situaciones de tipo corporativista que nos tienen precisamente con deudas terribles de pensiones, etcétera.

Señores, yo no creo que una ley de este tipo nos va a ayudar. Aparte de eso, va en contra de los principios de mi Partido Acción Nacional, que es un partido precisamente que defiende el federalismo, que defiende al municipio libre y al estado.

Y les voy a decir por qué eso es muy importante. Porque hay que hacer ciudadanos, señores, y la única manera en que se hacen ciudadanos es desde el municipio y el estado, que están cerca de las autoridades y les reclamen a esas autoridades, y no venir hasta México ya que se pierde toda esta situación.

Nuestra obligación como legisladores es crear ciudadanos. Eso es lo primero que tenemos que hacer, crear ciudadanos, y con este tipo de leyes lo único que creamos es precisamente a individuos distantes del que le pueden reclamar porque la Ciudad de México está muy lejos.

¿Entonces qué sucede?

No estamos creando un país moderno. Estamos creando un país de regulaciones que, para desgracia nuestra, están hechas a una situación no de derecho de ley, sino de derecho de complicidades y complacencias con los nuestros, y con los de otros no les damos los beneficios.

Ahora van a venir gobernadores, van a venir todos aquí a pedir más.

Ya ahorita la Federación puede exigir, porque simple y sencillamente las participaciones son federales y la Federación debe cuidar ese dinero, y no necesita hacer estas leyes.

Ahorita como estamos, queriendo hacer una ley todavía más centralista, todavía más dependiente de un gobierno que no da el ejemplo con sus actos, no nos va a llevar a buen puerto.

Nuestra obligación es hacer ciudadanos responsables. En nuestro país eso es lo que hace falta, ciudadanos responsables que le reclamen a su autoridad inmediata, en ese caso el municipio o el estado.

Ahorita con lo que estamos creando, estamos creando un centralismo feroz, económico, electoral y de seguridad policiaca.

Cambiemos la Constitución. Señores, ésta ya va a ser una República centralista feroz. Por eso no estoy de acuerdo.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Suficientemente discutido en lo general, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En virtud de que está suficientemente discutido, se abre el registro para presentar reservas a artículos o para presentar adiciones.

Informo a la Asamblea que han quedado reservados los siguientes artículos:

Por parte de la Senadora Dolores Padierna Luna, los artículos 33 y 34 del proyecto de Ley de Disciplina Financiera.

Y por parte del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, los artículos 34 y 62 también del proyecto de Ley de Disciplina Financiera.

En virtud de que ambos paquetes de reservas fueron presentados en las distintas intervenciones de la Senadora Dolores Padierna y del Senador Luis Fernando Salazar, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de admitirse en primera instancia las reservas presentadas por la Senadora Padierna, y en segundo lugar, las presentadas por el Senador Luis Fernando Salazar.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si las reservas presentadas por la Senadora Dolores Padierna Luna se admiten a discusión.

Quienes estén porque se admitan a discusión estas reservas, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tomen la votación para la admisión de las reservas planteadas por el Senador Luis Fernando Salazar.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Con gusto Presidente.

En este momento, entonces, consulto a la Asamblea si son de aprobarse las reservas presentadas por el Senador Luis Fernando Salazar Fernández.

Quienes estén porque se aprueben estas reservas, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan a discusión estas reservas favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No hay más reservas; en consecuencia háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

Abrase el sistema electrónico de votación, hasta por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto de Ley y Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en los términos del dictamen.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Presidente, le informo el resultado de la votación: 86 votos a favor, 9 en contra, y una abstención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental.

Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción e) del artículo 72 constitucional.

Ruego a la Asamblea su atención.

La noche de ayer, ocurrió el lamentable deceso de nuestra compañera Mónica Arriola Gordillo.

La familia de la Senadora Mónica Arriola Gordillo, nos hizo saber la determinación de nuestra compañera, de que los actos relacionados a su fallecimiento se realizaran sólo en la intimidad de su círculo familiar.

Por esa razón y con respecto a la voluntad de la Senadora Arriola Gordillo. En esta ceremonia y en esta ocasión, no habrá conmemoración especial en su memoria.

Sin embargo, para honrar a nuestra compañera y despedirla como integrante del Senado, la Secretaría de la Mesa Directiva dará lectura a la proposición con punto de acuerdo que antes de su partida había quedado pendiente de trámite y que nos recuerde en buena medida las causas a las que dedicó su liderazgo, su compromiso y su talento.

En la proposición escrita en la agenda de hoy, será leída por la Secretaría, y le editaremos el turno correspondiente.

Si algún integrante de la Asamblea desea sumarse al punto de acuerdo y hacer referencia a la trayectoria de la Senadora Arriola, les solicito que lo haga desde su escaño una vez que concluyamos la lectura de la proposición con punto de acuerdo.

En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura de la proposición que exhorta a la Cámara de Diputados a expedir de manera urgente la Ley General de Desaparición Forzada de Personas.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura al punto de acuerdo de la Senadora Mónica Arriola Gordillo.

Proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Cámara de Diputados a expedir de manera urgente la Ley de Desaparición Forzada de Personas, ya que según lo establecido en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2015, el plazo para su expedición concluyó el 6 de enero del año en curso.

Punto de acuerdo.

Único.- Se exhorta a la Cámara de Diputados a expedir de manera urgente la Ley General de Desaparición Forzada, ya que según lo establecido en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2015, el plazo para su expedición concluyó el 6 de enero del año en curso.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo de la Senadora Mónica Arriola Gordillo.

Tiene el uso de la voz, desde su escaño el Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El Senador Gerardo Flores Ramírez: (Desde su escaño) Muchas gracias, Presidente.

El grupo parlamentario del Partido Verde, desde luego que se suma a este punto de acuerdo promovido por nuestra querida compañera Mónica Arriola Gordillo.

Al mismo tiempo queremos expresar nuestras condolencias a su familia, lamentamos su fallecimiento y quiero aprovechar simplemente para destacar que nuestra compañera Mónica Arriola fue una Senadora siempre activa, con muy buena cara para todos sus compañeros, que se supo sumar a distintos acuerdos a pesar de ser una Senadora; la única Senadora que representaba su partido. Siempre tuvo forma de sumarse a distintos acuerdos de hacer valer su voto, y es una persona que supo enfrentar con entereza las diversas circunstancias adversas que le presentó el tema de la salud.

Lamentamos que haya fallecido, desde luego, nos unimos al pesar que sufre su familia el día de hoy. Le mandamos un abrazo solidario a la familia.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño de la Senadora Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Margarita Flores Sánchez: (Desde su escaño) Muchas gracias, Presidente.

A nombre del grupo parlamentario del PRI, lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra amiga y Senadora Mónica Arriola Gordillo.

Nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos, a su familia y en especial a sus queridos hijos.

Una mexicana, una compañera, una amiga que siempre mostró disposición a trabajar en equipo. Siempre solidaria con las más nobles causas legislativas.

Una legisladora que siempre escuchaba, era atenta y con disposición al diálogo.

Su trabajo en las Comisiones de Derechos Humanos; de Gobernación; para la Igualdad de Género; Especial de Productividad y Especial Sur-Sureste.

Siempre estuvo marcado por sus convicciones y su anhelo de construir un mejor México, uno sin desigualdades y más equitativo.

El Senado de la República pierde a una mujer que hasta sus últimos días lucho por lo que más quería.

Una mujer inquebrantable que fue un ejemplo de vida y un ejemplo a seguir.

Rendimos un merecido homenaje a nuestra amiga Mónica, quien en todas sus actividades se distinguió siempre por sus concepciones humanistas y su preocupación por la justicia social.

Sin duda, extrañaremos a nuestra amiga Senadora, que siempre ponía en la mesa de los debates sus propuestas para mejorar la calidad de la educación en nuestro país y el fortalecimiento de los derechos de nuestra infancia.

Reiteramos a su familia, a sus hijos, nuestro más sincero sentimiento de pesar y solidaridad por esta pérdida irreparable.

Este Senado de la República, el grupo parlamentario del PRI siempre recordará a Mónica Arriola Gordillo como una gran luchadora y una gran amiga que era.

¡Que descanse en paz!

Gracias, Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra a la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: (Desde su escaño) Gracias, Senador Presidente.

Expresar a nombre del Partido del Trabajo las condolencias a la familia de la Senadora Mónica Arriola Gordillo. Una pérdida irreparable, una compañera de este Senado, de esta legislatura, que nos deja una enseñanza, como lo acaba de decir ya la Senadora Margarita, una luchadora siempre sensible y preocupada por los temas centrales de México.

Es duro, es duro ver partir a una compañera más de esta legislatura, unirnos a este duelo y expresar a la familia una pérdida, que repito, es irreparable.

Respetando su decisión, me abstendré de hablar de todo el trabajo y lo mucho que aportó y lo sensible que siempre fue en el tema político en esta legislatura y en esta arena política que siempre se preocupó, repito, por muchas cosas que le hubiera gustado cambiar.

Es cuanto, Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño de la Senadora Martha Tagle Martínez.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: (Desde su escaño) Pues me quiero sumar a las condolencias que se hacen el día de hoy a la familia de Mónica Arriola, particularmente a sus hijos.

Tuve la enorme oportunidad de conocer a Mónica desde que fuimos diputadas en la LX Legislatura y pude conocer a la mujer amable, siempre dispuesta y, además, una gran política.

El día de hoy lamentamos, porque sin duda duele su partida, porque es una mujer muy joven, porque estaba en toda la plenitud, porque deja niños pequeños, y la recordamos por lo que ella es, y quiero que la recordemos por lo que ella es, una gran mujer.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Mónica era una compañera muy querida por todos, podría asegurarlo, por su sencillez y solidaridad.

Creo que su muerte, que nos ha impactado por lo prematuro, ella en plenitud de vida, debe servir también para recordarnos que el acto contra su madre no es por justicia, sino es por venganza, y que la misma mano que la ungió es la que la mantiene cautiva. Aún no se sabe con exactitud cuáles son las razones de su encierro y tampoco se modificó en nada el andamiaje ni la corrupción del SNTE.

Creo que la última proposición de Mónica, testimonia su calidez humana y creo que también la mejor forma de rendirle homenaje es darle celeridad a esta Ley General de Desaparición Forzada y realmente que no se convierta en una simulación y se llegue a fondo.

La vamos a recordar siempre con esa sonrisa a flor de labios, desafiando siempre también la adversidad.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Jorge Luis Lavalle Maury.

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: (Desde su escaño) Los senadores de Acción Nacional nos lamentamos profundamente y nos sumamos a esta muy lamentable pérdida, sobre todo a su familia, les mandamos un abrazo con mucha solidaridad y respeto.

Por supuesto que también como grupo parlamentario nos sumamos a este punto de acuerdo, a este último punto de acuerdo que nos propuso la Senadora.

Senadora que, bueno, en palabras de John F. Kennedy, ante un liderazgo ejemplar, se constituye una mayoría.

Ella siempre por su parte, siempre luchando por sus temas en muchas ocasiones, no solamente hoy, les diría yo. Pues logró el apoyo y la solidaridad de muchos compañeros de varios grupos parlamentarios, porque pues los temas por los que ella luchaba tenían causa.

Fue una gran Senadora, pero sobre todo, fue un gran ser humano, una excelente madre, una excelente hija y una excelente amiga.

Hoy nos acordábamos el Senador Salazar y yo que tuvimos la oportunidad de convivir con ella a lo largo de estas legislaturas, pues que era muy difícil estar con ella y esbozar una sonrisa, siempre muy alegre, siempre muy atenta.

La verdad que la quisimos mucho y estamos muy agradecidos con la vida por haber tenido la oportunidad de convivir con un ser humano tan valioso y tan querido por nosotros, y a pesar de las terribles complicaciones, tanto familiares como personales, por los cuales atravesaba, yo creo que ningún Senador aquí presente me podría decir que nunca le regaló una sonrisa.

Hoy, casualmente, el Senador Melgar y yo, platicábamos, que hace exactamente, bueno, a finales del mes pasado, los dos la buscamos cuando nos enteramos que estaba muy delicada de salud y teníamos la firme intención de irla a visitar.

Con mucho dolor, pues, hoy lamento que no lo pudimos hacer. Pero estoy seguro que ella, en este momento nos está viendo desde el cielo.

Mónica, gracias por tu amistad, te vamos a extrañar mucho, y descanse en paz.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias.

Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Gracias.

Mónica Arriola fue una Senadora muy estimada, sobre todo entre nosotras las Senadoras, las mujeres.

Siempre enarboló ella la causa de género, y en su actividad política la vamos a extrañar.

Tenemos que lamentar profundamente esta prematura muerte de nuestra compañera Senadora.

Mónica permaneció trabajando hasta el último momento.

Todavía el día de hoy, en la Gaceta aparecen puntos de acuerdo a su nombre, pero sobre todo, ella luchó y trabajó incansablemente contra el cáncer. Ella lo sufrió en carne propia, y a pesar de ello permaneció siempre con la sonrisa a flor de piel que la hacía fuerte en esa batalla.

Todas, todos fuimos testigos de su impulso a programas como: Programa de Atención de Mujeres Jóvenes con Cáncer de Mama.

Por ello debemos hacer un exhorto a poner especial atención en estos temas, y podamos derribar las barreras mortales, como ella les llamaba.

Expreso a nombre del grupo parlamentario del PRD la anuencia al punto de acuerdo, y nuestras condolencias a sus 3 hijos y al resto de su familia.

¡Descanse en paz!

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez (Desde su escaño): Muchas gracias, Presidente.

Queremos plantear un recause del punto de acuerdo que ella plantea, respecto de integrar al Senado de la República, en este exhorto que Mónica Arriola determinó en su punto de acuerdo para incluir al Senado de la República, insisto, porque es Cámara de origen, de prácticamente ya lo que será la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición entre Particulares.

Y además proponer, a nombre del grupo, el que pudiera también incluirse que esta ley, cuando sea dictaminada, tome en consideración la determinación de hacerlo en memoria de nuestra querida compañera Mónica Arriola.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se rectifica el turno y se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; Gobernación; Justicia; y Estudios Legislativos, así como a la Cámara de Diputados.

Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa.

El Senador Miguel Barbosa Huerta (Desde su escaño): Gracias, Presidente.

El Senado de la República está de luto.

Esta es la cuarta ocasión en que un moño negro se coloca en el Salón de Plenos.

Me preguntaba hace un momento, y conversaba con mi compañera Dolores Padierna ¿qué era la muerte?

Y yo le decía: Recuerda bien lo que te voy a decir: es la nada.

La vida continúa, las decisiones se siguen tomando, nuestros seres queridos sufren, pero siguen transcurriendo las cosas.

¡Esa es la muerte!

Mónica descansa en paz. Su sufrimiento por su padecimiento ya terminó y, sin duda, cuando alguien se quiere, lo que se piensa, lo que se desea, de lo que está uno convencido es que trascienda el pensamiento, la obra, el actuar de la persona fallecida.

Traigo aquí, a esa memoria, algo que escribió Jaime Sabines.

Dijo: “Morir, es retirarse, hacerse a un lado, ocultarse un momento, estar quieto; pasar el aire de una orilla a nado, y estar en todas partes en secreto”. ¡Estar en todas partes en secreto!

Morir es olvidar, ser olvidado, refugiarse desnudo en el discreto calor de Dios y en su cerrado puño, crecer igual que un feto.

Morir es encenderse boca abajo, hacia el humo y el hueso y la caliza y hacerse tierra, y tierra con trabajo.

Apagarse es morir, lento y aprisa; tomar la eternidad como a destajo y repartir el alma en la ceniza.

Mónica nos hará falta en el Senado ¡Sin duda que sí!

Le propongo a la Mesa Directiva que haga una reflexión sobre una crónica parlamentaria.

Ya tenemos 4 compañeros fallecidos, que podamos recoger en una crónica parlamentaria el trabajo de nuestros compañeros fallecidos. Hagamos memoria de su trabajo, pero esta es propuesta de la Mesa Directiva, yo solamente doy una idea.

Extiendo el pesar del grupo parlamentario del PRD a los familiares de Mónica Arriola Gordillo, a sus hijos, a su madre, la maestra Elba Esther Gordillo, a sus hermanas, a sus familiares y a todas y todos ustedes.

Hemos perdido una compañera de esta gran familia que se llama: Senado de la República.

Gracias, Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño de la Senadora Cristina Díaz, por favor.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Gracias, Senador Presidente.

En memoria de nuestra compañera y de nuestra amiga, la Senadora Mónica Arriola, quiero sumarme al trabajo y a su productividad, quiero destacar que en la Comisión de Gobernación tuvo 15 intervenciones en el pleno en discusión de dictámenes, más las intervenciones en las comparecencias que tuvo frente al Secretario de Gobernación; 69 iniciativas presentadas, de las cuales siete se turnaron a la Comisión de Gobernación, ello habla de la productividad, del compromiso de una legisladora, de una mexicana ejemplar y, sin duda, de una buena amiga.

Quiero señalar con ello que el silencio no es ausencia, Mónica está presente.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Víctor Hermosillo y Celada.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Yo no voy a olvidar aquella sesión que tuvimos, después de que se puso en prisión a la madre de Mónica, y que ella vino a esta sesión, eso se llama entereza, presentarse en la Cámara en esas circunstancias, muy poca gente lo haría, y dicen que “por sus obras los conoceréis”.

Yo no conocí a Mónica más que superficialmente aquí, pero eso me llamó mucho la atención y también, debo decirles, cómo llevó su enfermedad, asistiendo, una mujer enferma que sabía dónde iba, teniendo hijos de muy poca edad, habla muy bien de la persona.

Por eso, independientemente de su postura de Senadora, la postura humana de esta mujer habla muy bien de ella.

Por eso, creo que perdimos a una persona de carácter, una persona con reciedumbre.

Que nos sirva eso a todos nosotros para hacer una reflexión y, por supuesto, las condolencias a su familia en las circunstancias en que todos sabemos que se encuentra, no hay que juzgar en este momento, somos humanos y como humanos debemos precisamente de reconocer el valor de las personas.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: A sus 44 años Mónica Arriola enfrentó en dos ocasiones el cáncer. En la primera ocasión lo hizo con tenacidad y logró superar esa prueba; la segunda ocasión la enfermedad fue más fuerte que su voluntad, luchó siempre, nunca perdió la fe ni su alegría ni sus ganas de vivir, luchó en silencio como si no quisiera compartir con nadie su dolor.

Podemos comprender el destino inevitable de la muerte al paso de los años como un destino inevitable, es difícil consolarnos cuando ese destino se anticipa en el tiempo de manera sorpresiva, de manera inesperada.

Vamos a extrañar mucho a Mónica Arriola Gordillo, nuestra querida amiga, nuestra querida compañera Senadora.

Ruego a todos ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.

(Todos de pie)

(Se guarda un minuto de silencio)

(Aplausos)

Gracias.

Descanse en paz nuestra compañera Senadora Mónica Arriola Gordillo.

Informo a la Asamblea que recibimos en la Mesa Directiva un acuerdo que suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifican las comisiones del Senado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza incorporar el asunto en la agenda del día de hoy.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza se integre a los asuntos de hoy el acuerdo referido por la Presidencia.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente, su incorporación.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda la Secretaría con los puntos resolutivos del acuerdo.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura a los puntos resolutivos del acuerdo.

Primero. El Senador Sofío Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional deja de pertenecer a las Comisiones de Educación, Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Segundo. El Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se da de alta como integrante de la Comisión de Educación y deja de pertenecer a la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez.

Tercero. Que la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, deja de pertenecer a la Comisión Especial de Zonas Marginadas.

Cuarto. Que la Senadora Alejandra Roldán Benítez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se da de alta como Presidenta de la Comisión Especial de Zonas Marginadas. Como Secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, y como integrante de la Comisión de Derechos Humanos.

Quinto. El Senador Félix Benjamín Hernández Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se da de alta como Presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste. Como Secretario de la Comisión de Estudios Legislativos y Fomento Económico, y como integrante de las Comisiones de Gobernación y de Justicia.

Sexto. Que el Senador Carlos Manuel Merino Campos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, deja de pertenecer a las Comisiones de Asuntos Fronterizos Sur, Desarrollo Regional, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Relaciones Exteriores, y se da de alta como Secretaria de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria y como integrante de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Salud.

Séptimo. Que la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se da de alta como Secretaria en las Comisiones de Asuntos Fronterizos Sur y Desarrollo Regional y como integrante de las Comisiones Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Relaciones Exteriores.

Octavo. Que el Senador Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional deja de ser integrante en la Comisión de Defensa Nacional, para ser Presidente de la misma.

Noveno. El Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, deja de pertenecer a la Comisión de Fomento Económico. Deja de ser integrante de la Comisión de Protección Civil para ser Secretario de la misma, y se da de alta como integrante de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.

Décimo. Que la Senadora Sandra Luz García Guajardo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se da de alta como integrante de las Comisiones para la Igualdad de Género y de Defensa Nacional y como Secretaria de la Comisión de Fomento Económico.

Décimo primero. Que el Senador Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario de Acción Nacional deja de ser integrante de la Comisión de Pesca y Acuacultura para ser Presidente de la misma, y deja de pertenecer a la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte.

Décimo Segundo. El senador Héctor David Flores Ávila, del grupo parlamentario de Acción Nacional se da de alta como presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte. Como Secretario de las Comisiones de Estudios Legislativos y Especial para el Diagnóstico y Reflexión sobre el Texto que conforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y como integrante de la Comisión Jurisdiccional.

Décimo Tercero. Que el Senador José de Jesús Santana García, del grupo parlamentario Acción Nacional se da de alta como Presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Como secretario de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Organismos no Gubernamentales y Especial para el Diagnóstico y Reflexión sobre el Texto que conforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y como integrante de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Décimo Cuarto. Que la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se da de alta como integrante de la Comisión de Educación y deja de pertenecer a la Comisión de Asuntos Indígenas.

Décimo Quinto. Que el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional deja de ser integrante de la Comisión de Salud, para ser presidente de la misma. Deja de ser Presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura, para ser integrante de la misma y se da de alta como integrante en la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales.

Décimo Sexto.- Que la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se da de alta como integrante de las Comisiones de Asuntos Indígenas, de Juventud y Deporte, de Salud, de Comunicaciones y Transportes y de Seguridad Pública.

Décimo Séptimo.- Que la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se da de alta como integrante de la Comisión de Gobernación y deja de pertenecer a la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa.

Décimo Octavo.- Que el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se da de alta como Presidente de la Comisión de Federalismo. Como Secretario de la Comisión de Marina y como integrante de las Comisiones de Fomento Económico y de Relaciones Exteriores, Europa.

Décimo Noveno.- Que la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se da de alta como integrante de la Comisión de Derechos Humanos y deja de pertenecer a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

Vigésimo.- Que la Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se da de alta como integrante de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Radio, Televisión y Cinematografía.

Vigésimo Primero.- Que la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se da de alta como Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos y deja de pertenecer a la Comisión de Desarrollo Social.

Vigésimo Segundo.- Que la Senadora Amelia Torres López, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se da de alta como Secretaria de la Comisión Asuntos Migratorios y como integrante de las Comisiones de Desarrollo Social y Contra la Trata de Personas.

Vigésimo Tercero.- Que la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se da de alta como Presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas.

Vigésimo Cuarto.- Que el Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional deja de pertenecer a la Comisión de Protección Civil.

Vigésimo Quinto.- Que la Senadora Marcela Torres Peimbert, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se da de alta como Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos.

Vigésimo Sexto.- Que la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se da de alta como Secretaria de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

Vigésimo Séptimo.- Que el Senador Ernesto Cordero Arroyo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se da de alta como Secretario de la Comisión de Seguridad Social y deja de pertenecer a la Comisión de Relaciones Exteriores, África.

Vigésimo Octavo.- Que el Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se da de alta como integrante de la Comisión de Energía y deja de pertenecer a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Vigésimo Noveno.- Que la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se da de alta como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se encuentra a discusión el acuerdo.

Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.

Comuníquese.

Honorable Asamblea, hago de su conocimiento que las efemérides inscritas en la agenda del día de hoy se integrarán al Diario de los Debates.

Se cita a la siguiente sesión ordinaria el día de mañana, miércoles 16 de marzo, a las 11:00 horas.

Se levantó la sesión a las 15:57 horas.

Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Sesión ordinaria del 15 de marzo de 2016

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LXIV Legislatura