Versión estenográfica de la participación del senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, durante el “Foro ciudadano contra la inseguridad”, con el tema “Mando policial mixto”, organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muy buenos días tengan todos ustedes, muchísimas gracias al doctor Vera Jiménez, rector de la Universidad, por la hospitalidad, por la anfitrionía, por abrirnos el espacio de la comunidad universitaria para una conversación política, como bien decía él en su intervención; una conversación que tiene que ver con la solución de los problemas sociales, pero también de la construcción de las instituciones que vamos a necesitar para resolver esos problemas sociales.
Agradezco mucho la invitación al presidente del Comité Directivo estatal, Juan Carlos Martínez Terrazas.
Saludo con aprecio a los diputados federales, a los diputados locales, presidentes municipales, a los académicos de la Universidad, a los estudiantes. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo, me siento muy honrado de poder estar esta mañana con ustedes para hablar de un tema central en la vida pública en nuestro país.
Llevamos casi 20 años discutiendo cómo resolver los problemas de seguridad de nuestro país y déjenme decirles de antemano que creo que uno de los problemas de nuestra conversación política ha sido que hemos partido de malos diagnósticos.
Miren, hace unos días en un Foro me ponían un ejemplo que me gustaría utilizarlo esta mañana con ustedes: es como si estuviéramos en la plancha de un quirófano, con un paciente que tiene cáncer en el hígado, insuficiencia cardiaca y pulmonía; y la discusión en ese quirófano es cuál de las enfermeras va a dirigir al resto de las enfermeras para pasarle el instrumental al doctor.
La discusión no es qué órgano vamos a retirar, qué medicina, tratamiento le vamos a dar, qué tipo de intervención, con qué mecanismos, qué doctor va a empezar, cuál va a abrir primero la escisión, cuál va a entrar después; sino la discusión es qué enfermera va a pasar las gasas.
El problema de seguridad de nuestro país está mal planteado, el problema no es quién manda sobre las policías; la discusión central no es quién tiene el mando de la policía estatal, municipal o la federal: el problema de nuestro país es qué tipo de instituciones, qué tipo de policías necesita nuestra sociedad para garantizar la seguridad, para garantizar la paz y la tranquilidad. Esa es la discusión de fondo.
Malas policías, por más mandos unificados que tengamos o mandos coordinados o únicos que tengamos, va a hacer prevalecer el mismo estado entonces. El problema en nuestro país no es quién manda sobre las policías, sino que tenemos malas policías, un diseño institucional absolutamente atrofiado, fundamentalmente el arreglo de la institución federal no es funcional. Y en tercer lugar, estamos tratando de construir instituciones a partir de un falso diagnóstico sobre la seguridad.
Creemos que el problema es de narcotráfico y nuestro problema es seguridad, es mucho mayor que simplemente trasiego de drogas.
Y eso es lo que quiero exponerles el día de hoy. Ahí está el diagnóstico del que parte nuestra propuesta y las soluciones que estamos planteando en la discusión pública para construir una nueva institucionalidad, nuevas instituciones para el Siglo XXI en materia de seguridad pública.
El problema central: tenemos policías débiles, malas, corruptas. Vean estos datos:
Hay 40 mil 615 policías federales, 127 mil estatales y 132 mil policías municipales. Estas 40 mil 615 policías federales no existían en 2006, cuando el Presidente Felipe Calderón recibe la administración federal, había 6 mil policías federales; 6 mil policías que venían fundamentalmente del Ejército Mexicano, eran personal comisionado a las tareas de resguardo de instalaciones estratégicas: PEMEX, CFE, aeropuertos; y la precaria Policía de Caminos.
Hasta hace menos de diez años no había un cuerpo de Policía Federal en un país como el nuestro. Primer dato relevante.
Hoy tenemos 40 mil policías federales, 127 mil estatales y 132 mil policías; 2.57 policías por cada mil habitantes. El problema empieza cuando empezamos a descomponer las responsabilidades que tiene cada orden de gobierno, cada tipo de policías: el 90 por ciento de los delitos que se cometen en nuestro país, son delitos de la jurisdicción local; le corresponde perseguirlos, prevenirlos e investigarlos a las estatales y a las municipales, esto nos hace que 2.23 policías por cada mil habitantes tengan la responsabilidad de perseguir 90 por ciento de los delitos.
Esta es una insuficiencia de capacidad policiaca en nuestro país.
¿Qué está pasando?
Que es la Federación y las Fuerzas Armadas, por cierto, las que están tratando de resolver la incidencia delictiva que se concentra en la jurisdicción local.
Pocas policías, pero también tenemos policías mal pagadas que las hace débiles y profundamente proclives a la corrupción.
Sólo el 30 por ciento del total de las policías ganan más de 6 mil pesos mensuales. El 60 por ciento gana menos de 9 mil pesos mensuales.
Hay estudios que nos indican que la línea de vida de un policía está cerca de 10 mil pesos mensuales, que es una línea de satisfacción básica de sus necesidades personales y las de su familia.
Si el 60 por ciento gana menos de 10 mil pesos, ¿dónde creen que está el diferencial?
¿Qué significa el diferencial entre lo que necesitan para sobrevivir para poder desarrollar una condición de vida digna, desarrollar a su familia, y lo que efectivamente reciben como salario?
¿Qué significa ese diferencial entre lo que necesitan para vivir y lo que reciben como salario? Se llama subsidio.
¿Y quién paga ese subsidio? Los criminales. Es corrupción pura y dura.
Son policías mal pagadas y, por supuesto, que no tienen condiciones dignas de funcionamiento en sus corporaciones.
71 por ciento de las policías tiene entre dos y cuatro dependientes económicos; 49.7 por ciento de las policías ha estado en servicio entre 1 y 5 años, es decir, son policías escasamente preparadas, son policías con una precariedad profesional clara y explícita.
20 por ciento tiene secundaria; 20 por ciento tiene sólo secundaria; tres de cada cinco tienen bachillerato y uno de cada diez tiene estudios universitarios. Esta lámina revela, es el diagnóstico, la radiografía de la debilidad de nuestras policías municipales, estatales y federales.
Pero también es cierto que no hemos diseñado o no hemos generado incentivos poderosos para provocar que se desarrollen capacidades policiacas.
Vean estos datos:
Doce entidades federativas no tienen Reglamento de Servicio Profesional de Carrera Policial; es decir no tienen carrera policial funcionando. No hay la posibilidad de: “Me reclutan como policía y si sigo mi carrera, me porto bien, me capacito, me fortalezco, voy subiendo en el escalafón, voy ganando espacios en la corporación, voy ganando más, voy siendo mejor policía”.
Doce entidades no tienen reglamento, es decir, simplemente no hay modelo de carrera policial funcionando en esas entidades federativas a pesar de que la Constitución ordena tener carrera policial desde 2008.
Trece entidades no han realizado ningún acenso entre 2012 y 2015. ¿Qué significa? ¡No hay ningún incentivo para ser buenos policías!
75 por ciento de los policías estatales jamás ha sido ascendido.
¿Qué provoca la falta de méritos en una corporación de policía? Mediocridad. No hay ningún incentivo para ser mejor.
En 14 entidades no hay instalaciones adecuadas para formar policías. Es decir, no hay centros de capacitación, no hay academias funcionando para mejorar sus competencias, habilidades y destrezas.
En 26 entidades federativas para 2015 no se cumplían con las evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimiento. Es decir, no hay procesos permanentes de evaluación y capacitación de los policías prácticamente en dos terceras partes del país.
Siete por ciento de los policías estatales que no aprobaron controles de confianza siguen en la corporación. Es decir, sabemos, tenemos evidencia que son policías que tienen alguna debilidad personal, ya sea porque son proclives a la corrupción, porque tienen alguna adicción, porque su entorno socioeconómico es poco congruente con su capacidad de ingreso pero aún así siguen siendo policías.
Y, por supuesto, el problema de la corrupción. Según la Encuesta Nacional de Corrupción el 12 por ciento de los mexicanos declara haber tenido una experiencia corrupta con un servidor público; haber participado en una experiencia corrupta.
La mitad de esas experiencias, el 50 por ciento de todas las experiencias de corrupción que declara un mexicano se dan con funcionarios de seguridad pública. El doble de la siguiente experiencia con mayor proclividad de corrupción, que son justamente el de los trámites de propiedad.
La mitad de la corrupción en nuestro país tiene que ver en la interacción entre funcionarios de seguridad pública y ciudadanos.
El 15 por ciento de las policías desconoce qué área sanciona las faltas administrativas. Esto significa simplemente que no hay temor a pagar las consecuencias por actos de corrupción. Si no hay ninguna área que me revise y me castigue, simplemente no tengo ningún desincentivo a corromperme como policía.
Vean esta gráfica: es el salario promedio municipal respecto al promedio estatal 2013; vean esta dispersión; hay estados en los cuales se les paga bien, baja California, y hay estados que simplemente se les paga muy mal, como Oaxaca y Campeche.
En esta dispersión salarial está buena parte de las explicaciones de las distintas capacidades institucionales que tienen los policías.
Vean ahora el mismo dato con respecto a la evolución 2012 a 2014: muy buenas policías pagadas, muy malas policías pagadas. Pero ese no es el problema, si ustedes comparan las dos columnas, el azul fuerte revela 2012, el azul claro 2014; hay corporaciones de policía que decrecen en salario, es decir, en lugar de ir generando mejores condiciones de trabajo para los policías, en algunos casos se están debilitando.
Por cierto, parece que hay una correlación positiva, un nexo causal entre deficiencias salariales de los policías e incidencia delictiva.
Miren, ¿cómo empezó nuestro debate sobre la seguridad?
Empezó por lo que conocimos como una crisis de violencia, pero veamos los datos con mayor detalle:
En 2007 el 50 por ciento de los homicidios se concentraban en 6 estados; el 65 por ciento de los homicidios se concentraban en 9 entidades federativas.
Esto nos sugeriría que teníamos una crisis focalizada de seguridad, sólo 9 estados tenían una incidencia tal que nos provocaría una preocupación sobre condiciones de inseguridad prevalecientes.
El problema no está ahí, el problema es que el fenómeno criminal en nuestro país ha cambiado sustancialmente. Ha mutado y como está mutando necesitamos generar otro tipo de respuestas institucionales.
¿Cómo ha mutado?
Antes la finalidad básica de una organización criminal era el tráfico de drogas, el narcotráfico, para decirlo pronto: colocar drogas de un país de América Central a los Estados Unidos.
A ese modelo criminal le interesaban dos cosas: simplemente poder controlar las rutas de paso y que las instituciones no se metieran con ellos, no le interesaba nada más.
Por eso, durante buena parte del Siglo XX el modelo de drogas coexistió con un modelo de violencia selectiva, no había violencia generalizada en todo el país. Había pequeños enfrentamientos, zonas específicas donde había incidencias violentas, sobre todo por la disputa entre cárteles.
Pero de 2005 para acá nos hemos movido hacia violencia más generalizada, que tiene que ver con un cambio de modelo de la delincuencia.
Si el crimen organizado fuera una empresa, hubiese pasado de la exportación de muebles a un modelo de venta de muebles al menudeo en nuestro país. Permítanme la simplificación del argumento.
Esto significa que la delincuencia organizada se ha movido del tráfico ilícito de drogas de un punto “A” a un punto “B a un tipo de crimen que intenta extraer rentas, quitarle rentas a la sociedad y metérselas al bolsillo.
Ya no es simplemente pasar drogas por la frontera, sino robar, extorsionar, secuestrar, trata de personas, economía ilegal.
Es un modelo de crimen de extracción de rentas.
Y como este modelo de crimen de extracción de rentas requiere cierto control de plazas, si yo quiero vender discos piratas, qué tengo que hacer: controlar la plaza.
Si controlo la plaza, qué tengo que desarrollar. Otra vez; si fuese una empresa qué instrumento tiene que desarrollar para controlar la plaza: violencia.
Por eso nos hemos movido de un modelo de violencia selectiva a un modelo de violencia generalizada, y a un modelo de diversificación de los delitos.
El problema del país ya no es únicamente de crimen organizado o narcotráfico. Es un modelo de robo, extorsión, secuestro, robo a casa habitación, delito común.
Y precisamente como esto está cambiando, necesitamos otro tipo de soluciones a ese problema.
Pensar que simplemente con las fuerzas armadas nos alcanza para perseguir narcotraficantes en las carreteras federales, es simplemente un mal diagnóstico.
Ahora tenemos que desarrollar capacidades institucionales para lo que significa los delitos de proximidad, o los delitos que se dan en las plazas y en nuestras calles de nuestras ciudades. Adelante por favor.
Esta es la evolución de la violencia en los últimos años. Violencia selectiva antes de 2010 a un problema de violencia generalizada. Y es lo que queremos explicar a continuación. Adelante por favor.
Esta gráfica muestra la percepción de inseguridad. Lo que los mexicanos declaramos sobre cómo nos sentimos en el entorno en el que vivimos. Si tenemos confianza en el municipio, o tenemos confianza en la entidad.
Lo que revela esta gráfica es que es absolutamente falso que en percepción estados generen más tranquilidad que municipios.
Es decir, no hay ninguna evidencia para sostener que por sí mismo un orden de gobierno, como el estado, genera una percepción de seguridad mayor que los municipios.
Vean ustedes esta gráfica. El azul fuerte revela la percepción de los municipios; el azul débil la percepción de las entidades federativas.
Vean cómo se mueve la gráfica. Hay estados, en efecto, con una mejor percepción a nivel estatal, pero hay otros estados donde la percepción municipal es substancialmente mayor a la de los estados.
¿Qué significa esta gráfica en términos simples y llanos?
Que la percepción no está asociada a quién manda en las policías, sino que la percepción está asociada a cómo funcionan y operan las policías.
Si hay buenas policías, hay mejor percepción; si son malas policías, sean en el estado o estén en el municipio, la percepción es menor. Adelante por favor.
El segundo problema es que nuestro federalismo en cuanto a asignación de competencias es un verdadero galimatías Es un verdadero galimatías.
La evolución histórica del federalismo en lo que corresponde a la seguridad, es la historia de modelos que han fallado, de vueltas pendulares donde no hemos encontrado un punto razonable de equilibrio.
Entre 1917 y 1983, la función de seguridad pública recaía en los estados, ni siquiera en la Federación, ni siquiera en los municipios.
El modelo constitucional original le daba a las entidades federativas la responsabilidad total de la seguridad pública.
Eso empezó a cambiar, y empezó a cambiar por distintas razones:
Se dio en nuestro país un proceso dual de descentralización, por un lado, a incorporar a los municipios a la función de seguridad pública, y un modelo de centralización, por el otro, hacia la Federación, con la aparición del crimen organizado y específicamente del narcotráfico.
Es decir, al mismo tiempo dos tensiones confrontadas.
En los años 90 empieza a surgir, un poco antes, empieza a surgir el problema del narcotráfico y decidimos como país que la Federación se iba a hacer cargo de combatir el narcotráfico, proceso de centralización.
Pero al mismo tiempo quisimos darle al municipio capacidades de respuesta frente a los conflictos, y en consecuencia le dimos facultades en materia de seguridad pública.
¿Cuáles son las razones de la descentralización y centralización?, este proceso contradictorio dual.
En primer lugar, se empezó a expandir el delito, empezó a haber una insurgencia clara de delitos, no solamente narcotráfico, sino delito común.
¿Qué decidimos como país?
Ponerle más estado de fuerza, es decir, que más hagan la tarea de seguridad pública para que, como dice el viejo dicho, “no somos machos, pero somos muchos”, era un poco esta lógica: aumenta la capacidad de respuesta del Estado y en consecuencia, incorpora a los municipios.
Segundo: la política criminal contra las drogas, por cierto, una decisión internacional que se da fundamentalmente en los años 60’s y de ahí para adelante; provocó que la Federación tuviera más cargas con respecto a la seguridad pública y específicamente al combate al narcotráfico.
Tercer elemento: México cambia su política, mejor dicho, cambia la fenomenología del crimen organizado en México, dejamos de ser exportadores y nos volvemos consumidores, por distintas razones: entre otras razones, porque la capacidad de renta de los mexicanos fue aumentando sobre todo a partir de los años 90’s y, en consecuencia, ya no solamente era necesario controlar las rutas otra vez, sino también era necesario controla las plazas, la tiendita, el bar, el comercio en el que se trafica con drogas.
Y por el otro lado, un elemento político: la transición democrática que se da fundamentalmente en la segunda mitad de los 90’s, provocó una tensión hacia darle más poder a los municipios. Fue, para decirlo pronto, una de las agendas más claras de Acción Nacional como parte de la transición democrática; nosotros queríamos hacer más fuertes a los municipios y lo conseguimos: hubo una serie de reformas que le dio facultades a los municipios y que en buena medida explican este proceso contradictorio dual al que me he referido.
Pero bueno, las cosas se fueron complicando en el camino. Vean ustedes estos datos:
En 1983, ya lo decía, los municipios adquieren seguridad pública y tránsito.
En el 94 y 95, a la mitad de la emergencia del crimen organizado asociado al narcotráfico, aparece, se define la seguridad pública como competencia concurrente, concurrente de la Federación, los estados y los municipios.
Pero también se crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública como mecanismo de coordinación. Ya repartimos la función entre varios, ahora tenemos que crear un modelo que nos permita coordinarlos a todos y esa es la razón por la cual surge el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En 1999 los municipios entran de lleno a la seguridad pública, con una modificación al artículo 115 constitucional, ya son responsables en seguridad pública de manera directa, ya no dependen del Estado ni de la Federación; tienen responsabilidades específicas en prevención y reacción de los delitos.
Pero las cosas se fueron complicando:
En 2008 con la reforma al modelo de justicia penal le dimos a los municipios la facultad de investigar los delitos, es decir, recabar pruebas, asegurar cadenas de custodia, delimitar los perímetros o delimitar el área donde se cometió un delito, rendir o averiguar, escuchar testimonios de testigos, etc., etc., etc.
Es decir, el policía municipal ya no solamente hacía tareas de prevención, tránsito o de proximidad; sino se convierte en un policía también de investigación, con la precariedad institucional de nuestros municipios, esto es una cosa muy seria.
Imagínense ustedes la policía municipal de Iguala, recabando evidencia forense de un delito. Imagínense a la policía de Iguala yendo a la casa de un presunto testigo ocular de un delito, a pedirle declaración o imagínense a la policía corrupta de Iguala aplicando una orden ministerial para llevar a una persona ante el Ministerio Público.
La pregunta es, ¿en qué momento y por qué decidimos que también las policías municipales tenían responsabilidades en materia de investigación de los delitos?
Hay una sola explicación que yo he encontrado: en el nuevo modelo de justicia penal, por lo menos en teoría, la policía es una parte fundamental en recabar la información fundamental para la persecución penal y en la Constitución le pusimos “policía”, a secas, no distinguimos sobre si tenían o no capacidades institucionales efectivas, municipios y estados, para poder hacer esa función.
Y ahí donde se nos coló la función de investigación en los municipios, error garrafal, lo tenemos que corregir. Las policías municipales en nuestro país no están preparadas para realizar funciones de investigación. No tienen la preparación, no deben hacerlo, están llamadas para otra cosa.
En buena medida la puerta giratoria de la justicia penal en el nuevo modelo se puede generar precisamente por las policías municipales que tiene competencias de investigación.
Además, en 2008 se crea un modelo nacional de policía. Es un dato muy importante.
Fíjense cómo fue la secuencia: Era centralizada, federalizamos, regresamos a coordinación y ahora le pusimos en 2008, en la reforma policial una serie de requisitos a la generación de capacidades institucionales de las policías.
Le dijimos desde la Constitución que teníamos que depurar a las policías; que teníamos que certificarlas, someterlas a control de confianza, establecer tabuladores fijos para todos.
Creamos un modelo nacional como alternativa al modelo de federalismo coordinado. ¿Qué significa esto? Que hay una instancia central que nos dice qué y cómo desarrollar capacidades de policía. Es el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
¿Pero por qué no está funcionando ese modelo?
¿Por qué el cambio hacia un modelo nacional que alienta generación de capacidades o intenta alentar generación de capacidades, por qué no está funcionando y tenemos policías precarias como las que ya hemos mencionado?
Esta lámina es importante, porque si la cosa estaba complicada, todavía la complicamos más en 2013.
Miren, antes el Ejecutivo tenía a su cargo el Ministerio Público y a las policías. ¿Sí? Cualquier Ejecutivo, federal o estatal. Y el punto de unión entre la función ministerial de persecución de los delitos y de policía eran las famosas agencias investigadoras, las policías judiciales como se conocían antes.
Nada más que en 2013 le dimos autonomía al ministerio público, pero las policías siguen dependiendo de los ejecutivos.
Pregunta institucional no resuelta todavía: ¿Cómo se van a relacionar las nuevas fiscalías autónomas con las policías que dependen del Ejecutivo?
Y este es un problema que no hemos resuelto, por eso esta idea de que simplemente el Mando Único nos va a resolver todos los problemas me parece una simplificación que tiende a lo absurdo.
Vean ustedes este problema adicional. Ya hay 32 policías estatales únicas en nuestro país, ya hay, y si las utilizamos para justificar la propuesta de policía estatal única o como se denomina mando único, si las utilizamos se cae el argumento en pedazos.
Las policías estatales únicas son las policías de investigación ministeriales. Las famosas policías judiciales, las agencias de investigación criminal, como se suelen denominar en los estados, y son un rotundo fracaso.
Son las policías con la menor aprobación y reconocimiento en la sociedad. Son policías que se dedican a la extorsión institucionalizada.
Esas policías estatales muestran que por sí mismas concentrar el mando en un solo orden de gobierno no resuelve nada a menos que hagamos algo con las instituciones, hagamos algo con las capacidades y la forma en la que esas instituciones operan.
Vean este dato en comparación. México tiene 10 mil policías federales en 2006 en dos millones de kilómetros cuadrados; esto significa 0.005 policías por kilómetro cuadrado.
España en 2006 tenía 150 mil elementos en 504 mil kilómetros; es decir, 0.29 policías por kilómetros cuadrados. Esto explica por qué hemos utilizado las Fuerzas Armadas, porque frente a fenómenos criminales simplemente no existe capacidad policial instalada.
Si queremos que las fuerzas armadas regresen a sus cuarteles, como es deseable para que recuperen su vocación constitucional, su misión constitucional, la única solución, amigas y amigos, es que generemos policías en número suficientemente fuertes y también profesionales, competentes y limpias, íntegras.
La discusión sobre la estrategia que han seguido los gobiernos nos lleva a un punto muy importante en la discusión.
¿Qué instrumentos tenemos como país para poder enfrentar una determinada crisis o bien qué instrumentos tenemos como país para poder superar la falta de voluntad de un orden de gobierno?
Me explico: cuando surgió Ciudad Juárez, que empieza en una disputa entre dos carteles, cuando empezó Ciudad Juárez abrimos la Constitución y nos dimos cuenta que nos daba pocos instrumentos para poder reaccionar a esa crisis, nos daba muy pocos; ahorita voy a explicar cuáles existen.
Y en consecuencia se tuvo que diseñar un modelo de intervención que es el famoso “Todos somos Juárez”, despliegue de fuerza, reconstrucción del tejido social, y darle espacio, tiempo y recursos a los órganos locales para generar sus propias capacidades.
Ese es un modelo de intervención, un modelo que intervención que si ustedes abren su constitución o todas las leyes no lo van a encontrar en ningún lado, porque no tenemos una solución institucional para suplir falta de capacidades o para enfrentar una determinada situación de crisis.
Ese fue un modelo, pero hay otros.
Miren, yo encuentro que entre 2005 y 2011 la participación de las fuerzas federales fue importante en todo el territorio del país para estabilizar situaciones especialmente graves de inseguridad.
Pero si ustedes revisan los expedientes, los casos, hay distintos modelos de intervención: despliegue de fuerzas, mando policías y me hago cargo yo, federación, de la situación; ese modelo se siguió en Michoacán, en Tijuana, hoy se sigue en Acapulco, Tamaulipas, Monterrey, La Laguna y Veracruz.
La federación desplaza las policías o la fuerza, desplaza a la fuerza local y se hace cargo de prestar la seguridad, aunque no le corresponda. Hoy la Policía Federal hace tareas de proximidad en Acapulco, porque las policías municipal y estatal están acuarteladas.
Es decir, llega una fuerza mayor, desplaza a la local y hace las tareas de seguridad mientras, se supone, se generan las propias capacidades de los órdenes locales.
Otro modelo, el modelo de intervención integral fue no solamente mando policía, sino también hago una serie de cosas para desarrollar instituciones locales. Es el programa #Todos somos Juárez” y el modelo de Michoacán, segunda etapa.
Pero también hubo toro modelo o hay otro modelo, el de la intervención política: te mando a alguien que se encargue de articular políticamente los esfuerzos y se vuelve un representante de la federación, caso Michoacán con el modelo del comisionado o el caso de Guerrero, después de Ayotzinapa, donde simplemente se relevó al gobernador del estado.
Tres modelos distintos de intervención federal para resolver situaciones de crisis que no están en ninguna parte de nuestras leyes, fueron casuísticas, ensayo y error, experiencia, decisiones políticas, no modelos institucionalizados para suplir a aquellos que no pueden hacer las cosas o bien cuando no las quieren hacer y eso es lo que tenemos que resolver.
El federalismo mexicano es un federalismo rígido, ciego, asigna a todos por igual las responsabilidades, pero nos se hace cargo si pueden hacerlas y tampoco existen remedios para cuando nos damos cuenta que la persona que tiene esa responsabilidad no la quiere hacer.
¿Qué le pasa a este país cuando un gobernador simplemente dice: yo no le quiero entrar a la seguridad o francamente se colude con el crimen organizado, como pasó ya en el pasado reciente? ¿Qué pasa?
O le aplicamos la orden de aprehensión o esa sociedad durante seis años se tiene que aguantar, porque los modelos de intervención de los estados a los municipios y de la federación a los estados, son muy difíciles de utilizar.
Estos son los mecanismos que existen hoy para que un estado intervenga en un municipio.
Los famosos convenios dependen de las partes. Si ya no quiero seguir ahí muere.
La suspensión de funciones en los municipios, se requiere de dos terceras partes de las legislaturas.
La desaparición de poderes, dos terceras partes de las legislaturas.
Revocación de mandatos, dos terceras partes de la legislatura.
Y todo eso supone desquiciar al orden municipal.
Me quedo con la función. Otra vez:
Solicitud del ayuntamiento más dos terceras partes de la legislatura local.
Persecución penal, meto a la cárcel al gobernador o al alcalde que no está haciendo bien las cosas, con el riesgo de no tener evidencia judicializable para poderle imponer una responsabilidad penal; o bien la renuncia de sus miembros.
Estas son las opciones que hoy tenemos.
Por supuesto que no podemos responder con este instrumental a las situaciones de crisis. La siguiente por favor.
Esta gráfica no la detallen. Pero este cuadrito revela, muestra todas las posibles combinaciones de mando único que existen hoy en el país; hoy, nada más hoy.
Y ustedes van a llegar a la conclusión de que no existe un modelo de mando único generalizado en el país.
Si descomponemos los convenios, si los empezamos a racionalizar, si los empezamos a fragmentar por tipo de funciones, nos vamos a encontrar una casuística tal que nos permite llegar a un solo modelo de mando único.
En el ejercicio que hicimos nosotros, en esta gráfica, el mando único lo separamos en estas funciones:
Reclutamiento, capacitación, nómina, quién determina cuánto se paga, supervisión de casos de corrupción, mando que determina el despliegue de fuerza, nombramiento del Secretario de Seguridad Pública y equipamiento. Vean todas las posibles opciones.
Es absolutamente falso que en este país exista un solo modelo de mando único que esté funcionando. De entrada no hay uno solo.
Hay modelos como por ejemplo, el que ustedes quieran, en el que el municipio paga al policía, el policía depende del Secretario de Seguridad Pública del Estado.
Hay modelos en el que el municipio recluta, el municipio paga y le asigna ese elemento a la corporación estatal.
Hay opciones o modelos en los cuales el Estado recluta, le asigna al municipio, el municipio paga y manda el Secretario de Seguridad Pública.
Es un verdadero galimatías. Esto es la realidad de los ensayos de mandos únicos en el país.
Y lo único que hicimos fue pedirle al Sistema Nacional de Seguridad Pública que nos diera todos los convenios suscritos y los leímos, y nos dimos cuenta que cada sapo tiene su pedrada. La siguiente por favor.
Bueno, y por qué no lo hace el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por qué no nos ha ayudado a corregir la situación y a generar capacidades institucionales el Sistema. El sistema que inventamos en los años 90 para poder articularnos y coordinarnos todos.
Y su si uno revisa, si viniera un marciano y leyera la Constitución diría: “los mexicanos no tienen problemas”. Ahí están los instrumentos. Tienen un Sistema Nacional de Seguridad Pública muy robusto.
Miren: qué hace el sistema: regula la carrera policial.
Qué más hace: determina la participación de la comunidad de la sociedad en las políticas públicas en materia de prevención y seguridad pública.
Establece las bases de datos criminalísticas y de personas en seguridad pública y procuración de justicia.
Lleva la información sobre qué, quiénes son nuestros policías.
Establece el régimen de seguridad social para policías y personal de seguridad pública.
Formula políticas públicas para la prevención de delitos.
Gestiona los fondos federales y aplica las inversiones federales.
Es un sistema nacional súper robusto.
Podría el sistema conducir, según esas atribuciones, de manera muy clara una política nacional de seguridad pública, específicamente de desarrollo de policías.
Y por qué no está funcionando. ¿Por qué? Porque el diablo está en los detalles. La siguiente por favor.
Cómo funcionas el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aquí está el problema:
Tiene buenas facultades, ¿eh? Si el marciano viene y las lee dice: “no tienen problemas los mexicanos; usen su sistema nada más”. Pero vean dónde están los detalles:
Hay distintos desarrollos institucionales en el país, hay realidades institucionales tan variadas, como estados de la República.
¿Por qué?
Porque no hay una política coherente, ordenada, definida de manera estable a lo largo del tiempo.
Dos. Todo lo que pasa en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, depende de consensos políticos.
Yo fui subsecretario de Gobernación, subsecretario de Gobierno, el subsecretario que tiene la responsabilidad de la seguridad en el país. Y cada vez que preparábamos las sesiones del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Consejo, ¿las han visto en las fotografías?
Todos los gobernadores sentados, la sociedad civil, en una mesa grandotota que parece el politburó soviético, una cosa así grandototota; y entonces se van aprobando acuerdo tras acuerdo, y nadie discute nada: Acuerdo número uno, ya se leyó: a favor. En una hora estamos fuera.
El trabajo que se hacía previamente era construir los acuerdos y literalmente, se negociaba la construcción del acuerdo, pero también la información que se presentaba. Se sigue negociando: “oigan, no le pongan el dato de la extorsión así, desestacionalízalo”, es decir, quítale una variante o un pico en función de las navidades o de las semanas santas o de lo que ustedes quieran.
Es una gestión consensual del sistema, se negocia lo que pasa en el sistema.
Y nos lleva al siguiente problema: no tiene palos, no tiene zanahorias, el sistema no tiene incentivos, no tiene garrotes, no tiene dulces, no tiene la posibilidad de alinear incentivos, es un problema institucional del sistema.
En cuarto lugar, el sistema no nos resuelve qué pasa cuando una entidad federativa o un municipio no quieren hacer las cosas, no quieren cumplir los acuerdos o bien no pueden cumplir los acuerdos. No nos da cláusulas de salida, no nos permite que alguien más llegue a hacer las cosas ni tampoco nos permite empujar a los estados y a los municipios a que hagan su chamba.
Y en quinto lugar, hay unos incentivos perversísimos en el sistema. Les voy a poner un ejemplo:
El SUBSEMUN, ¿cómo funcionó el SUBSEMUN o cómo funciona?
Ahora tiene otras perversidades que no quiero comentar aquí, luego se las cuento.
El SUBSEMUN. Tienes incidencia delictiva alta, municipio, ¿tienes alta incidencia delictiva? Entonces puedes acceder a recursos; te aumenta el crimen, levantas la mano y dices: “oiga, yo quiero recursos porque tengo una alta incidencia delictiva”. Muy bien, accedo a recursos.
Estabilizo la situación, bajo la incidencia delictiva y ya no puedo entrar a SUBSEMUN.
¿Qué hacen los municipios bajo esa lógica, estructura de incentivos?
El municipio que hace bien su chamba y que logra superar sus índices delictivos, se queda sin lana en el siguiente ejercicio. No premiamos generación de capacidades, reaccionamos a situaciones de crisis sin dejar una inversión sostenida en el tiempo.
Ese es un solo ejemplo de los incentivos perversos del sistema. Ahora hay uno perversísimo: firma mando único y tienes dinero, no firmas mando único, no tienes dinero.
Y otro todavía peor: firmo mando único, tengo dinero, pero nunca lo veo. En serio, el que firma mando único tiene derecho a recursos, pero se lo cobran a lo chino: el estado que tiene a su cargo la función, se la cobra. Esos son los incentivos perversos del sistema y solamente he puesto uno de los ejemplos.
Si el Presidente de la República quisiera hoy decir “voy a evaluar con mucha severidad a los estados que no hicieron la tarea en la certificación de policías”, los sienta, les pone una regañada y se queda en regañadas; no tiene instrumentos el sistema para poder disciplinar, corregir y alentar a los estados y municipios a que hagan su parte de responsabilidad.
¿Qué proponemos nosotros?
Después de un largo aprendizaje institucional y después de un intento de reflexión política importante, cinco cosas muy básicas:
En primer lugar, redistribuir, arreglar el problema de las responsabilidades de los estados, municipios y de la Federación en materia de seguridad. No todos pueden hacer lo mismo, no todos deben hacer lo mismo.
Y lo que hicimos aquí, es decir, bueno, ¿en qué consiste la seguridad? Y la seguridad como concepto pues incluye muchas cosas: Seguridad nacional y defensa exterior, seguridad interior, seguridad pública, y a su vez la seguridad pública se descompone en tres cosas: investigación, sistema penitenciario y lo que llamamos proximidad, ¿no? Esta es la seguridad como concepto desagregado.
Y aquí nos dimos cuenta que tenemos que hacer algo con las asignaciones de responsabilidades.
¿Un municipio debe tener funciones de seguridad nacional?
¿El Estado debe tener funciones de seguridad nacional?
¿Quién debe tener las funciones de seguridad nacional como función originaria? La Federación.
¿Por qué? Porque es el poder más grande, el poder más robusto.
Ah, entonces la seguridad nacional y la defensa exterior se la dejamos a la federación y estados y municipios no tienen responsabilidad ahí.
Seguridad interior, la federación tiene responsabilidad y los estados también, los municipios no, porque es el siguiente nivel de amenaza, digamos.
En seguridad pública, federación sí, estados sí, ¿y los municipios? Y aquí es donde viene el primer matiz de nuestra propuesta; debe tener funciones básicas y puede tener otras funciones, puede ganar responsabilidades si acredita que puede hacerlas.
Porque tenemos que resolver la ceguera del federalismo mexicano, las realidades son absolutamente diferentes. No es lo mismo Mérida, Yucatán, Nuevo León, que el estado de Hidalgo o mi estado Chiapas.
Y necesitamos quitarle esa ceguera al federalismo mexicano para que pueda reaccionar y responder a las realidades que son diferentes. No todos los municipios tienen las mismas capacidades institucionales, dinero, recursos, planeación, solvencia. Entonces tenemos que crear un modelo que me permita reconocer qué capacidades tienen esos municipios.
Y entonces, la investigación ¿qué proponemos? Sí a la federación, sí a los estados, no a los municipios. Y aquí hago un pequeño matiz: Sí función de investigación en los municipios sólo auxiliar al ministerio público.
Pongo un ejemplo muy concreto: Hay un homicidio y está el cuerpo del delito tirado en la calle. El ministerio público, como dice nuestra Constitución, debiera decirle al policía municipal “Acordóname la zona, no dejes que nadie me toque el cuerpo”; eso sí lo podría hacer, es razonable, es algo que puede hacer el municipio. “Oye, pero tú levántame el muerto, recábame las huellas digitales del arma, recupérame los casquillos” simplemente no lo puede hacer, a menos que decidamos invertirle mucho dinero a nuestros municipios, lo cual simplemente es prácticamente imposible.
Sistema penitenciario, es claro, federación y estados. Mandos de buen gobierno, lo que se denomina como la función de proximidad básica de los municipios.
¿A qué nos referimos con esto? Esa es la parte que debe estar en el municipio.
La autoridad tiene dos palancas fundamentales que definen su autoridad: la posibilidad de emitir normas, de determinar qué conductas son socialmente deseable y cuáles no son deseables y la posibilidad de aplicar esas normas, de imponer esas normas e incluso de vencer la resistencia de los destinatarios de esas normas. No se puede concebir la autoridad sin esos dos elementos.
Quitarle la función coactiva a los municipios es simplemente dejar autoridades cojas.
¿Qué debe hacer el municipio, por lo menos cómo lo pensamos en este modelo?
¿Pueden cuidar parques? Sí.
¿Pueden cuidar el perímetro de una escuela? Sí.
¿Pueden tener elementos de policía para presencia disuasiva: el policía de barrio, el que está parado en la esquina y que su sola presencia disuade al carterista, que disuade al que quiere robar casa-habitación? Sí.
¿Pueden ser o deben ser los que atiendan unas llamadas, por ejemplo una llamada de violencia intrafamiliar, un pleito entre cantinas, el pleito en la feria entre grupos?
Y esto es fundamental, porque una sociedad que carece de policías de proximidad no puede gestionar oportunamente los conflictos, los conflictos que todo el día surgen en la vecindad, en la proximidad entre personas que tenemos conductas, hábitos, pensamientos, formas de vida diferentes.
Necesita tener el Estado un orden que se encargue de resolver el micro conflicto y lo pueda resolver a tiempo.
Miren, cuando se diseñan las policías, entre más centralizada la policía, se comporta de manera diferente; entre más cerca de la sociedad está el policía, tiene otro tipo de incentivos en la interacción con el ciudadano.
La policía estatal tiende a ser no solamente más vertical, más disciplinada, más distante a los ciudadanos. La policía de proximidad tiende a ser otra vez más conocida, más cálida, con unas capacidades y habilidades diferentes, precisamente porque interactúa todo el tiempo con la sociedad.
Les pregunto una cosa: ustedes, la policía estatal de Nayarit por razones de seguridad, es una determinación que tomaron el gobernador y el secretario de Seguridad Pública, toda la policía estatal usa armas largas y está encapuchada. ¿Por qué? Porque es la que se encarga de combatir al crimen organizado, a los grandes cárteles que disputan la plaza.
¿Esa policía la vamos a mandar a separar a dos muchachos afuera de una secundaria? ¿Esa policía la vamos a mandar a que atienda a una señora que es golpeada por su marido o para sacar a un borracho de un bar?
No es proporcional la fuerza con la necesidad.
En Estados Unidos, hace un año y medio el presidente Obama convocó a un consejo para revisar el modelo policial en Estados Unidos, ¿a partir de qué? De las agresiones que habían sufrido ciertas personas por uso indebido o excesivo de la fuerza; el caso de un muchacho afroamericano que fue abatido por la policía.
La primera conclusión a la que llegó ese estudio es que los usos y abusos en la fuerza están causados por la distancia entre el policía y la comunidad.
Iba una policía fuertemente armada a un barrio con una situación racial diferente a la del propio policía y simplemente no hay reconocimiento, no hay aceptabilidad, no hay empatía, un policía blanco saca su arma y mata a un muchacho afroamericano.
Al contrario, cuando el policía vive en esa comunidad, cuando sus hijos van a la escuela con los vecinos, con los hijos de sus vecinos, cuando el policía reconocido en su casa, ese policía tiene todos los incentivos a cuidar de distinta manera a esa sociedad.
Evidentemente a ese policía no lo podemos poner a combatir el crimen organizado, ni a hacer un operativo para liberar a un secuestrado, ni a combatir la economía ilegal ni a combatir a una organización que se encargue de la trata de personas, por supuesto que no, no es su función.
Para eso debe haber otra policía bien armada, bien pagada, más fuerte en términos de capacidades y con una capacidad de fuerza mayor.
De eso se trata también, no solamente de asignar correctamente las responsabilidades, sino también asociar corporaciones de fuerza con necesidades específicas y aquí viene la otra lámina, miren ustedes.
Este eje muestra grados de coacción, mayor fuerza, menor fuerza y este eje expresa tipos de corporaciones. Cuando nos declare la guerra Trump ¿a quién le vamos a oponer? ¿Al policía municipal? Parece chiste, pero bueno.
Para la seguridad nacional, la defensa exterior de nuestros intereses de la integridad del Estado necesitamos la mayor de las fuerzas.
¿Es correcto?
Y qué pasa con la función más básica, la de menor coacción: necesitas a un elemento de seguridad, a un servidor público con unas habilidades totalmente diferentes.
Lo que tenemos que hacer no solamente es reasignar correctamente las responsabilidades sino también graduar la fuerza y asignárselas a un tipo específico de corporación. De eso se trata nuestro modelo.
¿El municipio hace patrullaje comunitario? ¿El Estado hace prevención, investigación y reacción? ¿La Federación hace reacción, investigación, prevención, inteligencia, delincuencia organizada, seguridad interior? Y la Federación, con las fuerzas armadas, hace seguridad nacional, defensa exterior y seguridad interna.
Es reescribir en buena medida nuestro aparato institucional. Lo que hoy simplemente es un escopetazo empezarlo a articular como tiros de precisión. Adelante por favor; ya voy a acabar.
El segundo tema, la segunda propuesta, o el segundo elemento de nuestra propuesta, es fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad pública.
Para decirlo pronto, que tenga palos y que tenga zanahorias. La siguiente por favor.
Ese sistema debe hacer lo que hoy hace, pero hacerlo bien, y de hacerlo con la posibilidad de suplir la voluntad cuando falte, o bien de responder a situaciones emergentes. La siguiente por favor.
Si nuestro modelo se aprobara, tendríamos tres tipos de policías en nuestro país, policías municipales, tres tipos. Ahí les va:
A.- Es la función originaria que reciben, la que tienen por ser municipios.
Pero también dice nuestro modelo, pueden crecer en responsabilidades si hacen qué, si prueban que pueden hacerlo, si certifican, pueden ganar reacción. Piensen, por ejemplo, en la policía antimotines, o incluso las tareas de prevención.
Prevención piénsenla más bien en términos de inteligencia proactiva: C4, etc., etc.
Si el municipio se certifica, si comprueba el sistema que puede, gana responsabilidades; y si no puede se regresa a su función básica.
¿Por qué?
Porque hay policías municipales que sí pueden hacer las cosas: la de Querétaro, la de Juárez, la de Monterrey, la de San Pedro. Sí las pueden hacer y además son realidades muy complejas, son ciudades muy grandes. Esas policías pueden crecer en responsabilidades.
Pero también hay otras que no pueden hacer las cosas. Esas tendrían una función originaria básica:
¿Cuál es?
La de patrullaje comunitario.
Y cómo funcionarían ahora los modelos de intervención: en distintas escalas. Este es un ejemplo: Si nosotros queremos alentar generación de capacidades, tenemos que hacer mucho más que mandar Policía Federal.
Necesitas darle conducción, evaluar, mejorar procesos, intervenir donde haya problemas graves, e incluso subrogar a la policía municipal o estatal cuando no puedan hacer las cosas. De eso se trata tener distintos niveles de intervención.
Si llegamos a una situación crítica, como por ejemplo la policía de Guerrero, que está profundamente penetrada por el crimen, qué debiera tener el sistema: la posibilidad de disolver esa policía; hoy no existe.
Pero qué pasa si tenemos una policía relativamente débil: tener la posibilidad de evaluarla, de auditarla, de generarle recomendaciones, instrucciones precisas para que se fortalezca.
Qué pasa con una policía que está en una situación crítica en un momento específico:
Que la Policía Federal o estatal se pueda hacer cargo de la seguridad mientras el estado o el municipio generan sus propias capacidades.
Porque de eso se trata el nuevo sistema, de generar capacidades para que no dependamos justamente de la Federación, los estados y los municipios sino que tengamos instituciones permanentes, estables y con futuro.
Nuestra respuesta al debate sobre los mandos:
Por qué hoy, por qué muchas policías no funcionan bien:
Porque el jefe de la policía es el compadre del alcalde, del gobernador, o el jefe de su escolta en campaña.
No tiene capacidades, conocimientos, destrezas, no está preparado, jamás ha estudiado para ser mando.
Por eso la discusión de: “pues cómo van a mandar esos”, ¿no? Cómo va a mandar el que no tiene ni idea de lo que es seguridad.
Qué proponemos nosotros: un Sistema Nacional de Mandos.
¿Qué significa? El que quiera ser jefe de policía, Federación, estado o municipio, debe certificarse, irse, para decirlo pronto, debe ir a la Universidad de Mandos; y no puede ser mando aquél que no esté certificado y por supuesto, se requiere una certificación especial para municipio; una certificación especial para ser jefe de la policía estatal; y por supuesto para ser comandante de Policía Federal.
Es un Sistema Nacional de Mandos para que el compadre no sea el jefe de la policía; porque cuando es el compadre el jefe de la Policía, el riesgo de penetración y debilidad institucional es mayor. Es profesionalizar una función.
A ver, se los pregunto: cuando les duele a ustedes una muela o tienen un dolor de panza, buscan el mejor médico posible, ¿no? El más preparado, el que tenga mejores estudios, al que se los hayan recomendado sus amigos, que tenga cierta trayectoria de buen médico.
¿Y por qué no exigir lo mismo con quien nos cuida? ¿Por qué no exigir que quien nos cuida por lo menos sepamos dónde vive? ¿Si vive conforme a sus ingresos? ¿Si no tiene una adicción? ¿Si no está coludido con el crimen organizado? ¿Y cómo le fue en otros momentos?
Hoy en día hay mandos de policía municipal estatal que lo fueron en otros lugares, hace tan solo unos años, y cometieron unas verdaderas tragedias. Eso se soluciona con un Sistema Nacional de Mandos; una universidad de la que sales como mando y regresas a evaluarte, a capacitarte, a certificarte.
El tercer componente: condiciones dignas para los policías.
Ya hablamos del salario, hay un diferencial entre lo que deben ganar y lo que ganan, ese diferencial es subsidio; ¿subsidio que paga quién? El crimen.
Pero no solamente eso: no tienen becas para sus hijos, no tienen derecho a la vivienda, su sistema de seguridad social depende del estado en el que vivan, no tienen ningún incentivo a portarse bien y a mantenerse con lealtad en la institución, ¿por qué?
Porque no existen los incentivos. Por eso al policía le es fácil agarrar los 3 mil pesos que le ofrece un ciudadano o un criminal, porque esos se los mete a la bolsa y resuelve el problema del día a día de su familia.
Ahora déjenme preguntarles, ¿qué pasaría si ese mismo policía recibe de su corporación beca para sus hijos, crédito a la vivienda, crédito al consumo, seguro de vida, seguro de accidentes? ¿Qué pasa con ese policía?
Tiene más que perder si se corrompe. No es lo mismo perder mi sueldo de 6 mil pesos, que perder mi sueldo de 6 mil pesos o de 10 mil o 12 mil, es la idea; más la beca de mis hijos, más mi casa, más mi cochecito; se alteran notablemente los incentivos.
De eso se trata dignificar las condiciones laborales de los policías. Pero también nosotros proponemos un sistema nacional de carrera policial, mismas reglas para todos, para garantizar, ¿qué? que todos los ciudadanos tengan el mismo servicio, para decirlo pronto, de policía.
Hoy, si un estado hace bien las cosas tiene policías de altísima calidad. Si un estado hace mal las cosas, tenemos policías de deficiente calidad. Un sistema nos permite armonizar y homogeneizar las condiciones en las que los policías se desarrollan profesionalmente y prestan su servicio.
En este modelo sería posible que un policía que hoy está en Yucatán mañana se vaya a Reynosa, por necesidades de demanda. En lugar de andar mandando a los militares, a las fuerzas federales; podemos reordenar la sábana, para decirlo pronto, con policías capacitados en un sistema nacional, ¿por qué?
Porque el reclutamiento será igual, las condiciones salariales serán iguales, las prestaciones complementarias serán iguales, la seguridad social será igual. Uno va a poder estar en Mérida el día de mañana y por un incentivo poderse ir mañana a Reynosa, porque en Reynosa necesitan más policías.
De eso se trata el Sistema Nacional de Carrera Policial. Esto implica resolver las relaciones laborales de los policías.
Nosotros proponemos una ampliación al 123 de la Constitución, hoy existe un apartado A y un apartado E; apartado A: trabajadores del sector privado; apartado B: trabajadores del sector público, los funcionarios públicos en general: los directores generales, las secretarias, los asistentes, todos los que prestamos servicios en el Estado.
No tiene la misma naturaleza la relación laboral de un funcionario público que la de un policía.
Necesitamos crear un régimen especial para los policías y de eso se trata la creación del apartado C del 123, donde los policías tengan un régimen específico que nos permita, por ejemplo, poderlos correr cuando son corruptos y no nos obliguen a reinstalarlos como pasó hace unos meses, pasa prácticamente todos los días en nuestro país.
Pero también que tengamos la posibilidad de garantizarles un horizonte de vida digno donde el subsidio no lo paguen los criminales sino que los complementos de mi salario me los dé el Estado, me los dé la ciudadanía, me los dé la sociedad a la que sirvo.
Por último, miren, todo esto no va a funcionar si no hay recursos y esa es la parte central. Tenemos dos opciones: O le decimos a los municipios y a los estados “Pues pónganse a recaudar, pónganse a ejercer sus facultades tributarias, háganse de más recursos para poder cumplir todos sus objetivos o los ayudamos”. Y ya hubo un experimento que funcionó en nuestro país.
Cuando hicimos nuestro modelo de desarrollo social, nuestras políticas de combate a la pobreza hicimos no solamente concurrente la función, todos le entramos. No solamente diseñamos instituciones potentes desde la Secretaría de Desarrollo Social hasta el CONEVAL que las evalúa, sino que también establecimos una forma de financiamiento a mis responsabilidades, me refiero a estado-municipio con respecto al desarrollo social.
Creamos un ramo participable.
Si hoy sumáramos todos los recursos en aportaciones ordinarias y extraordinarias, subsidios y dinero discrecional que se da desde el sistema o desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los policías, si juntáramos ese dinero en una sola bolsa tendríamos un ramo, un fondo para la seguridad pública de cerca de 450 mil millones de pesos.
¿Para qué?
Para que quien desarrolle capacidades tenga cómo financiarlas y no sigamos con los incentivos perversos: “Te doy si yo quiero; te doy si haces lo que yo quiero” sino que los criterios de asignación de los recursos sean función de objetivos y metas de desarrollo, de capacidades. Buenas policías, bien pagadas, buenos ministerios públicos bien qqpagados, instituciones fuertes sin corrupción, evaluadas por la sociedad y por las propias corporaciones.
De eso se trata la generación de capacidades y es justamente lo que tenemos que financiar.
Sé que me extendí un poco. Les agradezco a todos su comprensión, su paciencia, y por supuesto estoy a las órdenes para cualquier pregunta o comentario.
PRESENTADORA: Durante la ponencia las señoritas edecanes hicieron favor de repartir unos formatos de pregunta en cada una de las filas y estos ya fueron seleccionados por los funcionarios que acompañan a nuestro ponente.
Por razones de agenda de las autoridades y también del ponente disponemos de un tiempo de 10 minutos para las preguntas y respuestas, así que agradecemos a todos su comprensión.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: La primera de José Antonio Nava, muchas gracias por la pregunta.
“Como ciudadano, ¿con qué autoridad podemos denunciar a la delincuencia sin tener el riesgo de represalias en contra de uno mismo y qué tan recomendable es organizarse con los vecinos, vecinos vigilantes?”
A ver, ahorita con nadie, de verdad, ahorita yo la pienso dos veces.
¿Por qué? Porque no tenemos instancias de denuncias, sobre todo frente a los abusos policiacos.
Y esto tiene que ver con, otra vez, desarrollo institucional de largo plazo.
Lo que sí ha funcionado en muchos estados, en muchos municipios y ha probado buenos resultados en términos de aumentar la integridad, la honestidad de los policías, son los mecanismos de vigilancia ciudadana.
En Ciudad Juárez la sociedad se metió de lleno a acompañar las funciones de seguridad pública, y lo que hicieron fundamentalmente fueron dos cosas:
Uno, crearon el Área de Asuntos Internos, una suerte de contraloría de las policías, y por otro lado unos mecanismos de observación externos, anónimos, etcétera, que permitían a la sociedad poder denunciar asuntos policiacos, y la sociedad sentada en la mesa con la autoridad podía reconducir los procesos de las corporaciones de policías.
Es un modelo que puede funcionar y me sirve esta expresión para subrayar: La función de seguridad pública no corresponde única y exclusivamente a los gobiernos; no hay función de seguridad pública exitosa que no involucre a los ciudadanos.
Los primeros agentes de cambio en seguridad pública somos los ciudadanos, desde el que denuncia, hasta el que participa aportando información, elementos e ideas a las corporaciones de policía.
Sé que esto suena absolutamente difícil, yo no me sentaría a una mesa con una corporación de policía, ni que estuviera loco, pero es la única manera en la que funciona.
Si podemos desarrollar mejores mecanismos de participación ciudadana, tendremos mejores formas de garantizar seguridad a nuestro país.
Y luego dice, desde la propuesta de mando policial mixto, ¿qué otros mecanismos ayudarían al combate a la seguridad? ¿La legalización de la marihuana podría ser una opción para ello?
Bueno, creo que ya he explicado que la respuesta institucional al problema de seguridad debe ser integral, no solamente el mando de las policías sino una reconstrucción de muchos más elementos.
Se está alegando que la legalización de la marihuana o el cambio regulatorio con respecto a la marihuana va a resolver el problema de la seguridad de nuestro país y de la violencia, no, no es cierto eso, no es cierto.
Un cambio regulatorio que no signifique legalización, es decir, que se venda la marihuana en OXXO, un cambio regulatorio nos puede servir para un solo efecto: para reducir el daño del mercado negro actual.
Miren: hoy es lícito en este país, dice la ley y es correcta la política pública, no se penalizan a los consumidores; decimos, la ley dice, si tienes cinco gramos, asumo que lo portas para consumo; si llega la policía y te encuentra cinco gramos, simplemente no hay delito que perseguir.
Cinco gramos, por cierto, en función de los estudios de mercado no es una dosis que sirva para satisfacer las necesidades del consumo personal, pero vean el problema además.
¿Qué pasa si esa misma persona, en lugar de agarrarlo con cinco gramos en la bolsa, lo agarran comprándole a una persona esos mismos cinco gramos?
Eso sí es delito, es delito del que vende y el que compra; pero no solamente eso: si la persona que vende los cinco gramos está en el Metro Balderas vendiendo cinco gramos a 100 gentes, tiene 500 gramos.
Esa persona que tiene 500 gramos de marihuana cometió delito grave. ¿Por qué? Porque tiene, está en posesión de marihuana con fines de comercio.
Y se dice, bueno, la propuesta: subamos el umbral, que no sean cinco gramos, que sean 28, así resolvemos el problema de quienes consumen la marihuana y ¿dónde va a comprar los 28 gramos?
Es decir, yo todavía no conozco ningún caso que la marihuana se genere por generación espontánea. Recuerdan aquél experimento que hacíamos en las primarias de poner dos frijolitos en algodón, yo no conozco ningún modelo en el cual la marihuana se genere a partir de dos frijolitos en un algodón.
Si subimos los umbrales vamos a tener que resolver el problema de quién suministra las nuevas dosis y es ahí donde está el problema; el problema no está en los consumidores; hay cerca de 40 mil personas perseguidas o en proceso por delincuencia organizada, el 40 por ciento son mujeres.
Mujeres que no cometieron el delito en violencia, portaban marihuana, sin violencia, sin armas, y son primodelincuentes. Esas personas están en la cárcel porque portaban más del umbral.
Aun cuando subamos el umbral el problema está en cómo se van a suministrar esas dosis; el problema está en la oferta, el problema es cómo consigo las 28 o los 28 gramos.
Lo que teneos que resolver es el mercado negro, porque el mercado negro está asociado a armas, a violencia y a dinero.
El 40 por ciento de los recursos del crimen organizado deriva de la venta de marihuana.
Si resolvemos el mercado negro con todo pragmatismo, si resolvemos el problema del mercado negro, es decir, la oferta a quienes desean consumir, sí le pegamos en buena medida a una parte del negocio del crimen organizado, pero no se resuelve del todo, ¿eh? Es absolutamente falso que se vaya a resolver del todo.
Mañana va a seguir habiendo, en Reynosa, violencia y homicidios porque el crimen organizado se disputa la plaza no para vender marihuana, para secuestros, extorsión, cobro de piso, trata de personas, todos los nuevos fenómenos del crimen organizado.
Hay que redimensionar el debate sobre la legalización de la marihuana o el cambio regulatorio de la marihuana; tiene un solo propósito, un solo fin: hacer más chiquito el mercado negro de la marihuana para que menos muchachos se mueran en nuestro país.
Los derechos laborales y humanos de los policías.
Ya lo explicaba: es una propuesta concreta de rediseñar las relaciones laborales y darles cierta; especificarlos en función de la naturaleza del servicio que prestan.
Cómo propone rebajar la criminalidad, con más sanciones como pena de muerte, como delitos como trata de personas.
No. No. No. Ahí sí yo difiero. La pena de muerte no resuelve absolutamente nada.
Durante muchos años en nuestro país resolvimos, o pretendimos disuadir el delito con dos componentes:
Más delitos graves, más sanciones severas, o sanciones más severas.
Es decir, en el catálogo de delitos pongo que son graves cada vez más delitos.
¿Para qué? Para que no haya posibilidad de enfrentar el proceso penal en libertad, sino que me aplican la prisión preventiva.
Y por el otro lado hemos aumentado las penas.
Hay un estudio por ahí del CIDE que revela que se ha triplicado la magnitud de las penas en los últimos 25 años.
Y la pregunta es si se han reducido en una tercera parte los delitos.
Lo único que estamos provocando con ese modelo es que haya más gente en prisión preventiva, sujeta a proceso en la cárcel y claramente no hay una disminución clara en la incidencia delictiva.
Yo creo que el problema está en la eficacia de perseguir e investigar un delito.
La disuasión de los delitos es una fórmula que combina dos elementos:
Uno. El costo de delinquir, la sanción que me puedan aplicar, pero también la probabilidad de que me cachen, me investiguen, me juzguen y me sancionen.
Lo que hay que aumentar en el país no son las penas; hay que aumentar la eficacia, la probabilidad de que me las apliquen.
Si aumentamos la probabilidad de que me las apliquen es un disuasivo más poderoso que ponerle penas estrafalarias como la pena de muerte.
¿Cuál debe ser su papel en la nueva estrategia? ¿Seguridad Nacional? ¿No debe el CISEN participar en funciones civiles de seguridad pública? ¿Debe quedarse, concentrarse a seguridad en defensa nacional y eventualmente tener responsabilidades en delincuencia organizada, siempre especificas en la ley?
No es un buen modelo extender a los cuerpos de inteligencia de Seguridad Nacional, facultades o responsabilidades en materia de seguridad pública.
Percepciones igual a realidad. No, de ninguna manera. Pero la percepción revela lo que la ciudadanía está viviendo en su realidad.
Un indicador de confianza de las corporaciones de policía es la percepción de los ciudadanos. Si me siento más seguro o menos seguro depende de si mi policía es o no es eficaz.
Si mi policía hace bien su trabajo me siento más seguro. Si hace mal su trabajo me siento más inseguro.
No es la variable que determina la fortaleza de las policías, pero sí revela en buena medida cierto estado de cosas en un determinado entorno.
Espero que su mando policial mixto esté basado en el CIDEPOL. En la primera parte de su intervención no dijo nada nuevo. Al menos la gran mayoría conocemos esa seguridad y vigilancia que vivimos.
El problema de seguridad no se va a terminar con incrementar el número de elementos policiacos. Todos piensan que la cuestión policial que vivimos parte del sistema policiaco cuando deberíamos estar checando personales económicos.
Sí, claro. El problema en buena medida pasa porque las policías tengan mejores condiciones, pero sí hay una debilidad institucional en nuestras policías, tenemos muy poquitas policías en este país.
En comparación con el mundo, son muy pocas policías, además de corruptas y malas, son muy pocas policías.
Tenemos más de cien millones, más de cien millones de personas en nuestro país: Nueva York tiene en policías, lo que nosotros tenemos en policías estatales; Nueva York, les repito el dato: el número de policías en Nueva York es igual al número de todas las policías estatales que existen en México.
Un despliegue mayor de policías sí disuade delitos, sí permite una mayor capacidad de respuesta; no lo resuelve todo, también tiene que ver con la forma en la que las corporaciones de policías funcionen.
Creo que ya me he extendido. Muchísimas gracias a todos.
Las otras preguntas me las llevo.
