Senado de la República

(Tercera parte y final)

¿Por qué?

Ninguna ha sido rechazada, porque el presidente ya tiene su mayoría asegurada y entonces esto nada más es un ejercicio que nos lleva, como dice el diccionario, a simplemente preparar el pronunciamiento ya definido por el presidente.

En ese sentido, lo que hemos afirmado y lo hemos dicho públicamente, es que ninguno de los tres garantiza independencia. Usted dijo en su presentación que me llamó mucho la atención, en su presentación ante el pleno, ahí al final final, dijo usted: Les pido ahora que me permitan aprovechar el uso de esta alta tribuna para puntualizar un aspecto que para mí es fundamental, podría existir la percepción, no podría existir, existe que al paso de tantos años al servicio de uno de los poderes inhabilita o descalifica, per se para ocupar un alto cargo en la Judicatura.

Esa percepción está basada en la premisa de que el ingreso, ya no los años, al servicio del Estado, que es el Ejecutivo, significa la pérdida automática de autonomía e independencia, comprometiendo, cuando no vendiendo la libertad de pensamiento, las convicciones y valores al servicio de un grupo o causa política.

Esa premisa, dice usted, es falsa y respetuosamente quien no lo entiende, no entiende que México sí ha cambiado, es un eco de todo presidente y Osorio Chong eso dice, pero no es tan simple como eso.

Si revisamos todo su currículum, en el cual quiero decir que no puedo yo sino reconocer que ha sido usted un abogado del Estado, del Ejecutivo, exitoso, se ha mantenido usted en diversos periodos, ha usted servido a presidentes priístas y panistas y entonces ha estado muy bien, en posiciones destacadas, en la Consejería Jurídica Adjunta, en diversas posiciones del más alto nivel.

Y en su propio texto leído ante el pleno, nos habla usted de todas las reformas en las que participó, las reformas constitucionales, las leyes secundarias y ellas nos llevan a consolidar la visión de una dependencia.

A usted se le selecciona y tenemos que ser honestos, no por sus cualidades de juzgador, tiene usted menos de un año, 9 meses creo, sino por esa carrera al servicio de esos intereses y ahí es donde está la preocupación, cuando se dice en la exposición de motivos que esta dependencia impide la reversión de leyes y decisiones injustas.

Ese es el meollo. Dice usted que no tiene ninguna vinculación real, que no ha vendido su conciencia, pues claro, pero sí tiene usted una vinculación larga, con políticas específicas.

Aquí la senadora Martha Tagle lo comentó esto de defender, no va a defender a capa y espada, algo así dijo, las reformas que usted hizo. Sería entonces cambiar de criterio, porque usted al llegar a sumarse a esta Suprema Corte, que va hacia esa preponderancia de Ministros que vienen del Ejecutivo, llega usted con un cargamento, es una historia, no se puede negar.

Podríamos tocar muchas cosas.

Por ejemplo, usted fue partícipe activo en todo. Aquí se pone como en compatibilidad, no haber sido Ministro, Secretario de Estado.

Usted ha sido más que Secretario de Estado en todos estos años. Ha asesorado, apoyado a Secretarios de Estado.

Por ejemplo, usted apoyó con un gran interés, y participación, y compromiso la Reforma Energética de Calderón, 2008, ahí estuvo usted como un activista, un activo inteligente obviamente, buena formación, no cabe duda, pero apoyando las posiciones del Ejecutivo.

Y también fue igual un ariete en la promoción de la Reforma Energética de Peña Nieto.

Podríamos sacar muchísimos datos, nos llenaríamos de papeles y es muy corto el tiempo para esta plática con usted.

Se le preguntó en la Cámara de Diputados sobre una barbaridad que aprobó el Congreso, manipulando los artículos constitucionales para mantener la energía como materia estratégica ya no en manos del Estado, ya en manos de particulares.

Y ahí se estableció una barbaridad, que dice que las empresas transnacionales extranjeras van a tener el derecho de ocupación temporal de las tierras que requieran para sus desarrollos.

No es la línea de transmisión, no, para las instalaciones. Eso se discutió aquí en el Senado. Decía expropiación y usted lo sabía, porque usted estaba allá atrás.

Y usted dice que no, que no es su objetivo expropiar. La tierra en las zonas donde la Secretaría de Economía signe contratos de exploración y explotación de hidrocarburos o electricidad, sólo se rentarán a sus propietarios mediante la figura de contratos de ocupación.

Y eso no es, así está, una expropiación disfrazada y ahí en la Corte yo le aseguro a usted que vamos a tener cientos de amparos, tantos como los del ISSSTE o más, más violentos, que usted defendió por cierto en contra de los trabajadores; miles de amparos que usted con su habilidad echó abajo, manteniendo una posición que le correspondía de defensor de las decisiones del gobierno.

Igual está esta cuestión. Imagínese usted lo que va a pasar cuando empiece la Shell o la Exxon Movil a decirle al Estado obligado por un mandato constitucional, fíjese, mandato constitucional ilegal de tomar las tierras de comunidades indígenas, de tomar posesión, pero dice usted que nada más se les va a rentar, dijo usted, defendiendo la Iniciativa de la Cámara de Diputados, hace unos meses, junio de 2014. ¿Y no es así?

Va a haber prácticamente de facto una expropiación.

Eso como un ejemplo de muchos más, de todos estos años de defender posiciones del Ejecutivo, que no siempre son apreciadas por la opinión. Fíjese usted, cuando eso ocurre, porque dijeron los ministros que se fueron, Silva, dijo: “no”, al final, después de quién sabe cuántos años, después de haber dicho todo lo que pelearon para la independencia del órgano, dijo: “no hemos actuado por razón de Estado”. Y sí han actuado, sí han actuado.

El amparo presentado por defectos en el procedimiento de la reforma constitucional energética, no lo atrajo. Peticiones hubo a unos y a otros, ninguno de los ministros atrajo el caso para resolverlo en el Pleno y lo fueron pastoreando hasta que se olvidó el tema y se hacía ya un poco menos conflictivo, y lo resolvió un colegiado, por mandato de la Suprema Corte.

Porque esto que decíamos y que platicaba usted hace un momento sobre el Consejo de la Judicatura, hay una autoridad absoluta y total de la Suprema Corte sobre magistrados y jueces. Por eso cuando no se les va a revisar, inclusive la ley anticorrupción o en la de transparencia, tampoco se toca.

Entonces, es toda una historia, ¿qué va a hacer usted como ministro de la Corte, junto con Medina Mora, que participó en la misma campaña esta?, porque hizo usted campaña. Y no digo yo que esté usted vendido o su conciencia, sino que usted participó como un abogado convencido de que eso es lo que había que hacer.

Está usted convencido de muchísimas cosas del Ejecutivo, que tendría que usted que juzgar con equilibrio allá, y no va usted a poder, aunque diga usted que no entiende que México ha cambiado. No ha vendido su libertad, a usted lo está designando Peña Nieto; aquí en el Senado ya tiene los votos, sí es cierto lo que se dice, que usted es el seleccionado por Peña Nieto.

Usted va a llegar no por experiencia de juzgador, usted va a llegar por todo esto: por los apoyos que dio, por su defensa, como esta, en la Cámara de Diputados, por eso seleccionado, ayer nos decían que por el inefable Castillejos, que está metido en todos lados, hasta aquí en los dictámenes.

Entonces usted va a tener un compromiso moral con Peña Nieto, él lo va a elegir, él. Nosotros vamos a ver las votaciones y los va usted a ver; pero va usted a tener un compromiso moral, político; pero además su conciencia de buen abogado, que la tiene, es usted un buen abogado, con buena formación, está de ese lado: usted está comprometido con todo eso que hizo en el Ejecutivo, por eso la senadora Tagle le dice que no cree que vaya usted a abandonar lo que pensó, ya no digamos vender su pensamiento, no, su propio pensamiento, su compromiso con usted mismo está comprometido con todas esas cosas.

Y cuando lleguen los campesinos, los indígenas a pedir amparo, usted va a decir “no, no, si no es expropiación, que se las alquile la Shale. No se preocupen”. Ese es el problema.

Y no es culpa de usted, es culpa de Peña Nieto, que está incumpliendo su responsabilidad de elegir por encima de toda duda a los mejores hombres, que los hay, muchos, que no tengan ninguna vinculación con él, que no tengan vinculación necesariamente con el Ejecutivo, para que puedan ser libres, totalmente libres en el máximo Tribunal de este país.

Por eso nosotros consideramos que el error es de Peña Nieto, que quiere cubrir su obra, sus reformas estructurales, retacando, llevando a la Suprema Corte de Justicia.

¿Para qué? Pues por lo que dice aquí la exposición de motivos, ¿eh? Para que no se revierta nada.

¿Y si queremos revertirla?

¿Y si la mayoría de la población estuvo en contra de muchas cosas que ese aprobaron impulsadas por usted? Ya no van a ser reversibles.

Ese es el problema. Y, le repito, no es usted.

A usted lo mandaron, es disciplinado, en todos los cargos que ha tenido con Zedillo y luego acá y allá, pero sus decisiones lo atan, porque usted lo hizo, no porque se lo ordenara Calderón en su momento, no, en estos últimos años Peña Nieto; no, lo hizo usted de conciencia, que yo lo respeto, no lo hizo usted porque le dijeran: A ver, consultor jurídico, hágame tal cosa; ahora hágame una reforma constitucional; ahora… Y en ese sentido.

No, usted es más que eso. No es usted una anuencia, es usted abogado con conciencia. Y esa conciencia la tiene comprometida.

Hace mal Peña Nieto en mandar una terna en donde todos tienen esa vinculación.

No es de buena fe. El Presidente no está al nivel de un Jefe de Estado que busque que la Suprema Corte de Justicia realmente logre esa confianza popular. No, él mejor se protege.

Así es que, con todo respeto, yo digo, estas comparecencias son pesadas, pero es el gran avance, vamos a escudriñar, vamos a sacar.

Tendríamos que ver qué hizo usted en la cuestión de la procuraduría fiscal. ¡Ay! Esa procuraduría es un poco complicada; o en otros momentos.

Bueno, al fin, aquí nada más siguiendo toda esta historia de éxito como abogado del Ejecutivo, con una vinculación muy fuerte, con un señor Fernández Aguirre, ¿se acuerda usted de él? Pasó con Zedillo, pasó al otro lado y ahí vamos con Fernández Aguirre.

Que, por cierto, Fernández Aguirre ahora está en una cuestión del agua, en una cuestión del agua con empresarios, en un consejo del agua, una cosa así extraña, y están ya apuntando por los integrantes, los conocemos, a la privatización del agua, ahí está.

Su amigo y protector, usted tendrá que, cuando venga Fernández Aguirre a decir: Oiga, ¿se acuerda usted de aquellos tiempos?

Es que las actividades de uno lo comprometen y sus decisiones fundadas, aquí nos puede justificar todas, claro, es usted un magnífico abogado, bien formado, por eso lo tienen ahí y por eso lo quieren allá.

Muchas gracias.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senador Bartlett.

SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Me faltó la pregunta, tal vez.

Gracias.

Independientemente de la experiencia de 11 meses como juzgador, que nos cuenta usted que ha aprendido mucho ahí, es mucho más que eso un juez, eh, mucho más, son muchos años, es muy difícil, por eso hay que estar desvinculado de esos compromisos.

¿Qué quiso usted decir cuando se opina que está comprometido, pero no porque haya vendido la libertad, no, porque usted así cree, dice, esta premisa es falsa?

Pero respetuosamente quien no la entiende, no entiende que México sí ha cambiado.

¿En qué ha cambiado, señor, en relación con el 94 a la fecha?

Esa sería la pregunta para tener algo que preguntarle.

Muchas gracias.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senador.

Tiene el uso de la voz el compareciente para dar respuesta.

JAVIER LAYNEZ POTISEK: Gracias, senador Bartlett.

En qué ha cambiado, me refería yo a lo que comenté hace rato, senador, que la alternancia, y miro en el Poder Ejecutivo la pluralidad en las cámaras que a usted y a mí nos tocó vivir y que claro, las nuevas generaciones ya vienen o conocieron ese México, esa transformación nueve puntos positivos, desde mi punto de vista es precisamente en la creación de una estructura en la administración.

Por eso dije: afortunadamente no soy el único en el caso de los abogados o de cualquier otra profesión que pueden escoger como opción de vida el servicio público, sin comprometerse forzosamente con una ideología.

Yo creo que sí se puede, senador, déjeme hablar por mí y esa es mi experiencia. Yo creo estar aquí y lo dije hace 35 años, calculo 35 cuando acabé mi carrera, ya una vez concluida mi tesis profesional había decidido que no me gustaría litigar en un despacho, que no me gustaría ser abogado de empresa, que yo quería ser servidor público.

Pero al mismo tiempo no quería ninguna afiliación partidista. Por eso jamás me afilié a ningún partido político y siempre luché y siempre pensé que sí era viable, en México, contar con servidores públicos a veces, senador, déjeme usar la palabra peyorativa “tecnócratas”, porque luego tecnócratas se presta a otras consideraciones, pero la parte técnica que puede aportar a su país desde el servicio público y desde el Ejecutivo y eso no significa, senador, y ahí muy respetuosamente yo difiero, que lo convierta en un activista de las reformas en las que participó.

Senador:

Yo creo que usted y lo conozco o lo he seguido desde hace muchos años, sería un excelente ministro y yo no creo que en todas las reformas que ha participado, en su larga carrera legislativa, le impidan ser ministro, porque sería usted un activista de las reformas que aprobó y que votó.

Yo no fui un activista, nunca he sido un activista de una reforma que se le encargó, desde el punto de vista jurídico, realizar para un gobierno o para otro, conforme a las decisiones que tomó una mayoría política que se conformó para tal o cual reforma.

Y déjeme darle precisamente el ejemplo que usted da del régimen de ocupación temporal, derivado de esa reforma energética y toda vez que con anterioridad vaya solo PEMEX y CFE tendrían actividades que pudiesen provocar alguna afectación en propiedades privadas y ejidales en el país y dado que el Constituyente Permanente, señor legislador, porque no fui yo, decidió que ahora habría ciertos contratos en ciertas actividades, conforme a los cuales podría haber una afectación de empresas privadas nacionales y extranjeras, tendría que crearse un régimen de protección, porque de lo contrario el estado, habiendo asignado un contrato, tendría que expropiar y expropiar y expropiar esas tierras.

No era el caso mientras sólo fue CFE y PEMEX. CFE y PEMEX procedían entonces y fue lo que yo hice, reunirme con los técnicos de ambas empresas para decirles bueno, y cómo le hacen ustedes cuando tienen que realizar una afectación, o como un derecho de bien en caso de ser fe, o una empresa y otra obra para el caso de PEMEX.

Y me llevé una gran sorpresa, porque yo creí que todo era vía expropiación en este país para esos efectos.

Y me dice: “No. ¿Sabes cuántas expropiaciones ha habido en México desde 1959, que es el año en que yo nací?: 11. Yo hubiera contestado 2 mil, 3 mil, no sé cuántas hay. Me dijeron 11.

Todo se lleva a cabo mediante una negociación que hace CFE, o que hace PEMEX con los ejidatarios o con los propietarios. Casi no recurrimos a la expropiación. Se negocia caso por caso.

Y eso vino funcionando, usted lo sabe, en el país nada más que sin reglas senador. En reglas cada empresa pública negociaba con propietarios privados o comuneros, se arreglaban, firmaban un convenio de ocupación.

Usted debe saberlo mejor que yo, muchas veces los recursos pactados con algún líder no llegaban a las comunidades a las que supuestamente estaban dirigidos.

El grupo de abogados se nos pide establecer un régimen en el cual se creen reglas claras y transparentes para esta negociación. Podemos estar de acuerdo o no con el régimen, peo esa fue la finalidad.

Lo que usted dice que yo dije en la Cámara de Diputados, y lo sostengo: a mí como abogado me dije: cómo hacemos un régimen que si expropiar sistemáticamente ejidatarios o comuneros le garantice que cuando exista un convenio de ocupación, reciba el justo valor, o el justo precio por la afectación.

Y ese es el diseño que se hace.

Cree usted senador que, suponiendo que algún día yo como su juzgador llegue a recibir un caso donde hay un abuso por un incumplimiento por parte de una empresa, voy a decir: “tiene razón la empresa o en realidad senador yo no entendería cuál sería mi posible conflicto de interés, aún en este caso por haber participado en un diseño que, cuando se aplique el caso concreto, pueda tener actos de injusticia.

Actualmente, como magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, senador, veo muchos casos de aplicación concreta, de verdad de leyes en las que participe porque yo participo sobre el amparo contra leyes más no en amparo contra actos. Eso no lo ve la Procuraduría.

Y aquí me han tocado casos donde veo aplicación de leyes que fueron discutidas en su momento y lo veo ya en el caso concreto.

Y créame senador, y le reitero: yo no digo aquí prepárame un proyecto dando la razón que yo participé en esa ley. Al contrario, veo la aplicación en caso concreto y decido conforme a la Litis sin que yo considero que porque tuve una participación aún en el diseño institucional de esa política pública, tengo forzosamente que dictar una sentencia en favor de la autoridad.

Créame, senador, que no ha sido así. Y créame, senador, que es factible.

Creo que esas serían las consideraciones que quería compartir con el senador Bartlett.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Senador Bartlett, tiene usted el uso de la voz.

SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: ¿Nos dice el doctor que lo que quiso decir aquí que quien no entiende no entiende a México?

Dice que eso es porque hay alternancia ahora. ¿No? Eso es lo que me dijo. Y por haber alternancia ese es el gran cambio.

Y le voy a decir a usted que no ha habido alternancia porque están asociados el PAN y el PRI hace muchos años, han sido los mismos, por eso no les costó ningún trabajo que usted se quedara, porque apoyó lo mismo a Calderón que a Peña Nieto, lo mismo, ¿cuál alternancia? Lo mismo.

Pero usted estaba convencido de que estaba bien y pudo usted transitar de un presidente a otro. Bueno, desde Zedillo ya estaba de privatizador en aquellos tiempos.

Entonces, la alternancia no nos dice que ha habido un gran cambio, al contrario, ha habido un gran retroceso. Vea usted cómo se aprobaron estas iniciativas, de ustedes, sin tocar un pelo, nada, con un pacto político. Así es que no hay alternancia, esa es la verdad.

Y van a buscar que no la haya, y por eso le vamos a mandar a la Suprema Corte al señor Laynez, que es un espléndido abogado y que va a defender esto. Y entonces lo que decían aquí, la dificultad que decía en la exposición de motivos de la iniciativa del 94, dice que estoy hay que superarlo porque no hay mecanismos para revertir leyes y decisiones injustas; revertir la reforma energética.

Yo no lo veo a usted apoyando una reversión de la reforma energética, con todo respeto. Yo lo veo sosteniendo la reforma energética y la reforma del ISSSTE y todo aquello que usted hizo, una tras otra, todo lo que hizo usted en todos esos años, porque usted cree en eso y porque cree usted en eso y Peña Nieto lo sabe, por eso lo manda a usted a la Suprema Corte.

La cuestión esta de la ocupación, es una barbaridad, con todo respeto, porque dice usted que le pidieron que resolviera el problema de Texaco y de Shale y todas ellas, y le preguntó a una empresa nacional, que es otra cosa, ¿eh?, porque la reforma que se ha aplicado en otros lados, está obligando a los gobiernos, a los indígenas a aceptar la explotación del petróleo en toda la amazonia, ha habido muertos, ¿eh? no quieren.

Ni siquiera se consultó, usted sabe bien, porque es un hombre ilustrado, que tenía que haberse consultado, de acuerdo con la OIT, a los pueblos indígenas. No, ahí es un mecanismo que si no se arreglan, ahí está el Tribunal. ¿Usted ve a un campesino, a un indígena negociando con Shale o Texaco?

Pero eso además, lo presentó el Ejecutivo, no se le tocó un pelo porque la alternancia aquí no existe.

Por eso, si usted es el designado por aquellos valores que usted tiene y que Peña Nieto sí considera que va a eso, usted va a ganar, ¿eh?, con todo lo que digamos quienes estemos en contra, por esa razón, pero no es personal, es institucional.

Yo no sería ministro de la Corte, no me elige Peña Nieto ni de chiste, para ir a la Corte.

Muchas gracias.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senador.

Tiene el uso de la voz, si quisiera hacer alguna consideración, en razón de que no hubo pregunta.

De no ser así, tomaríamos un pequeño receso de dos minutos y continuamos con la senadora Angélica de la Peña

(R E C E S O)

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: …Nación, en 2011 el poder reformador de la Constitución determinó un modelo distinto de relación entre el orden jurídico nacional y el derecho internacional, a partir del cual el principio de supremacía debe ser actualizado y reinterpretado, me refiero a supremacía constitucional, a efecto de adecuarlo a una nueva realidad.

Una realidad en la que, y voy a leer textual lo que nos dice César Astudillo: “La diversidad y la pluralidad de fuentes ha transformado radicalmente la función de la Constitución convirtiéndola de fuente única y exclusiva de derechos en fuente de reconocimiento de distintas fuentes de derechos.

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comparsa.

cual los tres tienen elesta forma, más allá de enfoques restrictivos o de interpretaciones jerárquicas, normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, se diluyen en un todo que debe ser entendido, interpretado y aplicado holística y hermenéuticamente, siempre en beneficio de la persona y de sus derechos.

Creemos que esa es la esencia que está inscrita en el 1º constitucional.

En ese contexto, comparta con nosotros por favor una reflexión sobre la forma en la que entiende y, por lo tanto, sobre la forma en la que interpretaría y aplicaría, en caso de ser electo como ministro, el principio de supremacía constitucional a la luz de la nueva realidad que priva en nuestro país a partir de esta reforma constitucional.

Bueno, esa es una.

Hay en los documentos que usted nos integró y, por lo tanto, también me congratulo coincidir con compañeras y compañeros que me han antecedido en la voz, particularmente el que tiene que ver con el ensayo que tiene que ver con los retos de la justicia constitucional en México y cómo estos deben de ser atendidos.

A mí me gusta mucho la introducción que hace en el documento en donde refiere que las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, de juicio de amparo y la adopción del nuevo Sistema Penal Acusatorio, entre otras, están transformando profundamente las relaciones del Estado Mexicano con los ciudadanos; tanto en el plano individual y colectivo, y señaladamente las obligaciones que aquel tiene que asumir para lograr los objetivos establecidos por el Constituyente permanente.

Y señala usted, aunque no es una tarea exclusiva de la Suprema Corte de Justicia, sí corresponde al Máximo Tribunal del país orientar y conducir estas profundas transformaciones en su calidad de intérprete y garante del texto constitucional.

En el documento, en su parte tres que tiene que ver con las transformaciones relativas al sistema federal, refiere que el poder constituyente ha aprobado la introducción a nuestro orden jurídico de leyes generales que usted denomina como tercera generación.

Bueno, yo pienso que establecen reglas y procedimientos, habría cómo hacer la interpretación, pero usted señala que estas leyes tienen un impacto en sus respectivas jurisdicciones.

Y además señala de manera particular las leyes que por excepción de la Constitución, y eso me importa mucho que nos dé su opinión sobre aquellas leyes en las que se definen o contiene tipos penales, particularmente las del 73, la fracción XXI, en materias como tortura, secuestro, delitos electorales, justicia para adolescentes en conflicto con las leyes penales, delitos de tortura, delincuencia organizada, en fin.

Y, en su ensayo señala que esto nos lleva a tener, dice usted de manera textual …“un régimen competencial, confuso y complicado”.

Y lo remarco, porque cuando discutimos, sobre todo cuando estamos definiendo el tipo penal, ahora redefiniendo o revisando el tipo penal, por ejemplo, en materia de trata, o cuando estamos definiendo el tipo penal ahora mismo sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o en el caso de desaparición forzada o desaparición en particular, por mencionar las discusiones que en este momento tenemos, o las que tuvimos respecto cuando diseñamos y aprobamos la ley sobre delitos electorales o lo que estamos discutiendo alrededor del Sistema de Justicia para Adolescentes en Conflicto con las Leyes Penales. Es verdad que tenemos retos porque, como usted mismo decía, quizá impera mucho la ortodoxia.

Y entonces a mí me importa mucho que nos comente cuáles serían los elementos para formar un criterio claro sobre la ubicación jerárquica de dichas normas, que facilite su interpretación y aplicación.

Permítame también preguntarle que con este nuevo diseño institucional que usted dice redimensiona la responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la nación, como el órgano garante del Sistema de Controles y Contrapesos del Poder Público, de qué manera su candidatura y eventual elección, garantizaría los principios de autonomía, imparcialidad e independencia, imprescindibles en la configuración del poder Judicial de la federación, que asegure los derechos humanos frente a los poderes públicos, pero también privados.

Y la última pregunta: menciona usted también en su ensayo la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos relacionados con la protección al medio ambiente, como derechos hasta hace poco considerados y usted dice, entre comillas, como anhelos o derechos programáticos.

Me gustaría saber cómo hacerlos exigibles, efectivos, en el plano fáctico, particularmente cuando son grandes empresas quienes transgreden dichos derechos.

Por sus contestaciones, muchas gracias.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias senadora.

Tiene el uso de la voz el compareciente para dar respuesta.

JAVIER LAYNEZ POTISEK: Mucha gracias senadora Angélica de la Peña.

Me hizo usted reflexionar, porque efectivamente porque cuando sostenemos que la Constitución es garante de la supremacía constitucional, tiene usted razón, hoy en día y conforme al nuevo texto del artículo primero constitucional, la Suprema Corte es garante del bloque de constitucionalidad, entiendo que la Suprema Corte de Justicia no le gusta la denominación bloque sino sistema de regularidad constitucional, yo me refería al bloque, porque así lo identificamos y por lo pronto es más sencillo para mí.

Tiene usted toda la razón, porque, mire senadora, para los abogados esta es una etapa sumamente interesante y donde efectivamente hay que romper ortodoxias.

¿Por qué?

Porque la modificación al artículo primero y después con la jurisprudencia del caso Radilla, es una auténtica revolución jurídica para nosotros los abogados, una auténtica revolución jurídica porque rompe todo el esquema constitucional y jurisprudencial y que nos facilitaba mucho la interpretación, senadora, porque solamente en una pirámide kelseniana o si vamos nada más verificando desde esa pirámide la Constitución, Tratados Internacionales, Leyes Federales, hoy en día también las leyes generales que se agregan, etcétera.

Y de repente con la modificación al Artículo Primero y con la sentencia 9-12/2011, la sentencia caso Radilla, hay un cambio fundamental y se rompe, o se anula esta jerarquía para prever que en materia de derechos humanos los tratados internacionales y la Constitución no hay prevalencia o no sobre otro y que incluso cuando se interprete la Constitución Mexicana confrontada frente a un Tratado Internacional en materia de derechos humanos debemos aplicar el principio pro persona.

Es decir, valorar cuál de los dos es más benéfico para la persona y ese es el que aplica y luego se hizo más complicado, muy interesante pero mucho más complicado porque también las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entran a este bloque de inconstitucionalidad.

Y como podrá usted ver pues lógicamente toda esta nueva fuente de protección de derechos humanos sin jerarquía pues resultaba complicada pero hoy en día me parece que es muy clara con la aplicación del principio pro persona y luego se agregó el control difuso.

El control difuso que por jurisprudencia no estaba aceptado en este régimen constitucional por lo que sólo existía un control concentrado –no voy a ahondar mucho- es el control que permite expulsar una norma del orden jurídico y que estaba reservada a la Suprema Corte de Justicia y a los tribunales encargados de justicia constitucional.

Hoy con el control difuso además esta interpretación, o este nuevo sistema de interpretación más la posibilidad para cualquier tribunal en este país de dejar de aplicar una norma, pues definitivamente es, primero que nada un avance cualitativo gigantesco, pero un reto para los juzgadores.

Yo le diría que no importaría aquí mi interpretación. El artículo primero es muy claro, ahí está previsto el bloque de constitucionalidad. Lo refuerza la sentencia del caso Radilla y es el nuevo marco al que tendremos que sujetarnos todos los juzgadores en el país.

Después me pregunta usted: vamos a la parte de leyes generales.

Aquí también se establece, por la proliferación precisamente de las leyes generales surgió la duda donde se ubican porque en la Constitución tenemos después los Tratados, fuera de derechos humanos.

Desde luego que una Ley General, senadora, como cualquier otra ley, están en materia de derechos humanos o a la –perdón- a la hora de cualquier impugnación por derechos humanos se sujeta al bloque de constitucionalidad.

En eso no hay discusión.

En materia de derechos humanos aplica el bloque de constitucionalidad y así debe de ser interpretado.

Pero decía yo: efectivamente en Ley General, los últimos criterios todavía no claros, porque no hay definitividad ahí de la Suprema Corte en cuanto a si una Ley General está por encima de una Ley Federal.

Lo había dicho en una sentencia pero tampoco es jurisprudencia y no está del todo claro la ubicación de la Ley General respecto de las leyes federales.

Para los derechos económicos, sociales, culturales y de medio ambiente, cómo hacerlos efectivos en el plan práctico. No sé si usted supo, senadora, hace poco la Corte resolvió un amparo sumamente interesante en esa materia, en donde los quejosos argumentaron la suspensión o la interrupción que hizo la Secretaría de Salud de la construcción de un hospital para pacientes de VIH, bajo el argumento de una restricción presupuestaria, precisamente.

Y en ese caso, la argumentación presupuestaria no fue suficiente, porque desde luego lo que presentan los quejosos en su demanda, y me pareció sumamente interesante, fue la comparación con el presupuesto global de la Secretaría de Salud. Es decir, hay cancelación de un pabellón especializado, pero a la luz de la comparación del presupuesto global, a juicio de los quejosos no se justificaba.

La Suprema Corte de Justicia no llegó al punto de ordenar un destino específico o una obra pública, creo que en este punto es correcto; es decir, la sentencia no dijo “constrúyase el hospital”; pero lo que sí señaló como una obligación de la Secretaría era de garantizar la atención especializada y la provisión de medicamentos, de acuerdo exactamente con los protocolos recomendados para este tipo de enfermedad.

Yo aquí veo un paso muy grande en esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia, a hacer efectivo, insisto, un derecho que en otros tiempos hubiera sido impensable o que con la simple argumentación de la autoridad de que no hay recursos suficientes, se hubiera señalado que la Justicia de la Unión no ampara y protege; en esta ocasión la sentencia de la Justicia de la Unión ampara y protege a los quejosos y dicta una orden a la autoridad administrativa para que se haga efectiva esta atención, en los términos no que decida la Secretaría de Salud, sino los protocolos médicos para este tipo de atención.

Sí hay un principio de progresividad en el cumplimiento de estos derechos económicos, sociales y culturales, senadora. La diferencia es que progresividad no debe de significar sólo expectativa; es decir, ahí lo voy realizando, la autoridad lo va realizando, sino que en mi concepción, para dar concreción jurídica a estos derechos, como en este caso, es que la autoridad demuestre qué recursos está destinando y cuáles son las acciones públicas concretas que está realizando para proteger y hacer efectivo el derecho que se argumenta, está siendo inculcado.

Y creo que esa es la diferencia, tanto por acción como por omisión, es decir, qué es lo que no has hecho.

Y creo que este es un gran paso, porque desde mi punto de vista puede reclamarse también el incumplimiento de estas sentencias y una vez que la Suprema Corte ha establecido exactamente qué parámetros deben cumplirse para incumplimiento, el no cumplir los mismos puede dar lugar al incidente de incumplimiento de sentencia; que hoy en día también aquí ya cambió.

Recordará usted, senadora, cuando antes era un verdadero calvario el hacer cumplir una sentencia de amparo. Hoy en día hay un primer requerimiento al servidor público responsable; el siguiente es para el superior jerárquico y después se abre el incidente de incumplimiento; e incidente de cumplimiento es llegar a la Corte y tiene que haber forzosamente una sanción que puede llegar hasta la destitución. Creo que ahí también hay un paso fundamental y muy importante.

Gracias, senador.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias.

Senadora de la Peña.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Corresponde en su turno al senador Fernando Yunes, si es tan amable.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senadora.

Bienvenido una vez más al Senado de la República, doctor Laynez, a esta comparecencia, que hoy culminamos esta semana intensa de trabajo con la comparecencia de usted.

Me parece, en primer lugar, muy interesante la reflexión que hacía a preguntas, no recuerdo si era de la senadora Tagle o de otro compañero, en torno al proceso de selección de ministros de la Corte que es, ayer lo platicábamos y puedo ser reiterativo, pero ayer hacía yo una reflexión que a nadie deja satisfecho.

Creo que si algo hemos aprendido en estos días y la lección que nos deja también es que tenemos que ver la manera de reformarlo, que pudiera ser, como se dice, por el sistema americano, en donde solamente venga una propuesta o un sistema mixto, como se da en algunos otros países, donde haya inclusive propuestas del Ejecutivo o en algunos otros lugares del Legislativo, incluso el propio Poder Judicial o en la judicatura, como se hace en algunos modelos europeos, y usted es el segundo que deja manifiesta esta preocupación de que tendría que ser diferente, cosa que celebro y que seguramente tendrá que atender el Senado una vez que llevemos a cabo estas designaciones.

Por otro lado, me parece también fundamental hacer, y creo que la Corte tiene que empezar a hacer una especie de autocrítica de cómo se están estructurando las sentencias o cómo se estructuran de manera formal, y que también son muy poco entendibles para los ciudadanos.

Que a fin de cuentas creo que tenemos que hacer una Corte mucho más cercana también a la gente, una Corte en este sentido mucho más moderna que no deje tener lógicamente un contenido jurídico muy basto, como lo es, pero que también es muy lejana.

Yo quisiera saber si usted tiene una opinión también al respecto de cómo podemos empezar a hacer una Corte mucho más cercana a los ciudadanos, a los justiciables, que me parece que es fundamental en cualquier sistema jurídico que el justiciable tenga por lo menos entendimiento de lo que está la Suprema Corte de Justicia de la Nación dando.

Le haré una primer pregunta, por cuanto hace a la Corte, bueno, a nuestro Tribunal Constitucional como un órgano contramayoritario, con sus facultades de legislador negativo, cosa que también hemos venido platicando en los últimos días.

El juez constitucional puede invalidar normas jurídicas que han sido aprobadas por los representantes democráticos del pueblo.

En este contexto, le preguntaría:

De llegar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cómo buscaría usted armonizar esta relación de la justicia constitucional con la democracia mexicana? Cosa que me parece también muy importante que podamos empezar a trabajar.

Y, por otro lado, también le preguntaría, de acuerdo al artículo 105 de nuestra Constitución: Las minorías parlamentarias, tanto del Congreso General como de los estados, pueden interponer una acción de inconstitucionalidad si cuenta con el 33 por ciento de representación o de los integrantes de la Asamblea.

Sin embargo, hay muchas ocasiones en que estas minorías parlamentarias no llegan a esto. Sobre todo en los congresos estatales y en los estados que tienen muy poco avance democrático.

Le pongo el ejemplo de Coahuila, donde la segunda fuerza política del Congreso del Estado no puede interponer acciones de inconstitucionalidad, en razón de que no cuenta con el 33 por ciento de los miembros de esa asamblea.

Sin duda alguna, aquí podría entrar el debate de en la democracia quien gana tiene en teoría más derecho de ser el representado con ese número de legisladores, pero también creo que se tiene que hacer un justo balance en los derechos de las minorías parlamentarias también, y en su facultad de poder acceder a este derecho que da el artículo 105 de la Constitución.

Hay muchos otros estados que están en este mismo sentido, pero bueno, con independencia de esto, ¿usted considera que estas proporciones o este porcentaje se deba mantener o tenemos que buscar o tendría que buscar el Legislativo en este caso pues otras vías también para proteger los derechos de las minorías parlamentarias que para mí son fundamentales en cualquier democracia, pero sobre todo en esta relación con la Corte.

Es cuanto.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Por favor doctor Laynez, sus contestaciones.

JAVIER LAYNEZ POTISEK: Gracias senador Yunes.

En el primer punto, le diré que estoy totalmente de acuerdo en cuanto a que los formatos de las sentencias siguen siendo complejos y poco entendibles y aunque pudiese parecer una cuestión menor para mí, creo que es fundamental.

Cuando usted dé una sentencia bien redactada y que se entiende y que la gente entienda, podrá estar uno de acuerdo, pero finalmente facilitar el debate y facilita el debate crítico de la resolución del juez.

Definitivamente, insisto, yo sí quiero señalar que cada vez más la Suprema Corte va avanzando en ese sentido, porque cada vez se ha encontrado muchas más sentencias de las distintas ponencias de los ministros, con un formato mucho más sencillo y mucho más entendible y que sobre todo en materia constitucional, de constitucionalidad, debe ser también más sencillo, porque es un estudio de constitucionalidad sobre un punto de derecho y una cuestión eminentemente procesal.

El argumento contramayoritario sigue siendo un debate apasionante, sobre todo si tomamos en cuenta que, como señalaba yo, la acción de inconstitucionalidad que inicia con un objetivo muy claro que es un control parlamentario, en el momento en que legitima a nuevos órganos, abre la posibilidad de nuevas impugnaciones y por lo tanto de que mayor número de leyes puedan ser expulsadas del orden jurídico, ya no digamos en la controversia constitucional.

Recuerdo también que en la Ley de Amparo también ya se prevé la declaratoria de inconstitucionalidad con efectos generales. Es un debate de los académicos, todavía sostienen hoy en día si el argumento contramayoritario es contrario a la democracia.

Yo creo, senador, que por un lado y para ser congruente y lo señalé desde el discurso del 24 de noviembre, por eso precisamente se requiere este balance en la Suprema Corte de Justicia y este temple en el ejercicio de estas distintas facultades que, unas que ya existían, pero que tienen un alcance mayor como la acción y como la controversia, pero también la declaratoria de inconstitucionalidad e incluso, senador, el control difuso.

Porque el control difuso si bien expulsa la norma, sí autoriza a cualquier juez de este país a dejar de aplicar una norma.

Lógicamente resurge el debate del argumento contramayoritario y lógicamente surge el debate sobre el rol de la Suprema Corte y la necesidad de verificar o de evaluar con mayor minuciosidad el perfil de los ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Precisamente y señalaba yo este debate entre activismo judicial y entre auto restricción, toda vez que la Suprema Corte tiene la potestad y hoy en día todas las autoridades del país para llevar a cabo este nuevo control, o de utilización de los medios de control constitucional.

Tienen que irse normando efectivamente para no vulnerar las atribuciones del Poder Legislativo. Y déjeme darle un ejemplo concretamente en control difuso:

En control difuso ya existe un primer criterio de la segunda sala donde nos va dando parámetros para la utilización del control difuso, al menos en el caso del contencioso administrativo federal.

Por ejemplo:

No basta con que se señale que hay una violación al Pacto de San José, así general para que el juzgador proceda de inmediato al análisis de cuál es el derecho violado y deje de aplicar la norma.

Si tiene que haber una contraposición en el derecho que considera violado por la norma mexicana en relación, por ejemplo, con el Pacto de San José.

Es decir, no hay una aplicación o una inaplicación de la norma en automático. Ese es un ejemplo.

Va dando lineamientos jurisprudenciales para decir a que contraponer las dos normas se tienen que establecer todos los argumentos del por qué se tiene o procede primero aplicar el control difuso y en qué términos aplicar el control difuso.

Por eso yo creo que para mantener estos equilibrios se requieren los criterios orientadores de la Suprema Corte de Justicia, sobre todo a través de jurisprudencia.

Muchas gracias.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Por favor señor senador.

¿No?

Muy bien.

Toca al senador Miguel Romo su participación, si es tan amable.

SENADOR MIGUEL ROMO: Muchas gracias.

Doctor Laynez:

Sea bienvenido usted al Senado de la República y quisiera referir que independientemente de los cuestionamientos, de las reflexiones, de los comentarios de las y los senadores, en donde su servidor podría tener o tiene un interés especial de conocer sus opiniones sobre temas relevantes como pudieran ser el control de la constitucionalidad, de la Suprema Corte, del Tribunal Constitucional.

Temas sobre la prelación de la Constitución frente a los Tratados Internacionales, o de los desafíos que enfrenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a nuestro sistema jurídico, o sobre un tema también muy recurrente en estas comparecencias respecto de la autonomía, respecto de la independencia del Poder Judicial frente a otros Poderes de la Unión.

Quiero referirle que independientemente de la dirección electrónica que la propia Comisión de Justicia puso a disposición de los ciudadanos, su servidor también invitó y dio el espacio para quienes tuvieran el interés como ciudadanos de participar a través nuestro en esta comparecencia.

De tal suerte pues que voy a presentar a usted algunos cuestionamientos de ciudadanos que a través de este correo electrónico que puse a disposición, nos formularan.

Quiero señalar en esta audiencia, o a esta audiencia que fue copiosa la participación de los ciudadanos sobre estos temas, lo que da satisfacción porque da un ejercicio también que enriquece el espíritu democrático.

El licenciado Marco Antonio del Toro Carso, me señala y lo refiero de manera literal, y dice:

Es imperioso que ante una entrada en vigor del modelo acusatorio la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuente con ministros con trayectoria en materia penal, y de manera particular con formación académica sobre el nuevo sistema. La práctica va a exigir interpretaciones jurisprudenciales sobre temas relacionados con los juicios orales.

Hoy, con la salida del ministro Silva Meza, se queda la Suprema Corte de Justicia sin penalistas. Hoy es cuando más se requiere reforzar esa disciplina.

Sin pretender ser vocero de nadie, le comparto –se refiere a su servidor– que los abogados penalistas estamos preocupados por esta situación; y es que hasta los más avispados abogados penalistas del país, han requerido capacitarse para el nuevo sistema; con mayor razón, los integrantes del máximo Tribunal de la nación, quienes van a interpretar, insisto, por la vía de la jurisprudencia, todo aquello que lo exija durante esa transición de importancia capital para México.

Creo que queda clara la inquietud y el planteamiento del licenciado del Toro Carazo.

Otra pregunta que me formula el licenciado Alfredo Hernández, que me pareció también interesante seleccionarla entre las que recibimos, y dice: “un caso muy sonado en que la Secretaría de Hacienda negó abrir información solicitada por particulares respecto de condonaciones fiscales que beneficiaban a muchos contribuyentes, ¿cuál fue su opinión al respecto?”

Y una tercera y última, de la licenciada Mejía, pregunta: “en materia de la ley de amparo, ¿estaría usted de acuerdo en suprimir la revisión en el amparo directo?”.

Serían mis preguntas o las preguntas de los ciudadanos en esta audiencia, por mi conducto. Y por sus respuestas, muchas gracias.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senador Romo.

Tiene usted el uso de la voz para dar respuesta.

JAVIER LAYNEZ POTISEK: Muchas gracias, senador Miguel Romo.

En cuanto al perfil de ministro de la Suprema Corte de Justicia, lo que yo puedo decirle, senador, y por su conducto a quien ha hecho esta pregunta, yo tuve la oportunidad de participar, insisto, junto con otros juristas destacados y previo la realización incluso de visitas al extranjero, concretamente a Chile, Argentina y en su momento a Francia; para preparar la transición o para preparar el rediseño que pusiera en marcha el sistema penal acusatorio.

Sin ser soberbio, considero que tengo las capacidades para llevar a cabo o para conocer el nuevo sistema y en su caso, para dirimir o participar en cualquier controversia en este tipo; incluso para ser un partícipe activo en la fijación, como señalaba yo hace rato senador, de los nuevos criterios que habrá de emitir la Suprema Corte de Justicia.

Yo me permití hace un momento, establecer sólo tres de los retos que me parecen fundamentales en la Suprema Corte de Justicia respecto a la interpretación del nuevo sistema penal acusatorio.

Sólo señalaría, adicionalmente, que los siete años que pasé en la Procuraduría Fiscal tuve la posibilidad de tener una amplia experiencia en el litigio en materia penal, en la fase de investigación y en la parte penal. Es decir, conozco el derecho penal actual y habré de participar en la implementación del nuevo sistema.

En cuanto al caso de la negativa de abrir condonaciones. Sí conozco el caso, senador, fue un caso del SAT y una resolución del IFAI.

Primera precisión, no se trataba de condonaciones, sino de cancelaciones fiscales.

En, me parece que fue en 2007, porque fue antes, ahondé mi llegada a la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Ley de Ingresos de la Federación autorizó al SAT vía ley una cancelación de créditos fiscales, senador.

Pero fue una cancelación en términos de cuentas nacionales. Es decir, el SAT tenía en su contabilidad, la nación pues, tenía en su contabilidad cuentas por cobrar de créditos que no habían sido cobrados, pero cuyas características, senador, eran o créditos incobrables o créditos prescriptos.

Y me va a decir usted: ¿Pero cómo créditos prescritos si estaba como una cuenta por cobrar?

Y aquí abro un paréntesis. Hay que recordar que el régimen de prescripción que ya ha sido corregido y en el cual también participé, senador, en esta corrección, permitía a la autoridad administrativa, a la autoridad fiscal prorrogar durante un lapso enorme o sin límite de tiempo la prescripción de créditos. Porque si bien el código fiscal de hace cinco años también decía que se puede interrumpir y se interrumpía por cualquier gestión de cobro.

Entonces, lógicamente faltando un día para cumplir los cinco años, claro, bastaba con enviar un recordatorio y jurídica o formalmente ya tenía el SAT otros cinco años, y así sucesivamente.

Debo precisar que no forzosamente, senador, por una actuación indebida o de mala fe.

Muchas veces lo que pasa es que los órganos internos de control nos que siempre entienden la dinámica o de, en este caso de la recaudación, digamos que los servidores públicos temen dejar prescribir el crédito.

Es más fácil mandar un recordatorio y entonces van prorrogando para no verse sometidos a un procedimiento de responsabilidades por haber dejado prescribir el crédito.

Eso ya se corrigió en la última modificación al Código Fiscal, se evitó que se callera en estos abusos y entonces solamente hay derecho a una prórroga, jamás podrá exceder ya de diez años la prescripción de créditos fiscales.

Pero cierro el paréntesis y le decía, había toda una serie de créditos incobrables por prescripción o porque no se encuentra o desapareció el contribuyente, pero estaban ahí como cuentas por cobrar.

Y lo que hace es pedirle al Legislativo en la ley de ingresos del 2007 la autorización para cancelar esos créditos, lo que se hizo a través de la ley; pero, senador, que quede muy claro, sin extinguir el crédito fiscal.

Entonces se dijo muy bien: Pásalos de una cuenta a otra. Es decir, ya no están como créditos por cobrar en cuentas nacionales, pero el crédito no se extingue.

Eso significa que todavía, exactamente, todavía puede el fisco en caso de que pudiese localizar al contribuyente o ejercer sus atribuciones, podía cobrar el crédito a pesar de estar cancelado.

Esa fue la situación.

En una solicitud de transparencia ante el entonces IFAI, se solicitó la apertura de todas esas cancelaciones, y efectivamente el SAT negó la apertura de las cancelaciones.

Y, senador, le soy franco. Yo creo que en esta ocasión lo hizo de manera correcta, y déjeme explicarle por qué.

Porque la argumentación en ese momento fue que se trataba de recurso público aunque fuera negativo, era un dejar de recaudar, eso yo lo puedo aceptar, pero que había toda una serie de beneficiarios, que esas cancelaciones por lo tanto eran beneficiarios de la cancelación.

Y no sé si usted considera conmigo, senador, pero no se puede ser beneficiario, primero, de un beneficio que no se conoce; segundo, de un beneficio que no existe, porque el crédito no está cancelado y, tercero, de un beneficio que usted nunca solicitó, porque desde luego que en este movimiento contable nunca hubo una solicitud del particular para que su crédito fuera cancelado.

Y en esa tesitura a mí me parece que efectivamente, si se dan estas tres características, no puede hablarse en mi opinión de beneficiarios y una apertura en ese sentido, en mi opinión, y conforme al régimen vigente en el momento, si hubiera vulnerado derechos en cuanto a abrir información reservada.

No eran pues, senador, cancelaciones, no mediaba una solicitud del ciudadano y era eminentemente un movimiento contable. Insisto: tan es así que el crédito no se había extinguido, por lo tanto no había un beneficio.

Y es muy interesante lo que usted dice, porque se manejó siempre como beneficiarios desde la resolución y después los medios retomaron esta consideración de cómo podía negarse el acceso a la información de beneficiarios de una condonación.

Esa es la explicación, senador, de lo que sucedió con este caso específico. Hoy ya hay toda una reglamentación legislativa, perdón, respecto al secreto fiscal que amplía todavía más la posibilidad de tener acceso siempre guardando el equilibrio con los derechos de los ciudadanos.

Sí estoy de acuerdo con la eliminación del amparo directo, yo contestaría: es el deber ser, yo espero que algún día pueda llegarse a eliminar el amparo directo y le voy a decir por qué, esto no es en favor de la autoridad, o sea no, es a favor de la autoridad, sino que el problema, senador, por ejemplo, en el contencioso administrativo, después de una sentencia, tiene usted una revisión por parte del colegiado respecto a cuestiones de casación, es decir, si la sentencia se emitió conforme a derecho, lo que hace que no sea un órgano terminal.

Y esto sucede exactamente con todos los tribunales de justicia estatales. Es decir, viene un ciudadano después de dos instancias donde obtiene una sentencia definitiva y todavía va al amparo directo.

En este momento, senador, yo no estaría de acuerdo. Por eso dije que debería de ser quizás un aquí aspiracional. Yo en este momento no estaría de acuerdo con la supresión del amparo directo, porque eso le impediría a un ciudadano que se encuentra, por ejemplo, que lleva un litigio en la justicia local, tener acceso al juicio de amparo.

No, senador, mientras no se garantice la plena autonomía de los poderes judiciales estatales, que ha sido uno de los argumentos fundamentales para ni siquiera pensar en esta idea de suprimir el amparo directo.

Por eso yo lo vería como una aspiración, pero en el momento yo no me permitiría sugerir la eliminación de este medio de control.

Gracias.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias.

Por favor senador.

SENADOR MIGUEL ROMO: Este último tema queda muy claro su posicionamiento respecto a la eliminación del amparo directo.

Ahora bien, la pregunta creo que va enfocada de manera específica sobre la revisión, la suspensión de la revisión al amparo directo.

JAVIER LAYNEZ POTISEK: La revisión en aparo directo procede, como usted sabe senador, por excepción, porque el amparo directo constitucionalmente, o en la regla general, es uni-instancial.

La revisión únicamente procede si subsiste el problema de constitucionalidad y que son precisamente, senador, los que llegan a la Suprema Corte de Justicia.

No veo una razón para suprimir la revisión en el amparo directo si subsiste un problema de constitucionalidad porque de otra manera dejaríamos, me parece a mí, al ciudadano en un estado de indefensión.

Como usted puede ver senador, y en las estadísticas que se han presentado aquí sobre los asuntos en la Suprema Corte de Justicia, este es el que tiene mayor incidencia en la Suprema Corte de Justicia. O sea, es el mayor número de asuntos que llegan a la Suprema Corte de Justicia.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Mucha gracias.

Pasaríamos a una ronda de preguntas de la sociedad civil.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: La pregunta es del Colegio de Derechos y Gestión de Paz, de la Universidad del Claustro de Sor Juana:

¿Cómo garantizar la división de poderes desde la Suprema Corte de Justicia?

¿Cómo garantizar desde la Suprema Corte de Justicia que los poderes políticos no incidan en sus propias decisiones?

Por otro lado, ¿cómo garantizar desde la Suprema Corte que ésta no se convierta en un súper poder que someta a los otros poderes públicos?

JAVIER LAYNEZ POTISEK: La división de poderes desde de la Suprema Corte de Justicia se garantiza fundamentalmente mediante uno de los mecanismos de control constitucional que es la controversia constitucional y también a través de la acción de inconstitucionalidad.

Son otros mecanismos, no son exclusivos porque también por el juicio de amparo puede haber una, digamos, una protección de la división de poderes.

Pero fundamentalmente se garantizan a través de estos dos sistemas de control de la división de poderes.

Porque como ustedes saben, la controversia constitucional procede fundamentalmente cuando hay una violación de competencias de un poder frente a otro.

La Corte ha ampliado la procedencia a que no sean exclusivamente cuestiones competenciales entre los distintos poderes de gobierno y nos ha dicho mediante la jurisprudencia que basta con que se acredita una afectación de un poder o un nivel de gobierno respecto al otro.

Pero fundamentalmente es a través de este sistema de control como se garantiza la división de poderes, cómo garantizar desde la Suprema Corte que ésta no se convierta en un súper poder que someta a los otros poderes públicos.

Me parece que sería sumamente difícil si no imposible, que la Suprema Corte de Justicia se sobreponga a los otros poderes públicos.

En mi opinión, la única manera en que podría pasar es si un día llegáramos a lo que se ha denominado gobierno de los jueces.

Es decir, donde el Poder Judicial, a través de una substitución sistemática en las atribuciones de los demás poderes, es decir, un Poder Judicial que emitiese sus sentencias con la percepción de que los otros dos poderes no han cumplido con su responsabilidad frente a los ciudadanos o a satisfacer las demandas ciudadanas, se sustituya a través de sentencias en las que legisle o en las que dicte políticas públicas concretas.

Y el único caso que me parece que pudiera ocurrir, como para considerarlo que hay una sobre posición, creo que afortunadamente el sistema de pesos y contrapesos en México está asegurado en este sentido.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias.

Tiene el uso de la voz la senadora Layda Sansores.

SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN: Pues, aquí otra vez, rompiendo la dulzura de la simulación que aquí se está dando.

Aquí le voy a enviar el texto completo del adendum, de lo que entregó una parte mi compañera Martha, le creo, le creo lo que usted dice, alguien lo escribió, nadie lo corrigió, ha sido publicado y está en la página 84, para que vea en qué nos basamos. Pero me quedo con su respuesta, me gustó la respuesta que le dio a la compañera Angélica, defendiendo el principio pro persona.

Sin embargo, insisto, aquí hay dos aspectos fundamentales a los que la sociedad civil le dio una gran importancia, que era el de independencia y el de tener preocupación, conocer de violaciones a los derechos humanos, que fuera una gente con esta sensibilidad, dado lo que está sucediendo.

En el caso de los derechos humanos, usted eludió, a lo mejor se le pasó, son tantas preguntas, cuando le dije que qué pensaba de esta crisis de derechos humanos que se vive en el país. Cuando le pregunté de Ayotzinapa, me dijo que usted sólo había leído lo que dicen los periódicos; le quiero recomendar el informe del GIEI, creo que usted sí lee, y que tiene 557 páginas, que es muy puntual, muy claro y que es imperdonable que no lo haya leído.

Creo que todos los mexicanos deberíamos, y sobre todo gente de su preparación y que viene en este momento a esta presentación, que aspiran a ser ministros de la Suprema Corte. Entonces, se lo recomiendo.

Por la parte de independencia, creo como el licenciado Bartlett, dice qué difícil, qué difícil creerle que usted no va a tener conflicto de interés y que aquí va una pregunta muy concreta, ¿por qué no presentó su declaración de posibles conflictos de interés?

Era usted el más obligado a hacerlo, de los seis aspirantes. Una magistrada lo hizo y es muy importante, porque haga lo que haga, digan lo que digan, porque también usted tiene ahí algunas relaciones, usted ha sido cabildero, hasta creador, es usted un hombre inteligente, eso nadie se lo va a negar, un hombre preparado; pero ha sido defensor de varias de las reformas, de la reforma fiscal, promotor, cabildero; y ahora se va a poner a decirle que no a su patrón, porque a quien se la va a deber es al señor Peña Nieto, no a esta Senado.

Aquí esto ya está arreglado, o son las cúpulas y decíamos, bueno, que manden cuando menos tres de tres, porque uno nos mandaron que venía propuesto por El Vaticano, el otro ya era un cadáver político, en su tumba cargaba la cruz de Tlatlaya. Y llega usted, pero para ser independiente, para mí usted tiene que volver a cambiar de chip, a cambiar de piel, de sangre, volver a nacer.

Entonces, es muy difícil creer que usted va a llegar a ser una gente, un ministro independiente, y eso nos preocupa mucho, a pesar de su preparación, que es innegable. Ese es un punto.

Usted siga defendiendo, que sí, que lo niega y que Peña Nieto le va a decir que no; Peña Nieto es un irresponsable, nos mandó, yo decía: no, que no mande uno bueno y dos que ya se sabe quién es el bueno, que mande tres de tres. Y nos mandó tres de tres: en una, tres de tres que no hay a cuál irle y en otro, tres de tres que son totalmente dependientes, porque han sido sus empleados. Él sí cumple el tres de tres.

Y aquí algo que me parece muy grave, se lo digo para darle la posibilidad de aclararlo. No sé si conoce o recuerda usted al señor Sergio Castro López.

Yo le recomendaba hace rato: cuidado con sus amigos. Ahí anda con finísimas personas.

Este señor que tiene 17 denuncias en su contra, aquí tengo los números de todos los expedientes, usted le presentó su libro siendo Procurador Fiscal de la Federación, su libro “Epitome Fiscal 2008”.

Sigue siendo su amigo, no sé, está acusado de defraudación fiscal, de ocultamiento, de lavado de dinero, de cambio de domicilio, finísima persona.

Esto ojalá que nos lo pueda aclarar.

Y el otro, que también es una cosa sumamente delicada, que eso se tiene que seguir investigando, por eso hay una razón en estas comparecencias que se hacen cuando Obama propone a una gente para ministro pueden durar un mes, porque están realmente sujetas al escrutinio público y no estas pasarelas.

Por más que ahora nos hemos nutrido de lo que dice la sociedad civil, porque este caso merece ser investigado y aclarado.

Aquí esto corre en el pasillo, salió hace unas horas. Yo le voy a decir lo que plantean y que yo ofrezco ir a investigar personalmente a la Procuraduría, que pasó con esto.

Pero circula un documento que no firman, donde dice que usted encubrió a Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista estrella de Peña Nieto, y que es el dueño de además la Casa Blanca que él vive.

Lo anterior, con base a dos supuestas querellas que se presentaron en la Procuraduría, aquí tengo los números de expediente en el 2006, que usted llega dos años después y que ahí se acabó el caso.

Se acusaba de nueve millones de pesos de evasión fiscal de la empresa denominada Energéticos del Centro, y ahora parece que no se encuentra ni el expediente.

Le digo que voy a tratar de hacerlo personalmente, porque son cosas muy delicadas si desaparecieron estas averiguaciones previas.

¿Usted recuerda este asunto?

¿Qué pasó con él?

¿Usted llegó a darle seguimiento al expediente?

¿Ahí quedó?

Porque es muy delicado esto del Procurador Fiscal. Entendemos qué presiones se manejan en un gobierno corrupto, que además ser corrupto no es ni siquiera pecado, es deporte nacional.

Una orden del Secretario de Hacienda, pues uno trata de complacerlo con mucho cariño.

Entonces, usted ha sido subordinado a Luis Videgaray en los últimos dos años, que también ha sido beneficiario de HIGA con su casa de Malinalco.

Aquí nada más complementar qué piensa de esta corrupción y de la Casa Blanca de Peña Nieto.

Y usted qué hubiese hecho en el caso Carmen Aristegui, ¿lo hubiese atraído como ministro? Que pues creo que ha sido un caso emblemático para mí de censura de ir un paso atrás hacia la libertad de expresión que tanto trabajo o tanta sangre ha costado a los periodistas mexicanos.

Gracias, futuro ministro de la Corte.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senadora.

Tiene usted el uso de la voz.

JAVIER LAYNEZ POTISEK: Gracias, senadora Sansores.

Senadora, sí presenté mi declaración de conflicto. Está enviado en los documentos. La firmé como…

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Si me permite, le hacemos llegar la copia ahora, senadora.

Le pido al secretario técnico, por favor.

JAVIER LAYNEZ POTISEK: La presentación del libro de Sergio Castro.

Senador, yo asistí ahí a invitación del Colegio

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