Senado de la República

Versión estenográfica del Programa de Audiencias Públicas respecto al proyecto de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la participación de los comisionados del INAI y de representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil.

(Tercera parte y final)

DOCTOR FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS: Gracias senador Escudero y a todos los senadoras y senadores, compañeros colegas, a todos.

En realidad es abundar o agregar algún punto de los que ya se han venido en parte señalando, profundizando que quizás sería muy convenientes dos referencias.

La primera, que ya la esbozaba Mauricio merino en la necesidad de entender que este proceso parlamentario que tiene como interés o como afán culminar con una Ley Federal de Transparencia a la altura de las circunstancias que ahora tiene el estamento jurídico en formación, que nos dice en esta materia, del grado de la reforma constitucional de febrero del año pasado y en vista de los pendientes que el propio constituyente revisor dejó en sus manos, tanto en la Ley General de Transparencia asuntos ya resueltos y en magníficos términos, ahora pues desde luego en camino la Ley General de Protección de Datos Personales y la Ley General de Archivos, sería indispensable, no sólo deseable, que esta Ley Federal de Transparencia se nutriera de los afanes y de las consideraciones que se han avanzado, tanto en al General de Transparencia, que ya es norma vigente, sino que al ser ustedes mismos partícipes de este ejercicio, poder beneficiar a esta Ley Federal de Transparencia de los enfoques complementarios que tiene que haber para que el ejercicio de la misma sea virtuoso y evitar con ello, por supuesto, los impactos regulatorios indeseables, que pudieran venir naturalmente a obstaculizar su cumplimiento y su función.

Esa sería desde luego un eco de lo ya mencionado.

Otra cuestión que viene a cuento y que está en la mirilla de todos, por supuesto de las organizaciones de la sociedad civil, es insistir que sí es muy conveniente mantener en lo posible y con las mejores de las suertes, me refiero desde luego en una redacción adecuada, la posibilidad a la generación de información en los términos distintos a como ahora se plantea en la Ley Federal, que sabemos todos ha sido una excusa que ha venido mucho más de las veces a evadir o a generar evasión, para responder bajo el esquema de que no estarán obligados los sujetos obligados a generar información.

Esta fue una salida de circunstancias de aquellos años, en aquellos momentos en los que todo estaba por andar y por hacer. Creo que podríamos encontrar con su voluntad unos términos para que al formulación sea más conveniente al derecho a saber y a la máxima publicidad, en tanto que pudiera haber algunos parámetros para medir qué circunstancias hacen distintas que el sujeto obligado se vea a su vez en la intención y se vea obligado, ahora sí, como sujeto que es, a producir algunas circunstancias que lo lleven a explicar y a generar información que debería tener o que tendría que haber habido y que al no haberla, sí quede en sus potestades el verse en diversas manera en el afán de cumplir con ello.

Es decir, construir algunos criterios naturalmente para que, sin ser una camisa de fuerza y sin hacerlo, hacer también lo que se ha dicho mucho, la tarea ante exigencias que pueden resultar desproporcionadas, que tenga algunos parámetros para actuar y que en función de la importancia de esta información que no existe, por inexistencia acusada o porque no se encuentra o no se localiza, poder obviar en solución de paliativo algunos mecanismos para poder dar respuesta con algún tipo de sustitución o búsqueda diferenciada de la información y poder entregar al ciudadano algo más que no se encontró y no hubo nada que hacer.

Y finalmente, dadas las condiciones en las que nos hemos asignado los comisionados, a mí me toca colocar en esta primera oportunidad de manifiesto la importancia de pertrechar muy bien en la Ley Federal alguna solución que permita contemplar las situaciones diferenciadas de los sujetos obligados.

Me refiero concretamente al estamento electoral, que es un estamento en el que los partidos políticos, sabemos todos, vinieron a ser contemplados por la Ley General como los que más obligaciones específicas tendrán.

O sea, las 48 que en términos generales tendrán todos los sujetos obligados, los partidos políticos han merecido y que, bueno, es un avance muy grande, 30 adicionales.

Entonces sí se merecería el tratamiento para darles a éstas contorno exacto para que no queden vacías de contenido algunas y se diluyan a la hora de hacerlas efectivas, poder generar al seno de la propia ley un apartado que tome lo electoral como un conjunto de acciones para que también ahí queden engarzados, el Instituto Nacional Electoral, porque tiene competencias nuevas y merecerían ser sopesadas para que haya precisamente esa congruencia, esa confluencia y especialmente el Tribunal Electoral, que no deja de ser un órgano límite, un órgano es el Tribunal Constitucional especializado en la materia y sus competencias, aunque desde luego la legislación las tiene muy claras en lo que se refiere a la sujeción absoluta en materia administrativa.

En cambio, sí convendría que aprovechando este trasiego y la presencia de los expertos y de la sociedad civil, que también aprovecha y podría aportar importantes vistas, que también se aproveche la oportunidad para que queden muy bien esbozados en ley los puntos de intervención que tendrá este Órgano Garante en algunos de los puntos de intervención del Tribunal Electoral.

Porque por ley y por la materia, aquellos, esa institución concretamente, tiene escasos tiempos y habría dificultades para plantear corrimientos o intervenciones paralelas.

Esta cuestión plantea desde luego la necesidad de una referencia muy medida y muy focalizada a la necesidad del estamento electoral para que quede bien regulado y para que podamos tener con ellos el ejercicio que todos queremos en democracia, los partidos políticos, capaces de representar a la ciudadanía a la que llevan al poder a través de las vías de las elecciones, pero que también representan al momento de encarar las exigencias informativas.

Y por consecuencia unas instituciones electorales que sean parte de este estamento y que puedan a su vez favorecer la causa de la transparencia y de la rendición de cuentas.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias doctor Acuña.

A continuación, la licenciada Areli Cano Guadiana.

LICENCIADA ARELI CANO GUADIANA: Muchas gracias.

Buenas tardes.

Saludar a los senadores, senadoras, y también a los compañeros de la sociedad civil que nos acompañan, y mis compañeros comisionados.

Realmente agradecemos que nos sigan sumando a este esfuerzo legislativo por compartir experiencias desde el punto de vista del Órgano Garante.

Tomamos así este documento, como dice, segundo documento de trabajo, en atención a que seguramente ese va a ser enriquecido con todas las consideraciones y los espacios que ustedes abren para este diálogo.

Evidentemente coincidimos con muchos de los puntos que ya tocaron representantes de la sociedad civil y en mi caso me voy a centrar en tres puntos, que creo que no se tocó uno de ellos y que tiene que ver con el objeto principal de la ley, que ya el doctor Mauricio Merino adelantaba algo al respecto.

Creo que es importante que esta ley regule el objeto principal de comunicación y de interlocución institucional que tendrán las autoridades federales.

El Órgano Garante con los poderes públicos y con los órganos autónomos, además de los nuevos sujetos obligados que se suman como partidos políticos, sindicatos, etcétera.

Lo anterior, para ser efectivo, sin lugar a dudas, el derecho de acceso a la información y también como creamos procedimientos eficaces desde el punto de vista o a nivel federal.

¿Y por qué es relevante, nos parece, esta circunstancia?

Porque el instituto es el que coordina el Sistema Nacional de Transparencia, entonces en esta legislación sí nos parece que debe haber un apartado específico de cómo el instituto se articula y se relaciona con el Sistema Nacional, como cabeza de todo el Sistema Nacional.

Y después, dentro del Sistema Nacional de Transparencia, cómo nos articulamos con los demás sistemas: el Sistema Nacional de Archivos, el Sistema Anticorrupción, para lograr el objetivo que tiene el artículo 6º; cómo logramos desde el nivel del Sistema de Transparencia, un Sistema Nacional de Rendición de Cuentas.

En la Ley General se establecen algunos artículos genéricos de las atribuciones que tienen el Sistema Nacional y su conformación por parte del Consejo. ¿Pero cómo incide el instituto dentro de ese sistema como cabeza?

El otro elemento que nos parece fundamental y creo que quien tendría más cuenta de ello es el propio instituto o los que colaboramos en el propio instituto, es la parte de organización interna del mismo.

Estamos ciertos que debe de haber un capítulo específico dentro de la ley, que regule la organización interna del instituto.

Este documento trae un esfuerzo sin duda importante, sobre asignar atribuciones al instituto, al pleno, a los comisionados, al comisionado presidente, al secretario técnico. Pero sí creo que hay que distinguir aquellas funciones o facultades que son sustantivas del pleno en materia de derecho de acceso a la información y aquellas que tienen que ver con la regulación interna.

Hay disposiciones que un poco de la revisión, nos ocuparon la atención en el sentido, por ejemplo, de la toma de decisiones. Los comisionados no podemos dejar una toma de decisión en decir: “ahí está mi voto, con 24 horas de anticipación y se retira”. No, los comisionados tenemos la responsabilidad y el compromiso de hacer propuestas en el pleno, de votar y deliberar los asuntos en el pleno; ¿por qué?

Porque puede verse en el pleno que existan deliberaciones que quizá me convenza el criterio de un comisionado y yo me adhiera a su postura.

Entonces, sí creo que hay que hacer una revisión puntual de las atribuciones y funciones que se dan al órgano como órgano superior y máximo de decisión del propio instituto; y de las facultades que tenemos los comisionados y el comisionado presidente.

Otro dato que es importante y que hay que corregir, porque parece haber contradicción, en cuanto al patrimonio del instituto. Se faculta al comisionado presidente para hacer actos de dominio.

Ninguna institución se puede dejar en una sola persona el decremento o la venta de un inmueble patrimonio del instituto; aunque se diga más adelante que será con autorización del pleno. Pero son actos de dominio que en esa materia sí creo que debería de tener la responsabilidad de un colegiado, más de una responsabilidad.

Y el tercer tema, que ya lo tocaron aquí tanto representantes de la sociedad civil como mis compañeros, la comisionada presidenta, en el sentido de este tema tan polémico que es la parte de seguridad nacional y del recurso.

Creo que se hace un esfuerzo ya bastante importante en tratar de detallar lo que dice la Ley General, lo cual ya es un asunto muy positivo. Pero además de reiterar esta posibilidad de que el instituto sea escuchado ante la Suprema Corte tiene una razón de ser, porque cuando nosotros discutamos recursos de revisión en materia de seguridad nacional, seguramente tendremos acceso a determinada información que, cuando resolvemos el recurso nos proporciona tanto el solicitante como el sujeto obligado.

No quiero pensar, si cuando ya se esté ventilando el recurso de revisión ante la Corte, por obligación constitucional y de la Ley General, dice que el consejero jurídico tendrá que fundamental y motivar el acto porque impugna.

Y ahí nada más tener en cuenta que se podrían abonar mayores elementos que en un primer momento el instituto no tuvo a su alcance. Por eso es importante razonar un poco por qué la intervención del instituto en esta materia.

Y la otra cuestión: en el artículo 200 se establece y se da la facultad a la Suprema Corte de Justicia para que ella establezca los procedimientos, los lineamientos y demás términos en sustanciación del recurso. Creo que si aquí se regula esto, aquí deben de estar las leyes, las bases generales de procedimiento y de regulación.

Ningún medio de control constitucional que le compete a la Corte está fuera de ley, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales; hay una ley específica para regular estos medios de control.

Creo que este es el documento idóneo en la parte relativa a los medios de defensa.

Y bueno, en las particularidades se harán llegar en su momento a ustedes, porque siempre hay detallitos en cada uno de los artículos, que esperemos que abonen en la discusión y en una mejor ley para todos.

Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, licenciada Areli Cano.

A continuación el maestro Oscar Mauricio Guerra Ford, tiene el uso de la palabra.

MAESTRO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD: Muy buenas tardes a todos. De verdad agradezco y agradecemos todos los compañeros del INAI y me imagino también todos los compañeros de la sociedad civil, este espacio. De verdad senadores, senadoras, ojalá lo que aquí se platique pueda, en su momento, plasmarse en el proyecto de dictamen que se hará de la Ley Federal.

Lo primero, no quiero repetir la mayoría de las cosas que han mencionado, coincido con ellas, tanto las organizaciones de la sociedad civil como mis compañeros comisionados y comisionadas; simplemente coincidir con Mauricio Merino que una de las cuestiones que se han trabajado y se ha llamado la atención, es sobre el asunto de la fragmentación.

Y ahora estamos creando una serie de sistemas muy importantes, pero yo a veces pierdo o no encuentro el eslabón que los une o cómo van a funcionar: el de anticorrupción, el de transparencia, etcétera, el del sistema de archivos, el del sistema de fiscalización, etcétera, etcétera.

Creo y coincido nuevamente, aunque Ricardo Becerra dice que sólo el Pan Bimbo es integral, que falta una inversión integral y sistemática sobre este asunto, si no, digamos, nos podemos perder.

Y la otra cuestión que agregaría: Esta Ley Federal va a ser la pauta nacional para todo el país, o sea, vamos a marcar la pauta de hasta dónde queremos profundizar o llevar cabo el tema de la transparencia.

Es cierto que ya hay dos iniciativas, yo los invitaría a revisar la iniciativa del caso de Coahuila y la del caso de Jalisco, que están muy por arriba, pero muy por arriba de este proyecto que hay en ese sentido. Creo que es importante, hoy la Ley Federal, que ya tiene más de 10 años, en todos los estudios que se hacen sale de media tabla para abajo.

Creo que es una cuestión que tenemos, todos, que poner el ejemplo a nivel federal; vamos a marcar no la pauta federal, sino la pauta nacional.

Bueno, elaboré un documento que contiene diversas observaciones, sugerencias, que a mi consideración son necesarias para incorporar en la iniciativa en este documento de trabajo.

Se presenta, para obviamente su discusión y aprobación en su momento por el Congreso de la Unión, y las observaciones las tengo divididas como observaciones generales y observaciones específicas.

Por lo que hace a las primeras, los comentarios al contenido del proyecto de la Ley Federal de Transparencia, señalan por título y capítulo, entre las que destacan las siguientes:

En primer término, ya lo dijo la comisionada Cano también, el objeto de la ley desde mi punto de vista debe ser un doble objetivo; no sólo el hecho de garantizar el acceso a la información, sino también el de transparentar todo ejercicio de la Función Pública.

Otro aspecto es el correspondiente a las definiciones que deben estar contenidas en la Ley Federal de la materia, a efecto de dotar certeza a los diversos actores e instancias involucradas en los diversos procedimientos. Por lo tanto, se propone entre otros definir, por ejemplo, ajustes razonables, datos abiertos, documento, expediente, información de acceso restringido, plataforma nacional, sistema nacional y lo que es versión pública.

Otro aspecto, desde mi punto de vista más particular, es que deberíamos de tratar de reducir los plazos, tanto en el procedimiento de acceso a la información, como en el procedimiento del recurso de revisión, a efecto de hacer más expedito el derecho. Sé que me estoy haciendo el harakiri, pero creo que eso se debe de tratar.

Por otro lado, si bien en este segundo documento ya se señala que se debe hacer público el nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes, lo cual es un gran avance al primer documento; a los que se hubiera cancelado, condenado el contrato fiscal, así como los montos respectivos, se sugiere dejar muy claro que estos datos deben estar asociados, es decir, se debe relacionar perfectamente el nombre del contribuyente con sus datos y el monto condenado, así como ya se dijo, la fecha y el motivo. La ley establece motivos de condonación, digamos que llevó a esa situación.

Ahora bien, por lo que hace a las observaciones específicas, se incluye la propuesta de redacción del articulado correspondiente. El primer aspecto al que hago referencia y que sin duda reviste una enorme relevancia, es en lo relativo a las obligaciones de transparencia específicas para los sujetos obligados.

El Poder Legislativo Federal se encuentra frente a una oportunidad histórica de aprobar obligaciones de transparencia para los sujetos obligados a nivel federal; tomando en cuenta los nuevos paradigmas y los instrumentos internacionales que ha adoptado el Estado Mexicano, como es el caso a las relativas al sector de hidrocarburos.

Al respecto, se sugiere incluir información sobre la relación y producción de hidrocarburos, reservas totales, información que se obtenga de las actividades de reconocimiento y exploración superficial, así como de la exploración y extracción de hidrocarburos en todo el territorio nacional; la relativa a contratos y licencias para la exploración, extracción, resultados y estadísticas de los procesos de licitación, bases y reglas de los procesos de licitación que se hayan empleado para adjudicar dichos contratos o licencias; el número de los contratos que se encuentran, entre otras.

Lo anterior, debido a que el pasado 16 de junio se anunció la integración de un grupo de trabajo intersecretarial para lograr la decisión México en la iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas. Iniciativa que se basa en los principios de que la riqueza proveniente de los recursos naturales de un país debe de beneficiar a todos los ciudadanos, lo cual exige evidentemente altos estándares de transparencia y rendición de cuentas.

No es posible que México firme o suscriba un convenio a nivel internacional, donde se compromete a transparentar información que no está contemplada como obligación de oficio en nuestra ley federal.

Asimismo, es importante incluir disposiciones que obliguen a los partidos políticos –ya se refería el comisionado Acuña– nacionales a transparentar el uso y destino de los recursos que el Estado les asigna.

Estoy sugiriendo incluir, las cuales he entregado a todos los señores senadores y haré llegar un total de 315 obligaciones de transparencia específicas. Parecen muchas; son el promedio de seis o siete por sujeto obligado.

De los sujetos obligados a los que van dirigidas, como: el Poder Ejecutivo Federal, el Poder Judicial de la Federación, los órganos autónomos, específicamente el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social, el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Fiscalía General de la República, las Instituciones de Educación Pública Superior dotadas de autonomía, los partidos políticos nacionales, las agrupaciones políticas nacionales, los fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier otro contrato análogo, las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral, los sindicatos que reciban o ejerzan recursos públicos y los sujetos obligados del sector energético.

Simplemente compartirles un dato, senadores. Al año, se reciben alrededor de 130 mil solicitudes de información; no son pocas, son muchas; pero el POT, que es el Portal de Obligaciones de Transparencia, sólo la sección de transparencia recibe 40 millones de visitas al año.

Es la forma en que la gente puede hacerse de información rápida y expedita, lo que en la ley general ustedes denominan perfectamente como transparencia proactiva. Hay que llevarla a cabo en estas cuestiones.

Simplemente otros dos datos. La inexistencia de información, y creo que hay que retomar lo que tenía un proyecto en su momento de ley general, que aquella información que se declare inexistente, cuando menos el Comité de Transparencia analice la posibilidad de reponer el documento. Si esto no fuera posible, declare la inexistencia.

Hoy, inexistencia, que es el virus de la transparencia, es el 5.6 de solicitudes. Siete mil solicitudes al año se declaran inexistentes, más que las reservas; las reservas son 2.3.

¿Qué es lo que está sucediendo? Muchos de los actos públicos de la autoridad no se están documentando. Esa es la realidad.

Por último, hago una propuesta para determinar cómo se debe efectuar el cómputo en término con que cuenta el INAI para modificar resoluciones.

Esto es muy importante, están dando tres días, está en la ley general, pero hay diferentes tipo de resolución, cuando es unanimidad no hay problema, cuando hay un voto disidente hay que tomar ese tiempo, cuando hay un engrose hay que tomar ese tiempo. Estamos de acuerdo en que sean tres días, pero a partir de que el recurso de revisión está finalizado.

También, como usted ha dicho, entrego en este momento el documento que contiene las observaciones y sugerencias del denominado “Segundo Documento de Trabajo Relativo al Proyecto de Ley Federal”; así como dos anexos consistentes en las obligaciones, en las 315 obligaciones de transparencias que considero necesario incorporar en la ley federal; así como un segundo anexo que contiene las propuestas sobre el término que el INAI notifique las resoluciones; esto es importantísimo.

Ahora ya se decía del proyecto este de “Memoria y Verdad”.

¿Qué es lo que nos damos cuenta? Que después de que nosotros ordenamos o resolvemos un recurso y ordenamos la entrega, la modificación, etcétera, la forma en que el INAI –lo cual, digamos, no puedo concebir– se da cuenta que cumpliendo la resolución es simplemente un oficio que nos envían que se cumplió la resolución. No tenemos la documentación que avale el cumplimiento. La única posibilidad es que el ciudadano interponga, digamos, una denuncia de que no fue cumplido.

Es básico y elemental que el INAI tenga los instrumentos para que las resoluciones, si son en copia simple se nos entregue una copia, si es electrónica se nos entregue una copia, y si es visita en sitio el INAI pueda, en su momento, y si así lo considera, llevar a cabo visitas de verificación del cumplimiento. Es la cereza del pastel y la estamos descuidando. O sea, todo el proceso termina en el cumplimiento y eso permitiría tener información que, por ejemplo, podríamos subir a lo que es la página que se está construyendo de Memoria y Verdad, entre otras cosas.

Y ver la posibilidad de que mucha de esa información, igual que las obligaciones de oficio, evitarían cargas excesivas a los sujetos obligados de solicitudes de información si ya están cumplidas las resoluciones se le pueden entregar esa información, o si la información, como debe ser, está ya en un portal de Internet, esto ayuda a todos a mejorar el tema que creo que nos preocupa y que nos tiene aquí que es el de transparencia.

Y, perdón, no saludé a los compañeros de la Comunidad Práctica de Transparencia y a mis compañeros comisionados de verdad muchas gracias y gracias por el espacio.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, maestro Oscar Mauricio Guerra Ford.

A continuación, la doctora Patricia Kurczyn.

Bienvenida al Senado, doctora.

DOCTORA PATRICIA KURCZYN: Gracias.

Yo me uno a los agradecimientos y a los saludos que han hecho mis compañeros comisionados en obvio de tiempo.

Quiero ser muy concreta. Me quiero referir al tema específico de los sindicatos, dentro de la normatividad que nos ocupa ahora sobre rendición de cuentas y transparencia.

Siento que debe de armonizarse la legislación, como ya se hace definitivamente entre la Ley General y la Ley Federal de Trabajo, pero creo yo que necesitamos volver a hacer una revisión para reconsiderar tanto la norma constitucional como todo el título séptimo, capítulo segundo de la propia Ley Federal de Trabajo, supletoria a la vez de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, y el convenio número 87 de la OIT.

No porque haya contradicción, sino porque yo siento que es muy importante que en la ley federal podamos determinar con mucho rigor cuál es la diferencia entre las obligaciones que tienen de información los sindicatos frente a sus agremiados exclusivamente, que son las que están marcadas en la Ley Federal de Trabajo, y cuáles son aquellas obligaciones que tienen obligación de mostrar públicamente, es decir, a toda la sociedad, en lo cual naturalmente ya quedan incluidos también los propios trabajadores.

¿Cuál es la razón fundamental de ello?

Creo que es marcar el respeto a un principio del que México siempre ha sido muy cuidadoso, el respeto a la autonomía sindical, a la libertad sindical, a la libertad a la autonomía sindical, a su derecho de autogestión.

Este principio de autonomía me parece que es también muy importante marcarlo respecto de las universidades, en las que se sepa con anticipación y que quede muy bien establecida en la Ley Federal de Transparencia que no se está refiriendo la información a esos temas que son tan importantes y demás.

La Ley Federal de Trabajo ya establece cuáles son las obligaciones que se tienen en relación a los agremiados, lo que deben de exigir y demás.

La Ley Federal de Trabajo ya establece qué es lo que debe quedar público como contratos colectivos y demás reglamentos interior de trabajo, y todos están establecidos.

Hay tres artículos en la Ley Federal de Trabajo que inclusive están refiriéndose a la Ley de Transparencia.

En ese sentido, creo yo que no habría mayor problema sino solamente especificar.

Ahora, ¿a qué nos conduce esto?

El tema crucial es que en la Ley Federal se determine si los sindicatos son sujetos obligados directos o indirectos.

Lo deseable, de acuerdo a mi criterio particular y el de algunos abogados laboralistas y estudiosos que he consultado, es que los sindicatos sean sujetos obligados directos. Ello significaría que deben contar con comité y con unidad de transparencia para atender las solicitudes de información que se presenten, conforme a los procedimientos que la misma ley nos está marcando, y que sería exclusivamente sobre los recursos públicos y no así de las aportaciones o de las cuotas sindicales de los agremiados que ya constituyen parte del patrimonio sindical.

En este sentido, ante la hipótesis de que los sindicatos son sujetos obligados directos, debe presumirse que han de contar con esa unidad de enlace, la cual si bien no se determina de cuántas personas se deba integrar, dependerá del sindicato mismo, de su tamaño y de los recursos que maneje.

El argumento de que esto sería una carga para los sindicatos pequeños, es salvarle sin duda alguna.

En cuanto a la posibilidad de sancionar, que también representaba una duda, se aclara ya en el artículo 209 del proyecto, en que se habla de sancionar a los miembros del sindicato, evidentemente a los miembros responsables, y ante la falta de un órgano interno de control que también era otra duda que quedaba, al que se someta a los incumplimientos, ya se resuelve implícitamente en la nueva ley o en el proyecto de la ley, en el artículo 221.

Ahora, en tanto que los argumentos en contra de considerar a los sindicatos como sujetos obligados indirectos, es que tal naturaleza desviaría la intención del legislador de transparentar el funcionamiento de los sindicatos respecto de los recursos públicos que reciban por cualquier razón o por cualquier motivo.

Asé, el hecho de que algunos sindicatos reciban y ejerzan recursos públicos, genera el derecho de cualquier persona de conocer su origen y destino, por lo que es aplicable el principio constitucional de máxima publicidad.

Es decir, encontraríamos aquí que existe una doble modalidad o un doble procedimiento para regular la información de los sindicatos sobre lo que fueran recursos públicos.

Esto es lo que tengo yo que decir, sí siento que es muy importante, porque los sindicatos, al igual que las universidades, en algún pequeño problema que surgiera respecto de obligaciones de transparentar, puede detonar problemas muy importantes a nivel nacional.

Gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias doctora.

A continuación, el licenciado Rosendo Monterrey Chepov tiene el uso de la palabra.

LICENCIADO ROSENDO MONTERREY CHEPOV: Muchas gracias senador Escudero Morales, muchas gracias.

Sumarme a mis colegas en el agradecimiento de la invitación, reconocerles una vez más este ejercicio que ha sido continuo respecto a esta materia de poder intercambiar con distintos actores, con la sociedad civil, puntos de vista.

En obvias repeticiones y el tiempo y por supuesto los cuestionamientos tanto de la presidenta como de mis colegas, han sido temas que hemos tratado y en los que estamos de acuerdo de manera unánime, por supuesto coincidimos prácticamente en todo lo que se ha dicho con las organizaciones de la sociedad civil.

Y bueno, destacar de estos elementos que se están dejando no sólo aquí en el micrófono, sino por escrito, me parece que los temas hemos compartido los principales tres temas, ligeramente destacables por los que se han planteado de preocupación que existe entre los colegas, entre nuestros colegas, entre los siete, pues básicamente por supuesto es el tema de derechos humanos, que el Instituto pueda seguir calificando.

Que el Instituto pueda seguir calificando sin duda alguna bajo ciertos parámetros la posibilidad de que exista o no violaciones graves a derechos humanos para, en consecuencia, dar apertura a la información, obligar a la entrega, por supuesto el que haya destacado al comisionada Cano, también la presidenta, poder ser parte también cuando exista un recurso de inconformidad por estos elementos, no sólo porque a veces el Instituto se puede o se hace allegar de mayores elementos que el propio particular, durante la sustanciación de los recursos de revisión, sino pues por colaborar con el propio particular, a efecto de poder darle una mayor fortaleza a la defensa de determinada posición.

Sin duda las obligaciones de transparencia no las repetiré y coincidimos con el documento que se está entregando y en la parte, quiero también destacar, aunque parezca una parte, un punto práctico, creo que es un punto medular, lo han señalado tanto la comisionada Cano como el comisionado Guerra, que es la parte relativa a las notificaciones.

La parte establecida en la notificación en los tres días, me parece que tiene que quedar cuando vaya lisa y llana al recurso de revisión, me parece que es distinto el escenario cuando existen votos particulares incidentes y me permitiré poner un ejemplo práctico.

No siempre las votaciones han sido o serán unánimes y bueno, por ejemplo en un escenario en que haya un voto dividido, en donde una mayoría decida mantener la clasificación de tal manera la información, pues es fundamental que el particular tenga el razonamiento de la otra posición.,

Es decir, ya se haría el voto particular o el voto disidente, sepa el razonamiento y los comisionados que no compartieron, por ejemplo, es solamente un ejemplo, la confirmación, la clasificación de información, a efecto de poder, entre otras cosas, pues irse vía el amparo.

Yo destacaría estos cuatro temas que creo que son elementos que, insisto, ligeramente destacan respecto a la preocupación y de las sugerencias que se están haciendo en torno al resto del asunto.

Caballeros, hasta aquí dejaría la primera ronda y bueno, de conformidad con la charla, pues volvería a solicitar el uso de la palabra.

Gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias licenciado Monterrey.

A continuación el maestro Joel Salas Suárez.

MAESTRO JOEL SALAS SUÁREZ: Muchas gracias, seré muy breve.

La fortuna de ser el comisionado con la letra del alfabeto que es la final, me da la oportunidad de prácticamente decir que todo ha sido casi dicho por ellos y también por los colegas de sociedad civil.

Si acaso yo centrar mi mensaje tras el agradecimiento al Senado por demostrar esta vocación aperturista y cómo se construyó la propia Ley General, si con un mensaje quizás un poco más político, en el sentido de que ustedes abrieron un círculo virtuoso, que de una manera u otra permitirá, si termina en buen puerto esta ley federal, que estamos seguros que así será, darle de todos los elementos a la ciudadanía para que establezca una nueva relación con la autoridad.

Tanto sociedad civil ha planteado una serie de inquietudes y preocupaciones, como nosotros, pero quisiera centrarme en un aspecto que ya se dijo, pero que no está de más y al ser esta ley federal la que norma los poderes federales, incluso la comisionada Cano ya se refería al tema de los propios autónomos, si ustedes pudiese establecer algunos patrones más claros sobre lo que se refiere el artículo 59 de la Ley general en Materia de Gobierno Abierto, incluso Guillermo Noriega, en términos del judicial sugería algunas cosas, Alejandro y otros colegas de sociedad civil también.

Y digo colegas porque todos somos sociedad civil, sugería algunas obligaciones en materia de transparencia legislativa o el propio comisionado Acuña, con toda la parte de estamento electoral o la comisionada con la parte de sindicatos, creo que honraríamos lo que está sucediendo en este año y es que nuestro país preside la Alianza para el Gobierno Abierto.

Incluso nuestra visión país que fue presentada por el titular del Ejecutivo federal ante Naciones Unidas., se dijo que se haría todo lo posible para que estas lógicas de apertura institucional y que, insisto, quedó muy genérico en la ley general, pudiesen pasar a otros poderes y a otros niveles de gobierno.

Se ha dicho también cómo a nivel subnacional hay algunas buenas prácticas y hay algunos entes subnacionales, que pese a que no quedó muy bien normado en la propia ley general, ya están dando los primeros pasos para construir lógicas de apertura de la mano con sociedad civil.

Concluyo diciendo lo siguiente: creo que el día de hoy muestra una vez más cómo hay voluntad por parte de este parlamento, ya cambió la legislatura, pero hay liderazgo en las personas que están sentadas enfrente y que convocaron a este evento, pero también la parte de sociedad civil.

Hay una gran inteligencia cívica en nuestra nación que creo que debe ser tomada en cuenta. Hay cuestiones muy puntuales, por ejemplo lo que comentaba Ana Cristina, que nosotros al final somos quienes interpretamos la ley en la práctica, a veces nos enfrentamos y es no poder tener acceso a información pública que finalmente nosotros valoramos si es pública o no y entonces hay alguna serie de cuestiones, de técnica legislativa que una mala redacción pudiese impedirnos a nosotros su cabal cumplimiento.

Y que yo creo que eso debe ser la esencia de este cierre de ciclo virtuoso, comparto la inquietud de la posible fragmentación en los múltiples sistemas, que estas leyes su objetivo final tiene que ser modificar los comportamientos cotidianos de los sujetos que pretenden normar.

En los últimos años, en la transición política y en el momento de consolidación, nos concentramos mucho en crear diseños normativos perfectos.

Sin duda la parte normativa puede quedar muy bien, nosotros seremos quienes interpretaremos, junto con los colegas de los órganos garantes locales, el que esta ley se cumpla, que salga una ley a la altura de las circunstancia que vive el país, sin duda será un instrumento más que le permita al Estado Mexicano poder atender las demandas de su ciudadanía y una vez más gracias por la oportunidad de dialogar con ustedes.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias comisionado Joel Salas.

Vamos a pasar a la siguiente parte de la audiencia.

Nos ha solicitado la palabra la senadora Laura Rojas.

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ: Muchas gracias senador.

Yo quisiera retomar la intervención que acaba de hacer el comisionado Joel Salas, en el sentido de sumarme al reconocimiento, a la inteligencia cívica que hay en nuestro país y que creo que esta sesión de audiencias públicas ha sido una muestra más de esto.

Yo quisiera pedirles de favor que nos pudieran hacer llegar todas las intervenciones que tengan por escrito, con el compromiso personal de poder retomar si no todas la mayoría de todos los planteamientos que se han hecho aquí porque coincido, y poderlos empujar en la medida de mis posibilidades a nivel personal por supuesto, en la dictaminación de lo que será la Ley Federal de Transparencia.

Quiero hacer solamente dos comentarios generales, que nos pueden servir desde mi punto de vista:

Son temas, en primer lugar, el de la metodología que comentó el doctor Merino, que me parece fundamental que los senadores y senadoras que somos parte de las comisiones, empezando por las mesas directivas de las comisiones que van a dictaminar, puedan retomar.

Por supuesto que el método sí influye en el resultado. Eso es clarísimo.

Y sí creo que el comentario del doctor Merino, que además lo ha hecho ya público en sus comentarios, columnas y demás, vale la pena ser tomado en cuenta y ser considerado.

Creo que sí hay que sentarnos un ratito a construir una metodología que nos permita analizar y dictaminar de manera integral todo el paquete de leyes secundarias en materia de transparencia para que sean armónicas entre sí, para que sean complementarias entre sí, y también para que sean armónicas y complementarias con las que deriven de la Reforma Anticorrupción.

Tenemos la enorme ventaja de que prácticamente somos los mismos senadores que estamos en los dos temas, que estamos en las mismas comisiones y son las mismas personas de expertos y académicos que hemos estado trabajando el tema.

Entonces creo que eso nos va a facilitar bastante poder terminar con éste, entregar un buen paquete de reformas que sean armónicas.

Pero para eso sí necesitamos construir una metodología.

Otra parte que me parece importante de lo que comentó el doctor Merino, pues es introducir el enfoque de política pública para que efectivamente cada ley esté orientada a la solución de problemas concretos específicos, para eso hay que identificar los problemas, creo que todavía estamos muy a tiempo, sobre todo en la parte de datos y de archivos.

Porque creo que lo de transparencia, la discusión de la ley general nos dio suficiente luz. O sea, tenemos mucho más claro creo yo los problemas en materia de acceso a la información pública que en materia de datos y de archivos.

Entonces hay que hacer un catálogo de problemas para identificar las soluciones y que las redacciones de las leyes atiendan a las soluciones y atiendan a los problemas que buscan solucionar.

Ese sería mi comentario, mi petición y mi propuesta a las mesas para que incluso también con la ayuda de expertos y demás podamos construir la metodología que nos permita poder tener productos legislativos mucho más coherentes con lo que se busca solucionar en la práctica.

Esto por supuesto, sin duda nos va a detener un poquito, eso me queda claro, no podemos seguir con el ritmo que pretendíamos.

Aquí también por supuesto, si es que aceptan las mesas directivas de las comisiones esta propuesta aunque nos tardemos unas semanas más, pero creo que vale mucho la pena.

También les pedimos apoyo a la gente de expertos y organizaciones de la sociedad civil, porque por un lado nos están diciendo ya van tarde, van tarde, van tarde; van lento, van lento, van lento, cuando todos sabemos que no hemos dejado de trabajar un solo día literal.

O sea, un solo día; ni vacaciones tuvimos en el receso, sobre todo los que estuvimos trabajando la iniciativa que presentamos el senador Encinas y yo.

En el caso del PAN la senadora Marce Torres y los demás que hemos estado trabajando el tema anticorrupción, no hemos parado de trabajar un solo día.

No hay manera, o sea, humanamente no hay manera de avanzar más rápido y hacerlo bien. Sí, también queremos pedir su comprensión en ese sentido.

Y el último comentario tiene que ver con, también por supuesto, Cristina, Pablo y Alejandro, que están a cargo de la dictaminación, han estado trabajando muchísimo. Lo hemos visto, analizando las iniciativas, analizando todos los comentarios.

Entonces sí les pedimos: somos una comunidad. Entonces si queremos productos buenos pues lleva tiempo, no salen de la noche a la mañana.

Y por último, lo que tiene que ver con –que me pareció muy importante- las aportaciones específicas que hicieron en materia de regular mejor a los nuevos sujetos obligados como los partidos políticos y los sindicatos.

El INE, que decía el comisionado Acuña, pero a mí me surgió también, a raíz de lo que él dijo, la idea, la inquietud también de regular mucho mejor, ya sea si los acomodamos dentro de los sectores o aparte a cada uno de los órganos autónomos, incluyendo al INAI, que nadie ha hablado, ni nosotros ni ustedes, de las propias obligaciones de transparencia del INAI.

Entonces creo que nos tenemos que detener a revisar eso: las obligaciones de transparencia del INAI, del INE, de los demás órganos autónomos y ver si ponemos un capítulo para cada órgano o si los metemos dentro de los sectores.

Eso hay que revisarlo y hay que definirlo.

Finalmente, sobre todo las peticiones, muy pertinentes además, que me parece que están planteando los comisionados del INAI y algunas organizaciones de la sociedad civil, para fortalecer y desarrollar aún más las herramientas que ya la propia Reforma Constitucional y la Ley General establece para que el INAI pueda efectivamente garantizar el derecho de acceso, yo creo que vale la pena hacerlo.

Pero aquí una petición política es: úsenlas y no se autocensuren porque sí de pronto ha sido una batalla súper fuerte que hemos ganado entre todos por darle al INAI un estatus que antes no tenía y una serie de herramientas para que al final cuando las tengan y cuando vienen las batallas de a de veras pues no se usen.

Ese sería mi comentario en general.

Muchísimas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senadora Laura Rojas.

En este espacio estamos en un momento de reflexión.

Los invito, si hay que hacer algún comentario, inscribirlos, irlos intercalando con los senadores. De eso se trata. Más que ustedes nos escuchen, se trata de podernos escuchar todos.

Les pediría que para que esto tenga fluidez, sea por alrededor de hasta por 2 minutos y así podemos intercambiar varias ideas.

Tengo registrados al senador Encinas, a la senadora Marcela Torres, a la senadora Cristina Díaz y voy registrando a cualquiera de nuestros invitados que quiera hacer uso de la palabra hasta por 2 minutos para que esto pueda fluir.

Senador Encinas. Y usted ya sabe que tiene el tiempo que quiera.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Es un asunto de jerarquía senador.

Muchas gracias.

La verdad es que ha sido una mañana muy interesante, en donde se han ido ubicando con mucha precisión un conjunto de temas que tenemos que desahogar de manera muy puntual.

Yo los dividiría en tres grandes capítulos:

El primero, en el que tenemos evidentemente coincidencia, con todo lo aquí planteado es, en primer lugar, el de asumir que la Ley Federal en materia de Transparencia, forma parte de un paquete, de un conjunto de leyes que efectivamente le da forma al Sistema Nacional de Transparencia y que tendrá que articularse de manera muy puntual con la Ley Federal de Protección de Datos Personales y la Ley General de Archivos.

Pero no solamente, porque lo que estamos trabajando en este momento, en correspondencia con la Ley de Anticorrupción, debe a nosotros permitirnos avanzar en la creación de un sistema de sistemas:

El Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Archivos y todo lo que es el manejo del conjunto de la información.

De modo tal de que es un paquete integral e integrado, en donde debe haber una plena horizontalidad en el conjunto de la legislación para que efectivamente, como señalaba Mauricio Merino, no entremos en una legislación que enfrente contradicciones y que se convierta en litigio.

Entonces yo creo que ese es el primer tema dentro de los aspectos que debemos de considerar.

En segundo lugar, dentro de este primer rubro, tenemos que esclarecer un debate de técnica legislativa, los alcances y la naturaleza en cuanto a la armonización de la Ley General y la Ley Federal.

Si se reproducen muchos de los conceptos, bases, definiciones, principios que existen en la Ley General, en la Ley Federal, en donde siendo objetivos, siendo la Ley General preponderante sobre la Ley Federal, no habría necesidad, aunque habría que ponerlo con esa precisión en el texto.

Pero al mismo tiempo hay una discusión siempre de que si no mantenemos en las dos leyes los principios, los objetivos, las definiciones, pues en muchas ocasiones el ciudadano no conoce lo que se refiere a la ley preponderante.

Entonces, aparte de un asunto de técnica legislativa es un asunto también didáctico, de facilidad en el manejo del ciudadano en lo que se refiere a la legislación que se desprende de la ley.

Es un asunto que habrá que discutirlo con mayor detalle y por supuesto en todo esto darle plenamente coherencia a toda la legislación y secundaria que se derive de la creación de estos tres grandes sistemas.

Hay tremas en los que han coincidido básicamente todos los ponentes. El proceso de designación de los comisionados, siguiendo la experiencia que desarrollamos en este último proceso, hubo una muy importante participación de los ciudadanos, el incrementar el catálogo de las obligaciones de transparencia tanto comunes como por sector de la administración pública y cuando hablo de la administración pública federal no me refiero solamente al Poder Ejecutivo.

Tiene que involucrarse el Poder Legislativo y el tema de Parlamento Abierto. Tiene que involucrarse el Poder Judicial y como lo ha señalado la senadora Rojas, a los órganos autónomos para que queden plenamente acotadas y diferenciadas sus funciones.

Es decir, de todos los sujetos obligados, incluidos sindicatos y partidos políticos en donde tenemos que hacer un análisis mucho más pormenorizado.

Y habrá que establecer los criterios justamente para que en estas obligaciones de transparencia el alcance de las mismas. Si por ejemplo se hablaba Alejandro todo lo que se refiere a la presentación de lo de lineamientos generales de política económica deben, yo creo que será conveniente, acompañarse de las corridas financieras, las estimaciones del precio del petróleo, las estimaciones del tipo de cambio, aunque también ya sé que va a ser el primer litigio que nos va a presentar el Consejero Jurídico, porque les va a decir que eso pone en riesgo la estabilidad financiera del país, bueno, la seguridad nacional.

Y por eso, bueno, y aquí paso al otro tema, al segundo gran rubro de esta discusión, que son los temas ya no digo polémicos, sino los temas en los que tenemos que hacer una reflexión mucho más detenida, que tiene, se refiere a las facultades, alcances y competencias del consejero jurídico, en la materia de transparencia y es cómo se acota su acción a procurar o defender el interés del Ejecutivo Federal y no del conjunto de las instituciones públicas del país.

Los temas vinculados con la materia de derechos humanos, seguridad nacional y particularmente los elementos que definen la prueba de daños, la confidencialidad de los datos y en particular las discusiones que corresponden directamente al INAI respecto al ejercicio de sus facultades, para tutelar el derecho de los ciudadanos.

Yo, en lo que planteaba la comisionada presidenta, creo que siendo el INAI el órgano garante que debe tutelar el derecho de los ciudadanos, tiene facultades para interpretar la ley.

Porque le corresponde al INAI, en su carácter de órgano autónomo, la aplicación estricta de la ley. Son los temas que habrá que discutir. Igual el alcance y las resoluciones del Instituto, para que se cumpla, por parte de todos los sujetos obligados, la legislación.

Y el tercer gran apartado, el tercer gran rubro, tiene que ver justamente en cómo no sobreponernos en el debate y la discusión sobre la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, cuáles son los temas de materia y competencia de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo que son los órganos internos de control debe definirse en la Ley Federal de Transparencia o en la Ley General que crea el Sistema Nacional Anticorrupción.

Para de ahí poder derivarnos también a las implicaciones que tienen las reformas en la discusión del Sistema Anticorrupción, en lo que corresponde a la Ley de Obra Pública, la Ley de Adquisiciones, las contrataciones, los mecanismos de asignación directa que tienen que estar contemplados en otro marco normativo, para evitar justamente esta contraposición de leyes que permitan posteriormente llevarlas a un litigio y con ello que no entren plenamente en sus funciones.

Yo rescataría de esta muy rica discusión que hemos tenido desde la mañana, estos tres grandes apartados. Me comprometo a sistematizarlos y a ver si podemos ir construyendo los cambios o los acuerdos que se requieren para evitar particularmente generar contradicción en conjunto de las leyes que van a derivar en este sistema de sistemas, que a ver si con ello posiblemente le pegamos a la transparencia, sino al combate a la corrupción y a la impunidad.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senador Encinas.

Senadora Marcela Torres.

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Bueno, no quisiera reiterar ninguno de los aspectos, para no alargarme.

Tengo algunas preguntas que quisiera plantear. En primera subrayar este ejercicio, la verdad es que en lo personal me he enriquecido muchísimo y reitero una vez más, escuchando la voz de los expertos, por un lado, las ciudadanas y los ciudadanos, que sin sesgo partidista de ningún tipo conocen el problema a fondo y nos recomiendan públicamente qué es lo correcto que debemos hacer los senadores al momento de legislar.

Pero luego, lo dijo el presidente, somos nosotros quienes votamos, pero creo que sería terriblemente miope y omiso no incorporar esta visión de los ciudadanos, las leyes se hacen precisamente para los ciudadanos y las ciudadanas, no incorporar esta visión.

Y por otro lado haber escuchado a los expertos, a los consejeros que están dentro del órgano responsable de la transparencia, del acceso a la información y saber, ellos conocen desde dentro cómo funciona y me pareció en específico, muy ilustrativo todos los conocimientos que nos dio el comisionado Oscar Guerra en cuanto a números y en cuanto a muchas cosas.

Estas responsabilidades que, dice, son más de 300 y pico por organismo, que estoy recomendando, me interesa muchísimo conocerlas.

Pero además, este dato importante: decir que hay 7 mil solicitudes que se declaran inexistentes y que ésta es mucho mayor que el recurrir o que la información está incompleta. Eso es importante y hay que trabajarlo y esta es la oportunidad de corregir en este sentido, de poder ampliar realmente este derecho a la información.

Entonces, muchas gracias. A mí me ha servido mucho escucharlos y creo que es un magnífico ejercicio.

Segundo, bueno, esta constante que ya se dijo y creo que hay que atender y hay que discutir cómo vamos a realmente, como dice tanto la senadora Rojas como el senador Alejandro Encinas, el generar este sistema de rendición de cuentas, de transparencia y de anticorrupción en un solo sistema, grandotote.

No creo que no hubo alguien que no hablar sobre el riesgo de la fragmentación, sobre el riesgo de que no estuvieran armonizadas unas con otras y que volviera a pasar lo que ya ha pasado mil veces en México, y los sufrimos constantemente, que se dan cuestiones completamente desvinculadas, que no conforman un sistema y que no facilitan que los procesos de anticorrupción, de transparencia, de acceso a la información, unos como antídotos de otros, puedan realmente hacer de este un país más transparente, menos corrupto, menos opaco, en donde los ciudadanos realmente puedan accesar a sus derechos; no en este tema, sino en muchos otros estamos en este aislamiento, en esta cuestión poco sistémica.

Entonces, ese es un reto. Creo que hay que escucharlo, creo que hay que tomarlo en cuenta y hay que evaluar la posibilidad de dictaminar en conjunto, por lo menos estas tres leyes, la de archivos, esta misma; y de ser posible, junto también con… y la de datos personales por supuesto, y la del sistema nacional anticorrupción, que son varias leyes.

La ley de obras es indispensable también incorporarla, ya lo mencionaron y creo que valdría la pena discutir. Está siempre, por lo menos en mi trabajo legislativo lo he vivido, esta disyuntiva entre tardarte mucho tiempo y que se empantane y esto, e ir sacando cosas que porque vayan rápido, no queden completas.

Entonces, hay que abordar entre estas dos orillas y sacar lo más efectivo para las y los mexicanos, y teniendo como centro esa orientación.

Les decía que tenía alguna pregunta y es en concreto algo que se había hablado poco, que es la conformación del Consejo del INAI.

¿Cuáles son los perfiles? ¿Qué es lo que se sugiere? ¿Cómo participan los ciudadanos más activamente en este Consejo?

Sería algo que creo que no se tocó y me parece que hay que reglamentar y dejar más claro. Es una oportunidad de diseñar un buen sistema de participación ciudadana dentro del propio INAI, y creo que esta es la oportunidad.

Algo que me parece que es importantísimo y que yo no lo había visto, es la incorporación del Poder Judicial y del Poder Legislativo en este ejercicio de transparencia y de parlamentos abiertos y de gobiernos abiertos, que desde luego son zonas de opacidad muy obvias para todos los mexicanos.

Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senadora Torres.

Licenciado Guillermo Noriega, después senadora Cristina Díaz.

LICENCIADO GUILLERMO NORIEGA ESPARZA: Muchas gracias.

Nada más agradecer, de nueva cuenta, la oportunidad de escuchar tanto a la comunidad práctica como a la academia y a los comisionados en un proceso legislativo, este Senado –y hay que reconocerlo– ha sido ampliamente democrático y eso, la apertura y con sus bemoles, pero la apertura de este Senado no tiene precedentes.

Y obviamente quisiésemos que quedara el piso mínimo bastante alto, para los que siguen y que los que vengan, ésta sea la herencia de esta casa legislativa. No darles la oportunidad a dar pasos hacia atrás y retrocesos, obviamente en lo que ya hemos ganado como sociedad y representantes, en una nueva relación creo que de respeto y de colaboración.

Invitarlos, pues, a ser congruentes y no claudicar en ese ánimo democrático que los ha caracterizado.

Y segundo, decirles que no hay prisa, mil veces mejor tarde pero bien, que temprano y a medias.

Desde este lado, les decimos con toda franqueza: tardémonos y hagámoslo bien, creo que mis compañeros y mis colegas estamos en el mismo sentido; no importa, hagámoslo como debe de ser y saquemos algo que sea digno de todos.

Ese es el mensaje que quería yo señalar.

Gracias, senador.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, licenciado Noriega.

Senadora Cristina Díaz.

SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias, senador Escudero.

Creo que el intercambio de puntos de vista, de opiniones, ha sido esta mañana muy importante para todos nosotros.

Serán, sin duda, tomadas en cuenta las opiniones que hemos escuchado aquí para la elaboración de un documento final y que éste cuente, sin duda, con el mayor consenso posible, pues de ello va a depender en gran medida su eficacia y su vigencia; ya que una ley, por muy bien elaborada que esté, si no está representada esa diversidad y esa pluralidad de opiniones y puntos de vista, carece entonces de ser reconocida y por tanto exigible.

Eso lo entendemos y este es el más amplio reconocimiento siempre, en este caso a mis compañeros senadores.

Y en especial hoy hablo del documento, del segundo documento elaborado por el senador Pablo Escudero, presidente de esta Comisión, porque hace un esfuerzo importante no solamente de capacidades y de conocimiento; sino también toma en consideración las opiniones.

Y hoy, este ejercicio nos va a permitir especialmente a él, porque así nos hemos puesto la tarea y a él así se lo ha encargado la Mesa Directiva, de hacer su mejor trabajo posible y de representar las opiniones vertidas hoy esta mañana.

Creo que con la ley general de transparencia y de acceso a la información, se ha dado un primer paso para la construcción de dichos consensos; y hoy viene la ley federal, que nos llama a construirlo. Y por ello es que estamos teniendo este espacio de audiencias públicas, porque estamos considerando que a través de ella se refuerce el trabajo legislativo a través de la reflexión y la exposición de documentos, elaborados por los grupos parlamentarios que hoy están representados.

Quiero decirles que en lo personal, me quedo con reflexiones finales, todas importantes, tomamos nota; ya que el debate se ha centrado –desde mi punto de vista– en el reconocimiento de las obligaciones de los sujetos obligados, ya que han sido plenamente considerados, primero en la ley general y, por tanto su réplica estaría en la ley federal para no prestarse en un futuro a una confusión y en tanto generar vacíos legales o en el incumplimiento de la misma.

Por otro lado, percibo la necesidad de establecer obligaciones específicas para los sujetos obligados, así como en determinadas materias como ustedes lo han señalado, por poner ejemplos, la energética, la de hidrocarburos o la propia electoral.

Por otro lado, vamos a revisar lo que aquí han señalado con la intención de generar un instrumento que pueda atender de manera eficaz el acceso a la información y a la transparencia en ese sentido. Y creo que hay una preocupación expresada respecto a establecer la armonización de estos ordenamientos.

La armonización, créanme que ha sido por parte de nosotros, ya una preocupación. Cuando trabajamos de manera plural en esta mesa, se expusieron tres documentos importantes señalados por ustedes, a partir de la ley federal de transparencia, la de protección de datos personales y la de archivos.

Tenemos claro que tenemos que buscar la armonización de los mismos para que esto se convierta en un solo instrumento eficaz para un sistema. Y ustedes bien lo han señalado, que también, y lo han puesto como preocupación, que en este sistema nacional de transparencia pueda ser un espejo del sistema nacional anticorrupción.

Entendemos que van de la mano ambos sistemas y que hay una exigencia de la sociedad mexicana. Si se da uno se da lo otro, si carece uno de lo otro, no se va a dar y va a ser una mesa que va a estar desbalanceada. Eso lo tenemos claro, lo compartimos con ustedes, esa enorme preocupación.

Y también he tomado nota de lo que ustedes señalaban en cuanto a la interpretación respecto a las violaciones graves de los derechos humanos, así como sus procedimientos de revisión, de inconformidad o las resoluciones de reservas por seguridad nacional, por parte del INAI.

Y cuenten con la garantía de que lo que hoy hemos recibido de ustedes en esta audiencia pública, sin duda será una guía importante para tomar en consideración en nuestro trabajo legislativo.

De mi parte, gracias y quedo a sus órdenes.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senadora Cristina Díaz.

Licenciado Guerra Ford.

MAESTRO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD: Unos aspectos que se me quedaron en el tintero, muy rápido:

Obviamente comparto, así abrió el maestro Merino, es una visión sistemática la que tenemos que hacer, sistémica, y ustedes son quienes pueden, ustedes tienen todas estas leyes o estos instrumentos, quien podrá, digamos, en su momento, para lograr el objetivo.

Lo del consejo consultivo creo que es un asunto importantísimo, es una propuesta que estaba en la propuesta que se entregó en su momento y que ahora está en la ley.

Pero hay de consejos a consejos, ¿eh? Un consejo que funciona muy bien, que yo sepa, va a haber otros, es el de la CONAPRED, a nivel federal, el de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y hay otros que son de adorno. Ahí creo que su papel es fundamental en el impulso de las actividades del INAI.

Creo que hay que insistir e insistir –ya lo dijo la presidenta Ximena– en la preponderancia de la ley. Ese es uno de los asuntos que todavía tenemos en las reservas de qué leyes. Y nos han dicho: “Es que yo no puedo desobedecer una ley aunque tú me ordenes”, y ahí ese es un problema que tenemos que ver cómo lo resolvemos, de alguna manera. Y que tampoco obligamos al funcionario público que por cumplir una ley descumpla otra, en esos términos.

El asunto de las reservas, y de verdad aquí hay dos corrientes, creo que hasta en el propio Instituto y en los propios senadores una de acotar perfectamente los causales de reserva.

En la Ley General están. ¿Qué entendemos por seguridad nacional? Pero hay senadores y senadoras que me lo han dicho, que abrir esa posibilidad abre la posibilidad de meter más reservas.

Pero tenemos ese problema, hay que decirlo, lo hemos visto, ¿qué es seguridad nacional? ¿Qué entra y qué no entra en seguridad nacional?

Es, de verdad, un asunto que hay que resolver, no sé bien cómo, que más bien estoy diciendo mis preocupaciones en la vida cotidiana que tenemos en el INAI y que ahora es un momento.

Una moción, que yo siempre he estado de acuerdo y que en la propuesta que hice llegar en su momento está más o menos, es que no debe haber acuerdos clasificatorios.

Toda la información es pública, a excepción de aquella que marca la reserva. ¿Pero cuándo se debe hacer la reserva? Cuando se solicita la información, no desde antes.

Porque a alguien dile: “Has los acuerdos clasificatorios”. ¡Uh! Pero te clasifica todo.

Cuando hace la solicitud el encargado de la Unidad de Enlace o a quien le toque, a la unidad competente, tendrá que ver qué características tiene esa información en ese momento.

El caso de reserva que tanto nos hemos hecho bolas unos por acá termina cuando termina la causal que le dio la reserva, y cada vez que hagan solicitud hay que revisar si la causal se actualiza o no se actualiza.

Pero bueno, así está en muchos países de Europa, esa es la forma y nada que acuerdos clasificatorios o periodos de reserva, sino finalmente qué condición tiene la información en el momento que se está solicitando, obviamente con la prueba de daño respectiva, si fuese el caso.

Obviamente coincido con lo que se ha dicho y con lo que han dicho los senadores, y pues sí, no hay prisa pero tampoco creo que, yo sí diría aquí que hay que hacer las cosas bien, pero eso de “no hay prisa” nos puede llevar a un momento. ¿Y nuestra Ley Federal? Déjenme decirlo, no lo digo yo, lo dice FUNDAR, lo dice el CIDE, es pésimo. Está calificada de (inentendible) para abajo, en ese sentido. Y esto es lo que hoy tienen todos los mexicanos.

En ese sentido, creo que hay que priorizar, y siempre hay prisa, para todo hay prisa. Hay que hacerlo bien.

Y para eso hay transitorios –también lo dice muy bien la comisionada– no todo se puede aplicar inmediatamente, pero cuando menos sí tengamos la ley.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, doctor Guerra Ford.

Tengo registrados al maestro Alejandro González, a la comisionada Ximena Puente, a la senadora Lisbeth, al doctor Mauricio Merino y a la doctora Cursain.

Maestro Alejandro González.

MAESTRO ALEJANDRO GONZÁLEZ: Senador Escudero, yo celebro muchísimo la actitud de apertura que al escuchar tus intervenciones después de las nuestras me parece que hay una gran receptividad a las ideas planteadas desde este lado.

Y me parece que el gran reto que tenemos por delante es el que señalaba la senadora Torres y que planteaba hace un momento Oscar Guerra y, por supuesto, Guillermo, en esta lógica de tensión entre la pertinencia y corrección de lo que vamos a hacer y la temporalidad de la misma.

Y me parece que efectivamente es un problema en parte de método, porque creo que hay consenso sobre la necesidad de cuáles deben de ser los principios que se deben de incluir.

Y mi intervención va más en la lógica de método.

Creo que hay dos niveles desde esta perspectiva sistémica que sí queremos construir y que no debemos de abandonar.

La primera es: Los sistemas que ya per se están planteados en las propias normas. Sistema Nacional de Transparencia, primero, que sí considera a otras dos dimensiones además de la transparencia, que es: Archivos, por supuesto, y Protección de Datos Personales.

Primero, yo diría que hay que discutir, trabajar y armonizar esas tres normas para que podamos tener, primero, per se desde la perspectiva del Sistema Nacional de Transparencia, insisto, un enfoque sistémico, y después ver de qué manera ir anunciando ahí mismo cuáles son aquellas áreas de decisión que necesariamente se vinculan con otros sistemas, como el Sistema Nacional Anticorrupción.

Generar acuerdos muy concretos sobre cuáles son las áreas de definición que eventualmente vendrían en los otros sistemas y acordarlo así y plantearlo así en la propia norma, con transitorios y de manera muy clara y precisa planteándolos, como por ejemplo el que mencionaba Mariana Campos hace un momento sobre el Órgano Interno de Control.

Creería yo que es la manera de crear sistemas coherentes y metasistemas, que es al final del día lo que estamos buscando, sin que necesariamente nos paremos en el proceso, y que tengamos y lleguemos y planteemos hitos muy claros de cuándo podríamos esperar qué definiciones, porque lo peor que nos podría suceder es no plantearnos una ruta, clara, precisa, con tiempos, con productos, y que eventualmente esto se vaya al infinito.

Creo que tenemos un hito muy importante, que es la Cumbre Global de los Gobiernos Abiertos a finales de octubre. Este año creo que sería idóneo llegar ahí al menos con la discusión solventada de las implicaciones normativas, de las normas del Sistema Nacional de Transparencia, habiéndolas discutido y analizado en sus tres dimensiones: Ley Federal de Transparencia y las legislaciones vinculadas a archivos justamente y a protección de datos personales.

Me parece que esa podría ser una ruta razonable, una metodología de trabajo que puede darnos certeza y de alguna manera armonizar estos dos pendientes, que ambos son relevantes, corrección en lo que estamos haciendo, que sea correcto, que sea pertinente; pero a la vez no dejar que los tiempos se nos vayan y eventualmente estemos aquí el año que viene a estas alturas otra vez discutiendo estas cosas.

Muchísimas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, licenciado Alejandro.

Yo quisiera platicarles un poco, como lo hice hace un rato, de la metodología que fuimos construyendo.

Se creó un grupo de trabajo después de que se han turnado estas iniciativas a diferentes comisiones para hacer la codictaminación, y lo que se estableció ahí fueron subgrupos de trabajos, por decirlo así.

En ese momento, la senadora Cristina Díaz se decidió que trabajara el tema de protección de datos; así lo está haciendo con un grupo, va avanzado. Por el otro lado, el senador Encinas también va avanzado en el tema de archivos, están trabajando en eso.

Es decir, caminamos todos por un primer paquete que es de estas tres: de transparencia, Ley Federal de Transparencia, que es el que están conociendo por medio de un documento; se está trabajando al mismo tiempo protección de datos y archivo.

Son las mismas personas lo que están trabajando, al final del día eso garantiza.

Nos gustaría sacar los tres dictámenes al mismo tiempo, pues sí, esa sería la parte idea, pero el Senado de la República tiene un tiempo; los presidentes de las comisiones tienen otro tiempo; los senadores tienen otro tiempo; los coordinadores de cada grupo parlamentario tienen otro tiempo.

Ustedes podrán revisar algunas declaraciones de algún coordinador parlamentario que decía que la prioridad era ya sacar anticorrupción y no hemos sacado este primer paquete de tres.

En lo que nos hemos puesto de acuerdo es ordenar los temas, hacerlos de la mano con ustedes.

Recojo, me parece que para estas tres leyes no lo hicimos. Me parece interesante lo que nos propone el doctor Merino, de tener primero un debate de política pública de hacia dónde queremos ir.

Yo tengo ya turnada la primera iniciativa que ha presentado el PAN respecto a anticorrupción, iniciativa interesante, valiosa, como todas las que se presentan en el Senado, que surtirá el mismo efecto que estas.

Se integrará en un primer documento de trabajo que se analizará, con las que presentemos nosotros y los demás que deseen hacerlo.

Yo les ofrezco que hagamos este debate antes de entrar a esa segunda parte, a la de anticorrupción, que escuchemos hacia dónde queremos ir, y luego compartiremos con ustedes la metodología que se está haciendo.

Algunos tienen prisa, otros no, pero son los tiempos del Senado, son los tiempos del Senado. Antes, lo que sucedía era que se amanecían los propios integrantes de la Comisión y la Sociedad Civil con un dictamen, que se daban 24 horas cuando era mucho tiempo para poder ir a comisiones y votarlo.

Aquí lo que hemos hecho es realizar estos documentos de trabajo. Ya realizamos un primer documento de trabajo que es público, que está en la página, que se ha compartido con los 128 senadores, que se ha compartido con todos los interesados.

Se recibieron primeros comentarios del propio Instituto; se ha realizado un segundo documento de trabajo. Es público; está en la página; se ha compartido con los 128 senadores; se les ha pedido comentario a los 128 senadores y así es como estamos trabajando, por eso están ustedes aquí, para escucharlos, para ver qué cosas son acertadas, son convenientes, nos gustan, qué se puede integrar y cuáles no.

Y las que no, habrá que decirlo, lo haremos de manera pública, diremos por qué no estamos de acuerdo; ustedes conocen la forma que tenemos de pensar. Pero me parece que ese nuevo debate que se está dando en el Senado en donde ustedes son parte de él, es valioso, enriquece, siempre tendrán nuestra visión de frente, nuestros argumentos técnicos, jurídicos de qué estamos pensando y hacia dónde vamos.

En eso estamos, en esa metodología. Era importante que ustedes lo conocieran y le doy el uso de la palabra a la comisionada Ximena Puente.

XIMENA PUENTE DE LA MORA: Solamente unas breves puntualizaciones, porque me parece muy importante lo que la senadora Torres Peimbert mencionó sobre el consejo consultivo y también reiterar y avalar también las consideraciones de mi compañero comisionado Oscar Guerra.

Solamente hacer algunas precisiones.

En el artículo 51 de este proyecto, de este último proyecto, se establecen diez consejeros honoríficos que durarán en su encargo siete años, previo a realización de una amplia consulta a la sociedad con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, se nombrará al consejero que deba cubrir la vacante.

Se hace un señalamiento específico y muy bien de la igualdad de género. En esta integración serán cinco y cinco, y la inclusión de personas con experiencia en la ley y en derechos humanos, ¡Ojo!, provenientes de organizaciones de la Sociedad Civil y de la Academia.

Pero después dice que se realizará una amplia consulta en la sociedad a través de una convocatoria pública dirigida a instituciones académicas de investigación, asociaciones, colegios de profesionistas y sociedad en general.

Valdría la pena unificar si se va a abrir solamente o si se va a especificar la convocatoria a organizaciones de la sociedad civil y academia o a los mexicanos y a la sociedad en general.

Porque bueno, incluso ya se han acercado con algunos de nosotros, como comisionados, diciendo que les interesa formar parte de este Consejo y nuestra respuesta obviamente siempre es que la selección será dentro de los procesos transparentes del Senado de la República.

Y otra cuestión que valdría la pena precisar, a la mejor no provenir de partidos políticos o directamente de algún sujeto obligado, porque esa cuestión podría causar, sobre todo por la misma naturaleza de un consejo consultivo, que su misión está en opinar para mejorar las funciones del Instituto, pudiera haber algún tipo de contradicción.

Mis observaciones serían estas, especificar si al convocatoria es abierta o solamente para academia y organizaciones de la sociedad civil, que pudiera ser una precisión importante y también estos dos señalamientos, la no procedencia de partidos políticos, que me parece fundamental, y pues no provenir de algún sujeto obligado.

Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias comisionada presidenta Ximena Puente.

Senadora Lisbeth.

SENADORA LIZBETH HERNÁNDEZ LECONA: Gracias presidente.

Coincido en una nueva relación que tendrá el ciudadano con las instituciones a partir de estas leyes de transparencia y es importante esta cultura cívica, que se siga fomentando, insisto, en la ciudadanía, para poder difundir desde los ámbitos menores educativos, este trabajo tan importante de la transparencia.

Tengo tres situaciones, bueno, cuatro, que considero importantes: una es la correcta coordinación del Sistema Nacional de Transparencia con el del Sistema Anticorrupción, tomando en cuenta que los estados también tendrán sistemas estatales de anticorrupción.

La otra es el establecimiento del procedimiento de verificación que comentó el comisionado Oscar Guerra y que ya existe en algunos de los estados.

El siguiente es el cuidado en la implementación de lo relativo a los derechos humanos y el pronunciamiento que realiza el órgano garante bajo las reglas claras de interpretación.

Y por último, la importancia de definir los procedimientos del Comité de Transparencia de cada uno de los sujetos obligados, para no generar ambigüedades en sus facultades, tales como la declaración de incompetencias, inexistencia de información, clasificación y prórrogas en materia de reservas.

Ya se había mencionado, sin embargo hay que hacer hincapié en los plazos y definir la coordinación del trabajo de los comités y de los órganos garantes y las unidades de transparencia.

Esa es mi intervención en relación a los temas aquí desarrollados y por último, el hincapié al artículo 200 del proyecto, sobre la Suprema Corte de Justicia de la nación, para emitir un acuerdo en la integración de los plazos.

Creo que son temas que son muy importantes, que debemos de precisarlos en el momento que logremos este trabajo de dictaminación, con sobre todo las observaciones que son tan necesarias e importantes de cada uno de ustedes.

Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senadora Lisbeth.

Doctor Mauricio merino.

DOCTOR MAURICIO MERINO: Gracias y gracias por la explicación que muy generosamente nos ha dado, senador Escudero, sobre el método que han estado siguiendo.

Quisiera, sin embargo, abusar de su generosidad para insistir en que por lo menos haya una revisión como la que ya algunas senadoras, algunos senadores han planteado respecto a los hilos conductores principales de estos tres instrumentos normativos. Alejandro González lo ha dicho muy bien.

Tengo el privilegio, señor senador, de pertenecer al Consejo Académico del Archivo General de la Nación, de hecho lo presido y por ese privilegio es que he tenido acceso a noticias sobre la forma en que el Archivo General de la Nación ha venido contribuyendo a la hechura de una iniciativa de ley relacionada con la Ley general de Archivos.

El 24 de agosto, para ser precisos, el señor subsecretario Felipe Solís Acero, subsecretario de Gobernación, tuvo a bien –de enlace legislativo de Gobernación— tuvo a bien asistir al Consejo Académico del AGN y ahí muy amablemente nos presentó el proyecto de iniciativa de Ley General de Archivos que desde el punto de vista de Gobernación podría prosperar.

Ha sido sólo a partir del 24 de agosto y por lo tanto el tiempo prácticamente se ha venido encima.

Es sobre la base de esa información, señor senador, que estoy seguro que ustedes también tienen, es que estoy absolutamente seguro de que sí hay contradicciones entre ambos proyectos.

Por ejemplo, las hay y son delicadas en materia de responsabilidades respecto a la generación de documentos. El fraseo que utiliza el proyecto de la Ley General de Archivos no es compatible con el que se utiliza en la Ley General de transparencia y en consecuencia no lo sería con la Ley Federal de Transparencia.

El proyecto de Ley General de Archivos añade obligaciones y aún faltas, define como faltas otras que en los instrumentos jurídicos que ahora se están debatiendo, pues son manejadas de un modo diferente, quiero decir ocultar información, destruir información no equivale a la inexistencia de deformación, por poner un ejemplo técnico concreto.

Acabamos de escuchar al comisionado Guerra dar las cifras muy importantes en el sentido de declarar inexistente la información, pues es un dato relevante para no acceder al derecho fundamental a saber.

Creo que por lo tanto es necesario armonizar estos dos, por los menos estas dos miradas de política pública, para luego poderlas plasmar de manera más precisa en el instrumento jurídico.

Añado también que incluso en el proyecto de Ley General de Archivos están planteados delitos que sin duda deben ser a su vez revisados en el sistema de responsabilidad, que también tienen ustedes en las manos.

Por ejemplo, al destrucción del patrimonio documental, del patrimonio histórico de México, que también se plasma en documentos sería tipificado como un delito, lo cual nos e compadece todavía, yo estoy seguro que se resolverá, confío de veras en ustedes y en su trabajo, pero todavía no se compadece de la forma en que está siendo abordado el tema de los archivos históricos en la Ley Federal de Transparencia, en el proyecto que ustedes están poniendo sobre la mesa.

Tampoco está resuelto el papel que en este sentido jugaría la Secretaría de Gobernación. En el proyecto de Ley General de Archivos la Secretaría de Gobernación sigue apareciendo como la cabeza del Archivo General de la Nación y al depositar en el Archivo General de la Nación a su vez la cabeza del Sistema Nacional de Archivos, pues es evidente que el que puede lo más puede lo menos, y en consecuencia el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, tendría prácticamente, quiero decirlo con mucho cuidado, tendría prácticamente todo el control de la producción de documentos en México, que es a su vez la condición de partida para poder garantizar el acceso a la información.

Entonces, sí estamos, quería tomar estos minutos nada más para de veras agradeciendo la atención e la explicación que nos ha dado, reiterar que no es trivial que por lo menos estos tres instrumentos, he dejado de lado el de protección de datos personales, para no abusar más del tiempo, pero es evidente que están entrelazados y que las normas de uno van a afectar al segundo.

Creo y es conveniente insistir, senador, senadoras, senadores, en que ojalá salga como paquete legislativo y que probablemente los apremios que nos plantea en compromisos internacionales, como la reunión que habrá a finales de octubre, pide la Alianza para el Gobierno Abierto, pues no acabe condicionando, por razones políticas, de discurso político, lo digo sin matices, por la necesidad, lo voy a decir todavía con menos matices, ustedes disculpen, por la necesidad de que el señor Presidente de la República presente resultados muy buenos en la reunión de la Alianza por el Gobierno Abierto, estos resultados acaben dañando la operación del Sistema Nacional de Transparencia, que hoy sí está claramente en riesgo.

Si usted me permite añadir sólo una nota más respecto a lo que ha dicho y preguntado la senadora Torres, ¿puedo senador? Solamente un comentario respecto del Consejo Consultivo del INAI.

Creo que un consejo consultivo, doy mi opinión personal, senadora Torres, es un consejo de causa, debe ser un consejo que esté formado por personas que persigan la causa de la transparencia y el acceso a la información.

Ojalá sea concebido de esa manera. No creo que el consejo consultivo deba ser ni un contrapeso a las y los comisionados del INAI, no apoyaría el funcionamiento de la institución, esta es mi opinión personal, la digo a título estrictamente personal, no creo que deba ser un contrapeso, una especie de pleno paralelo, eso no debe ser, porque entonces entorpecería el funcionamiento del INAI, pero tampoco creo que deban ser y lo voy a decir otra vez sin matices, los amigos de las y los comisionados del INAI, así, a secas, los que designen el pleno del INAI, porque son sus cuates y porque les van a aplaudir cada cosa que hagan.

Necesitamos un consejo de causa, que tenga independencia y que tenga capacidad de articulación de sus propuestas y de su voz hacia el exterior del INAI.

En este sentido creo que podría ser de un enorme provecho su funcionamiento.

Gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias doctor Merino.

Yo les pediría que interrumpiéramos un poco el orden, tengo registrados a la doctora Kurczyn y a la licenciada Ana Ruelas, un poquito para darle el uso de la palabra al senador Encinas.

¿Por qué?

Nos dividimos los temas: Ley Federal de Transparencia, su servidor y su oficina, Protección de Datos, la senadora Cristina Díaz, y Archivos, el senador Encinas.

Yo no he tenido ninguna reunión con el Gobierno Federal. Estamos creando instrumentos, piezas legislativas desde aquí.

Y por el tiempo que nos habíamos establecido dentro de la metodología, el senador Encinas nos platicará qué es lo que está sucediendo en ese tema.

Senador Alejandro Encinas.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias senador Escudero.

Lo que ha señalado el doctor Mauricio Merino, además en su calidad de presidente del órgano académico del Archivo General de la Nación, es puntual y preciso.

Yo nada más quisiera acotar dos temas:

Primero. El Ejecutivo Federal había iniciado un proceso de elaboración de una Iniciativa que presentaría al Congreso de la Unión, sobre una Ley General de Archivos.

Una vez que yo tuve conocimiento de esa situación, establecí una relación con el Secretario de Gobernación y el Subsecretario Solís Acero, en la lógica de que no rompiéramos el proceso de construir iniciativas consensadas que nos permitieran tener y llegar al mayor consenso posible.

Más aún, después de haber participado en distintos foros, particularmente el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y el Instituto Nacional de Acceso a la Información sobre este tema, en donde hubo coincidencias importantes, en especial con la Directora del Archivo General de la Nación, y los responsables del Instituto Nacional de Acceso a la Información, partiendo de que el tema de la Ley General de Archivos no solamente debería tener armonía y congruencia con el conjunto de las leyes y que tampoco era un asunto de carácter técnico o administrativo, sino que era un asunto político por excelencia, ya que lo que vamos a debatir en la discusión de la Ley General del Archivo, tiene que ver con el derecho de los ciudadanos a la memoria y a la verdad.

No es un asunto técnico de cómo generar, sistematizar y guardar, resguardar la información, sino fundamentalmente cómo los ciudadanos ejercen esos derechos fundamentales.

Ha continuado el Ejecutivo en esta regulación de lograr la Iniciativa. Estamos intercambiando los puntos de vista, esperemos llegar a un acuerdo para que no sea necesaria la presentación de una Iniciativa del Ejecutivo y varios de los legisladores, que sería la consecuencia natural de una Iniciativa desde allá.

Y yo espero que podamos construir un acuerdo, aunque después de las declaraciones del Consejo Jurídico, no un escenario muy alentador. Le mandamos un atento saludo al licenciado Castillejos, desde aquí.

Pero como lo hemos hecho siempre, vamos a hacer el esfuerzo por construir este acuerdo y tengamos una Iniciativa plural, lo más consensada posible sobre estos principios.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senador Encinas.

Doctora Kurczyn.

DOCTORA MARÍA PATRICIA KURCZYN VILLALOBOS: Muchas gracias.

Qué bueno que me tocó hablar después que don Raúl Merino –Mauricio, perdón, ya estoy cambiando los nombres-, porque yo tengo esa inquietud respecto del Consejo Consultivo.

Es decir, formar parte de uno de estos consejos es auténticamente un honor.

Ya la experiencia que yo tuve durante los 10 años en las que tuve una medalla, que tuve siempre con mucho gusto, con mucho orgullo, como Consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, me permitió advertir que entre los consejeros puede haber diferentes intereses.

Pero que en algunas ocasiones es solamente tener la medalla sin ganarla durante el tiempo de trabajo.

Me tocó consejeros que definitivamente fueron 2 o 3 veces durante 5 años y no hubo forma nunca de modificarlos, de cambiarlos, de sustituirlos.

Me tocaron otros consejeros que lo que querían era hacerse notar y que su nombre saliera a la luz porque habían disentido de lo que se había hecho en la Comisión, etcétera.

Y yo creo, y me tocaron otros maravillosos, que puedo dar los nombres, como el maestro queridísimo Héctor Fix Zamudio, y como el queridísimo, también, Sergio García Ramírez, Juliana González y Ricardo Pozas, y gentes verdaderamente exitosas que, como lo dice don Mauricio, eran realmente personas por la causa.

Yo me salgo de cualquier tipo de evaluación que pudiera hacer sobre mi misma persona, pero creo yo que el cumplimiento de las obligaciones que impone es realmente algo que se debe de considerar mucho para poder nombrar a una persona consejero en una Comisión, en un Consejo tan importante, en una institución tan importante, como sería en este caso el INAI.

Y coincido completamente en que de ninguna forma debe de crearse un consejo con atribuciones que sea de control. Es, como su nombre lo indica, de Consejo, consejeros.

Y por lo tanto, también sentiría que sería mucho discriminar que solamente se abriera la convocatoria a sectores de la academia y de la investigación.

Es decir, bueno, pueden ser personas que estén organizaciones de la sociedad civil y de academia, que estén experimentados, que tengan esos intereses y demás y que sean ellos a los que se concrete el nombramiento.

Pero finalmente la convocatoria puede venir, o podría venir de cualquier otro lugar.

Tengo otra inquietud que no la he comentado con mis compañeros comisionados y que la voy a hacer ahorita por la oportunidad que se me da de expresarme:

En cuanto a la reelección de –perdón, y última cosa-: en cuanto a los consejeros, no sé si convendría más un poco el formato de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que son cinco años con posibilidad de reelegirse, que de 7. Si nos toca un mal consejero, pues son 7 años de problema.

Ahora, en cuanto a la reelección de Presidente Comisionado, yo también creo que nosotros no debemos de reelegir, sino que sea un presidente por 3 años y yo creo que debe de venir una renovación.

Tomamos en cuenta de que si el nombramiento es por 7 años para un comisionado y si ese comisionado va a estar los 6 años como presidente, me parece que si resulta muy bien qué bueno, y si no resulta muy bien entonces viene el problema de ver cómo hay una rectificación.

En ese sentido no nos toca a nosotros, y ahora que estamos regulados por otras normas, pero en lo sucesivo pensando en la institución fundamentalmente y, bueno, evitar que se eternicen algunas opiniones o algunas formas de trabajar.

Gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Es usted muy amable doctora Kurczyn.

Por último, tengo registrada a la licenciada Ana Ruelas.

LICENCIADA ANA CRISTINA RUELAS SERNA: Muchas gracias otra vez.

Yo solamente tocar unos temas que no toqué al principio:

El primer punto, creo que es importante definir en la Ley General los tiempos, como ya lo mencionó la senadora, específicamente dentro de los procedimientos de revisión porque hay un apartado en el que hay posibilidad de prórroga por parte de los organismos o del órgano garante en el procedimiento de revisión y creo que es específico poner un máximo de esa prórroga porque si no se convierten en los tiempos de Dios, y en la experiencia de nosotros pueden pasar 6 meses sin recibir una resolución de recurso de revisión.

Por otro lado, creo que, retomando un poco lo que mencionó el comisionado Guerra, creo que es muy importante definir o disponer sobre el cumplimiento de las resoluciones.

Porque hoy por hoy, ante la inexistencia del órgano exige una búsqueda exhaustiva y después de decir ya lo busqué y no lo encontré, entonces lo máximo que puede hacer el órgano es solicitar al órgano interno de control que dé, o una vista al órgano interno de control y al final el solicitante de la información no la recibe y esto incentiva a que los ciudadanos dejemos de buscar información porque no es un mecanismo efectivo el recurso de revisión.

También pongo en relevancia el sentido de que mucho de la ley se está focalizando hacia la digitalización de información hacia los procedimientos de accesibilidad a información pero no hay un foco importante que tratamos de darle en la ley general, que es al acceso a la información en los grupos vulnerables y creo que radica en el problema de la concepción de la transparencia proactiva y en la funcionalidad del organismo garante.

Hoy por hoy el organismo garante se enfoca mucho más en los procesos contenciosos que en los de promoción del derecho de acceso a la información que deberían de ser la prioridad.

El promocionar el derecho de acceso a la información en orden de que se convierta en un mecanismo de exigibilidad de la exigencia de otros derechos.

Entonces en ese sentido creo que es importante que el tema de transparencia proactiva entienda la necesidad de hacer accesible la información hacia las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Y, por último, creo que es importante nada más decir otra cosa respecto al recurso efectivo de revisión, que creo que no ha sido un tema que se ha tocado en el tema específicamente en la información relacionada con violaciones graves a derechos humanos.

Si el INAI no tiene la facultad para declarar el interés público de información de violaciones graves a derechos humanos, entonces el recurso de revisión se convierte en un recurso inefectivo.

Y esto es una violación al Artículo 25 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Es decir, no puede ser la excepción. O sea, el INAI es un Instituto que tiene la capacidad de declarar el interés público de la información, la que sea.

Entonces no tiene por qué esperar la declaración de alguna autoridad competente porque sí, el INAI es la única autoridad facultada para declarar el interés público de la información.

Si no se le da esta facultad, entonces el recurso de revisión se vuelve inefectivo.

Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES. Muchas gracias licenciada Ana Ruelas.

Para terminar esta mañana, terminar agradeciéndoles su presencia.

La vedad de las cosas es que sus comentarios aceptados como siempre, enriquecen el trabajo de este grupo de trabajo, de estas comisiones que están trabajando de manera apresurada porque el Senado tiene prisa en sacar todos los paquetes.

Hay una gran cantidad de temas que todos ellos son importantes.

Reconozco a mis compañeros senadores que a pesar de estar en otras comisiones, estar viendo otros temas que son dinámicos en el Senado, han estado poniendo atención y mucho trabajo en esto.

Quisiera decirles que, como lo hicimos en el segundo documento de trabajo que pudieron revisar, hemos puesto unos antecedentes que son de seis hojas.

Lo hemos hecho con la idea de que no tengan que revisar otra vez todo el documento.

En el tercer documento que realizaremos encontrarán un apartado de antecedentes igual, donde podrán estar ahí, podrán ubicar de manera clara, directa y rápida, cuáles son las modificaciones que hemos decidido hacer, con el objeto de que no estén revisando cada vez que les mandamos el documento de manera íntegra este proyecto de ley.

Pues es así como les doy nuevamente las gracias. Les agradezco su tiempo.

Y seguiremos en contacto, seguiremos platicando con cada uno de ustedes como siempre lo hacemos.

Gracias compañeros senadores.

Gracias a todos ustedes.

0-0-0